Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Transcripción

1 TITULO PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley, son de orden público e interés social y tiene por objetivo prevenir y erradicar la violencia producida con motivo de género en el Estado contra los mujeres, garantizar los recursos públicos necesarios para ello, así como establecer las bases que posibiliten el acceso a una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad, equidad y no discriminación. La presente Ley se aplicará sin perjuicio de lo que dispongan respecto a esta materia otras legislaciones, por lo que esta Ley será enunciativa, más no limitativa de las anteriores disposiciones. Artículo 2. Las disposiciones de este ordenamiento obedecen a los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales que protejan la integridad de las garantías y derechos humanos de las mujeres. Artículo 3. Para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema y Programa Estatal, previstos en la presente Ley, se incluirán las partidas correspondientes en los presupuestos de egresos del Estado y sus Municipios, procurando que no sean disminuidas respecto del ejercicio fiscal anterior, ni sean transferidas a otras partidas presupuestales. Artículo 4. Todas las medidas que se deriven de esta Ley garantizarán: I. Que el Estado y sus Municipios, en el ámbito de sus competencias, prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen todo tipo de violencia que se produzca con motivo de género en contra de las mujeres; y II. Que el Estado y sus Municipios promuevan el desarrollo integral de la sociedad conforme a los principios de igualdad, equidad y no discriminación, procurando que la mujer participe plenamente en todas las esferas de la vida. Artículo 5. Son principios rectores de una vida libre de violencia los siguientes: I. Igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; II. Respeto a la dignidad humana; III. No discriminación; IV. Respeto a la libertad de las mujeres y hombres en igualdad de circunstancias; V. Igualdad social entre el hombre y la mujer; Oficialía Mayor 1

2 VI. Equidad basada en las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer; VII. Importancia y dignidad del trabajo doméstico; y VIII. Demás principios que consideren las instituciones estatales y municipales. Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: I. Actualización: Proceso permanente de formación, desde la perspectiva de género, con la finalidad de incorporar a la administración y gestión pública los avances y nuevas concepciones en materia de igualdad, equidad y derechos humanos, dando prioridad a los temas relacionados con la mujer por considerase un grupo vulnerable de la población; II. Alerta de Violencia de Género: Conjunto de acciones gubernamentales de emergencia, derivadas de la declaratoria emitida por la autoridad competente, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado; III. Atención: Es el conjunto de servicios especializados, integrales y gratuitos proporcionados por las instancias gubernamentales a cualquier víctima de violencia, a sus hijas e hijos y cuya finalidad es el fortalecimiento del ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y su empoderamiento; IV. Debida Diligencia: Obligación que se deriva de la responsabilidad del Estado de hacer el máximo esfuerzo para reconocer, proteger y garantizar los derechos humanos, en especial el de las mujeres; V. Derechos Humanos: El conjunto de valores que el ser humano posee por el simple hecho de existir reconocidos como derechos fundamentales tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, como en los tratados y convenciones internacionales de los que México forma parte; VI. Empoderamiento: Proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades; VII. Erradicación: Conjunto de acciones y políticas públicas diseñadas con la finalidad de eliminar las condiciones estructurales de la violencia de género, como la desigualdad entre las mujeres y los hombres que derivan en los diferentes tipos y modalidades de la violencia, los estereotipos, valores, actitudes y creencias misóginas o androcéntricas, así como la finalidad de garantizar las condiciones para la vigencia y ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres; VIII. Especialización: Conocimientos específicos construidos desde la perspectiva de género que deben articularse con la disciplina académica de las y los servidores públicos, a fin de aplicar y asegurar la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos humanos y el derecho de las personas a una vida libre de violencia; Oficialía Mayor 2

3 IX. Formación General: Premisas teóricas, metodológicas y conceptos fundamentales sobre la perspectiva de género que deben recibir todas y todos los servidores públicos que integran la Administración Pública, con la finalidad de incorporar esta visión al diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, las acciones y los programas de su competencia, así como en sus relaciones laborales; X. Instituto: Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco; XI. Ley General: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; XII. Ley: Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; XIII. Misoginia: Conductas de odio hacia la mujer; XIV. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres; XV. Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia: Conjunto de estrategias que reúnen las medidas y las acciones integrales gubernamentales para garantizar la seguridad, el ejercicio de los derechos humanos, en especial los de las mujeres y su acceso a una vida libre de violencia en todas las esferas de su vida; XVI. Órdenes de Protección: Actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima; son medidas precautorias, cautelares y de naturaleza civil; XVII. Persona Agresora: Persona que inflige cualquier tipo de violencia; XVIII. Perspectiva de Género: Visión científica, analítica y política sobre las mujeres que propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad, la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres en circunstancias similares que los hombres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones; XIX. Políticas: Conjunto de orientaciones y directrices dictadas a fin de guiar las acciones dirigidas a asegurar los principios y derechos consagrados en la Ley, para abatir las desigualdades entre las mujeres y los hombres y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres; XX. Prevención: Estrategias y acciones coordinadas y anticipadas para evitar la violencia contra las mujeres, las actitudes y los estereotipos existentes en la sociedad acerca de las mujeres y los hombres; Oficialía Mayor 3

4 XXI. Programa Nacional: Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el ámbito nacional; XXII. Programa Estatal: Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en el Estado de Tabasco; XXIII. Sexismo: Diversas formas de manifestación de la creencia fundamentada en una serie de mitos y mistificaciones, de la superioridad de alguno de los sexos sobre el otro, que resulta en una serie de privilegios para unos y de discriminaciones y violencia para los otros; XXIV. Sistema Estatal: Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, en especial la que se produce contra las Mujeres; XXV. Sistema Nacional: Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; XXVI. Tipos de Violencia: Actos u omisiones que dañan la dignidad, la integridad y la libertad de los seres humanos; XXVII. Violencia de Género: Cualquier acción u omisión, basada en el género, que les cause a la mujer de cualquier edad daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público y que se expresa en amenazas, agravios, maltrato, lesiones, y daños asociados a la exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación y que es consubstancial a la opresión de género en todas sus modalidades afectando sus derechos humanos. La violencia de género involucra tanto a las personas como a la sociedad, comunidades, relaciones, prácticas e instituciones sociales, y al Estado que la reproduce al no garantizar la igualdad, al perpetuar formas legales, jurídicas, judiciales, políticas androcéntricas y de jerarquía de género y al no dar garantías de seguridad a las mujeres durante todo su ciclo de vida; XXVIII. Víctima: Mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia; y XXIX. Víctima Indirecta: Los hijos e hijas de la víctima. Artículo 7.- Cuando alguno de los actos u omisiones considerados en el presente ordenamiento constituya delito, se aplicarán las disposiciones establecidas en el Código Penal del Estado. Asimismo, para efectos de reconocimiento de paternidad y cumplimiento de las obligaciones inherentes a ésta, se aplicarán los procedimientos establecidos en las leyes de la materia. Oficialía Mayor 4

5 TÍTULO SEGUNDO TIPOS Y MODALIDADES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CAPÍTULO I DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA Artículo 8. Los tipos de violencia a los que son objeto las mujeres son los siguientes: I. Violencia psicológica.- Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica que puede consistir en: Negligencia, abandono, descuido reiterado, amenaza, insultos, humillaciones, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo o restricción a la autodeterminación, las cuales conducen a la víctima a la depresión, el aislamiento, a la devaluación de su autoestima pudiendo incluso conducir al suicidio; II. Violencia física.- Es cualquier acto que infringe daño no accidental a la víctima, usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a su integridad física, que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas; III. Violencia patrimonial.- Es el acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: La transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y que puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas; V. Violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o sexualidad de la víctima, y que por tanto atenta contra su libertad, seguridad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía de un sexo sobre otro al denigrarlo y concebirlo como objeto; y VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de los seres humanos. CAPÍTULO II DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA SECCIÓN PRIMERA DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR Artículo 9. Se considera violencia familiar al acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a la víctima y/o las niñas, niños o adolescentes, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido con ella relación de matrimonio, concubinato o de hecho; de parentesco por Oficialía Mayor 5

6 consanguinidad en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado; de parentesco colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, de adoptante o adoptado; o de tutor. Para los efectos de este artículo se considera una relación de hecho aquella formada por una pareja que vivan juntos, no hayan procreado hijos y que aun no cumplan el plazo establecido por el Código Civil para el Estado de Tabasco para ser considerado concubinato. Artículo 10. Los modelos de prevención, atención y erradicación que establezcan los gobiernos estatal y municipal, para proteger a las víctimas de violencia en el ámbito familiar, deberán contemplar: I. Atención médica gratuita e inmediata a la Víctima y/o sus hijos; II. Tratamiento psicológico a la Víctima que favorezca su empoderamiento; III. Asesoramiento jurídico a la Víctima sobre las acciones legales que existen en contra del Agresor para ser sancionado por el Estado y obtener la reparación del daño en los términos previstos por la Ley; IV. Servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al Agresor para erradicar las conductas violentas, eliminar los estereotipos de supremacía de género, patrones machistas, misoginia; V. Evitar procedimientos de conciliación en una relación en la que hay violencia en el ámbito familiar, a menos que sea a petición de la victima; VI. Instalar refugios con ubicación secreta para las Víctimas y sus hijas e hijos, para salvaguardar su integridad física, proporcionando apoyo psicológico, médico y legal especializado y gratuito; y VIII. Las establecidas en esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables. SECCIÓN SEGUNDA DE LA VIOLENCIA LABORAL O ESCOLAR Artículo 11. Se entiende por violencia laboral o escolar lo siguiente: I.- Por violencia laboral: La negativa sin fundamento legal o estatutario para contratar a la víctima para trabajar; así como las acciones de descalificación del trabajo realizado, amenazas, intimidación, humillaciones, explotación irracional de la jornada laboral y todo tipo de discriminación que se le hagan a las mujeres en los centros de trabajo por sus condiciones de género, y II.- Por violencia escolar: Las conductas que dañan la autoestima de las alumnas y los alumnos con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, condición étnica, condición académica, limitaciones y/o características físicas, que les infligen Oficialía Mayor 6

7 maestras o maestros, personal directivo, administrativo, técnico, de intendencia o cualquier persona prestadora de servicios en las instituciones educativas. Artículo 12. La violencia laboral o escolar puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual. Artículo 13. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Artículo 14. Los gobiernos estatal y municipal en el marco de sus respectivas competencias, al establecer políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o escolares deberán: I. Reivindicar la dignidad de los seres humanos en todos los ámbitos de la vida; II. Establecer mecanismos que favorezcan la erradicación de esta modalidad de violencia en las escuelas y centros laborales privados y públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos; III. Establecer mecanismos que impidan hacer público el nombre de la víctima para evitar algún tipo de sobrevictimización o que sea presionada para abandonar la escuela o trabajo; IV. Para los efectos de la fracción anterior, deberán sumarse las quejas anteriores que sean sobre el mismo hostigador o acosador, guardando públicamente el anonimato de la o las quejosas o del o de los quejosos; y V. Proporcionar atención psicológica y legal especializada y gratuita quien sea víctima de violencia de género. SECCIÓN TERCERA DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD Artículo 15. Se considera violencia en la comunidad a los actos individuales o colectivos que transgreden los derechos humanos de las mujeres propiciando su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. Artículo 16. El Estado y sus municipios deben de establecer mecanismos institucionales que tengan como objetivo la prevención de la violencia en la Comunidad contra las mujeres, con base en las siguientes acciones: Oficialía Mayor 7

8 I. La educación y la reeducación para eliminar los estereotipos que establecen como desiguales a los hombres y a las mujeres socialmente; II. El diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres; y III. El establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar las acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información entre las instancias. SECCIÓN CUARTA DE LA VIOLENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS Artículo 17. Se entiende por violencia de servidores públicos a los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, resultado de prejuicios de género, patrones estereotipados de comportamiento o prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad de las mujeres o de subordinación respecto a los hombres, que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar, impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Artículo 18. El Gobierno a través de la Administración Pública Estatal y Municipal, en sus respectivas competencias, deben de estructurar y aplicar una política interna en la que tenga por objetivo capacitar, actualizar y sensibilizar a los servidores públicos en materia de derechos humanos y erradicación de la violencia que se realiza por motivo de género. Artículo 19. La capacitación y sensibilización que se impartirá a los servidores públicos, deben de ser en base a los siguientes temas: I. La igualdad de derechos entre hombres y mujeres; II. La aplicación y obligatoriedad de observar los tratados internacionales respecto a los derechos humanos en especial los que salvaguardan los derechos de las mujeres y las niñas; y III. La aplicación de la Perspectiva de Género. SECCIÓN QUINTA DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES Artículo 20. Para efectos de esta Ley, deberá entenderse por Violencia Feminicida: La forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Oficialía Mayor 8

9 Artículo 21. Cuando se presenten casos de violencia feminicida, el estado y los municipios dispondrán de las medidas que sean adecuadas para garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar el inminente peligro en el que se encuentren; sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo del Estado solicite una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, a través del Instituto, al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación; en este último caso coadyuvará con este en las acciones que para atender la situación de violencia se implementen Artículo 22. El Gobierno del Estado y/o los Municipios, una vez hecha la Declaratoria de Violencia de Género, llevarán en coordinación las siguientes acciones: I. Integración de un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé seguimiento al cumplimiento de dicha declaratoria; II. En el ámbito de su competencia, implementar acciones preventivas y correctivas de seguridad y justicia en el área señalada como Zona de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres; III. Facilitar al Gobierno Federal todo tipo de información que se le requiera, para la elaboración de los reportes especiales sobre la zona declarada como de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres; IV. Asignar recursos presupuestales para hacer frente a la contingencia de Alerta de Género contra las Mujeres; V. Hacer del conocimiento público el motivo de las acciones y medidas implementadas y la zona territorial que abarcan; y VI. Demás que establezcan las leyes. Artículo 23. En caso de violencia feminicida, el gobierno del estado conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, garantizará la reparación de daños y considerará como tal: I. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial, la investigación de las violaciones a los derechos de las mujeres y la sanción a los responsables; II. Garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas; y III. Realizar las siguientes acciones: a) Investigar y sancionar los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad, de conformidad con la normatividad vigente en el Estado; Oficialía Mayor 9

10 b) Diseñar e instrumentar políticas públicas integrales que eviten la comisión de delitos contra las mujeres; y c) Verificar los hechos y la publicidad de la verdad. TÍTULO TERCERO DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN Artículo 24. Las órdenes de protección son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares, las cuales deberán otorgarse a solicitud de la víctima o cualquier persona, de manera inmediata por la autoridad competente que conozca los hechos o delitos constitutivos de violencia por motivo de género. Artículo 25. Las órdenes de protección establecidas en la presente Ley son personalísimas e intransferibles y se clasifican en: I. De emergencia; se entenderá por tales las emitidas en términos de esta ley por el Agente del Ministerio Publico competente, en un plazo no mayor de 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan y hasta por 72 horas, cuando conozca de la probable comisión de un delito de violencia familiar; II. Preventivas: se entenderá por tales las emitidas en términos de esta ley por la Autoridad Judicial competente, en un plazo no mayor a 5 días naturales contados a partir de que tenga conocimiento de los hechos que las generan en un proceso jurisdiccional que se tramite ante ella o a partir de que sean solicitadas por el Agente del Ministerio Público, según sea el caso, y tendrán una duración de hasta tres meses; y III. De naturaleza civil: se entenderá por tales las emitidas en términos de esta ley y los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco por la Autoridad Judicial competente, dentro de un proceso jurisdiccional que se tramite ante ella y durarán hasta que dicte sentencia. Las ordenes de protección de emergencia, preventivas y civiles se concederán de manera aislada o conjunta y serán sustituidas en cualquier momento por otra de mayor eficacia, cuando sea necesario. Artículo 26. Son órdenes de protección de emergencia las siguientes: I. Desocupación temporal por la persona agresora del domicilio, o donde habite la víctima, que se salvaguarde su seguridad y la de sus hijos en su caso; II. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad; III. Prohibición de molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia; Oficialía Mayor 10

11 IV. Facilitar el acceso de la víctima al domicilio en común, con auxilio de autoridades policíacas, para que aquélla tome sus objetos de uso personal, documentos de identidad u otros importantes de su propiedad y de sus hijas e hijos; V. Ingreso de la autoridad policíaca en el domicilio de la víctima en caso de flagrancia; o VI. Advertir a la persona agresora de las consecuencias a que se hará acreedora de acercarse a la víctima o intentar cualquier acto en su contra. Artículo 27. Son Órdenes de Protección Preventivas las siguientes: I. Retención y guarda de cualquier objeto que pudiera ser utilizada como arma por el agresor para amenazar o lesionar a la víctima, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad en la materia; II. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima; III. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos; o IV. Ejecución de medidas reeducativas, integrales, especializadas y gratuitas a la persona agresora para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía de género y los patrones machistas y misóginos que generaron su violencia. Artículo 28. Para otorgar presente ley, se considerara: las órdenes emergentes y preventivas previstas en la I. El riesgo o peligro existente; II. La seguridad de la víctima; y III. Los elementos con que se cuente. Para la efectiva ejecución de las órdenes de emergencia y preventivas podrá utilizarse el auxilio de la fuerza pública. Artículo 29. Son Órdenes de Protección Civil las siguientes: I. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes; II. Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal; Oficialía Mayor 11

12 III. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio; IV. Obligación alimentaría provisional e inmediata; o V. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarías y/o garantizar los derechos de la sociedad conyugal. Artículo 30. Para otorgar las órdenes civiles de la presente ley, se considerara: I. Los derechos humanos; y II. Los principios objetivos de racionalidad y justicia. Artículo 31. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes valorar las órdenes y determinación de medidas similares en sus resoluciones o sentencias. Lo anterior con motivo de los juicios o procesos que en materia civil, familiar o penal, se estén tramitando en los tribunales competentes. TITULO CUARTO DEL SISTEMA Y PROGRAMA ESTATALES CAPÍTULO I DE LA INTEGRACIÓN Y OBJETO DEL SISTEMA ESTATAL Artículo 32. El Estado y los Municipios se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para erradicar la violencia contra las mujeres. El Sistema Estatal fundará dichas acciones en una cultura de principios basados en el respeto irrestricto de los derechos humanos y la igualdad de género. Artículo 33. El Sistema Estatal estará en coordinación con el Sistema Nacional y deberá crear los mecanismos para recabar, de manera homogénea, la información sobre la violencia contra las mujeres, e integrarla al Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, así como a los Diagnósticos Estatal y Nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres. Artículo 34. El Sistema Estatal es un órgano colegiado honorario y se conformará por el Gobernador del Estado, quien fungirá como Presidente Honorario y los titulares de las siguientes dependencias y entidades: I. La Secretaría de Gobierno, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Consejo; II. El Instituto Estatal de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría Técnica del Consejo; III. La Secretaría de Seguridad Pública; Oficialía Mayor 12

13 IV. La Procuraduría General de Justicia; V. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco; VI. La Secretaría de Educación; VII. La Secretaría de Salud; VIII. La Secretaría de Desarrollo Económico; IX. La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo; X. La Unidad de Atención Social del Estado; XI. La Comisión Estatal de Derechos Humanos; XII. Las Direcciones de Atención a las Mujeres de los Municipios del Estado o quien designe en sesión el Ayuntamiento del Municipio; XIII. Dos mujeres representantes de instituciones de investigación, especializadas en los Derechos Humanos de las Mujeres; y XIV. Dos mujeres representantes de organizaciones civiles especializadas en los derechos humanos de las mujeres. Podrán participar como invitados en las sesiones del Consejo los titulares de las delegaciones federales en el Estado, así como las agrupaciones legalmente constituidas cuya actividad sea afín al objeto de la presente Ley. Por cada miembro del consejo titular de las dependencias y entidades que lo conforman podrá nombrase a un suplente Artículo 35. El Sistema Estatal como órgano colegiado, tendrá a cargo las siguientes atribuciones: I. Diseñar y aprobar el Programa Estatal; II. Evaluar el cumplimiento y eficacia del Programa Estatal y difundir sus resultados trimestralmente; III. Fomentar la coordinación, colaboración e información entre las instituciones que lo integran; IV. Analizar el establecimiento de los lineamientos administrativos y técnicos en materia de violencia de género, así como de los modelos más adecuados para su erradicación; V. Elaborar un informe anual de actividades; Oficialía Mayor 13

14 VI. Fomentar, en coordinación con instituciones especializadas públicas, privadas y sociales, la realización de investigaciones sobre el fenómeno de la violencia contra la mujer, cuyos resultados servirán para diseñar nuevos modelos tendientes a su prevención y atención; VII. Promover la creación de mecanismos para allegarse recursos a efecto de dar cumplimiento a sus fines; VIII. Revisar periódicamente el Banco de Datos sobre casos de violencia contra las mujeres, para usarlo como insumo en el diseño del Programa Estatal; IX. Observar que se asignen las partidas presupuestales en cada ejercicio fiscal para cumplir con los fines y objetivos del Programa Estatal; X. Organizarse en grupos de trabajo para proponer políticas para el mejor cumplimiento del Programa Estatal; XI. Llevar un registro de instituciones gubernamentales y organizaciones sociales que trabajen en materia de violencia contra la mujer; XII. Concertar con organizaciones sociales para incorporar sus acciones y estadísticas en el diseño sistema de información del Estado; XIII. Fomentar campañas públicas encaminadas a sensibilizar y concientizar a la población sobre las formas en que se puede prevenir y combatir la violencia contra la mujer en todos sus tipos y modalidades; XIV. Promover programas de intervención temprana para prevenir desde donde se genera, la violencia contra la mujer, incorporando a la población en la operación de dichos programas; XV. Incorporar a las funciones de atención y prevención, mediante convenios a la sociedad organizada, estableciendo y manteniendo vínculos de trabajo específico, intercambio de información y propuestas de modelos de atención; XVI. Celebrar convenios o acuerdos, dentro del marco de la Ley Estatal de Planeación y el Plan Estatal de Desarrollo, para la coordinación de acciones a nivel estatal y municipal, así como con dependencias de la Administración Pública Federal, según sus ámbitos de competencia; XVII. Incentivar el estudio e investigación sobre violencia contra la mujer y difundir los resultados que deriven de dichos estudios; XVIII. Organizar cursos y talleres de capacitación para los servidores públicos a quienes corresponda la atención y prevención de la violencia contra la mujer; XIX. Aprobar su propio Reglamento Interior; y XX. Las demás que tengan relación con el cumplimiento de los objetivos de esta Ley. Oficialía Mayor 14

15 Artículo 36. El reglamento interior del Sistema Estatal establecerá la manera en que se desarrollarán las sesiones, el número de éstas que se deban llevar al año su forma de organización en grupos de trabajo y el mecanismo por el cual tomarán sus decisiones. CAPITULO II DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Artículo 37. El Programa Estatal es el instrumento que contiene las acciones que, en forma planeada y coordinada, deberán realizar las dependencias y entidades de la administración pública del estado, en el corto, mediano y largo plazo. Dicho Programa tendrá el carácter de prioritario. Artículo 38. El Programa Estatal sujetará las acciones con perspectiva de género para: I. La promoción de una cultura que reconozca y respete los derechos humanos de las mujeres; II. Transformar los modelos socioculturales de conducta de hombres, a través de la formulación de programas y acciones de educación en sus distintos niveles, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que propician la violencia contra las mujeres; III. Educar, capacitar y sensibilizar en materia de derechos humanos de las mujeres a las instituciones y al personal encargado de la procuración de justicia, de las policías estatales y municipales, y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres; IV. Educar, capacitar y sensibilizar en materia de derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la impartición de justicia, a fin de dotarles de instrumentos que les permitan juzgar con perspectiva de género; V. Proporcionar los servicios especializados, profesionales y gratuitos para la atención y protección de las víctimas, así como de quienes se encuentren bajo su tutela, protección o cuidado por medio de las autoridades y las instituciones públicas o privadas; VI. Fomentar y apoyar los programas de educación pública y privada, destinados a concienciar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres; VII. Elaborar programas de atención y capacitación a víctimas que permita su participación plena en todos los ámbitos de la vida; VIII. Diseñar mecanismos que permitan la coordinación con los distintos medios de comunicación para que en los contenidos de sus programas no fomenten la violencia contra las mujeres y favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia; Oficialía Mayor 15

16 IX. Garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos de forma periódica sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin de medir y evaluar la escalada de violencia, así como la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar este tipo de actos; X. Publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, pudiéndose apoyar al efecto de los diversos órganos estatales relacionados en materia de procuración de justicia; XI. Promover la inclusión prioritaria en el Plan Estatal de Desarrollo, las medidas y políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres; XII. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres para garantizar su seguridad y su integridad; y XIII. Diseñar un modelo integral de atención que instrumenten las instituciones, los centros de atención y los refugios previstos por esta ley, relativos a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres. Artículo 39. El programa contendrá todas las acciones para detectar, prevenir, atender y erradicar cualquier manifestación de violencia en contra de las mujeres, promoviendo una cultura de igualdad y respeto. Conteniendo por lo menos: I. El diagnóstico de la situación actual de la violencia de género contra las mujeres en el estado; II. Los objetivos específicos a alcanzar; III. Las estrategias a corto, mediano y largo plazo a seguir para el logro de esos objetivos; IV. Los Subprogramas específicos, así como las acciones o metas operativas correspondientes incluyendo aquellas que sean objeto de coordinación con instituciones públicas o privadas; y V. La especificación del responsable de su ejecución. TITULO QUINTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Artículo 40. Los poderes públicos del Estado y los Municipios, coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables. Oficialía Mayor 16

17 CAPITULO I DEL PODER EJECUTIVO Artículo 41.- Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado las facultades y obligaciones siguientes: I. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; II. Formular y conducir la política estatal integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; III. Integrar el Banco de Datos sobre casos de violencia contra las mujeres; IV. Coordinar y aplicar el Programa Estatal auxiliándose de las demás autoridades; V. Vigilar que los usos y costumbres de la sociedad no atenten contra los derechos humanos de las mujeres; VI. Realizar a través del Instituto y con el apoyo de las instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las mujeres, en el conocimiento de las leyes, las medidas y los programas que las protegen; VII. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, de manera que sirvan de cauce para lograr la atención integral de las víctimas; VIII. Celebrar por si o a través de las dependencias facultadas, convenios de cooperación, coordinación y/o concertación en la materia; IX. Evaluar y considerar la eficacia de las acciones del Programa Estatal, con base en los resultados de las investigaciones previstas en esta Ley; X. Instar a los medios de comunicación, a través de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, para que no promuevan imágenes sexistas estereotipadas de mujeres y hombres para superar patrones de conducta generadores de violencia; al mismo tiempo, promover la adopción de códigos de ética por parte de los medios de comunicación, tendientes a erradicar la violencia de género contra las mujeres y las niñas y la promoción de sus Derechos Humanos; XI. Recibir de las organizaciones sociales y civiles propuestas y recomendaciones sobre la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a fin de mejorar los mecanismos para su erradicación, e incluirlas previo análisis del Sistema Estatal en el Programa Estatal; XII. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente Ley; Oficialía Mayor 17

18 XIII. Impulsar la creación de refugios para la atención y protección de las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas, conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema Estatal de acuerdo a lo establecido en la Ley General; XIV. Proponer reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley; y XV. En general todas las que se deriven para el cumplimiento de esta Ley de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 42. Corresponde a la Secretaría de Gobierno las facultades y obligaciones siguientes: I. Coordinar en su carácter de Secretario Ejecutivo el Sistema Estatal; II. Convocar, previa solicitud de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal, a los integrantes de éste órgano colegiado; III. Realizar un diagnóstico estatal y otros estudios complementarios de manera periódica con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres, en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; IV. Rendir un informe anual al Sistema Estatal sobre los avances de los programas relativos a la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, de conformidad a la información que sea proporcionada por los integrantes de ese órgano colegiado; V. Vigilar el respeto de los derechos laborales de las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, estableciendo las condiciones para eliminar la discriminación de las mujeres por razones de género para el acceso al trabajo; VI. Coadyuvar a través del Registro Civil a la difusión del contenido y alcances de la presente Ley; VII. Promover la capacitación y sensibilización de los defensores y personal profesional auxiliar, que presten sus servicios en la Defensoría de Oficio, en materia civil, penal y familiar, a efectos de mejorar la atención de las víctimas de violencia de género que requieran la intervención de dicha Defensoría; y VIII. Las demás que para el cumplimiento de esta Ley, le instruya el Titular del Poder Ejecutivo. Artículo 43. Corresponde al Instituto las facultades y obligaciones siguientes: I. Fungir como Secretaría Técnica del Sistema Estatal, a través de su titular; Oficialía Mayor 18

19 II. Integrar las investigaciones promovidas por las dependencias de la Administración Pública Estatal y Organismos Descentralizados, Organizaciones de la Sociedad Civil, Universidades e Instituciones de Educación Superior e Investigación, sobre las causas, características y consecuencias de la violencia en contra de las mujeres, así como la evaluación de las medidas de prevención, atención, sanción y erradicación, y la información derivada de cada una de las instituciones encargadas de promover los derechos humanos de las mujeres en el Estado y los municipios y dar a conocer públicamente los resultados; III. Difundir la presente Ley, por todos los medios públicos y a través de los medios de comunicación, en español y en las lenguas indígenas habladas en el estado; IV. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley, los programas, las medidas y las acciones que considere pertinentes, con la finalidad de erradicar la violencia de género; V. Proponer al Gobernador del Estado las políticas públicas transversales y con perspectiva de género que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; VI. Coadyuvar con en la operación de los Centros de Atención y rehabilitación para Agresores; VII. Colaborar con las instituciones del Sistema Estatal en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios; VIII. Canalizar a las víctimas a las autoridades correspondientes para que les sea proporcionada atención psicoterapéutica especializada gratuita, y en el caso de los agresores remitirlos para su atención a los Centros de Atención y Rehabilitación para Agresores; IX. Participar, en los términos y modalidades que fije el Reglamento de esta Ley, en la creación de Centros de Refugio Temporal para Mujeres Víctimas de Violencia; X. Implementar y difundir el servicio telefónico MUJER para denunciar casos de violencia de género contra las mujeres y ofrecer, a través del mismo, asesoría especializada sobre el tema y sobre los servicios de asistencia que presta el Gobierno del Estado; XI. Promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas instituciones públicas o privadas, sea proporcionada por especialistas en la materia, sin prejuicios, ni discriminación alguna; XII. Difundir el respeto a los derechos humanos de las mujeres y promover que las instancias de gobierno garanticen la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres; XIII. Promover investigaciones sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres y las niñas; Oficialía Mayor 19

20 XIV. Impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, en la ejecución de los programas estatales; XV. Instrumentar en coordinación con instancias integrantes del Sistema Estatal, programas y campañas que contribuyan a la prevención y erradicación de la violencia de género; XVI. Prestar servicios jurídicos gratuitos y especializados de orientación, asesoría y defensa a las víctimas de violencia en los términos de esta Ley; XVII. Diseñar e instrumentar cursos, seminarios, talleres, diplomados y/o especialidades académicas con perspectiva de género; XVIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; XIX. Colaborar con la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo en la elaboración de la propuesta de Reglamento de esta Ley, y presentarla a la consideración del Gobernador del Estado; XX. Proponer al Gobernador del Estado, en colaboración con la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, las iniciativas de reformas a esta Ley, cuando así se requiera; y XXI. Las demás que le asigne el Programa Estatal Artículo 44. Corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública las obligaciones y facultades siguientes: I. Diseñar, con una visión transversal, la política integral para la prevención de delitos contra las mujeres; II. Intervenir con elementos especializados en la prevención de la violencia de género; III. Coordinarse con las autoridades competentes para prevenir la violencia de género; IV. Implementar capacitación sobre la violencia de género contra las mujeres, dirigidos a los diversos niveles jerárquicos de su personal; V. Incorporar la perspectiva de género los cursos de capacitación y especialización que imparta la Secretaría de Seguridad Pública; VI. Otorgar las facilidades necesarias para el cumplimiento y ejecución de las órdenes de protección dictadas por las autoridades competentes, en los casos de violencia de género; VII. Implementar un programa de información dirigido a los reclusos y jóvenes infractores para prevenir el fenómeno de la violencia de género; Oficialía Mayor 20

21 VIII. Coadyuvar con el Instituto para la difusión e implementación 01800MUJER; del programa IX. Implementar en coordinación con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, las acciones de prevención y erradicación del turismo sexual infantil y la trata de personas; X. Brindar el auxilio oportuno a las víctimas de violencia a que se refiere esta Ley, canalizándolas en su caso a la autoridad competente; XI. Rendir un informe semestral al Sistema Estatal, por conducto de la Secretaría Técnica de éste, de las actividades realizadas; y XII. Las demás que le asigne el Programa Estatal. Artículo 45. Corresponden a la Procuraduría General de Justicia del Estado las facultades y obligaciones siguientes: I. Promover la atención especializada en los casos de violencia de género contra las mujeres; II. Emitir, a través del Agente del Ministerio Público competente, las órdenes de protección de emergencia a que se refiere esta Ley, en los casos que conforme al marco jurídico aplicable sea procedente; III. Solicitar al órgano jurisdiccional competente que dicte las órdenes de protección preventivas a que se refiere esta Ley, en los casos que conforme a derecho proceda; IV. Certificar lesiones y dictaminar el daño psicoemocional de la víctima; V. Canalizar a las víctimas de los delitos que involucren violencia de género a los hospitales del sector salud; VI. Realizar acciones conjuntas y de coordinación con las Secretarías de Salud y Educación, así como con el Instituto y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco y/o los municipios, con el fin de proporcionar pláticas de prevención integral del delito y de la violencia de género; VII. Implementar de manera permanente procesos de especialización sobre violencia de género contra las mujeres, dirigidos a los diversos niveles jerárquicos de su personal; VIII. Incorporar la perspectiva de género en todos los cursos que se impartan a su personal; IX. Diseñar y ejecutar campañas de difusión para promover la denuncia de los hechos de violencia de género contra las mujeres; X. Rendir un informe semestral al Sistema Estatal de las actividades realizadas, por conducto de su Secretaría Técnica de éste; Oficialía Mayor 21

22 XI. Garantizar mecanismos expeditos en la procuración de justicia para asegurar el acceso de las mujeres a la justicia plena; y XII. Las demás que le asigne el Programa Estatal. Artículo 46. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco las facultades y obligaciones siguientes: I. Impulsar la instalación de Núcleos de Atención Integral en los centros de Desarrollo Integral de la Familia, estatal y municipales; II. Implementar un programa especial de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género; III. Ejecutar campañas de prevención sobre violencia de género contra las mujeres, las que tendrán por objetivo que la sociedad perciba el fenómeno como un asunto de seguridad pública y de derechos humanos, y no como un problema familiar; IV. Impulsar procesos de capacitación sobre la violencia de género contra las mujeres para servidoras y servidores públicos del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; así como para los comités municipales del mismo; V. Adecuar o crear modelos de atención que favorezcan el empoderamiento de la víctima y reparen el daño causado por la violencia, acorde con los lineamientos señalados en esta Ley; VI. Rendir un informe semestral al Sistema Estatal, por conducto de la Secretaría Técnica de éste, de las actividades realizadas; VII. Aplicar los principios y derechos de esta Ley y de cualquier otro Instrumento y/o Tratado Internacional de protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas; VIII. Por conducto de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la familia: a) Promover la recepción de atención integral y especializada para las víctimas de violencia; b) Proporcionar psicoterapia especializada gratuita, en coordinación con las instituciones autorizadas, a las víctimas de violencia familiar, y en el caso de los agresores remitirlos para su atención a los Centros de Atención y Rehabilitación para Agresores; c) Brindar información, asistencia y asesoría jurídica y, en caso de requerirse, remitir a la víctima a un refugio temporal para mujeres víctimas de violencia; d) Remitir a la víctima a servicios médicos, psicológicos y/o jurídicos especializados, cuando lo requiera; Oficialía Mayor 22