EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Transcripción

1 Anteproyecto de Ley /2013, de de, por el que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, pretendía establecer un nuevo sistema para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito estatal y medir la representatividad en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado y aunque perseguía objetivos totalmente asumibles, presenta defectos relevantes como ha puesto de manifiesto la dificultad de su puesta en práctica y la tardanza en constituir los órganos de representación previstos. Tradicionalmente, la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias se ha determinado de forma indirecta, mediante las elecciones a las Cámaras Agrarias que convocaban las comunidades autónomas siguiendo la legislación básica del Estado, constituida por la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, de Cámaras Agrarias. Se consideraban más representativas las organizaciones profesionales que obtenían el 10 por ciento de los votos a nivel nacional y el 20 por ciento a nivel de comunidades autónomas. Sin embargo, la supresión de la legislación básica en 2005, pero no de las Cámaras, y la total discrecionalidad de las comunidades autónomas para mantener o cambiar los antiguos criterios de representatividad ha creado varios escenarios territoriales de interlocución con el sector de difícil si no imposible armonización y que está en el origen de la actual falta de transparencia en la interlocución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con el sector agroalimentario. La incertidumbre sobre la representación del sector agrario ha coincidido con una etapa de reducción de la renta agraria y enormes tensiones en los precios, que los agricultores no han podido afrontar eficazmente por falta de los instrumentos necesarios para equilibrar el poder de negociación de los diferentes agentes de la cadena agroalimentaria, y aunque esta crisis tiene más causas, los problemas de interlocución han sido una de ellas. Es por tanto necesario clarificar cuanto antes la cuestión de la representatividad de las organizaciones agrarias con el fin de ampliar el derecho de participación de los agricultores en los asuntos públicos y mejorar la gobernanza de las políticas agroalimentarias. Los nuevos criterios de representación de los agricultores a través de sus organizaciones ante la Administración General del Estado se basan en los siguientes principios: - Representación directa obtenida mediante una consulta específica que se celebra en todo el territorio nacional simultáneamente. - Representación proporcional al grado de implantación demostrado en la consulta a través de un órgano creado para ello, el Consejo Agrario. - Ampliación de las organizaciones representantes mediante la reducción de la barrera electoral al 5 por ciento de los votos emitidos.

2 - Ampliación del número de electores, eliminando obstáculos para la participación de todos los empresarios agrarios. - Introducción por primera vez de criterios de equilibrio entre las mujeres y los varones representantes. - Autonomía de funcionamiento del órgano representativo y libertad para adoptar acuerdos. Este nuevo marco de interlocución es aplicable a la Administración General del Estado y compatible con otros sistemas de representación de los agricultores ante las comunidades autónomas. Artículo 1. Objeto. 1. El objeto de esta ley es regular el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito estatal, a efectos de que puedan desarrollar las funciones de representación institucional previstas en el artículo Asimismo, por esta ley se crea el Consejo Agrario como órgano consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que estará formado por las organizaciones profesionales agrarias más representativas. Capítulo I. La representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Artículo 2. Determinación de la representatividad. 1. La representatividad de las organizaciones profesionales agrarias se determinará mediante consulta entre los agricultores y ganaderos que tengan la condición de electores de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. 2. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente convocará dicha consulta entre los electores inscritos en un censo que se elaborará específicamente para este fin. 3. Serán elegibles las organizaciones profesionales agrarias reconocidas según lo previsto en el artículo 3 de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical, que entre sus fines estatutarios incluyan la defensa de los intereses generales de la agricultura y la ganadería, y que libremente decidan concurrir a la consulta. Artículo 3. Representación institucional Las organizaciones profesionales agrarias que tras la consulta obtengan el derecho a formar parte del Consejo Agrario, tendrán la condición de más representativas y desarrollarán las funciones de representación institucional ante la Administración General del Estado y entidades y organismos dependientes de la misma, con el grado de representatividad que hayan obtenido.

3 Artículo 4. Consulta 1. La consulta para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias se regirá por los siguientes criterios: a) Se efectuará en todo el territorio del Estado simultáneamente. b) Se contabilizarán los votos obtenidos por cada organización profesional agraria en todo el Estado. c) La participación es personal, libre, igual, directa y secreta. 2. Los electores podrán ejercer su derecho a participar en el proceso mediante el procedimiento que estimen más conveniente de entre los dispuestos a este fin: de modo presencial, en la Mesa correspondiente a su demarcación territorial, por correo o mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación que se habiliten al efecto. 3. El elector que opte por el voto por correo, durante el periodo establecido, se personará en la oficina de Correos de su localidad ante el funcionario del Servicio, que autenticará el voto por el procedimiento que se establecerá reglamentariamente. Artículo 5. Electores 1. Tendrán derecho a participar en la consulta las personas mayores de edad que ejerzan la agricultura o la ganadería como actividad económica habitual y se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: a) Estar afiliada a la Seguridad Social por cuenta propia y dedicarse a actividades agrarias, de acuerdo con los datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social, siempre que no hayan obtenido una ayuda por el cese anticipado en la actividad agraria. b) Declarar renta procedente de actividades agrarias en un porcentaje igual o superior al 25 por ciento de su renta total, de acuerdo con los datos obrantes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. c) Percibir pagos directos superiores a [5.000] euros, de acuerdo con los datos obrantes en el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 2. Podrán ejercer el derecho de voto las personas que dispongan del derecho de sufragio de acuerdo con el artículo 4 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General y se encuentren en alguna de las situaciones enumeradas en el apartado anterior en el momento de la publicación del censo, según los datos más actualizados de los organismos citados en el artículo 6 en ese momento. Artículo 6. Censo 1. El censo será elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Para su elaboración podrá recabar la colaboración de los siguientes organismos: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y Entidad Nacional de Seguros Agrarios (ENESA).

4 Previa solicitud del interesado se podrán comprobar los datos a los que se refiere el artículo 5.1.b) en las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). 2. El censo contendrá los siguientes datos públicos: a) Nombre y apellidos. b) Número de Identificación Fiscal (NIF). c) Fecha de nacimiento. d) Domicilio habitual. 3. El censo ordenado alfabéticamente y por provincias se publicará por la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, con una antelación de, al menos, dos meses a la convocatoria de la consulta. Las personas que se consideren con derecho a voto y las organizaciones profesionales agrarias podrán formular reclamaciones ante la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Territorial, en el plazo de un mes desde la publicación del censo. En el mismo plazo podrán solicitar la inscripción en el censo las personas que se encuentren en la situación descrita en el artículo 5.1.b). El plazo para resolver será de diez días y la resolución podrá ser recurrida en alzada ante la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. Artículo 7. Organizaciones elegibles 1. Las organizaciones que cumplan los requisitos del artículo 2.3 y que se presenten a la consulta tendrán ámbito estatal. No obstante, podrán presentarse mediante las siglas de organizaciones de menor ámbito territorial, no inferior a la provincia, que estén integradas en ellas, siempre y cuando aparezca también el nombre completo o la sigla de la correspondiente organización profesional agraria de ámbito estatal en la que se integra. 2. Las organizaciones profesionales agrarias que deseen concurrir como elegibles a esta consulta, deberán presentar sus candidaturas en el plazo de diez días desde la fecha de anuncio de la convocatoria. Las candidaturas admitidas serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Los representantes de las candidaturas que no resulten admitidas podrán interponer recurso ante la Comisión Electoral Central a la que se refiere el artículo 8.2, que resolverá en cinco días. La proclamación de las candidaturas se verificará en el plazo de un mes desde la fecha de anuncio de la convocatoria. La lista de organizaciones candidatas se publicará en el Boletín Oficial del Estado ordenadas por provincias con el nombre completo y sus siglas. Artículo 8. Organización de la consulta. 1. El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente convocará, mediante orden ministerial, la consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias sesenta días antes de la fecha prevista para la

5 votación. 2. Se crea una Comisión Electoral Central y una Comisión Electoral Territorial en cada Delegación del Gobierno. 3. La Comisión Electoral Central velará por la transparencia, objetividad de la consulta y aplicación efectiva del principio de igualdad. Resolverá las reclamaciones, interpretará las normas electorales y dictará instrucciones para su cumplimiento por los órganos electorales. 4. La Comisión Electoral Territorial es responsable de la coordinación del proceso electoral en su territorio, aplica los criterios de la Comisión Electoral Central y vela por el correcto funcionamiento de las Mesas. 5. Se constituirá una Mesa de votación en cada Subdelegación del Gobierno con tantas secciones como urnas sean necesarias en función del censo de la demarcación territorial. 6. Reglamentariamente se regulará la composición y funcionamiento de los órganos electorales y las reglas relativas a la organización, desarrollo, escrutinio y proclamación de los resultados de la consulta. Artículo 9. Periodicidad de la consulta. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente convocará cada cinco años una nueva consulta para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de acuerdo con lo previsto en esta ley. Capítulo II. El Consejo Agrario Artículo 10. Creación y naturaleza del Consejo Agrario Se crea el Consejo Agrario como órgano colegiado de carácter consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la finalidad de asesorar a la Administración General del Estado en las cuestiones de interés general agrario y rural. Artículo 11. Funciones 1. Las funciones del Consejo Agrario serán las siguientes: a) Informar sobre los proyectos normativos del departamento en materia de agricultura y desarrollo rural que sean sometidos a su consideración. b) Conocer e informar sobre las medidas de la política agrícola común y estatal que sean sometidas a su consideración. c) Informar sobre la evolución de la situación social y económica del sector agrario y formular recomendaciones para la adopción de aquellas medidas que se estimen necesarias en orden a la mejora de la calidad de vida del sector agrario.

6 d) Efectuar las sugerencias que se consideren convenientes con respecto a las políticas que puedan afectar a las condiciones socioeconómicas de la actividad agraria, en especial las relativas a la fiscalidad de las explotaciones, seguros, legislación laboral, normativa sobre la Seguridad Social y financiación. 2. Los informes serán solicitados por los Directores Generales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o superiores jerárquicos o por los responsables de sus organismos públicos y se dirigirán a la secretaría del Consejo Agrario. El plazo para emitir el informe será de quince días, que se podrá reducir a siete en caso de urgencia. 3. Los informes adoptados por el Consejo por propia iniciativa se remitirán al Ministro. Artículo 12. Composición. 1. El Consejo Agrario se compone de diez consejeros nombrados por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a propuesta de las organizaciones profesionales agrarias más representativas, en proporción a la representatividad obtenida en la consulta. 2. El Presidente del Consejo Agrario será el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que podrá delegar en el Vicepresidente, que será un consejero perteneciente a la organización profesional agraria que haya obtenido el mayor número de votos en la consulta, nombrado a propuesta de esa organización más votada. 3. Actuará como secretario un funcionario designado por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que actuará con voz pero sin voto. 4. Podrán asistir al Consejo Agrario expertos en los asuntos objeto del orden del día, así como técnicos y funcionarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o de otros Ministerios a solicitud del presidente, que actuarán con voz pero sin voto. 5. El mandato de los consejeros tendrá una duración de cinco años. Las organizaciones profesionales agrarias podrán proponer al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la sustitución de los consejeros que las representen en cualquier momento de la vigencia de su mandato. Artículo 13. Atribución de consejeros. El número de consejeros que le corresponde a cada organización en el Consejo Agrario se determinará por el siguiente procedimiento: a) Las candidaturas que obtengan a partir del 5% del total de los votos válidos emitidos, se ordenan en columnas de mayor a menor por el número de votos obtenidos. b) Se divide el número de votos obtenido por cada candidatura por números enteros ordenados de menor a mayor y en filas, c) Se atribuye el primer consejero a la candidatura que haya obtenido el mayor número de

7 votos en la tabla resultante y el segundo y sucesivos, a la candidatura que obtenga el siguiente cociente mayor, atendiendo a un orden decreciente, hasta completar el número de consejeros establecido. Artículo 14. Requisitos de los consejeros 1. Las personas propuestas para ocupar los puestos de consejeros deben reunir los siguientes requisitos: a) Estar inscritos en el censo como electores b) Estar afiliado a la organización proponente c) No desempeñar un cargo o puesto en las Administraciones públicas relacionado con la agricultura, ni haber sido inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas o estar separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración pública. d) No haber sido sancionado por infracciones administrativas relacionadas con ayudas públicas, medio ambiente o agricultura en los últimos cuatro años, ni estar condenados por sentencia firme en el período que dure la pena. 2. En el caso de que deban ser propuestas por una organización varias personas para consejeros, la lista deberá contar con un número equilibrado de varones y mujeres y en ningún caso las mujeres podrán representar menos del treinta por ciento. Artículo 15. Organización y funcionamiento del Consejo Agrario. 1. El Consejo Agrario podrá actuar en pleno o a través de grupos de trabajo, de acuerdo con lo que se establezca en su reglamento de régimen interior. Se establecerá un procedimiento escrito para emitir los informes solicitados por el Ministerio. 2. El pleno se reunirá, previa convocatoria de su presidente, una vez cada seis meses con carácter ordinario y con carácter extraordinario cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. El reglamento de régimen interior determinará las condiciones de convocatoria y su válida constitución. 3. El pleno quedará válidamente constituido con la presencia de seis consejeros y en todo caso, del presidente y del secretario. 4. Un consejero nombrado podrá delegar su representación y voto en favor de otro miembro del Consejo para una reunión concreta, mediante escrito dirigido al secretario con carácter previo a la constitución de la sesión. El reglamento de régimen interior determinará las condiciones de delegación de la representación y, en su caso, del ejercicio del voto por el delegado. 5. El Consejo Agrario se regirá por lo dispuesto en esta ley y sus normas de desarrollo, en el capítulo IV del título II de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, en su reglamento de régimen interior y en defecto de regulación por el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

8 Administrativo Común. Disposición transitoria única. Comité Asesor Agrario El Comité Asesor Agrario creado por la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, continuará ejerciendo sus funciones hasta que se determine la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias como consecuencia de la primera consulta que se realice. Disposición adicional única. Gasto público. La constitución del Consejo Agrario no aumentará el gasto público y se atenderá con los medios materiales y humanos existentes en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La asistencia a las reuniones que, en su caso, se celebren, no generará derecho a percibir indemnización, dieta o pago de ninguna clase. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogada la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias. Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario. Se autoriza al Gobierno y al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el ámbito de sus competencias para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo de la presente ley. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.