Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Transcripción

1 TESIS RELEVANTES DE LA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PUBLICADAS EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2017 Usted podrá consultar éstas y todas las tesis jurisprudenciales y aisladas publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, en: El Semanario Judicial de la Federación es un sistema digital de compilación y difusión de las tesis jurisprudenciales y aisladas emitidas por los órganos del Poder Judicial de la Federación, de las ejecutorias correspondientes, así como de los instrumentos normativos emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación. El Semanario Judicial de la Federación se publica permanentemente de manera electrónica, en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los viernes se incorpora al Semanario la información correspondiente, a consecuencia de lo cual, se considera de aplicación obligatoria un criterio jurisprudencial a partir del lunes siguiente hábil, al día en que la tesis respectiva o la ejecutoria dictada en controversia constitucional o en una acción de inconstitucionalidad, sea ingresada al Semanario Judicial SEPTIEMBRE Registro: Materia(s): (Común, Laboral) Tesis: 2a. CXLIV/2017 (10a.) TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO DE LOS RECLAMOS REALIZADOS AL ISSSTE, AL FOVISSSTE Y AL PENSIONISSSTE. Conforme al artículo 78 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la competencia para conocer de los juicios en los que los beneficiarios de los trabajadores al servicio del Estado demanden prestaciones de seguridad social, recae en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Adicionalmente, de los artículos 1, fracción III, 6, fracciones I, IV y XXVII, 103, 105 y 192 de la misma ley, se advierte que: a) ésta es de orden público, de interés social y de observancia en toda la República, y es aplicable para las dependencias, entidades, trabajadores del servicio civil, pensionados, familiares y derechohabientes que hayan laborado en las dependencias y entidades del Poder Judicial de la Federación; b) el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, denominado PENSIONISSSTE, se creó como un órgano desconcentrado del propio Instituto; y c) los recursos de la subcuenta del fondo de vivienda que no hubiesen sido aplicados para otorgar 1

2 créditos a favor de los trabajadores, serán transferidos a aquél, a las administradoras o aseguradoras para la contratación de la pensión correspondiente o se entregarán en una sola exhibición. Así, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al ser la autoridad facultada para conocer de los juicios en los que los beneficiarios de los trabajadores al servicio del Estado demandan prestaciones de seguridad social, entre los que se incluyen los pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, es la autoridad competente para conocer de la declaración de beneficiarios derivada del deceso de alguno de sus servidores públicos, así como de las prestaciones reclamadas por los trabajadores de aquél o sus beneficiarios, y de los reclamos de éstos en lo que atañe a la devolución de los montos acumulados en las cuentas individuales administradas por el PENSIONISSSTE y, consecuentemente, del reconocimiento de beneficiarios para esos fines. Asimismo, dicho Tribunal también debe conocer de los reclamos de los trabajadores del Poder mencionado y sus beneficiarios en lo que atañe a la devolución de los montos acumulados en la cuenta individual del Fondo de Vivienda de ese Instituto (FOVISSSTE), conforme al artículo 6, fracción XXVII, en relación con el 78 de la Ley del Instituto referido, toda vez que las aportaciones reclamadas surgieron con motivo de la relación laboral entre los trabajadores y el Estado. Amparo directo 1/2017. José Wilfrido Barroso López. 31 de mayo de Cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Alma Ruby Villarreal Reyes. Amparo directo 2/2017. Ricardo Martínez López. 31 de mayo de Cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Alma Ruby Villarreal Reyes. Registro: Materia(s): (Administrativa) Tesis: 2a. CXXXI/2017 (10a.) RENTA. NATURALEZA DE LAS PÉRDIDAS FISCALES EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO RELATIVO. Las pérdidas fiscales se integran por erogaciones necesarias -por ejemplo, compra de insumos, renta de un local, entre otros- para la generación de los ingresos acumulables objeto del impuesto sobre la renta, por lo que son un concepto estructural para determinar la utilidad fiscal y, en su 2

3 caso, el resultado fiscal en materia de dicho impuesto, que permiten subjetivizar el gravamen, adecuándolo a las circunstancias personales del contribuyente; frenar o corregir los excesos de progresividad; coadyuvar a la discriminación cualitativa de rentas; o bien, rectificar situaciones peculiares derivadas de transferencias de recursos que son un signo de capacidad contributiva. Lo expuesto se robustece cuando el artículo 57, párrafos segundo y tercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece, por una parte, la posibilidad que tiene el contribuyente como derecho, de disminuir las pérdidas fiscales de un ejercicio de la utilidad fiscal dentro de los 10 ejercicios siguientes hasta agotar el monto de las pérdidas y, por otra, que en caso de no hacer uso de ese derecho, precluirá en los ejercicios posteriores y hasta la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. Cabe señalar que la posibilidad de disminuir las pérdidas fiscales en un determinado plazo no es una concesión graciosa del legislador, sino un derecho legal para hacer efectivo el principio de la proporcionalidad tributaria reconocido por el propio legislador, al advertir que dichas pérdidas son un concepto estructural en materia del impuesto sobre la renta. Amparo en revisión 882/2015. Frecuencia Modulada del Noroeste, S.A. 28 de junio de Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. Registro: Materia(s): (Constitucional, Administrativa) Tesis: 2a. CXXXIX/2017 (10a.) PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES. LOS ARTÍCULOS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN PREVISTO EN LA LEY FEDERAL RELATIVA Y EN SU REGLAMENTO, NO VULNERAN EL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. Si bien el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, lo cierto es que esa facultad no está limitada a la aplicación de normas que únicamente se refieran al orden sanitario, fiscal o de policía en sentido estricto, en tanto que debe entenderse que se trata de cualquier norma jurídica que otorgue facultades a las autoridades administrativas para regular la conducta de los particulares y cerciorarse de que se ajusta a las normas de orden público aplicables; de lo que deriva que el Congreso de la Unión, mediante la expedición de una ley, puede facultar a un 3

4 órgano público para practicar visitas domiciliarias a fin de constatar que los particulares han cumplido con las disposiciones en materia de protección de datos personales; de ahí que los artículos 59 y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como 132 a 136 de su Reglamento, que regulan el procedimiento de verificación en la materia, no vulneran el derecho a la inviolabilidad del domicilio reconocido por el artículo 16 constitucional. Amparo directo en revisión 888/2017. Corporativo Especializado en Recuperación de Cartera, S.A. de C.V. 7 de junio de Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. Registro: Materia(s): (Constitucional) Tesis: 2a. CXXXIII/2017 (10a.) PÉRDIDAS FISCALES. EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL ESTABLECER EL MOMENTO A PARTIR DEL CUAL DEBE COMPUTARSE EL PLAZO PARA DISMINUIRLAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El momento a partir del cual debe computarse el plazo de 10 ejercicios fiscales para poder disminuir las pérdidas fiscales debe ser a partir del ejercicio siguiente al en que se genere la pérdida fiscal, sin que rebase el plazo de 10 ejercicios fiscales siguientes a ello, porque el solo hecho de que exista el plazo referido, implica el reconocimiento de que, dada la naturaleza del hecho imponible del impuesto sobre la renta -obtención de utilidad fiscal- previsto en la ley, existe una serie de vicisitudes fácticas y económicas que conllevan a que en la mayoría de los casos, al desarrollar cualquiera de esas actividades que deberían generar ingresos acumulables éstos no se generen, por lo que debe reconocerse que existe un periodo que podría denominarse preoperativo de una empresa, en el cual -por regla general- no se obtiene utilidad fiscal, sino por el contrario, se originan pérdidas fiscales. Consciente de esa situación -periodo preoperativo-, el legislador previó que esas mermas fiscales pudieran disminuirse de la utilidad fiscal, lo cual debe realizarse en el plazo de 10 ejercicios posteriores a su generación. La razón de esa limitante temporal radica en que el principio de proporcionalidad tributaria no es absoluto, sino que es dable restringirlo conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el otorgamiento del derecho a disminuir las pérdidas fiscales de la utilidad en el 4

5 plazo de 10 ejercicios hasta agotarlas y, en caso de no ejercerlo estando en posibilidad de hacerlo, se perderá por el contribuyente, resulta ser idóneo para apreciar la capacidad contributiva que se somete a imposición. Ciertamente, porque atento al principio ontológico de la prueba, consistente en que lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba, se presume que cualquier empresa al empezar a operar comercialmente lo hace partiendo de que en algún momento generará utilidad fiscal, de manera que ésta es la regla general, y sólo por excepción al actualizarse situaciones contingentes, la empresa operará con pérdidas fiscales. De esa forma, el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al prever el plazo de 10 ejercicios para poder aplicarse el derecho a disminuir las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores de la utilidad fiscal, hasta agotar el monto de aquéllas, que debe computarse a partir del ejercicio siguiente al en que se genere la pérdida fiscal, pero sin que rebase el plazo de 10 ejercicios fiscales, respeta el principio de proporcionalidad tributaria. Amparo en revisión 882/2015. Frecuencia Modulada del Noroeste, S.A. 28 de junio de Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. Registro: Materia(s): (Constitucional, Laboral) Tesis: 2a. CXXXV/2017 (10a.) ENFERMEDADES NO PROFESIONALES. EL ARTÍCULO 111, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, AL PREVER QUE EL EMPLEADOR SÓLO OTORGARÁ DOS LICENCIAS SUCESIVAS PARA CUBRIR AQUÉLLAS, NO VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto legal citado establece que los trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, tendrán derecho a que se les concedan licencias para dejar de concurrir a sus labores, previo dictamen y la consecuente vigilancia médica, y para los que tengan de 10 años de servicio en adelante, será de hasta 60 días con goce de sueldo íntegro y hasta 60 días más con medio sueldo. Ahora bien, el antepenúltimo párrafo del propio artículo 111 prevé que, si al vencer las licencias con sueldo y medio sueldo continúa la incapacidad, se prorrogará al trabajador la licencia, ya sin goce de sueldo, hasta totalizar en conjunto 52 semanas, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por otra parte, el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucional, establece que la seguridad social, 5

6 entre otras bases mínimas, cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; lo cual no significa necesariamente que toda incapacidad para laborar deba financiarse por el presupuesto del empleador, es decir, por el Estado en su carácter de patrón equiparado, sino que en estos casos los regímenes de seguridad social deben garantizar la observancia del mandato constitucional. En efecto, en el orden jurídico federal se cubren las enfermedades no profesionales de los trabajadores que tengan 10 años o más de servicios, más allá de dos periodos consecutivos de 60 días cada uno, en virtud de que una vez que el empleador ha otorgado dos licencias sucesivas por esos plazos, una con sueldo completo y luego otra con medio sueldo, proveniente en ambos casos de su fuente presupuestal, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado debe continuar cubriendo salarialmente el lapso subsecuente que dure la incapacidad, siempre y cuando el trabajador cumpla con determinados requisitos legales, en términos del artículo 37 de la ley que lo rige, el cual dispone en su párrafo tercero que si al vencer la licencia con medio sueldo continúa la imposibilidad del trabajador para desempeñar su labor, se le concederá licencia sin goce de sueldo mientras dure la incapacidad, hasta por 52 semanas contadas desde que se inició ésta, o a partir de que se expida la primera licencia médica, y que durante la licencia sin goce de sueldo el Instituto, con cargo a la reserva correspondiente del seguro de salud, le cubrirá un subsidio en dinero equivalente al 50% del sueldo básico que percibía al ocurrir la incapacidad, e inclusive, llegado el momento en que no logre recuperar la salud, conforme a los artículos 118 y 119 de la Ley del Instituto, y previo cumplimiento de los requisitos legales, podrá otorgarse la pensión de invalidez que en su caso le corresponda. Consecuentemente, el artículo 111, fracción IV, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al prever que el empleador sólo otorgará dos licencias sucesivas para cubrir las enfermedades no profesionales, no viola el precepto constitucional mencionado. Amparo en revisión 227/2017. David Alberto Navarro Ledesma. 9 de agosto de Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín. Registro: Materia(s): (Constitucional) Tesis: 2a. CXXVIII/2017 (10a.) DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. ALCANCE DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN CON LOS PLAZOS 6

7 ESTABLECIDOS POR EL LEGISLADOR PARA LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. El ámbito de aplicación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se limita a los juicios o procesos tramitados ante las autoridades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, sino también a la actuación de las autoridades administrativas, principalmente por lo que se refiere a los plazos establecidos por el legislador y que rigen su actuación. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LI/2002, sostuvo que los principios que conforman el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal, deben adecuarse a la naturaleza de interés público de los recursos establecidos en sede administrativa. En ese contexto, avanzando en la interpretación del precepto constitucional citado, en concreto, respecto al derecho a la justicia pronta, cuando se establece un plazo en un procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, es porque se considera necesario sujetar a un lapso temporal su actuación, ya que de otra forma no se entendería el porqué de su establecimiento. Contradicción de tesis 59/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, Primero y Segundo del Trigésimo Circuito y Décimo Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de julio de Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no resuelve el tema de la contradicción planteada. Nota: La tesis aislada 2a. LI/2002 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 303, con el rubro: "RECURSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA. LOS PRINCIPIOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL DEBEN ADECUARSE A LA NATURALEZA DE INTERÉS PÚBLICO DE AQUÉLLOS." Registro: Materia(s): (Común) Tesis: 2a. CXLVII/2017 (10a.) 7

8 AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE HACE VALER EL RECURRENTE SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, QUE NO IMPUGNÓ EN ESTA VÍA DESDE EL MOMENTO QUE LE FUE APLICADA POR PRIMERA VEZ POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. En el recurso de revisión, el quejoso puede plantear la inconstitucionalidad de una norma general aplicada por primera vez en la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito; asimismo, el tercero interesado tiene esa oportunidad una vez que el órgano jurisdiccional emite la sentencia que concede el amparo al quejoso, sobre la base de una norma general que le implica una afectación jurídica, por lo cual, desde ese momento puede impugnarla en el recurso de revisión en amparo directo, pues de hacerlo hasta que se dicte una nueva resolución en cumplimiento del fallo protector al quejoso, precluye su derecho para introducir argumentos tendentes a impugnar la norma que le fue aplicada en el juicio de amparo anterior, por más que versen sobre cuestiones de constitucionalidad. Amparo directo en revisión 2957/2017. Prócoro Martínez Leija. 16 de agosto de Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín. OCTUBRE Registro: Tipo de Tesis: Jurisprudencia Publicación: viernes 06 de octubre de :16 h Materia(s): (Común) Tesis: 2a./J. 102/2017 (10a.) PRUEBA PERICIAL EN EL INCIDENTE DE CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO PRONUNCIADAS BAJO LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE. PARA SU DESAHOGO NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, por lo que en el desarrollo de esta etapa, el Juez debe regir el procedimiento y asegurarse de que el acatamiento del fallo constitucional sea de forma oficiosa, pronta y precisa. Por ello, como el procedimiento de 8

9 desahogo de la prueba pericial previsto en los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo, está suficientemente reglamentado para lograr el cumplimiento en esos términos, no es aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, al ser incompatible con los principios que rigen la fase de acatamiento de las sentencias de amparo. Contradicción de tesis 412/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Primero, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito, y Quinto y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 7 de junio de Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Eduardo Medina Mora I. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar. Tesis y criterio contendientes: Tesis III.1o.A.7 K (10a.), de título y subtítulo: "PRUEBA PERICIAL EN EL INCIDENTE INNOMINADO TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. EN SU DESAHOGO SON INAPLICABLES LAS REGLAS DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, Tomo III, febrero de 2016, página 2116, y Tesis VI.3o.A.9 K (10a.), de título y subtítulo: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN EL AMPARO. PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Tomo IV, septiembre de 2016, página 2745, y El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 270/2016. Tesis de jurisprudencia 102/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de julio de dos mil diecisiete.g Esta tesis se publicó el viernes 06 de octubre de 2017 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de octubre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/

10 Registro: Tipo de Tesis: Jurisprudencia Publicación: viernes 06 de octubre de :16 h Materia(s): (Constitucional, Administrativa) Tesis: 2a./J. 140/2017 (10a.) PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA FISCAL. SU CONTENIDO ESENCIAL. Dicho principio constituye uno de los pilares sobre el cual descansa el sistema fiscal mexicano y tutela que el gobernado no se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. En ese sentido, el contenido esencial del principio de seguridad jurídica en materia fiscal radica en poder tener pleno conocimiento sobre la regulación normativa prevista en la ley y sobre sus consecuencias. De esta forma, las manifestaciones concretas del principio aludido se pueden compendiar en la certeza en el derecho y en la interdicción de la arbitrariedad; la primera, a su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, esto es, que tenga un desarrollo suficientemente claro, sin ambigüedades o antinomias, respecto de los elementos esenciales de la contribución y la certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición del contribuyente, en caso de no cumplirse con las previsiones de las normas; y la segunda, principal, mas no exclusivamente, a través de los principios de proporcionalidad y jerarquía normativa. Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. y otra. 5 de octubre de Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. de C.V. 5 de octubre de Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 25 de enero de Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. Contradicción de tesis 59/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, Primero y Segundo del Trigésimo Circuito y Décimo Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de julio de Unanimidad 10

11 de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. Amparo en revisión 478/2017. Patricia Guadalupe López Araujo. 30 de agosto de Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. Tesis de jurisprudencia 140/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de septiembre de dos mil diecisiete. Esta tesis se publicó el viernes 06 de octubre de 2017 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de octubre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/