BOLETÍN TRIBUTARIO 035/17 NORMATIVA DIAN - JURISPRUDENCIA CONSEJO DE ESTADO I. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Transcripción

1 BOLETÍN TRIBUTARIO 035/17 NORMATIVA DIAN - JURISPRUDENCIA CONSEJO DE ESTADO I. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PRESCRIBEN Y HABILITAN FORMULARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN EL AÑO Resolución del 3 de marzo de 2017 NOTA: mediante la referida resolución se prescriben los formularios Nos.: 300 (IVA); 310 (impuesto nacional al consumo); 350 (retenciones en la fuente); 440 (impuesto a la riqueza y complementario de normalización tributaria); 160 (activos en el exterior; por segunda vez, pues ya lo había prescrito en la Resolución de febrero 3/17). II. CONSEJO DE ESTADO 1. NIEGA PETICIÓN DE NULIDAD DEL DECRETO 2819 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2013 POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO - FACULTA AL DIRECTOR DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PARA REGULAR LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES PARA EL DEBIDO CONTROL DEL RECAUDO TRIBUTARIO Al respecto precisó: En esas condiciones, para la Sala es claro que la reglamentación efectuada por el Decreto 2819 de 2013, objeto de la demanda, era necesaria. Primero porque, como se precisó anteriormente, los plazos previstos en el artículo 139 de la Ley 1607 de 2012 no se podían aplicar al año gravable 2013 por la fecha en que fue expedida la Ley 1607, esto es, el 26 de diciembre de En otras palabras, era imposible que la DIAN pidiera la información exógena por el año gravable 2013 hasta antes del 30 de octubre de ese año. Segundo porque, si respecto del año gravable 2013 nada dijo la Ley 1607 de 2012, el gobierno nacional, en virtud del principio de necesidad, sí podía ejercer la facultad reglamentaria 1 Publicada en el Diario Oficial No del 7 de marzo de Informada en nuestro Boletín Tributario No. 018 del 7 de febrero de 2017

2 otorgada por el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Política para fijar el plazo para pedir la información exógena, y eso fue lo que hizo al expedir el Decreto 2819 de Finalmente, se advierte la Resolución del 10 de diciembre de 2013 otorgó a los contribuyentes obligados a reportar la información exógena plazos prudenciales para entregarla, que empezaron en abril de 2014 y concluyeron en mayo de ese mismo año. De manera que no se aprecia en qué sentido el Decreto reglamentario habría violado el artículo 631 del Estatuto Tributario, ni mucho menos en qué sentido el gobierno habría excedido la facultad reglamentaria de la Ley 1607 de La ley, recuerda la Sala, puede regular términos preclusivos y términos perentorios. Los términos perentorios son obligatorios, que denotan urgencia para realizar la acción exigida dentro del plazo. El incumplimiento de un plazo perentorio no invalida ni torna ineficaz lo realizado fuera del plazo, pero el sujeto incumplido queda obligado a asumir la responsabilidad por la mora, como cuando se pagan intereses por el pago a destiempo de un capital. Cosa distinta ocurre con los términos preclusivos, en la medida en que no sólo son obligatorios, sino que su incumplimiento conlleva las consecuencias de invalidar la acción realizada fuera del plazo. Justamente un plazo de caducidad de la acción es un plazo que, por lo general, no solamente resulta perentorio, sino también preclusivo. Los plazos que suelen tener las autoridades del Estado para el cumplimiento cabal de sus obligaciones, suelen ser meramente perentorios, como el plazo que cuenta el juez para dictar las sentencias. La sentencia es válida, a pesar de que se suele dictar por fuera de los plazos, debido a los turnos que cuenta el juez para dictarlas. En otras ocasiones, la administración también debe ejercer sus competencias dentro de plazos obligatorios de tipo preclusivo que, por lo general, si no se ejercen dentro del término se pierde la competencia para obrar. La Sala estima que los plazos previstos en el artículo 631 del Estatuto Tributario son plazos para urgir a las autoridades para obtener la información de los contribuyentes antes de que inicie el año fiscal siguiente al que se va a cobrar el impuesto. Pero no hay duda de que en todo tiempo la administración de la DIAN puede requerir información de los contribuyentes, información que sea necesaria para verificar si este ha cumplido cabalmente las obligaciones tributarias. (Sentencia del 2 de marzo de 2017, expediente 20730). 2. PROCEDENCIA / RECHAZO DE ALGUNAS DEDUCCIONES SENTENCIA DEL 23 DE FEBRERO DE 2017, EXPEDIENTE DEDUCCIÓN POR GASTOS DE NÓMINA DE PENSIONADOS:

3 Es por eso que no es obligatorio que el empleador realice aportes a pensión al personal que tenga el estatus de pensionado por vejez, pues se repite, no existe la posibilidad de su vinculación al Sistema General de Pensiones, en tanto el riesgo se encuentra cubierto. Es cierto que el pago de aportes de pensión fue contemplado en la ley tributaria como un condicionamiento para la deducción por salarios, pero al no ser ese pago obligatorio respecto del personal pensionado, mal puede exigírsele al empleador el cumplimiento de tal requisito. En casos como el estudiado, el empleador cumple con el requisito de encontrarse a paz y salvo respecto del pago de aportes a sus trabajadores pensionados, pues se repite, no tiene la obligación de cotizar respecto de esos empleados. Desconocer la deducción por salarios por no haber cotizado por trabajadores pensionados, sería desatender los principios de justicia y equidad tributaria, porque generaría que se impusiera al empleador una mayor carga impositiva por una obligación que por ley no tenía a su cargo. DEDUCCIÓN POR BONIFICACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS: Todo, porque esos pagos no obedecen a la contraprestación directa del servicio, que por lo demás ya terminó; sino, al resarcimiento de los perjuicios causados al trabajador por el incumplimiento del empleador de lo pactado en el contrato. Es más sin dicho pago es totalmente viable producir la renta, ya que no es la causa del ingreso por el desarrollo de la actividad. Tampoco es un gasto normal o usual para producir o facilitar la generación de la renta. Si bien son pagos que tienen el carácter indemnizatorio y en ellos debe incurrir el empleador cuando desvincula al trabajador por decisión unilateral, el hecho que legalmente tuviera que pagar sumas de dinero por retiro de los trabajadores no las convierte en indispensables, porque la necesidad se debe dar frente al desarrollo de la actividad productora de renta. Entender lo contrario implicaría otorgar un beneficio tributario a quien por su causa dio lugar al pago de la indemnización. 3. DEL COSTO PRESUNTO ARTÍCULO 82 ESTATUTO TRIBUTARIO

4 Manifestó la Sala: El demandante pidió que, en subsidio, el costo se determinara de conformidad con lo estipulado en el artículo 82 del E.T., que establece lo siguiente: Artículo 82. Determinación de costos estimados y presuntos. Cuando existan indicios de que el costo informado por el contribuyente no es real o cuando no se conozca el costo de los activos enajenados ni sea posible su determinación mediante pruebas directas, tales como las declaraciones de renta del contribuyente o de terceros, la contabilidad o los comprobantes internos o externos, el funcionario que esté adelantando el proceso de fiscalización respectivo, puede fijar un costo acorde con los incurridos durante el año o período gravable por otras personas que hayan desarrollado la misma actividad del contribuyente, o hayan hecho operaciones similares de enajenación de activos, atendiendo a los datos estadísticos producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por el Banco de la República, por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Superintendencia de Sociedades u otras entidades cuyas estadísticas fueren aplicables. Su aplicación y discusión se hará dentro del mismo proceso. Si lo dispuesto en este artículo no resultare posible, se estimará el costo en el setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la respectiva enajenación, sin perjuicio de las sanciones que se impongan por inexactitud de la declaración de renta o por no llevar debidamente los libros de contabilidad. (Destaca la Sala). Esta norma prevé los eventos en los que procede la estimación de los costos incurridos en la enajenación de activos, los instrumentos con los que cuenta la Administración para determinarlos, así como un cálculo aproximado de los costos cuando las herramientas dadas a los funcionarios de fiscalización son insuficientes para determinarlos. De esta manera, en el proceso de fiscalización el funcionario debe encontrarse frente alguna de las siguientes situaciones: La existencia de indicios de que el costo informado por el contribuyente no es real. No se conoce el costo de los activos enajenados. El costo de los activos enajenados no se puede determinar mediante pruebas directas, como las declaraciones de renta del contribuyente o de terceros, la contabilidad o los comprobantes internos o externos.

5 Correlativamente, los artículos 58 y 59 del E.T. disponen, en su orden, lo siguiente: Artículo 58. Realización de los costos. Los costos legalmente aceptables se entienden realizados cuando se paguen efectivamente en dinero o en especie o cuando su exigibilidad termine por cualquier otro modo que equivalga legalmente a un pago. Por consiguiente, los costos incurridos por anticipado sólo se deducen en el año o período gravable en que se causen. Se exceptúan de la norma anterior, los costos incurridos por contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema de causación, los cuales se entienden realizados en el año o período en que se causen, aún cuando no se hayan pagado todavía. Artículo 59. Causación del costo. Se entiende causado un costo cuando nace la obligación de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el pago. (Destaca la Sala). Conforme con las normas trascritas, no es posible estimar el costo de operaciones que no se realizaron. En este caso, los costos por $ se rechazaron porque se sustentaron en compras que nunca se llevaron a cabo, es decir, que se trata de costos que jamás existieron, por lo que no se pueden aceptar ni estimar. (Sentencia del 20 de febrero de 2017, expediente 20623). SÍGUENOS EN TWITTER FAO 09 de marzo de 2017