AYUDANTE TRIBUTARIO SUMA

Transcripción

1 AYUDANTE TRIBUTARIO SUMA TEMA 8. - LA REVISIÓN DE LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA. EL RECURSO DE REPOSICIÓN Y RECLAMACIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS EN LOS TRIBUTOS LOCALES. GESTIÓN TRIBUTARIA

2 Los Art ,Ley 39/2015, de 1 de octubre se refieren a la revisión de oficio de los actos administrativos, manteniendo la tradicional diferencia procedimental respecto de la revisión de disposiciones y actos nulos y la revisión de actos favorables para los interesados que sean anulables, exigiendo la primera la concurrencia de las causas de nulidad del apdo. 1 del Art. 47,Ley 39/2015, de 1 de octubre y la segunda alguno de los motivos del Art. 48,Ley 39/2015, de 1 de octubre. En este último supuesto, la impugnación ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo requerirá la previa declaración de lesividad Los Art ,Ley 39/2015, de 1 de octubre se ocupan de abordar la revisión de oficio de los actos administrativos, manteniendo la ya tradicional diferencia procedimental respecto de la revisión de disposiciones y actos nulos y la revisión de actos favorables para los interesados que sean anulables. Por lo que respecta al primer caso, esto es, la revisión de disposiciones y actos nulos, el Art. 106,Ley 39/2015, de 1 de octubre dispone lo siguiente: Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el apdo.1 del Art. 47,Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el apdo. 2 del Art. 47,Ley 39/2015, de 1 de octubre. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del apdo.1 del Art. 47,Ley 39/2015, de 1 de octubre, o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en el apdo. 2 del Art. 32,Ley 40/2015, de 1 de octubre y en el apdo. 1 del Art. 34,Ley 40/2015, de 1 de octubre sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo. En lo que concierne a la revisión de actos anulables favorables para el interesado, el Art. 107,Ley 39/2015, de 1 de octubre, rotulado como declaración de lesividad de actos anulables, dispone lo que se transcribe a continuación: Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el Art. 48,Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa su declaración de lesividad para el interés público.

3 La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el Art. 82,Ley 39/2015, de 1 de octubre. Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad. Tanto en uno como otro "procedimiento", el órgano competente (para declarar la nulidad o la lesividad) podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación (Art. 108,Ley 39/2015, de 1 de octubre). Cuestión distinta a las anteriores es la revocación de actos y rectificación de errores. Así, las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico; también podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos (Cfr. Art. 109,Ley 39/2015, de 1 de octubre). En cuanto a los límites de la revisión, la norma (Art. 110,Ley 39/2015, de 1 de octubre) dispone que las facultades de revisión establecidas no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Por último, cabe hacer mención a la competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado. A este respecto, el Art. 111,Ley 39/2015, de 1 de octubre señala que en el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables: El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los Ministros. En la Administración General del Estado: Los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los dictados por órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado. Los Secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes. En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado:

4 Los órganos a los que estén adscritos los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de éstos. Los máximos órganos rectores de los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes. La revisión de los actos tributarios puede llevarse a efecto en dos vías distintas: - En la vía administrativa, cuando son los propios órganos de la Administración los que verifican la revisión. Revisiones ordinarias: Procedimientos especiales de revisión. Recurso de reposición. Reclamaciones económico-administrativas. Recursos en vía administrativa. Recurso de alzada ordinario. Recurso de anulación (Novedad de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre). Recurso contra la ejecución (Novedad de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre). Recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio. Recurso extraordinario para la unificación de doctrina. Recurso extraordinario de revisión. - En la vía jurisdiccional, cuando la revisión la hacen los tribunales de justicia mediante recurso contencioso-administrativo. NOVEDADES: La Ley 34/2015, de 21 de septiembre modifica la Ley General Tributaria con efectos (salvo excepciones) a partir del 12/10/2015. En materia de revisión de actos administrativos diversos artículos de ven modificados. REVISIÓN DE ACTOS TRIBUTARIOS EN VÍA ADMINISTRATIVA (previa a la vía judicial). En esta fase nos encontramos con diferentes tipos de revisión ordinaria: 1. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE REVISIÓN. 2. RECURSO DE REPOSICIÓN. 3. RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS. A continuación ofrecemos un esquema más detallado: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE REVISIÓN Art ,LGT Revisión de actos nulos de pleno derecho Art. 217,LGT Art. 218,LGT Art. 219,LGT Declaración de lesividad de actos anulables Revocación Rectificación de errores

5 Art. 220,LGT Devolución de ingresos indebidos Art. 221,LGT (modificado por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre) ACTOS RECURRIBLES Y CASOS EN LOS QUE SE PUEDE INTERPONER Actos en materia tributaria y resoluciones de los órganos económico-administrativos, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo. Actos y resoluciones favorables a los interesados que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Actos en materia tributaria que: - Infringen manifiestamente la ley - Pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado - Cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados. Actos en materia tributaria con errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción Casos: - Duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones. - Cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de acto administrativo o de autoliquidación. - Cuando se hayan ingresado cantidades de deudas o sanciones tributarias ya prescritas. - Cuando así lo establezca la normativa tributaria. Deberán ser actos que: - Lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. - Dictados por órgano manifiestamente incompetente. - Tengan un contenido imposible. - Sean constitutivos de infracción penal. - Fuesen dictados prescindiendo del procedimiento legalmente establecido. - Contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. PROCEDIMIENTO INICIACIÓN: De oficio o a instancia del interesado. TERMINACIÓN: Plazo máximo de un año para notificar la resolución. PLAZO: La declaración de lesividad no podrá adoptarse transcurridos cuatro años desde que se notificó el acto administrativo. - Se exige la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento. - Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo. INICIACIÓN: De oficio La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. TERMINACIÓN: El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. Si transcurre sin resolución expresa caducidad del procedimiento. INICIACIÓN: De oficio o a instancia del interesado.

6 TERMINACIÓN: El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde que se presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento. Si transcurren 6 meses sin resolución: - Caducidad (si se inició de oficio). - Desestimación por silencio administrativo (si se inició a instancia de parte). INICIACIÓN: De oficio o a instancia del interesado. Cuando el acto hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión establecidos en los párrafos a, c y d del artículo 216 y mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo Art. 244,LGT. ÓRGANO QUE RESUELVE Deberá ser distinto del órgano que dictó el acto RECURSOS POSTERIORES Las resoluciones que se dicten en este procedimiento pondrán fin a la vía administrativa. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de recurso de reposición y de reclamación económicoadministrativa. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de recurso de reposición y de reclamación económico-administrativa. RECURSO DE REPOSICIÓN Art ,LGT. Modificados los Art. 224,Art. 225,LGT por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. ACTOS RECURRIBLES Y CASOS EN LOS QUE SE PUEDE INTERPONER Actos dictados por la Administración tributaria susceptibles de reclamación económico-administrativa (podrán ser objeto de recurso potestativo de reposición). PROCEDIMIENTO PLAZO: Un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del acto recurrible o del siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. (En deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el plazo para la interposición se computará a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario de pago). TERMINACIÓN: El plazo máximo para notificar la resolución será de un mes contado desde el día siguiente al de presentación del recurso. Una vez transcurrido, el interesado podrá considerar desestimado el recurso al objeto de interponer la reclamación procedente. EFECTOS - La ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto. - Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, su ejecución quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías.

7 - Si la impugnación afectase a un acto censal relativo a un tributo de gestión compartida, no se suspenderá en ningún caso, por este hecho, el procedimiento de cobro de la liquidación que pueda practicarse. (NOVEDAD: En los casos del artículo 68.9 de esta Ley, si el recurso afecta a una deuda tributaria que, a su vez, ha determinado el reconocimiento de una devolución a favor del obligado tributario, las garantías aportadas para obtener la suspensión garantizarán asimismo las cantidades que, en su caso, deban reintegrarse como consecuencia de la estimación total o parcial del recurso.) RECURSOS POSTERIORES Contra la resolución de un recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso. Se interpondrá, en su caso, reclamación económicoadministrativa. RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Art ,LGT (Modificados los Art. 229,Art. 230,Art. 233,Art. 234,Art. 235,Art. 236,Art. 237,Art. 238,Art. 239,Art. 240,LGT) P. ORDINARIO ACTOS RECURRIBLES Y CASOS EN LOS QUE SE PUEDE INTERPONER MATERIAS EN LAS QUE SE PUEDE RECLAMAR: aplicación de los tributos del Estado o de los recargos establecidos sobre ellos y la imposición de sanciones tributarias que realicen la Administración Central y las autonómicas. 1. Reclamaciones en materia de aplicación de los tributos: - Las liquidaciones provisionales o definitivas. - Las resoluciones expresas o presuntas derivadas de una solicitud de rectificación de una autoliquidación o de una comunicación de datos. - Las comprobaciones de valor de rentas, productos, bienes, derechos y gastos, así como los actos de fijación de valores, rendimientos y bases, cuando la normativa tributaria lo establezca. - Los actos que denieguen o reconozcan exenciones, beneficios o incentivos fiscales. - Los actos que aprueben o denieguen planes especiales de amortización. - Los actos que determinen el régimen tributario aplicable a un obligado tributario, en cuanto sean determinantes de futuras obligaciones, incluso formales, a su cargo. - Los actos dictados en el procedimiento de recaudación. - Los actos respecto a los que la normativa tributaria así lo establezca. 2. Reclamaciones de actos que impongan sanciones. 3. Determinadas actuaciones u omisiones de los particulares en materia tributaria. ÓRGANOS QUE CONOCEN DE ESTA RECLAMACIÓN Los órganos económico-administrativos son: - El TEAC (sede en Madrid).

8 - Tribunales económico-administrativos regionales (TEAR) y locales (TEAL). - Sala Especial para la Unificación de Doctrina. COMPETENCIAS TEA Art. 229,LGT (modificado por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre) Competentes: TEAR / TEAL. - En única instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra actos (órganos periféricos Estado o CCAA, AEAT) cuando la cuantía de la reclamación sea igual o inferior a la cantidad determinada reglamentariamente. - En primera instancia, reclamaciones contra actos adm. Dictados por los órganos anteriores, cuando la cuantía sea superior al importe que se determine reglamentariamente. - Rectificación de errores de sus resoluciones. TEAC. Competente: - En única instancia, de las REA que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos centrales del MEH u otros departamentos ministeriales, de la AEAT, órganos superiores de CCAA. - En única instancia cuando siendo competente el TEAR se presente la resolución directamente ante el TEAC. - Segunda instancia: recursos de alzada ordinarios contra resoluciones dictadas en 1º instancias por los TEAR y TEAL, y contra resoluciones órganos econ-adm de las CCAA. - R. extraordinarios de alzada para unificación de criterio (art. 242 LGT) - Recursos extraordinarios de revisión. - Rectificación de errores de las resoluciones. LEGITIMACIÓN Y SUSPENSIÓN - ESTÁN LEGITIMADOS: Los obligados tributarios y los sujetos infractores. Cualquier persona con interés legítimo afectado por el acto o resolución recurrida, - SUSPENSIÓN. La suspensión acordada en el procedimiento económico-administrativas se mantiene en todas sus instancias. Sólo será automática si se aporta garantía. La garantía debe cubrir: importe del acto, intereses por el período en suspenso y los recargos exigibles al tiempo de la solicitud de la suspensión. Las garantías aceptadas, deben ser aportados al órgano de recaudación, son las mismas que en reposición. Si el interesado demuestra imposibilidad de aportar garantías anteriores, se permite la aportación de otros diferentes, siendo competente para conceder la suspensión del órgano de recaudación. No hace falta garantía si: 1) son sanciones 2) se aprecia que se puede haber producido error material, de hecho o aritmética, cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación, y así lo reconozca el TEA competente. PROCEDIMIENTO - Se tramitará en única o primera instancia. - Es gratuito. No obstante, si la reclamación o el recurso resulta desestimado o inadmitido y el órgano económico-administrativo aprecia temeridad o mala fe, podrá exigirse a la persona a la que resulte imputable dicha temeridad o mala fe que sufrague las costas del procedimiento, según los criterios que se fijen reglamentariamente.

9 - Se tendrá por acreditada la representación voluntaria, sin necesidad de aportar uno de los medios establecidos en el artículo 46.2 de esta Ley, cuando la representación hubiera sido admitida por la Administración Tributaria en el procedimiento en el que se dictó el acto impugnado. - Todos los actos y resoluciones que afecten a los interesados o pongan término en cualquier instancia a una reclamación económico-administrativa serán notificados a aquéllos, bien por medios electrónicos, bien en el domicilio señalado o, en su defecto, de acuerdo con el artículo 112 de esta Ley. TRAMITACIÓN Art ,LGT (Modificados por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre) INICIO: - Interposición en el PLAZO DE UN MES a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, desde el día siguiente a aquél en que quede constancia de la realización u omisión de la retención o ingreso a cuenta, de la repercusión motivo de la reclamación o de la sustitución derivada de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente. En los supuestos de silencio administrativo, podrá interponerse la reclamación desde el día siguiente a aquél en que produzcan sus efectos. - El procedimiento deberá iniciarse mediante escrito que podrá limitarse a solicitar que se tenga por interpuesta, identificando al reclamante, el acto o actuación contra el que se reclama, el domicilio para notificaciones y el tribunal ante el que se interpone - En los casos de reclamaciones relativas a retenciones, ingresos a cuenta, repercusiones, a la obligación de expedir y entregar factura y relaciones entre el sustituto y el contribuyente, el escrito de interposición se dirigirá al tribunal competente para resolver la reclamación. - La interposición de la reclamación se realizará obligatoriamente a través de la sede electrónica del órgano que haya dictado el acto reclamable cuando los reclamantes estén obligados a recibir por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones. - El Tribunal, una vez recibido y, en su caso, completado el expediente, lo pondrá de manifiesto a los interesados que hubieran comparecido en la reclamación y no hubieran presentado alegaciones en la interposición o las hubiesen formulado pero con la solicitud expresa de este trámite, por plazo común de un mes en el que deberán presentar escrito de alegaciones con aportación de las pruebas oportunas TERMINACIÓN: - El procedimiento finalizará por renuncia al derecho en que la reclamación se fundamente, por desistimiento de la petición o instancia, por caducidad de ésta, por satisfacción extraprocesal y mediante resolución. - Cuando se produzca la renuncia o desistimiento del reclamante, la caducidad de la instancia o la satisfacción extraprocesal, el tribunal acordará motivadamente el archivo de las actuaciones. Este acuerdo podrá ser adoptado a través de órganos unipersonales. El acuerdo de archivo de actuaciones podrá revisarse conforme a lo dispuesto en el artículo 241 bis de la LGT. - La duración del procedimiento en cualquiera de sus instancias será de un año contado desde la interposición de la reclamación. Transcurrido ese plazo el interesado podrá entender desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso procedente. El tribunal deberá resolver expresamente en todo caso. Los plazos para la interposición de los correspondientes recursos comenzarán a contarse desde el día siguiente al de la notificación de la resolución expresa.

10 Transcurrido un año desde la iniciación de la instancia correspondiente sin haberse notificado resolución expresa y siempre que se haya acordado la suspensión del acto reclamado, dejará de devengarse el interés de demora. RECURSOS - R. alzada ordinario - R. anulación (NUEVO) - R. contra la ejecución (NUEVO) - R. extraordinario de alzada para la unificación de la doctrina - R. extraordinario para la unificación de la doctrina. - R. extraordinario de revisión. P. ABREVIADO Art ,LGT CARACTERÍSTICAS - Reclamaciones econ.-adm. cuando sean de cuantía inferior a la determinada reglamentariamente. - Resueltas en única instancia, por órganos unipersonales. - El órgano económico-administrativo podrá dictar resolución, incluso con anterioridad a recibir el expediente, siempre que de la documentación presentada por el reclamante resulten acreditados todos los datos necesarios para resolver. - El plazo máximo para notificar la resolución será de seis meses contados desde la interposición de la reclamación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución expresa, el interesado podrá considerar desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso procedente. El órgano económico-administrativo deberá resolver expresamente en todo caso. RECURSOS EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA En esta fase nos encontramos con recursos frente a resoluciones dictadas en vía administrativa en primera instancia o en única instancia en su mayoría: RECURSO DE ALZADA ORDINARIO RECURSO DE ANULACIÓN RECURSO CONTRA LA EJECUCIÓN RECURSO EXTRAORDINARIO DE ALZADA PARA LA UNIFICACIÓN DE CRITERIO RECURSO EXTRAORDINARIO PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN RECURSO DE ALZADA ORDINARIO Art. 241,LGT (modificado en su apartado 3º por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre) RECURSO EXTRAORDINARIO DE ALZADA PARA LA UNIFICACIÓN DE CRITERIO Art. 242,LGT (modificado por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre) EXTRAORDINARIO PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA RECURSO Art. 243,LGT RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Art. 244,LGT (modificado por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre)

11 ACTOS RECURRIBLES Y CASOS EN LOS QUE SE PUEDE INTERPONER Resoluciones dictadas en primera instancia por tribunales y órganos económico-administrativos regionales y locales. -Resoluciones dictadas por los tribunales económico-administrativos regionales y locales y por los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía que no sean susceptibles de recurso de alzada ordinario y, en su caso, las dictadas por los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía en única instancia. - Resoluciones en materia tributaria dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central. - Resoluciones en materia tributaria de órganos dependientes de la respectiva Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía Actos firmes de la Administración tributaria y contra las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: - Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto que fueran posteriores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación al tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el error cometido. - Que al dictar el acto o la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquella resolución. - Que el acto o la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. PROCEDIMIENTO PLAZO: Se interpondrá ante Tribunal Económico-Administrativo Central en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de las resoluciones. TERMINACIÓN: La duración del procedimiento en cualquiera de sus instancias será de un año contado desde la interposición de la reclamación. Transcurrido este plazo, el interesado podrá considerar desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso procedente. El tribunal deberá resolver expresamente en todo caso. Los plazos para la interposición de los correspondientes recursos comenzarán a contarse desde el día siguiente al de la notificación de la resolución expresa. Transcurrido un año desde la iniciación de la instancia correspondiente sin haberse notificado resolución expresa y siempre que se haya acordado la suspensión del acto reclamado, dejará de devengarse el interés de demora en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 26 de esta Ley. PLAZO: El plazo para interponer el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio será de tres meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución. Si la resolución no ha sido notificada al órgano legitimado para recurrir, el plazo de tres meses para interponer el recurso se contará desde el momento en que dicho órgano tenga conocimiento del contenido esencial de la misma por cualquier medio. TERMINACIÓN:

12 La resolución deberá dictarse en el plazo de tres meses y respetará la situación jurídica particular derivada de la resolución recurrida, fijando la doctrina aplicable. Será competente para resolver este recurso la Sala Especial para la Unificación de Doctrina TERMINACIÓN: La resolución deberá dictarse en el plazo de seis meses y respetará la situación jurídica particular derivada de la resolución recurrida, estableciendo la doctrina aplicable. Será competente para resolver el recurso extraordinario de revisión el Tribunal Económico- Administrativo Central. PLAZO: El recurso se interpondrá en el plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que quedó firme la sentencia judicial. TERMINACIÓN: La resolución del recurso extraordinario de revisión se dictará en el plazo de seis meses. Transcurrido ese plazo sin haberse notificado resolución expresa, el interesado podrá entender desestimado el recurso. EFECTOS Los criterios establecidos en las resoluciones de estos recursos serán vinculantes para los tribunales económico-administrativos, para los órganos económicoadministrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía y para el resto de la Administración tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía La doctrina establecida en las resoluciones de estos recursos será vinculante para los tribunales económico-administrativos, para los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía y para el resto de la Administración tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía. RECURSO DE ANULACIÓN (Art. 241 bis LGT) Se interpondrá contra: - Resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas, las personas a que se refiere el artículo de esta Ley podrán interponer recurso de anulación en el plazo de 15 días ante el tribunal que hubiera dictado la resolución que se impugna, exclusivamente en los siguientes casos: a) Cuando se haya declarado incorrectamente la inadmisibilidad de la reclamación. b) Cuando se hayan declarado inexistentes las alegaciones o pruebas oportunamente presentadas en la vía económico administrativa. c) Cuando se alegue la existencia de incongruencia completa y manifiesta de la resolución. - También podrá interponerse recurso de anulación contra el acuerdo de archivo de actuaciones al que se refiere el artículo 238 de esta Ley. El escrito de interposición incluirá las alegaciones y adjuntará las pruebas pertinentes. El tribunal resolverá sin más trámite en el plazo de un mes, entendiéndose desestimado en caso contrario. No podrá deducirse nuevamente este recurso frente a su resolución. El recurso de anulación no procederá frente a la resolución del recurso extraordinario de revisión. La interposición del recurso de anulación suspenderá el plazo para la interposición del recurso ordinario de alzada que, en su caso, proceda contra la resolución impugnada, cuyo cómputo se

13 iniciará de nuevo el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso de anulación o el día siguiente a aquel en que se entienda desestimado por silencio administrativo. Si la resolución del recurso de anulación fuese estimatoria, el recurso ordinario de alzada que, en su caso, proceda se interpondrá contra la citada resolución, iniciándose el cómputo del plazo para interponerlo el día siguiente al de la notificación de la resolución estimatoria. Si la resolución del recurso de anulación desestimase el mismo, el recurso que se interponga tras la resolución del recurso de anulación servirá para impugnar tanto esta resolución como la dictada antes por el tribunal económico-administrativo objeto del recurso de anulación, pudiendo plantearse en ese recurso tanto las cuestiones relativas a los motivos del recurso de anulación como cualesquiera otras relativas al fondo del asunto y al acto administrativo inicialmente impugnado. RECURSO CONTRA LA EJECUCIÓN (Art. 241 ter LGT) Los actos de ejecución de las resoluciones económico-administrativas se ajustarán exactamente a los pronunciamientos de aquéllas. Si el interesado está disconforme con los actos dictados como consecuencia de la ejecución de una resolución económicoadministrativa, podrá presentar este recurso. Será competente para conocer del mismo, el órgano del Tribunal que hubiera dictado la resolución que se ejecuta. El plazo de interposición de este recurso será de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado. La tramitación de este recurso se efectuará a través del procedimiento abreviado, salvo en el supuesto específico en que la resolución económico-administrativa hubiera ordenado la retroacción de actuaciones, en cuyo caso se seguirá por el procedimiento abreviado o general que proceda según la cuantía de la reclamación inicial. El procedimiento aplicable determinará el plazo en el que haya de ser resuelto el recurso. En ningún caso se admitirá la suspensión del acto recurrido cuando no se planteen cuestiones nuevas respecto a la resolución económico-administrativa que se ejecuta. No cabrá la interposición de recurso de reposición con carácter previo al recurso contra la ejecución. Una vez agotadas todas las opciones en vía económico-administrativa sólo quedaría la opción de la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.