QUE REFORMA EL ARTÍCULO 232-D DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

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1 QUE REFORMA EL ARTÍCULO 232-D DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN La que suscribe, diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 77, 78, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos México cuenta con 11 mil 122 kilómetros de litoral, que comprenden 1 millón 567 mil 300 hectáreas de superficies distribuidas en 166 municipios de 17 estados costeros. De la superficie total de la zona federal, casi 70 por ciento corresponde a las vertientes del Océano Pacífico, mientras que poco más de 30 por ciento corresponde a las zonas costeras del Golfo de México y Mar Caribe. Nuestra legislación nacional define la franja contigua a los límites de los continentes como zona federal marítima terrestre (Zofemat), cuyos inicios históricos fueron a principio del siglo XIX, en el que hacían referencia a una franja de tierra firme de 20 metros de distancia, inicialmente como una delimitación de las playas de las cuales formaban parte y posteriormente distinguiéndola del concepto de playa, caracterizándola como propiedad o bien de dominio público. Este concepto de zona federal marítima terrestre, fue evolucionando conforme las distintas administraciones federales, de suerte que en el año 1982 era conocida como zona federal marítima terrestre y ambiental costero, pero a principios de los noventa quedó definido este concepto que hoy conocemos. Más antecedentes históricos de las Zofemat provienen de la etapa colonial, en las Leyes de Partida de Felipe II, en las que consideraban a las playas como cosas comunes a los súbditos españoles y pertenecían al real patrimonio de España. La Real Orden del 10 de septiembre de 1815 señalaba que debería de entenderse por playas a todo aquel espacio que baña el agua del mar en su flujo y reflujo diario. Así que para el México independiente con la resolución presidencial del 15 de noviembre de 1850, se estableció que en materia de playas, los límites de las mismas, se determinaban por los ordenamientos de la Armada de México, por la ordenanza de poblaciones de Felipe II y por la Real Orden de Para 1894 se instituyó la propiedad permanente del gobierno federal sobre las playas, la zona marítima terrestre, y sobre la zona de diez metros en ambas riberas de los ríos navegables, declarando que dichos bienes no podían enajenarse ni estar sujetos a prescripción. A partir de entonces la zona federal marítimo terrestre ha sido tutelada por diferentes Legislaciones Mexicanas, hasta la actual Ley General de Bienes Nacionales. La Ley General de Bienes Nacionales, en el artículo 7o., fracción V, señala: la zona federal marítimo terrestre es un bien de uso común y de dominio público de la federación; en el primer caso, son libres para cualquier persona, en el segundo supuesto requieren de una concesión o permiso para su aprovechamiento o explotación que implica la obligación de pago de derechos, regulados por la Ley Federal de Derechos. La Ley Federal de Derechos, en el artículo 232, establece la obligación del pago por el uso, goce y aprovechamiento de las playas, terreno ganado al mar o cualquier otro depósito de aguas marítimas. De igual forma, los puertos, terminales, instalaciones portuarias, la zona federal marítima terrestre, los diques, los cauces, los vasos, las zonas de corrientes, los depósitos de propiedad nacional y otros muebles de dominio público tienen que pagar un derecho de acuerdo al tipo de uso ya sea general, para protección u ornato y de uso agropecuario. Antes del año 1992, los incisos I y II del artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, contemplaban el cobro de zona federal por metro cuadrado concesionado, a una tasa de 10 por ciento del valor del metro cuadrado del predio colindante más 1 por ciento del valor de inmueble en ella construido. Este sistema era poco práctico pero justo, ya que si el predio colindante era de lujo, el concesionario pagaba más. Sin embargo, en diciembre de 1997 se modifica el artículo 232 ya mencionado, creándose un inciso C) y clasificando a los municipios costeros del país en 10 zonas tarifarías en donde la zona I es la más económica y la X es la más cara, de tal suerte que la cantidad a

2 pagar por concepto de derechos es el resultado de multiplicar los metros cuadrados del área concesionada por el costo establecido para la zona de clasificación que corresponde. Es de hacer notar que el criterio establecido en la Ley, en cuanto a la clasificación de las zonas fiscales, se basa en el nivel socioeconómico de los municipios costeros. Así, hasta 2010 se consideraron en el artículo 232-D diez zonas fiscales, en las cuales se incluyen desde los municipios más pobres, económicamente hablando, hasta los que tienen un alto valor económico, especialmente desde el punto de vista turístico. Posteriormente, como un caso especial por la inversión realizada en algunas playas de Quintana Roo, se incorporó una zona adicional con el número XI que comprende las subzonas A y B donde se separaron los distintos municipios turísticos del estado, quedando vigente hasta la fecha, como se muestra en el cuadro adjunto: Como podrá observarse, separaron en la clasificación a Cozumel del resto de los otros centros turísticos: Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y Tulum, que constituyen la Riviera Maya, dejando a Isla Mujeres en la zona VIII. En este sentido, con la primera clasificación de la Zonas Marítimas Terrestres de 1997, el estado de Colima ocupó dos zonas tarifarias: los municipios de Armería y Tecomán fueron incluidos en la zona III y el de Manzanillo en la zona VIII, con lo cual se marcó una gran diferencia entre municipios del mismo estado aún reconociendo que el potencial turístico de Manzanillo es mayor al de los otros dos municipios.

3 Esta clasificación tarifaria es lesiva para Manzanillo porque lo igualan en desarrollo turístico con otros de mayor infraestructura y derrama económica, como Nuevo Vallarta en Bahía de Banderas, Puerto Peñasco en Sonora, Isla Mujeres en Quintana Roo, Mazatlán en Sinaloa, Veracruz y Boca del Rio en Veracruz así como Rosarito en Baja California, por lo que diversos concesionarios a través de la Asociación de Hoteles y Moteles de Manzanillo, AC, plantearon la discrepancia y solicitaron ante diversas instancias como el ayuntamiento de Manzanillo, la Secretaría de Turismo Estatal y la propia Dirección General de Zonas Marítima Terrestres, la reclasificación a la zona tarifaria VII. Sustentan la demanda en el hecho de que Manzanillo sólo cuenta con un total de 3 mil 534 cuartos de hotel con una tasa de crecimiento prácticamente estática, en su reducido número de vuelos y de líneas aéreas, la falta de consolidación y permanencia de los cruceros turísticos que arriben al puerto, la deficiente infraestructura urbana y la falta de inversión en infraestructura turística (Manzanillo no cuenta hasta el momento con un centro de convenciones), además de que el mayor interés económico recae en la actividad portuaria. A lo anterior, habría que agregar que su actividad turística es sólo de temporadas: Semana Santa y Pascua, vacaciones escolares y fiestas decembrinas, sin contar que en la primera de ellas el visitante en su mayoría pernocta en las playas o con familiares, por lo que el movimiento turístico del mejor de los municipios colimenses no se compara con los incluidos en la mencionada zona tarifaria VIII, estando más a la par de municipios como Guaymas en Sonora, Coatzacoalcos en Veracruz y Compostela en Nayarit, e incluso por debajo de Tijuana, Baja California, que se encuentran en la zona tarifaria VII. En este argumento es importante destacar la información de la actividad hotelera que durante la semana 34 (semana de vacaciones de verano) del año 2011, se reportó, siendo una prueba fehaciente de cuales playas son más visitadas, en las que se puede observa en el siguiente cuadro que el Municipio de Manzanillo tiene el onceavo lugar de de las playas mexicanas más visitados, y en el que Mazatlán, Veracruz y Nuevo Vallarta (Bahía de Banderas) integrantes de la zona VIII que están muy encima de Manzanillo en porcentaje en ocupación hotelera. Actividad hotelera em pdf em pdf Fuente: Data Tur. En el periodo , la fuente para la Ciudad de México es la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Cifras preliminares para /Se consideran 70 centros turísticos con representatividad nacional (aproximadamente 63% del número de cuartos). En este segundo cuadro, nuevamente se repite el fenómeno en el que Manzanillo ocupa el onceavo lugar de ocupación hotelera en la semana 01 del año 2012, correspondientemente a las vacaciones decembrinas. Actividad hotelera Es de agregar también que la clasificación de Manzanillo en la zona tarifaria VIII, es incongruente con los principios de proporcionalidad y equidad, establecidos por la Constitución en su artículo 31 fracción IV, y que el excesivo cobro por metro cuadrado de zona federal utilizada en protección u ornato y en general, le ha llevado a este destino turístico a los problemas actuales: el desuso de dichas zonas, la morosidad en el pago de los derechos por los concesionarios, accesos a las playas deteriorados e inconformidad de los usuarios de esa zona, quienes han solicitado desde hace varios años una reclasificación de zona para Manzanillo. Asimismo, es de recordar que el

4 derecho fiscal encuentra su fundamento en el principio de equidad; es decir, trato igual a los iguales, por lo que al ubicar la ley al municipio de Manzanillo en zona VIII, está tratando igual al desigual, no solo equiparándolo con otros municipios del país de mayor desarrollo turístico, sino generalizando incluso, la desigualdad de sus propios concesionarios; pues debemos señalar que otro de los argumentos de su demanda, es que en la zona costera de este municipio se presenta una diversidad de áreas desde el punto de vista socioeconómico que no se valoró al hacer la clasificación de zona; es decir, lo mismo se conjuntan hoteles de gran turismo que de un turismo modesto, o restaurantes de especialidades junto con ramadas de pescadores o pequeños comerciantes que igualmente usan con fines turísticos la zona federal, contigua a sus instalaciones, para brindar un mayor servicio a sus clientes. Por lo anterior, concluimos que la permanencia del municipio en esta clasificación seguirá generando situaciones como: bajo nivel de competitividad, desaliento para la inversión de franquicias nacionales e internacionales, falta de inversiones en infraestructura turística, de protección y ambiental; migración del turismo a otros centros vecinos como la Costa Alegre, en Cihuatlán, y Puerto Vallarta, en Jalisco, o a playas de Michoacán, etcétera, con lo que el ingreso por concesiones de zona federal marítimo terrestre seguiría estancado. Por todo ello, existen razones que justifican el cambio del municipio de Manzanillo de zona tarifaría VIII a la zona tarifaría VII, ya que con este aliento, el padrón de concesionarios podría incrementarse considerablemente, lo que traería otras consecuencias positivas como son 1) Atracción de nuevos inversionistas en las zonas costeras de Manzanillo, generando nuevos servicios turísticos, y por lo tanto nuevos empleos. 2) Recaudación puntual de derechos de zona federal, en beneficio del ingreso oportuno a las arcas municipales. 3) Abatimiento del rezago de morosos, que no han pagado debido a la alta tarifa de estos derechos. 4) Incentivo a los concesionarios que pagan puntualmente los derechos de zona federal que ocupan. 5) Incremento de nuevas concesiones para protección y ornato de zona federal, generando un uso armónico de estas áreas. 6) Accesos a las playas con mejores condiciones, ya que los concesionarios las cuidarían. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos Artículo Único. Se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue: Artículo 232-D... Zona I... Zona II... Zona III... Zona IV... Zona V... Zona VI...

5 Zona VII. Estados de Baja California: Tijuana; Baja California Sur: Mulegé; Colima: Manzanillo; Jalisco: Cihuatlán; Nayarit: Compostela; Sonora: Guaymas; Veracruz: Coatzacoalcos. Zona VIII. Estados de Baja California: Playas de Rosarito; Baja California Sur: Loreto; Oaxaca: San Pedro Mixtepec; Quintana Roo: Isla Mujeres; Nayarit: Bahía de Banderas; Sinaloa: Mazatlán; Sonora: Puerto Peñasco; Veracruz: Boca del Río y Veracruz. Zona IX... Zona X... Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de Diputada Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)