R E S U L T A N D O C O N S I D E R A N D O

Transcripción

1 RESOLUCIÓN Núm. RES/328/2004 RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR GAS NATURAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN NÚM. RES/267/2004 R E S U L T A N D O PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de esta Comisión Reguladora de Energía el 21 de octubre de 2004, Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V., por conducto de su representante, Nicolás Borda Barrero, en lo sucesivo el Permisionario Recurrente, interpuso recurso de reconsideración en contra de la Resolución Núm. RES/267/2004, de fecha 15 de septiembre de septiembre de 2004, por la que se inicia el procedimiento administrativo para imponer sanciones. SEGUNDO. Que en el escrito a que se refiere el Resultando inmediato anterior, el Permisionario Recurrente solicitó la suspensión de los efectos y como consecuencia de la notificación de la Resolución impugnada, en términos de lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Que este órgano es competente para resolver el recurso de reconsideración a que se refiere el Resultando Primero anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, que establece que contra los actos de la Comisión, en la vía administrativa, sólo podrá interponerse el recurso de reconsideración, el cual se resolverá por la propia Comisión conforme a las disposiciones del Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. SEGUNDO. Que Nicolás Borda Barrero acreditó la representación del Permisionario Recurrente, con la copia certificada de la escritura número 2,618, de 5 de junio de 1997, otorgada ante la fe del Lic. Héctor Manuel Cárdenas Villarreal, Notario Público número 201 del Distrito Federal. RES/328/2004

2 TERCERO. Que de lo expresado por el Permisionario Recurrente en el escrito a que se refiere el Resultando Primero anterior, se desprende que combate la Resolución recurrida y su correspondiente notificación por estimar que le causan agravio, porque se violan en su perjuicio los principios de legalidad y de estricto derecho. CUARTO. Que, por otra parte, si bien el Permisionario Recurrente expresa, bajo su personal apreciación, que se le causan diversos agravios, éstos no pueden quedar sujetos a la sola estimación del mismo, sino que resulta indispensable que esta Comisión, pueda determinar sobre la real existencia del interés jurídico que se requiere para la procedencia del recurso de reconsideración conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. QUINTO. Que del simple análisis del contenido del escrito a que se refiere el Resultando Primero anterior, demuestra que el motivo de la interposición del recurso a que se contrae es la notificación extemporánea de inicio del procedimiento de sanción. Ante tal afirmación es preciso señalar que el procedimiento seguido ante la Comisión Reguladora de Energía de imposición de sanciones es una facultad prevista en la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y regulado en la sustanciación por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en donde el inicio es simplemente el emplazar al procedimiento, por tanto no se está en presencia de un acto que sea recurrible de conformidad con lo preceptuado por el ordenamiento en cita. En adición a lo anterior, cabe considerar que para calificar la procedencia de un recurso, debe distinguirse el tipo de resolución de que se trate, pues resulta evidente que aquellos actos que no resuelvan en definitiva el asunto en cuestión, no puede ser objeto de impugnación en un procedimiento de orden público, cuya sustanciación se reputa en beneficio del desarrollo eficiente de las actividades relacionadas con el gas natural, tal es el caso de la Resolución que se recurre. En apoyo a lo anterior, es aplicable el criterio jurisprudencial emitido por nuestros máximos tribunales. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD, CARACTERÍSTICAS DE LAS. Las resoluciones definitivas que pueden impugnarse ante las Salas Regionales del Tribunal Fiscal de la Federación, en términos del RES/328/2004 2

3 artículo 23 de su ley orgánica, son aquéllas mediante las cuales la autoridad administrativa define o da certeza a una situación legal o administrativa; de tal forma que quedan fuera de esa posibilidad aquellos otros actos a través de los cuales la autoridad administrativa solamente opina o solicita opinión, consulta o propone, investiga, constata o verifica hechos o situaciones sin decidir ni resolver la cuestión suscitada. No es óbice para lo anterior que el artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establezca que son resoluciones todos los decretos, autos y sentencias, pues dicha disposición se refiere nada más a las de carácter judicial, que son de naturaleza distinta a la de las resoluciones administrativas. Octava Epoca Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: VII, Marzo de 1991 Página: 206 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 3122/90. Refaccionaria Nacional, S.A. 30 de enero de Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Cuauhtémoc Carlock Sánchez. Igualmente sirve de apoyo, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito Judicial que se identifica bajo la voz, ACTA FINAL DE AUDITORIA. ES UNA RESOLUCIÓN FISCAL, DE CONFORMIDAD CON LAS REFORMAS AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTES A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA. Octava Época Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: X, Julio de 1992 Página: 328 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 613/92. Promociones e Inversiones de Occidente, S.A. de C.V. 25 de marzo de Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III-Abril de 1996, página 170, tesis por contradicción 2a./J. 16/96 de rubro "VISITA DOMICILIARIA, EL ACTA FINAL O EL DOCUMENTO EN EL QUE LOS VISITADORES DETERMINAN LAS PROBABLES CONSECUENCIAS LEGALES DE LOS HECHOS U OMISIONES QUE HUBIEREN CONOCIDO RES/328/2004 3

4 DURANTE EL TRANSCURSO DE AQUELLA, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN FISCAL DEFINITIVA Y EN SU CONTRA NO PROCEDE JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III-Junio de 1996, página 316, tesis por contradicción 2a./J. 24/96 de rubro "VISITA DOMICILIARIA. LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 46, FRACCIÓN I, ULTIMO PÁRRAFO Y 54, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTES A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA, NO MODIFICARON LA NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTA FINAL EN LA QUE LOS AUDITORES DETERMINAN PRESUNTAS CONSECUENCIAS LEGALES DE LOS HECHOS U OMISIONES QUE HUBIEREN CONOCIDO EN EL TRANSCURSO DE AQUELLA, COMO ES LA DE NO SER UN ACTO DEFINITIVO QUE PUEDA IMPUGNARSE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.". que en la parte que importa señala (...) En este orden de ideas, también resulta importante distinguir entre una resolución administrativa y un acto administrativo que no reviste el carácter jurídico de resolución, porque de ellos la autoridad ejerce sus facultades administrativas, sin que tales actos tengan naturaleza jurídica, por ejemplo cuando solicita una opinión, propone determinado tipo de organización interna, etcétera; o bien, cuando teniendo naturaleza jurídica no causa ningún perjuicio a los particulares, como sería la expedición de un reglamento interno, o bien, los actos de trámite que no tienen el carácter de resolutivos, ya que simplemente se concretan a preparar una resolución administrativa, sin afectar ningún derecho. Ahora bien, teniendo presente lo que es una resolución administrativa, analizamos la naturaleza jurídica que tenían las actas finales de visita antes y después de las reformas que entraron en vigor a partir de mil novecientos noventa. (...) En el caso concreto, el acto que se impugna mediante el presente recurso de reconsideración, es el inicio de procedimiento por virtud del esta Comisión hace del conocimiento del Permisionario Recurrente el incumplimiento de diversas obligaciones, así como su notificación, que son actos que serán resueltos mediante la Resolución que ponga fin al procedimiento. En virtud de ello, la resolución del inicio del procedimiento de imposición de sanción, no constituye de ninguna manera una resolución definitiva que resuelva de fondo la cuestión planteada, o que imponga a cargo del Permisionario Recurrente una obligación perfectamente determinada en cuanto a su monto, especie y límite, esto es, que constituya un agravio o perjuicio para el destinatario. RES/328/2004 4

5 A mayor abundamiento, no puede interpretarse el artículo 11 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, en el sentido de que el recurso de reconsideración es procedente contra toda clase de actos que se emitan durante la sustanciación de los procedimientos. SEXTO. Que en el Resolutivo Primero de la Resolución recurrida se resuelve iniciar el procedimiento administrativo para imponer sanciones por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, Ley de la Comisión Reguladora de Energía, en el Reglamento de Gas Natural y en el Permiso de distribución de gas natural número G/014/DIS/97 a cargo del Permisionario Recurrente. SÉPTIMO. Que la Resolución que el Permisionario Recurrente pretende combatir a través del recurso de consideración materia de la presente Resolución, en sí misma, únicamente es el inicio del procedimiento para imponer sanción, es decir no se trata de una Resolución que ponga fin al procedimiento, en tal virtud, el Permisionario Recurrente no tiene, ni demuestra afectación alguna a su interés jurídico para impugnar la Resolución materia del recurso de reconsideración, por lo que tal acto no le causa perjuicio alguno. Resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencial, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Tercera Parte, Vols , Pág. 67: INTERESES JURIDICOS, CUANDO SE AFECTAN LOS. Como el derecho solo tutela bienes jurídicos reales u objetivos, procede aceptar que cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir en sus bienes jurídicos ni afecten real y objetivamente a éstos, entonces no puede decirse que exista un agravio en términos jurídicos. Luego, si las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, es obvio que para que puedan ser estimadas en el amparo es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente. De no ser así, sería dificil que se surtiera, en la práctica, la causa de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues bastaría la mera afirmación del promovente del juicio de garantías, no corroborada por prueba alguna, de que la autoridad le irroga molestias en sus derechos; y ciertamente no es eso lo que tutela la fracción V del artículo 73 citado. RES/328/2004 5

6 Adicionalmente, es de estimarse aplicable la siguiente tesis jurisprudencial, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1985, Sala Auxiliar, Pág. 46, cuyo texto es el siguiente: INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Pólítica de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, el tratado, el reglamento o la ley que se reclaman. Es presupuesto, por consiguiente, para la procedencia del juicio de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto, el tratado, el reglamento o leyes reclamadas, en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado incluso a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el apéndice de jurisprudencia de , del Semanario Judicial de la Federación, sexta parte, página 139, en donde se expresa que: El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquier ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o interés de una persona. Este alto tribunal de la república, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo precepto, es decir lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados (tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación) y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean éstos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una RES/328/2004 6

7 persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276 del tomo LXX del mismo Semanario Judicial. OCTAVO. Que la fracción II del artículo 89 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que se desechará por improcedente el recurso interpuesto contra actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente, hipótesis que se actualiza en la especie, en virtud de lo expresado en los Considerandos anteriores. NOVENO. Que la fracción II del artículo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo previene que la interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando sea procedente el recurso y, toda vez que, en el caso dicho recurso de reconsideración es improcedente, no resulta aplicable el otorgamiento de la suspensión solicitada. Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracción XXII, 4 y 11 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y 3, 39, 83, 85, 87, fracción II y 89, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esta Comisión Reguladora de Energía R E S U E L V E PRIMERO. Se desecha por improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V., en contra de la Resolución número RES/276/2004, por las razones expresadas en los Considerandos de esta Resolución y toda vez que no acredita la afectación de su interés jurídico por el acto recurrido a esta Comisión. SEGUNDO. En virtud de lo establecido en el Resolutivo inmediato anterior, no resulta aplicable el otorgamiento de la suspensión del acto recurrido solicitada por Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V., en el recurso de reconsideración materia de la presente Resolución. RES/328/2004 7

8 TERCERO. Notifíquese el contenido de la presente Resolución a Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V., y hágase de su conocimiento que la presente Resolución es definitiva en la vía administrativa y que el expediente respectivo se encuentra y puede ser consultado en las oficinas de esta Comisión, ubicadas en Horacio 1750, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, 11510, México, D.F. CUARTO. Inscríbase la presente Resolución bajo el Núm. RES/328/2004, en el Registro a que se refiere la fracción XVI del artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. México, D.F., 26 de noviembre, 2004 Dionisio Pérez-Jácome Presidente Francisco Barnés Comisionado Raúl Monteforte Comisionado Adrián Rojí Comisionado RES/328/2004 8