Investigación de UnoAmérica Asesinatos de Manuel Moya y Graciano Blandón

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Tomás Escobar Córdoba
hace 8 años
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1 Investigación de UnoAmérica Asesinatos de Manuel Moya y Graciano Blandón

2 Resumen del Caso Moya-Blandón Manuel Moya y Graciano Blandón fueron asesinados el 17 de diciembre de 2009 a manos del frente 34 de las FARC. Moya Lara y Blandón, formaron parte del grupo de afrodescendientes que denunció ante la Fiscalía 14 de DDHH (Proceso No 2022) los vínculos existentes entre las FARC y la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, liderada por el sacerdote marxista Javier Giraldo. Además, denunciaron el desplazamiento forzado y sangriento del que ha sido víctima la población afrodescendiente de las cuencas del río Atrato en 1997 a manos de las FARC. El 4 de febrero de 2008, Moya Lara y Blandón en representación de 231 familias negras, viajaron a Costa Rica, dentro del marco de las medidas provisionales otorgadas a 515 familias afrodescendientes de Curvaradó y Jiguamiandó, para denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la acción de las FARC y de la mencionada ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, por sus acciones criminales en contra de las comunidades afrodescendiente de Curvaradó y Jiguamiandó. En la misma audiencia, Manuel Moya y Graciano Blandón reiteraron la condición de beneficiarios de medidas provisionales y su decisión de auto representarse, solicitando medidas provisionales para lograr la protección del Estado de Colombia frente a las múltiples amenazas que desde mucho tiempo atrás se cernían sobre sus vidas, la de sus familias, y las de sus representados en Bocas de Curvaradó, Puerto Lleras y Pueblo Nuevo. Irónicamente, al día siguientes de ser torturados y asesinados Moya y Blandón, llegó la resolución la Corte Interamericana de Derechos Humanos, proferida el día 17 de Nov. de 2009, negando las medidas provisionales solicitadas 22 meses antes por los defensores de derechos humanos.

3 Por qué UnoAmérica decide tomar el caso? 1. Irregularidades en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, puesto que las víctimas habían pedido medidas cautelares de protección en la CIDH y les fueron negadas. 2. Papel de Víctor Abramovich, quien ya había actuado tendenciosamente en el caso de Honduras. 3. Los asesinatos fueron planificados desde una Comunidad de Paz (Jiguamiandó) 4. Similitud entre estas comunidades de paz y zonas liberadas en otros países 5. Zona selvática parecida a otras donde el Foro de Sao Paulo ha organizado masacres: Pando (Bolivia) y Bagua (Perú). En resumen, UnoAmérica consideró que este caso revestía connotaciones internacionales, más que un caso exclusivamente colombiano.

4 Quienes conformaron la delegación Miguel Fierro Pinto (Colombia) Jaime Arturo Restrepo Restrepo (Colombia) Jorge Mones Ruiz (Argentina) Alejandro Peña Esclusa (Venezuela) En representación de 200 ONGs de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras, Perú, Venezuela y Uruguay.

5 Fechas y lugares visitados Desde el domingo 7 de febrero hasta el miércoles 10 de febrero Apartadó Carepa San José de Apartadó Curvaradó

6 Método utilizado La información recabada fue producto de entrevistas y testimonios de -Habitantes de la zona -Funcionarios de la Alcaldía de Apartadó -Funcionarios de la 17ma Brigada -Funcionarios de Acción Social -Dirigentes sociales de San José de Apartadó -Familiares de Moya y Blandón -Dirigentes sociales de Curvaradó -Desmovilizados de las FARC

7 Limitantes La mayoría de los entrevistados no quieren que se les identifique Temen ser asesinados por las FARC Alegan que lo que se informa a las autoridades (Fiscalía, Defensoría) llega a manos de las FARC, vía la Comisión Intereclesial Justicia y Paz. Ex habitantes de La Holandita se niegan rotundamente a hablar Nota adicional: En caso de que las autoridades colombianas deseen judicializar la información existente, deberán asegurar protección a los testigos

8 Información proveniente de los testimonios recabados -Antecedentes: las comunidades de paz (CP) y zonas humanitarias (ZH) fueron creadas con base en un engaño: En 1997, el Estado colombiano decide intervenir activamente para liberar al Urabá de la presencia masiva de las FARC, para lo cual organiza la llamada Operación Génesis, que consistía en una ofensiva militar muy bien orquestada. Al darse cuenta que estaban en peligro, las FARC deciden forzar un desplazamiento masivo (éxodo) de la población afro descendiente, obligando a la población de la zona -fusil en mano- a irse de sus pueblos originarios, para concentrarlos en dos localidades de Urabá. La llegada de campesinos sin vivienda, ni comida, crea una crisis humanitaria. El aparato propagandístico de las FARC hace ver que dichos desplazamientos se deben a las acciones militares de la Operación Génesis, ocultando deliberadamente su propio rol en dicho éxodo.

9 Información proveniente de los testimonios recabados La propaganda, junto a la presión de ONGs de derechos humanos, forzan al gobierno colombiano a negociar para encontrar una solución. En conclusión, se suspenden las acciones militares, se crean comunidades de paz y zonas humanitarias, regentadas por ONGs, con medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En dichas comunidades y zonas se prohíbe la acción de cualquier grupo armado, incluso las fuerzas del orden público. Se anula la titularidad de las tierras en las zonas humanitarias, y se crea el concepto de titularidad colectiva. Posteriormente, entran nuevos actores económicos, los productores de palma, quienes compran tierras cuya propiedad está indefinida, generándose así un nuevo problema. -Supuestamente ningún actor del conflicto debe entrar en las CD y ZH. Sin embargo, las FARC si entran, y las usan como centros de aprovisionamiento y acopio; con la complicidad de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, más específicamente de Eduard Lancheros, mano derecha del cura Giraldo en el Urabá.

10 Declaraciones de alias Samir Eduard Lancheros pide a milicianos de las FARC que produzcan información para enjuiciar a integrantes de las Fuerzas Militares Detención del miliciano de las FARC José Andrés Torres Restrepo, alias el mono, integrante del quinto frente de las FARC, quien vivía en la comunidad de paz La Holandita, ubicada en San José de Apartadó, y fue capturado al salir de la comunidad, explosivos en mano, cuando se dirigía a cometer un atentado. -Las CD y ZH se han convertido en fuente de corrupción o desvío de fondos La Comunidad Intereclesial Justicia y Paz engañó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando que representaba 515 familias de la zona, cuando en realidad representaba a menos de 200. Esto fue denunciado por Moya y Blandón en la propia Corte. Desde enero de 2007 hasta marzo de 2008, las comunidades de paz y zonas humanitarias recibieron 17 millones de dólares de apoyo Estado a Estado (sin contabilizar los apoyos de ONG a ONG), y no se notan obras, ni mejoras. Al contrario, son las zonas mas pauperizadas. Según testimonios recogidos en Apartadó, se erogaron aportes millonarios para la comunidad de paz de Cacarica, a fin de construir 400 viviendas. Sin embargo, solo se han construido 40, de pésima calidad. Igual ocurre con los aportes para construir viviendas y alcantarillados para San José de Apartadó; los recursos no se materializaron en obras.

11 -En las CD y ZH se violan flagrantemente los derechos humanos Se niega el apoyo que ofrece el Estado. Acción Social organizó un apoyo de varias toneladas de comida y ayuda médica a la comunidad de paz de Jiguamiandó. Pese a que los habitantes deseaban el apoyo, las ONGs les negaron la entrada. Días después murieron dos niños por desnutrición y falta de apoyo médico. En la comunidad de paz de La Holandita se niega a sus habitantes la posibilidad de salir libremente. Las familias deben hacerlo por partes.

12 Conclusiones preliminares Las comunidades de paz y las zonas humanitarias no tienen razón de existir Es oportuno tomar medidas para anular el régimen jurídico que las rige Urge investigar el papel de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz Se requiere de un gran acuerdo para reestablecer la verdadera titularidad de las tierras en el Urabá Existe el riesgo de que estalle la violencia en esa zona si no se aborda el tema con firmeza y decisión La Corte Interamericana de Derechos Humanos actuó de manera negligente.

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