Con la venia de la sala, en virtud de lo expuesto por las expertas en los informes y los casos presentados ante este Tribunal:

Transcripción

1 ACUSACIÓN FINAL Por Alba Pérez Ciudad Con la venia de la sala, en virtud de lo expuesto por las expertas en los informes y los casos presentados ante este Tribunal: CONSIDERAMOS que el Estado no ha actuado con la diligencia debida, por inacción e incumplimiento, del deber de prevención de las violencias machistas, en concreto no ha puesto todos los medios necesarios, para que estas situaciones no se produjeran. Por ello, SOLICITAMOS en este Tribunal: - Que se condene al Estado como responsable directo, por acción u omisión, de la vulneración de los derechos humanos, constitucionalmente reconocidos, en todos los casos se han expuesto. - Que se condene al Estado por no velar por el interés superior del menor en las actuaciones judiciales y sociales en relación al mismo, vulneranado sus derechos. - Que se condene al Estado y al sistema judicial por los casos en que no se ha aplicado la supresión del régimen de visitas y patria potestad a los padres condenados por maltrato. - Que se condene al Estado español por no aplicar el Convenio de Estambul ratificado en España desde el año 2014 y las recomendaciones de la CEDAW en el marco de la violencia sexual. - Que se condene al Estado español por la falta de un Plan de Acción contra la Violencia Sexual y de políticas públicas para

2 prevenir y combatir ésta en todos los ámbitos en que se se produce. - Que se condene al ESTADO por no destinar los recursos y presupuestos suficientes para erradicar las violencias machistas. DENUNCIAMOS, ante este Tribunal, la responsabilidad del Estado y de los poderes públicos en defensa del derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencia, por ello: - Denunciamos la violencia institucional ejercida contra las mujeres. - Denunciamos la utilización intencionada, en los casos expuestos, del Estado de Derecho para ocultar la realidad, que es su NO funcionamiento y, en consecuencia tolerar y justificar el incumplimiento sistemático por parte del Estado y sus instituciones de la normativa nacional e internacional, concretamente: La Ley Integral contra la Violencia de Género; el Convenio de la Haya; el Dictamen del Comité de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Violencia; la Ley de Protección Jurídica del Menor; el Estatuto de la Víctima. - Denunciamos que el anteproyecto de Ley de Custodia Compartida Impuesta representa una forma de violencia psicóloga para las mujeres. - Denunciamos en este tribunal la falta de formación especializada en género de los profesionales y operadores de la justicia y denunciamos al estado por no garantizar la formación obligatoria de jueces y personal administrativo sobre violencia de género.

3 - Denunciamos al Estado por la no ampliación de la ley a otros supuestos de violencia de género que no pasen necesariamente por la relación de pareja o expareja. - Denunciamos al Gobierno por no incluir en los PGE una partida presupuestaria suficiente para combatir la violencia sexual y por la alarmante falta de recursos especializados para las víctimas, supervivientes y familiares. - Denunciamos a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género por no presentar a día de hoy, ningún estudio, ni cifras concretas sobre la magnitud de la violencia sexual. - Denunciamos al Gobierno por las normas aprobadas en los últimos años que impiden que las mujeres en situación administrativa irregular puedan acudir a comisaría a denunciar ante la posibilidad de que se les abra un expediente de expulsión. - Denunciamos al gobierno por no destinar los presupuestos necesarios para combatir la violencia de género. - Denunciamos que no se garantice la participación de las organizaciones de mujeres como parte esencial de la lucha contra las violencias machistas, como así establece el Convenio de Estambul, la Convención de CEDAW y sus resoluciones. - Denunciamos en este tribunal la actuación por parte del Estado y sus instituciones que, en los casos expuestos, han tenido con las profesionales que acompañan a mujeres que han sufrido violencia machista. - Denunciamos públicamente la violencia mediática que ocasiona el incorrecto tratamiento informativo de la violencia machista.

4 Por ello, en virtud de todo lo expuesto en este Tribunal, EXIGIMOS al Estado justicia, reparación y NO repetición Y, en este sentido: - Instamos al inmediato cumplimiento de las recomendaciones del dictamen emitido por el Comité Cedaw (15 agosto 2014) en el caso de Ángela. Y, en este sentido, exigimos responsabilidad e inhabilitación en aquellos casos en que por una mala actuación del juez o la jueza se haya puesto en peligro la vida de la mujer o ésta haya sido asesinada, también respecto los menores. - Exigimos que se aplique nuestras leyes nacionales e internacionales, como el Estatuto de la Víctima, la Ley Integral contra la Violencia de Género y el Convenio de la Haya, empezando por el caso de Juana Rivas - La eliminación de la custodia compartida impuesta por vía judicial, suprimiendo el punto 8 del artículo 92 del Código Civil y el régimen de visitas a los menores de los maltratadores condenados. - Retirada y no cesión de la patria potestad a los maltratadores con sentencia condenatoria por delito de violencia de género. - Que los menores sean escuchados en los distintos procedimientos y su opinión se tenga en cuenta en las decisiones judiciales. - Implementar el Convenio de la CEDAW y su actual recomendación nº35 y las medidas establecidas en el Convenio de Estambul. - Un Plan de Acción contra la Violencia Sexual en todos los ámbitos (de pareja, familiar, laboral, escolar, en las calles, transportes y fiestas), siendo la prevención política prioritaria. Con recursos de atención especializados, atención inmediata integral y sin discriminación. - Que la violencia sexual sea tratada como Cuestión de Estado y que así se refleje en el reciente aprobado Pacto de Estado.

5 - Que se cumplan sin dilaciones ni excusas las medidas del Pacto que ahora dependen de actos del Gobierno, en particular el aumento en 200 millones de euros de la dotación presupuestaria del Estado en 2018, desde comienzos de 2018, para las medidas contra la violencia de género que ha acordado el Parlamento. - Al gobierno presente una modificación presupuestaria para que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género no nazca muerto, (ya que su decisión de no presentar el Proyecto de Presupuestos del Estado para 2018 en el plazo establecido por el artículo de la Constitución, no le exime de ello). - Que se garantice la participación de las organizaciones de mujeres en la mejora en la lucha contra las violencias hacia las mujeres, empezando porque la Ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad conteste a la carta que más de 50 organizaciones firmantes enviaron el pasado mes de octubre. - Que se atienda a la solicitud formulada en ella y la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género convoque a una reunión abierta a todas las asociaciones o plataformas feministas de ámbito estatal y a las plataformas contra la violencias machistas de ámbito autonómico y local que deseen participar. - Por último, exigimos que los medios de comunicación no solo se comprometan, sino que apelamos a su responsabilidad, a hacer un tratamiento adecuado de las diferentes violencias machistas visibilizándolas, evitando el sensacionalismo morboso en su tratamiento y utilizando un lenguaje y unas imágenes no sexistas, de conformidad a la recomendación general 19 del comité de la CEDAW de 1992.