LEY 34/2015, DE 21 DE SEPTIEMBRE, DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 58/2003, GENERAL TRIBUTARIA

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1 LEGAL FLASH I ÁREA DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 25 de septiembre de 2015 LEY 34/2015, DE 21 DE SEPTIEMBRE, DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 58/2003, GENERAL TRIBUTARIA ÍNDICE 1. LA SANCIONABILIDAD DE DETERMINADOS SUPUESTOS DE CONFLICTO EN APLICACIÓN DE LA NORMA 2 2. AMPLIACIÓN DE DETERMINADOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN: LA COMPROBACIÓN DE EJERCICIOS PRESCRITOS CON TRANSCENDENCIA EN EJERCICIOS NO PRESCRITOS; Y LAS OBLIGACIONES CONEXAS 3 3. AMPLIACIÓN DE LA DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INSPECTOR 4 4. EL REGISTRO DE MOROSOS 6 5. COMPATIBILIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA Y EL PROCEDIMIENTO PENAL 6 6. OTRAS MEDIDAS DE REFUERZO DE LA POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 6 7. REFORMA DEL RECURSO DE CASACIÓN; INCIDENCIA EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO 7

2 El pasado 22 de septiembre de 2015 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, General Tributaria (en adelante, Ley 34/2015). Dicha Ley, que introduce una importante reforma de las principales materias reguladas en la Ley 58/2003, General Tributaria (en adelante LGT), se complementa con otras dos leyes que afectan a diversos aspectos de trascendencia tributaria. Concretamente, la Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal (en adelante LO 10/2015) y la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante LO 7/2015), que reforma el recurso de casación en el ámbito contenciosoadministrativo. Aunque la mayor parte de las modificaciones introducidas por la Ley 34/2015 en la LGT son de carácter técnico y afectan a temas procesales muy específicos, también existe un grupo de modificaciones que refuerzan la posición de la Administración en la lucha contra el fraude y, por lo tanto, debilitan la posición del obligado tributario. Como novedades más destacadas por su trascendencia e incidencia general hemos de resaltar las siguientes: 1. LA SANCIONABILIDAD DE DETERMINADOS SUPUESTOS DE CONFLICTO EN APLICACIÓN DE LA NORMA Tradicionalmente el conflicto en la aplicación de la norma tributaria (anteriormente denominado fraude de ley) no era susceptible de ser sancionado. Así, tanto la última redacción vigente del art LGT de 1963, al regular el antiguo fraude de ley, como la redacción original del art LGT 58/2003 contemplaban expresamente la no sancionabilidad en tales casos. Sin embargo, la reforma establece por primera vez la posibilidad de sancionar el conflicto en aplicación de la norma cuando la Administración hubiera publicitado dicha conducta como constitutiva de elusión fiscal. En concreto, la norma exige que, con anterioridad a la presentación de la autoliquidación, una situación con igualdad sustancial con la regularizada haya sido calificada y publicitada por la Administración como constitutiva de conflicto en aplicación de la norma (art y 206 bis LGT). A ASAS.COM LEGAL FLASH I ÁREA DE DERECHO FI NANCIERO Y TRI BUTARI O 2/8

3 estos efectos se crea un tipo específico de sanción en el art. 206 bis LGT). Además, el legislador ha modificado el art d) LGT y exige para apreciar la existencia de interpretación razonable de la norma en estos casos -y por tanto la exclusión de sanciones- que el contribuyente pruebe la razonabilidad, lo que puede alterar la presunción de inocencia y el principio de inversión de la carga de la prueba en materia sancionadora. Esta reforma será aplicable a los periodos impositivos cuyo periodo de liquidación finalice después del 12 de octubre de 2015, fecha general de entrada en vigor de la Ley 34/ AMPLIACIÓN DE DETERMINADOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN: LA COMPROBACIÓN DE EJERCICIOS PRESCRITOS CON TRANSCENDENCIA EN EJERCICIOS NO PRESCRITOS; Y LAS OBLIGACIONES CONEXAS Una de las modificaciones más importantes es la de la prescripción con la finalidad, por un lado, de atajar el problema del alcance de la comprobación de bins y deducciones procedentes de ejercicios prescritos y pendientes de aplicar y, por otro, de reducir los supuestos de doble o nula tributación en caso de obligaciones conexas. El art. 66 bis LGT diferencia la prescripción del derecho a liquidar de la prescripción del derecho a comprobar. Se introduce una nueva prescripción de diez años para comprobar las bases o cuotas pendientes de compensar, computados desde la finalización del plazo reglamentario para la presentación de la autoliquidación en que se generó el derecho. De esta manera se incorpora a la LGT y generaliza lo dispuesto en el art de la LIS 27/2014. Por otro lado, el art. 115 LGT reconoce expresamente que la Administración puede comprobar y recalificar jurídicamente los negocios jurídicos celebrados en ejercicios prescritos cuyas consecuencias desplieguen efectos en ejercicios no prescritos. En este punto la reforma resultará de aplicación a los procedimientos de comprobación e investigación ya iniciados el 12 de octubre de 2015 en los que, a dicha fecha, no se hubiese formalizado propuesta de liquidación. No obstante, el régimen transitorio, los efectos de las modificaciones y la relación entre normas dista de ser pacífica por lo que seguirá existiendo litigiosidad en los ejercicios futuros. ASAS.COM LEGAL FLASH I ÁREA DE DERECHO FI NANCIERO Y TRI BUTARI O 3/8

4 El segundo aspecto de la reforma que nos interesa destacar es el art LGT, que introduce la interdependencia de la prescripción entre obligaciones conexas, de modo que la interrupción de la prescripción de una de ellas afecta a las demás. A estos efectos se entienden por obligaciones tributarias conexas aquellas en las que algunos de sus elementos resulten afectados o se determinen en función de los correspondientes a otra obligación o período distintos. El espíritu de la norma aparece claro en la Exposición de Motivos: evitar los casos en que pueden darse supuestos de doble imposición en perjuicio del obligado tributario. Pero también pueden producirse situaciones de nula tributación en detrimento de los intereses del erario público. Sin embargo, la interpretación de la extensión del concepto de obligaciones conexas no parece lo suficientemente clara y sencilla por lo que es previsible una nueva fuente de conflictividad. La nueva regulación de las obligaciones conexas será aplicable a aquellos casos en los que la interrupción del plazo de prescripción se produzca a partir del 12 de octubre de AMPLIACIÓN DE LA DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INSPECTOR Una de las novedades más importante es la modificación de las reglas de duración del procedimiento inspector, aunque la consecuencia de su superación sigue siendo la misma: la pérdida de eficacia interruptora de la prescripción. El actual sistema de dilaciones ha dado lugar a una enorme litigiosidad y a la pérdida de recaudación como consecuencia de la declaración de prescripción por los Tribunales de numerosas deudas tributarias. La reforma pretende evitar la conflictividad y neutralizar los pronunciamientos de los Tribunales favorables a los contribuyentes. En primer lugar, se amplía el plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras del artículo de la LGT que pasa de 12 a 18 meses con carácter general; y a 27 meses cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias en cualquiera de las obligaciones o periodos comprobados: i. Cuando la cifra anual de negocios del obligado tributario sea igual o superior al requerido para auditar cuentas. ASAS.COM LEGAL FLASH I ÁREA DE DERECHO FI NANCIERO Y TRI BUTARI O 4/8

5 ii. Cuando el obligado tributario forme parte de un grupo sometido al régimen de consolidación fiscal. iii. Cuando el obligado tributario forme parte de un grupo sometido al régimen especial de grupo de entidades. iv. Cuando se comprueben personas o entidades vinculadas y cualquiera de las circunstancias anteriores concurra en alguna de ellas. En segundo lugar, se elimina la posibilidad de acordar una ampliación del plazo de duración de las actuaciones inspectoras por concurrencia de una especial complejidad, así como las dilaciones, las interrupciones justificadas y las consecuencias del transcurso de 6 meses de inactividad de la Administración. La Ley pretende una objetivización del plazo, evitando discusiones sobre el mismo. La notificación del inicio de inspección indicará el plazo máximo aplicable. No obstante la regla general, el plazo de duración de las actuaciones podrá verse suspendido en los casos previstos en los apartados 3 y 4 del art. 150 LGT: solicitud de aplazamientos por el obligado tributario con un máximo de sesenta días en todo el procedimiento; el intento de notificación de la liquidación; la remisión al Ministerio Fiscal, la fuerza mayor y otros supuestos poco comunes. Finalmente, la reforma también pretende poner fin a la conflictividad de los retrasos en la aportación de la documentación, obviando el caso concreto y acudiendo a una ampliación automática del plazo por un período predeterminado de tres o seis meses. En los casos en que se manifieste que no se tiene o no se va a aportar la información o documentación solicitada o no la entregará íntegramente en el plazo concedido en el tercer requerimiento, su presentación posterior determinará la extensión del plazo máximo de duración del procedimiento inspector por un período de tres meses, siempre que dicha aportación se produzca una vez transcurrido al menos nueve meses desde su inicio. La ampliación será de seis meses si la aportación se produce: tras la incoación del acta y determina actuaciones complementarias; o tras dejar constancia de la apreciación de las circunstancias determinantes de la aplicación del método de estimación indirecta y se refiera a documentos o pruebas relacionados con dichas circunstancias. La nueva duración del procedimiento inspector se aplicará a los procedimientos que se inicien a partir del 12 de octubre de ASAS.COM LEGAL FLASH I ÁREA DE DERECHO FI NANCIERO Y TRI BUTARI O 5/8

6 4. EL REGISTRO DE MOROSOS Como medida de presión social para favorecer la recaudación se establece la publicación de los deudores tributarios de más de , salvo que la deuda estuviera pagada, suspendida o aplazada (art. 95 bis LGT). Se crea por primera vez el bautizado como Registro de morosos. Coordinadamente con el Registro de morosos, la LO 10/2015 modifica el régimen de publicidad de los datos contenidos en las sentencias penales para permitir su publicación en el caso de impago de las responsabilidades derivadas de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. El pago por el condenado o el responsable civil paraliza la publicación de los datos. Se prevé la primera publicación el último trimestre del año COMPATIBILIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA Y EL PROCEDIMIENTO PENAL Se suprime la incompatibilidad del procedimiento penal y administrativo y se introduce un Título VI con la rúbrica Actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de delitos contra la Hacienda Pública (arts. 180, 250, 251 y 252). Con la reforma la Administración podrá liquidar y recaudar la deuda tributaria al mismo tiempo que se tramita el procedimiento penal e, incluso, con anterioridad a la sentencia. Esta nueva reglamentación comporta una mayor complejidad procesal y dificultad para la defensa de los intereses de los obligados tributarios; y generará problemas de coordinación entre el procedimiento inspector y el penal. Lo dispuesto en el título VI de la LGT resultará de aplicación en los procedimientos iniciados con anterioridad al 12 de octubre de 2015 en los que, a dicha fecha, no se hubiese producido el pase del tanto de culpa a la jurisdicción penal o al Ministerio Fiscal. 6. OTRAS MEDIDAS DE REFUERZO DE LA POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Sin perjuicio de que la presente nota no comprende la totalidad de las modificaciones introducidas por la Ley 34/2015, sí merece destacar las siguientes: El art e) LGT amplía la responsabilidad subsidiaria a todo representante aduanero. ASAS.COM LEGAL FLASH I ÁREA DE DERECHO FI NANCIERO Y TRI BUTARI O 6/8

7 Se crea la resolución en unificación de criterio por el TEAC, quien unilateralmente podrá promover en cualquier momento la fijación de un criterio sobre cuestiones respecto de las que existan criterios discrepantes o revistan especial trascendencia (art d) LGT). Se contempla la existencia de un procedimiento específico para el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los tribunales Económico- Administrativos (art LGT). Se introduce un título para la Recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario (arts. 260 y ss.) 7. REFORMA DEL RECURSO DE CASACIÓN; INCIDENCIA EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO La reforma del recurso de casación operada por la L.O. 7/2015, que entrará en vigor el 22 de julio de 2016, tendrá gran importancia para el Derecho tributario porque permite al Tribunal Supremo pronunciarse en cualquier asunto con independencia de su cuantía y de la instancia o Tribunal que haya dictado la sentencia. Al momento presente, con carácter general, los obligados tributarios necesitan para recurrir en casación que el pleito alcance un importe mínimo de (summa gravaminis), lo que determina en la práctica que la mayoría de los litigios tributarios no puedan acceder al Tribunal Supremo. Igualmente, las sentencias por tributos locales quedaban excluidas del recurso para los obligados tributarios. Con la reforma desaparece el requisito de la summa gravaminis que se sustituye por el interés casacional y se generaliza el recurso contra todas las sentencias, incluidas las de los Juzgados de lo Contencioso y las dictadas en segunda instancia. Esto implica que con la nueva casación pueden recurrirse la práctica totalidad de las sentencias siempre que presenten interés casacional y se funden en la infracción de Derecho Estatal o Comunitario. Como grandes novedades podemos destacar: Desaparecen las tres modalidades de casación ordinaria, en unificación de doctrina y en interés de ley- y se refunden en una única modalidad. La exigencia de interés casacional, como presupuesto del recurso, implica la creación de un nuevo trámite en el que el letrado recurrente debe justificar que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Por lo tanto, aunque se extiende el ámbito de sentencias susceptibles de recurso, se incrementa la dificultad técnica del recurso de casación. ASAS.COM LEGAL FLASH I ÁREA DE DERECHO FI NANCIERO Y TRI BUTARI O 7/8

8 Se trata de dotar de cierta objetividad al concepto de interés casacional señalando algunos criterios para su apreciación. No obstante, la decisión corresponderá al Tribunal Supremo, por lo que presenta un carácter discrecional. Son recurribles todas las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, con independencia de que se dicten en primera o segunda instancia; y las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso- Administrativo en determinados supuestos. El Tribunal Supremo dará publicidad a los preceptos a los que se refieran los recursos admitidos. Ello significa que dichos preceptos están siendo cuestionados en su interpretación y, por lo tanto, será necesario tenerlo en cuenta en su aplicación. La reforma implicará una mayor complejidad y dificultad en cuanto a la técnica casacional, pero permitirá el acceso a un mayor número de asuntos dotando al Derecho Tributario de criterios interpretativos en materias que de facto quedaban excluidas del recurso de casación tras las últimas reformas CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA. Todos los derechos reservados. El presente documento es una recopilación de información jurídica elaborado por CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA cuya finalidad es estrictamente divulgativa. En consecuencia, la información y comentarios que se incluyen en el mismo no constituyen asesoramiento jurídico alguno. La información contenida en el presente documento no puede ser objeto de difusión a terceros, ya sea en su totalidad, ya sea en forma extractada, sin la previa autorización expresa de CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA. Todo ello a efectos de evitar la incorrecta o desleal utilización de la información que el mismo contiene. ASAS.COM LEGAL FLASH I ÁREA DE DERECHO FI NANCIERO Y TRI BUTARI O 8/8