PUNTO 4. SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Transcripción

1 PUNTO 4. SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS El acuerdo sobre la solución al problema de las drogas ilícitas deja en claro que para sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera, es necesario, entre otras, encontrar una solución definitiva a este problema que ha servido de apalancamiento financiero del conflicto armado. El documento se refiere a la necesidad de una solución integral que comprenda todo su decurso: desde el cultivo, la producción y la comercialización, hasta el consumo, pero acepta que para eso es necesario lograr consensos y definiciones globales en las que intervengan todos los Estados y particularmente aquellos que han estado involucrados en el problema, sea como productores o como consumidores. Sin embargo, el acuerdo ni siquiera se refiere a cuáles podrían ser las iniciativas que podrían presentarse por parte del gobierno nacional para ser tenidas en cuenta por esa comunidad internacional al momento de proponer esos consensos. Inclusive, no se atreven los negociadores del acuerdo a proponer la descriminalización o la legalización del comercio de drogas, lo cual ha sido una política criminal propuesta desde hace ya algún tiempo por líneas alternativas y que es recogida incluso por el informe de la OEA de 2015 sobre el fracaso de la guerra contra las drogas ilícitas y por algunos discursos del Presidente Santos. A falta de esa propuesta de solución definitiva, el acuerdo hace mención de la necesidad de diseñar unas nueva visión que atienda causas y consecuencias y tienda a mejorar las condiciones de bienestar o buen vivir de las comunidades. El acuerdo se basa en cuatro líneas fundamentales:

2 1. Desarrollar un proceso efectivo de sustitución de cultivos ilícitos que permita a los campesinos aprovechar las oportunidades que traerá consigo el Programa de Desarrollo Agrario Integral. Al respecto el acuerdo prevé que el gobierno nacional ponga en marcha un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PNIS, constituido como la autoridad competente para el proceso de sustitución. Estará en cabeza de la Presidencia de la República y actuará en coordinación con las autoridades departamentales y municipales. El Programa ejecutará un proceso de planeación participativa con la comunidad para la construcción conjunta de soluciones y la articulación con el proceso de implementación de la Reforma Rural Integral, así como la incorporación del enfoque diferencial de acuerdo a las condiciones de cada territorio, el respeto de los principios del estado social de derecho y la garantía de que la sustitución será voluntaria. El Programa tendrá como objetivos, la creación de condiciones de bienestar en los territorios campesinos con cultivos de uso ilícito con miras a superar la pobreza; la promoción de la sustitución voluntaria; la generación de políticas y oportunidades productivas a partir de estructuras de economía solidaria; la contribución al cierre de la frontera agrícola, la recuperacion de ecosistemas y el desarrollo sostenible, apoyando las Zonas de Reserva Campesina (iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz); el fortalecimiento de la paticipaciòn y las capacidades campesinas; el fortalecimiento de las relaciones de confianza, solidaridad, convivencia y reconciliación al interior de las comunidades; la contribución a la seguridad territorial y alimentaria; el logro de un territorio son cultivos de uso ilícito, evitando el deterioro del medio ambiente; el fortalecimiento de la presencia institucional en los territorios, garantizando seguridad, convivencia,

3 protección de los derechos humanos, infraestructura y servicios públicos; el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las comunidades; y la sostenibilidad del Programa. El programa se ejecutará a partir de la priorización de territorios, la cual se hará teniendo en cuenta la priorizaciòn que haga la Reforma Rural Integral, la densidad de los cultivos y la población, la existencia de parques nacionales naturales y la existencia de comunidades que se acojan al tratamiento penal diferencial. Nótese que esta priorización sólo tiene en cuenta municipios con cultivos. Igualmente el plan incluirá el tratamiento penal diferencial para los cultivadores, un proceso de construcción participativa y de desarrollo de planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo de proyectos productivos (PISDA), la creación de asambleas comunitarias, una estrategia de integración con los Programas de Desarrollo con enfoque Territorial PDET, procesos de seguimiento y evaluación, obras de infraestructura social de ejecución rápida (priorizadas por la comunidad y que incluirán vías terciarias, escuelas, centros de salud y casetas comunales), e inclusive, un componente de sostenibilidad y recuperación ambiental. Además el programa pretende desarrollar un plan de formalización de la propiedad y planes especiales para zonas apartadas y con baja concentración de población. 2. Diseñar una estrategia que permita tratar el consumo de drogas dentro de una perspectiva de salud pública que descriminalice a los consumidores y atienda a los enfermos como tales, a partir de la estructura de salud.

4 Se creará el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas como una instancia de alto nivel que articulará las instituciones con competencia en la materia. A instancias del Programa, se ejecutarán estrategias con un enfoque de derechos humanos, de salud pública, diferencial y de género, a partir de la participación comunitaria y con fundamento en la evidencia. El Programa contará con un Sistema de Atención al Consumidor de Drogas que deberá incluir acciones de rehabilitación e inserción social de estas personas y se desarrollará en el marco de planes de acción participativos con enfoque territorial y poblacional. Se trabajará también en la generación de conocimiento en materia de consumo de drogas (promoción en salud, prevención y atención integral) que constribuya al diseño de las políticas públicas respectivas. 3. Generar políticas o acuerdos que permitan el reconocimiento de usos ancestrales de las plantas de coca y marihuana y que abra la posibilidad de utilizarlas lícitamente para fines terapéuticos y científicos. 4. Intensificar la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades de finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción. El compromiso es la concentración de las capacidades del Estado en la investigación, judicialización y sanción de los delitos asociados a las organizaciones criminales relacionadas a la producción y comercialización de drogas ilícitas. Se acordó diseñar una estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos, una de control de los insumos y una estrategia de lucha contra la corrupción.

5 Conforme a esta idea se propone un tratamiento penal diferencial que va desde la renuncia al ejercicio de la acción penal o extinsión de la sanción penal contra pequeños agricultores con cultivos ilícitos cuando estos, dentro de un período de dos años, manifiesten su decisión de renunciar a cultivar o a mantener los cultivos de uso ilícito; hasta la judicialización efectiva en especial de los principales responsables de las operaciones del crimen organizado y el narcotráfico. Este acuerdo vuelve a fracturar la actividad del cultivo consumo, de la producción y el tráfico, con las cosabidas contradicciones que ello conlleva, a la espera de un futuro en el que se pueda afontar de una mejor y definitiva manera el problema, con el concurso de la comunidad internacional. Y de paso se compromete a las FARC-EP en la lucha contra el tráfico que incluye la actividad financiera, posición que de igual manera contrasta con discursos progresistas al respecto. Las contradicciones del modelo se hacen evidentes cuando pensamos en que no serán criminalizados quienes siembren la coca y tampoco quienes consuman la cocaína ya procesada, pero lo serán quienes procesen y produzcan la droga y quienes la comercialicen o negocien con sus precursores; luego dentro del mismo proceso hay severas inconsistencias que seguramente se convertirán en el palo en la rueda de las pretensiones de acabar con los problemas y violencias que derivan de esta actividad. A este escenario se suma el hecho de que durante los dos últimos años, de acuerdo con el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2016), las áreas sembradas de coca en el país se duplicaron, pasando de hectáreas en 2013, a hectáreas en Esta situación se le ha atribuido a la suspención de las fumigaciones aéreas y ha venido intentando ser contrarrestada a partir de procesos de sustitución sostenible, erradicación manual, interdicción aérea y marítima, fumigación manual y control a la demanda. Estos mismos procesos que no han dado los resultados esperados, tal y como se puede concluir del aumento en los cultivos ilícitos verificado por las agencias

6 internacionales de seguimiento, han sido incluidos en el acuerdo como las estrategias propuestas para solucionar el problema de las drogas ilícitas. Ello nos genera preocupación, teniendo en cuenta que entendemos el problema de las drogas ilícitas como fundamental para el escalamiento del conflicto armado y las violencias vividas durante los últimos cuarenta años. Consideramos fundamental tener en cuenta que el problema de las drogas ilícitas conlleva un problema subyacente de mayor envergadura que es el de las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades campesinas dedicadas a esta actividad ilícita, quienes no han tenido incentivos reales para llevar una vida dentro de la legalidad, ante la imposibilidad de apalancar financieramente otros cultivos o poner sus productos en el mercado a precios competitivos o brindar a sus familias educación y salud. De igual forma, este flagelo ha mostrado la gran debilidad institucional del Estado local, incapaz de ejercer control sobre sus territorios rurales. Particularmente en el Caribe los cultivos de coca son pocos, pero el territorio es utilizado para asentar laboratorios para el procesamiento y lugares de acopio de la droga, así como ruta para sacarla del país por el Mar Caribe. La razón arriba expuesta hace inminente la necesidad de priorizar acciones de fortalecimiento para nuestros municipios de la Región, con el fin de que estos puedan recuperar el control territorial de la zona y minimizar con ello el comercio ilegal. De lo contrario, en el Caribe, a pesar de los acuerdos, se mantendrán e, inclusive, se incrementarán las prácticas violentas que se generan alrededor de la protección de las rutas del narcotráfico, sin que haya espacios que efectivamente ayuden a reducirla.

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