Autora: LORENA R. SCHNEIDER. Revista ANALES DE LA LEGISLACIÓN ARGENTINA (ADLA), publicado por editorial Thomson Reuters - LA LEY, en agosto de 2015.

Transcripción

1 Autora: LORENA R. SCHNEIDER. Revista ANALES DE LA LEGISLACIÓN ARGENTINA (ADLA), publicado por editorial Thomson Reuters - LA LEY, en agosto de COMENTARIO NORMATIVO: "Resolución Gral. IGJ N 7/2015". A pocos días de la entrada en vigencia de la Ley N que aprobara el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación-, (en adelante CCyC), el Registro Público, a cargo de la Inspección General de Justicia (en adelante IGJ), emitió con fecha 28 de julio de 2015, la Resolución General IGJ N 7/2015 (publicada en Boletín Oficial el día 31 de julio de mismo año), por la que se dispuso establecer normas tendientes a adecuar y sustituir, y asimismo, modernizar la Resolución General IGJ N 7/2005 ("Normas de la Inspección General de Justicia"), y demás resoluciones generales dictadas por el Organismo en el marco de su competencia legal, al reciente cuerpo normativo, que entrara en vigencia a partir del 1 de agosto de Cabe advertir que la Resol. Gral. IGJ N 7/2005, emitida el día 23 de agosto de 2005 y publicada en el Boletín Oficial a los dos días posteriores (nótese, vigente durante 10 años, y aunque -debe decirse-, ella admite discutir su constitucionalidad), fijó el marco normativo de la IGJ en materia de Registro Público, Sociedades Comerciales y Asociaciones Civiles; sin embargo, fue objeto de diversas modificaciones entre las que pueden mencionarse: las Resol. Grales. IGJ N 9/05; 10/05; 5/06; 2/07; 6/07; 2/08; 4/08; 3/11; 5/12; 13/12; 1/14; 2/14; 3/14; 1/15; 3/15; y 4/15 (T.O. RG IGJ 5/15). No solo ello, sino que además, fue complementada por normas generales tendientes a regular aspectos adicionales, entre las que se encuentran la Resol. Gral. IGJ N 11/05 (para la presentación de los estados contables de sociedades por acciones no comprendidas en el art. 299, de la Ley N ); la Resol. Gral. IGJ N 12/05 (sociedades constituidas en el extranjero a los efectos del cumplimiento de su objeto e identificación de socios, en el marco del régimen informativo); la Resol. Gral. IGJ N 2/06 (medidas para los dictámenes de

2 precalificación en aquellos trámites de inscripción registral de resoluciones de asambleas de sociedades por acciones en donde hayan participado titulares de acciones en propiedad fiduciaria); la Resol. Gral. IGJ N 6/06 (Texto Ordenado conforme Resol. Gral. N IGJ 4/09, que fijó los requisitos para las memorias de ejercicio requeridas por el art. 66, de la ley N ); la Resol. Gral. IGJ N 7/06 ("Reglamento de actuación de los Inspectores de Justicia, en las asambleas de las sociedades por acciones), etc. Las mencionadas resoluciones, son solo algunas de las abundantes disposiciones de carácter complementario, establecidas con el fin de regular diversos de los aspectos que fueron agregándose a la Resol. Gral. IGJ N 7/2005. Dentro de este contexto entonces, el cúmulo de normas que fueron modificando, y además, complementando la señalada resolución, y más importante aún, por la reciente entrada en vigencia del nuevo CCyC, enderezaron a IGJ en la tarea de poner en marcha la adecuación, armonización y por tanto, sustitución de aquella resolución, por la norma que se examina. A estas alturas, parece apropiado puntualizar que el proceso legislativo que dio nacimiento al nuevo CCyC, inició sus pasos allá por el año Lo hizo a través del Decreto N 191/2011 (que designó los juristas encargados de redactar su Proyecto). Tiempo después, mediante Ley N , se sustituyó el art. 7, de la Ley N , ordenándose anticipar la fecha de entrada en vigencia originariamente establecido para el 1 de enero de 2016, al 1 de agosto de 2015, tal como hubo acontecido. Por demás, debe reconocerse que, las disposiciones de este nuevo cuerpo normativo han sido objeto de fecundo análisis y, de posiciones a favor y en contra, de las más diversas; no obstante ello, dadas las singulares implicancias que podrán suscitarse en la materia societaria - precisamente en atención a las modificaciones introducidas en ese flamante código-, debió IGJ desarrollar la adecuación normativa que se analiza. En virtud de ello, y tal como se desprende de los considerandos de la resolución bajo examen: a partir del día 1 de agosto del corriente comenzará a regir el citado código de fondo cuya ley de aprobación también deroga la Sección IX del Capítulo II arts. 361 a 366 y el Capítulo III de la Ley N y sustituye la denominación de la Ley N , T.O. 1984, por la siguiente: Ley General de Sociedades N (en

3 adelante LGS), T.O y las denominaciones de la SECCION I del CAPITULO I de la Ley N , T.O. 1984, y de la SECCION IV del CAPITULO I de la Ley N , T.O. 1984, por las siguientes: SECCION I De la existencia de sociedad; SECCION IV De las sociedades no constituidas según los tipos del Capítulo II y otros supuestos. Corresponde entonces, examinar de modo minucioso, las diversas modificaciones que han dado lugar a la adecuación o reformulación del propio sistema de normas, que ha impulsado IGJ. Ello por cuanto, precisamente, mediante la Ley N se sustituyen diversos arts. de la LGS, como resultan los arts. 1, 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 93, 94, 100, 164, inc. 3) de los arts. 186, 187, 285, y asimismo, se incorpora el art. 94 bis, fijando que la reducción a uno del número de socios no es causal de disolución, imponiendo la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita, simple o por acciones, y de capital e industria, en sociedad anónima unipersonal, si no se decidiera otra solución en el término de tres (3) meses y un inciso 7) al art. 299, incorporando a la sociedad anónima unipersonal como sociedad sujeta a control estatal permanente. Dentro de este contexto ha de reconocerse que una de las innovaciones de mayor trascendencia que dispuso el CCyC, es precisamente la recepción de la sociedad del tipo unipersonal. Sin lugar a dudas, la inclusión de este tipo societario debe considerarse por demás acertado, y hasta necesario. Ello por cuanto, tal avance supondrá -entre otras cuestiones-, que quien pretenda conformar una sociedad mercantil, no deba depender de contar con alguien más que se sume a su emprendimiento al sólo efecto de cumplir con las normas que hasta ahora se encontraban sancionadas con la nulidad de la sociedad (la exigencia de dos o más personas). Sin embargo -como necesaria reflexión-, no puede dejar de decirse que formalizada como está la sociedad unipersonal no resulta atractiva, precisamente por exigir excesivos formalismos para su conformación. Sin embargo, y pese a exceder el marco del presente análisis, debe prevenirse la necesidad de reformular el cúmulo de requisitos dispuestos para este nuevo tipo societario, a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas de modo que éstas no resulten reservadas insuperablemente para empresas de envergadura, o asimismo, a filiales de sociedades controlantes. Ello por cuanto, las sobradas exigencias que ella supone

4 (constitución bajo la única opción de sociedad del tipo anónima, un obligado órgano de fiscalización plural, y un elevado número de administradores), no satisfacen el fin último que -en rigor de verdad-, ha de tener el instituto. Resulta oportuno además, advertir que el nuevo CCyC derogó la Sección IX del Capítulo II (arts. 361 a 366), y el Capítulo III, de la LGS, referido a las sociedades accidentales o en participación y a los contratos de colaboración empresaria, dado que traslada su regulación a las Secciones 2, 3, y 4, del Capítulo 16, Título IV Contratos en Particular del Libro III Derechos Personales, respectivamente, del CCyC. Derogó además, la Ley N (consorcios de cooperación), regulándolos ahora, en la Sección 5 del Capítulo 16, Título IV Contratos en Particular del Libro III Derechos Personales. En este sentido, se adaptaron las normas referidas a las agrupaciones de colaboración, uniones transitorias y consorcios de cooperación, contenidas en el CCyC, y se incorporó un régimen contable para aquellos contratos asociativos que contengan la obligación de emitir estados de situación patrimonial. Otra de las modificaciones de singular importancia que cabe señalar, es la que establece en el Título II del Libro Primero, del nuevo CCyC; ello es, la regulación exhaustiva a las personas jurídicas exponiendo en el Capítulo 2 (arts. 168 a 192), y Capítulo 3 del referido título (arts. 193 a 224), disposiciones especiales aplicables a las asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones. De esta manera, las normas incorporadas al Capítulo 3, del señalado cuerpo normativo, reemplazan a la Ley N , que hasta ahora regía para las fundaciones. En virtud de ello, teniendo a la vista las nuevas disposiciones especiales aplicables a las asociaciones civiles y fundaciones del CCyC (arts. 169 y 193), debieron ineludiblemente adaptarse las normas contenidas en la hasta ahora vigente Resol. Gral. IGJ N 7/2005. Ello por cuanto, la obligación de inscripción ante el Registro Público del acto constitutivo de las asociaciones civiles y fundaciones, debe ser exclusivamente otorgado por "instrumento público". A la par de ello, y en virtud de las modificaciones introducidas en el CCyC, IGJ ha debido disponer además, reglas, procedimientos y todos los requisitos necesarios, a los efectos de la obligada registración ante ese Organismo, de los contratos de Fideicomiso regulados por el Capítulo 30 del Libro Tercero (arts al 1707, del CCyC). Sin dudas

5 es ésta, otra de las modificaciones de trascendencia, si tenemos en cuenta que con anterioridad al CCyC, los contratos de Fideicomiso que se celebraban, quedaban exclusivamente dentro de la órbita privada de sus intervinientes, sin que resulte imperativa la inscripción del acto. Ello, ahora modificado, se desprende expresamente del art. 1669, del citado cuerpo legal que dispone: "El contrato, que debe inscribirse en el Registro Público que corresponda, puede celebrarse por instrumento público o privado, excepto cuando se refiere a bienes cuya transmisión debe ser celebrada por instrumento público. En este caso, cuando no se cumple dicha formalidad, el contrato vale como promesa de otorgarlo. Si la incorporación de esta clase de bienes es posterior a la celebración del contrato, es suficiente con el cumplimiento, en esa oportunidad, de las formalidades necesarias para su transferencia, debiéndose transcribir en el acto respectivo el contrato de fideicomiso". Asimismo, la resolución que se descubre ha adaptado el procedimiento anteriormente destinado a reglar las sociedades no constituidas regularmente por el de subsanación, conforme la reforma introducida por el citado código, así como el régimen de las sociedades de la Sección IV, del Capítulo I, de la LGS. En este sentido, el art. 25, de la indicada ley establece el "régimen de subsanación", ante la omisión de requisitos esenciales, tipificantes o no tipificantes, la existencia de elementos incompatibles con el tipo elegido o la omisión de cumplimiento de requisitos formales. Prevé además, que la subsanación sea solicitada por iniciativa de la sociedad o de los socios, en cualquier tiempo durante el plazo de la duración previsto en el contrato, e incluso -a falta de acuerdo-, pueda ser ordenada judicialmente, en procedimiento sumarísimo. Dentro de este marco, ha de considerarse que la resolución que se examina dispone además, que su adecuación respetará las estructuras establecidas por la anterior Resol. Gral. IGJ N 7/2005, y mantendrá los principios que llevaron a su sanción, reordenando algunos Libros, Títulos y Capítulos para su mejor aplicación, incorporando las resoluciones generales complementarias citadas y generando los Títulos necesarios a los fines de incorporar las nuevas registraciones o adaptaciones requeridas por la vigencia de las reformas a la Ley N , establecidas por la ley aprobatoria del CCyC.

6 A la par de ello, resolvió incorporar el acceso a la información regido por la Resol. Gral. IGJ N 1/15, y así, adaptó las disposiciones contenidas en el Libro II con las normas sobre inscripciones registrales y de procedimiento con precalificación profesional, entre otros. Además, adecuó el procedimiento interno de cumplimiento del régimen informativo que estableció oportunamente la Resol. Gral. IGJ N 4/07, abrogándola mediante la flamante resolución. De la misma forma, y con el fin de dotar de mayor seguridad a los procedimientos tendientes a obtener autorización y rúbrica de libros sociales, se dispuso que la presentación de la foja especial de rúbrica original, ante la IGJ, será reemplazada por la presentación del Concuerda de Individualización y Rúbrica de Libros, entendiéndose como tal a la reproducción de la foja especial de rúbrica en poder del Escribano (foja matriz). Con ello, se sustituye la foja especial prevista en el Anexo II de la Resol. Gral. IGJ N 7/2005, por la contenida en el anexo correspondiente de las recientes normas de IGJ. En otro orden de ideas, y teniendo en cuenta que IGJ se define orientada a cumplir una función relevante en la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, como Organismo colaborador del sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, recibe y responde solicitudes de información tanto del Poder Judicial, en el marco de procesos penales, así como del organismo estatal rector en la materia, la Unidad de Información Financiera, en el marco de investigaciones por un reporte de operación sospechosa de un sujeto obligado a informar o bien de un sumario administrativo. En virtud de ello, y habiendo dictado las resoluciones 1/2012, 2/2012, 4/2012 y 10/2012, como igualmente, la Resol. Gral. IGJ N 6/2012, que aprobó el Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, se dispuso sean todas incorporadas al nuevo texto normativo. Por último, cabe agregar que la reciente resolución adaptó las normas procesales fijadas para el procedimiento de denuncias, hoy contenido en el Libro VIII de las Normas bajo examen. En resumidas cuentas, la adecuación normativa efectuada por IGJ a sus previsiones, ha sido realizada, principalmente, en atención a la incorporación del instituto de las

7 sociedades anónimas del tipo unipersonales, pero además, en virtud del sistema que ahora establece con carácter imperativo la registración de los contratos de fideicomiso, y asimismo, por abrazar el nuevo CCyC, el instituto de la subsanación. Además de esos importantes avances, IGJ debió actualizar las normas relacionadas a las asociaciones civiles y fundaciones, que ahora deben ineludiblemente constituirse por instrumento público. Por demás, y en orden a su entrada en vigencia, cabe hacer saber la reciente resolución comenzará a regir el día 2 de noviembre de 2015, con excepción de la indicada obligación de registración de los contratos de fideicomiso, las previsiones especiales de las sociedades anónimas unipersonales, el procedimiento de subsanación y disposiciones sobre asociaciones civiles y fundaciones, que comenzaron a regir a partir del 3 de agosto pasado, precisamente por tratarse de las modificaciones notoriamente más relevantes dispuestas por el CCyC, en lo que al Registro Público concierne.-