SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Transcripción

1 LXP N PHC/TC SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 5 días del mes de abril de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Vergara Gotelli y Beaumont Callirgos, pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Lucio Salva Ricaldi contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junin, de fojas 370. su fecha 31 de agosto del 2010, que declaró infundada la demanda de autos. ANTECEDENTES Con fecha 12 de mayo del 2010, don Lucio Salva Ricaldi interpone demanda de habeas corpus contra el vocal de la Segunda Sala Mixta de La Merced Chanchamayo, José Guzmán Tasayco, y contra los vocales de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, Munive Olivera, Chaparro Guerra y Rodríguez Huamaní; por vulneración de sus derechos a la tutela procesal efectiva, de defensa, a la debida motivación de resoluciones judiciales. a la libertad individual y de los principios de presunción de inocencia e indubio pro reo. El recurrente refiere que en el proceso penal eguido en su contra (Expediente N ), por Sentencia N de fe a 25 de setiembre del 2008, fue condenado a tres años de pena privativa de la libe ad suspendida por el período de un año, por el delito contra la fe pública en la moo+lidad de falsificación de documento público. Esta sentencia fue confirmada por la ' 'mera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, con fecha 9 de enero de 009 y expedida sin considerar que no se habría precisado si se trataba de la falsific ión de un documento público y privado, y ello recién se habría determinado con la ntencia confirmatoria de fecha 9 de enero del 2009, al integrar la sentencia de fecha de setiembre del Asimismo, cuestiona el que se considere que por el hecho d- presentar una medida cautelar en la que se habría adjuntado una letra de cambio falsa, se concluya que él es el responsable. Añade que se ha comprobado que en ningún momento rellenó el referido título valor, tal y como lo ha cons' erado el fiscal en su dictamen. El recurrente considera que no se ha analizado ni es o adecuadamente el contenido del expediente penal con la finalidad de

2 II 0XF4 N PI4C4TC encontrar razones suficientes para condenarlo, pues los emplazados sólo se han limitado a realizar una exposición de los hechos y no han expuesto las razones objetivas que sustenten su vinculación con el delito imputado pues si bien el peritaje demuestra que la firma de la agraviada ha sido falsificada ello no acredita que él sea el responsable de la falsificación; tampoco se ha acreditado el supuesto perjuicio que habría sufrido la agraviada. Por todo ello solicita que se dicten nuevas resoluciones conforme a ley. A fojas 195, 199 y 307 de autos, obran las declaraciones de tres de los vocales emplazados, en las que se señala que se pretende utilizar el hábeas corpus como una suprainstancia. Asimismo, manifiestan que se le atribuyó falsedad impropia o falsedad de uso, porque el comportamiento consistió en hacer uso de un documento falso o falsificado y no por hacer en todo o en parte un documento falso o adulterar uno verdadero. Además, de acuerdo al artículo 433 del Código Penal, los títulos valores se equiparan a documentos públicos. Finalmente, aducen que el recurrente ha ejercido los derechos de defensa, y a la pluralidad de instancias, y que las sentencias cuestionadas se encuentran debidamente motivadas. El Procurador Público Adjunto ad hoc a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial al contestar la demanda señala que a través del hábeas corpus no se pueden resolver cuestiones de orden penal. El Quinto Juzgado Penal de Huancayo, con fecha 26 de julio del 2010, declara dada la demanda al considerar que las sentencias se encuentran debidamente vadas y que el recurrente pudo ejercer su derecho de defensa y que es posible la des inculación jurídica realizada por la Sala Superior en caso de manifiesto error fác mente contratable con la defensa; agregando que a través del hábeas corpus no se pu de determinar la responsabilidad pen recurrente. Segunda Sala Penal de la Corte Superi de Justicia de Jun in confirma la apelada por I mismos fundamentos considerando ue si bien se inició el proceso penal por un d tito en forma genérica los hechos i putados se referían al uso de documento público, or lo que la Sala Superior no re zó una desvinculación de la calificación sino más len una precisión, al indicar qu los hechos estaban tipificados en el segundo párrafo del artículo 427 del Código Pe.4( El (FUNDAMENTOS objeto de la demanda es que se deje sin efecto la sentencia de fecha 25 de setiembre del 2008 y su confirmatoria de fecha 9 de enero del 2009, por vulneración de los derechos de tutela procesal efectiva, de defensa, a la debida motivación de

3 III IIiWIIIJD11111IÍIFJ1111 FXP. N PHC/TC I LCIO SALVA RICALDI resoluciones judiciales, a la libertad individual y de los principios de presunción de inocencia e indubio pro reo; por lo que solicita que se dicten nuevas resoluciones conforme a ley. Respecto al cuestionamiento de que no se habría analizado ni estudiado adecuadamente el contenido del expediente penal con la finalidad de encontrar razones suficientes para condenarlo al recurrente o de que los emplazados sólo se han limitado a realizar una exposición de los hechos y no han expuesto las razones objetivas que sustenten su vinculación con el delito imputado pues si bien el peritaje demuestra que la firma de la agraviada ha sido falsificado ello no acredita que él sea el responsable de la falsificación. Se desprende de dicho cuestionamiento que el recurrente pretende que este Tribunal se arrogue las facultades reservadas al juez ordinario y proceda al reexamen o revaloraci6n de los medios probatorios que sirvieron de base para el dictado de la sentencia condenatoria de fecha 25 de setiembre del 2008 (fojas 119) y su confirmatoria expedida con fecha 9 de enero del 2009 (fojas 138). El Tribunal Constitucional ya ha señalado que no es función del juez constitucional proceder al reexamen o rcvaloración de los medios probatorios, así como el detenninar la inocencia o responsabilidad penal del procesado, ni instancia en la que se pueda calificar el tipo penal de los hechos que se imputa al recurrente, pues ello es tarea exclusiva del juez ordinario. El proceso constitucional de habeas corpus no debe ser utilizado como vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final ue implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y valoración de pruebas, aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria y no la justicia constitucional, que examina casos de otra naturaleza (cfr. STC FIC, caso Ramírez Miguel). r consiguiente, este Tribunal no puede cuestionar el criterio jurisdiccional de los agistrados emplazados y las valora ones que realizaron para la condena del currente, siendo de aplicación en e extremo el artículo 5, inciso I, del Código rocesal Constitucional. 5. especto a que no se habét determinado por cual de los dos párrafos y cuál modalidad delictiva establ idas en el artículo 427 del Código Penal, se le inició proceso penal al recurre. e; el Tribunal Constitucional ha declarado que " [...] no puede afirmarse que n aquellos procesos penales donde el representante del Ministerio Público a momento de formular denuncia, así como el juez, al abrir trucción, omitieron señalar en cuál de las modalidades delictivas del artículo 7. del Código Penal habría incurrido el presunto culpable, se produzca una

4 EXP. N PHC/TC actuación inconstitucional, per se, violatoria de derechos fundamentales. Resulta necesario analizar si la conducta del fiscal o del juez penal realmente es omisiva y produce un estado de indefensión insalvable" (Expediente PHC/TC, fundamento 10). En el caso de autos, de la lectura del auto de apertura de instrucción de fecha 19 de julio del 2002, a fojas 27 de autos, y del Dictamen N , a fojas 74 de autos, se deja entrever claramente cuál es la conducta que se le atribuye al recurrente el haber demandado a doña María Yolanda Torres Vda. de Cutara utilizando una letra de cambio supuestamente aceptada y firmada por la mencionada señora. Debe tenerse presente que el artículo 433 del Código Penal equipara a documento público los títulos-valores. Respecto a la vulneración del derecho a la motivación de resoluciones judiciales, este Tribunal ha señalado que la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, y al mismo tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45 y 138 de la Constitución Política del Perú) y, por el otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su erecho de defensa. Justamente, con relación al derecho a la debida motivación de las resoluciones, este Tribunal ha precisado que "la Constitución no garantiza una det rminada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta pre que exista fundatnentación jurídica congruente entre lo pedido y lo resuelto, ue, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, si ésta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión (STC N AME el presente caso, en el consider. ido quinto de la sentencia de fecha de 25 de iembre del 2008, se apreci los hechos y las pruebas que sustentan la esponsabilidad penal del recu' ente, las mismas que también fueron materia de álisis por parte de la Primer Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, mediante la sentencia de 'echa 9 de enero del 2009, al haber interpuesto el recurrente recurso de apel. 'ión, ejerciendo su derecho de defensa y la pluralidad de instancias. En consecuencia, este Tribunal Constitucional considera que, respecto de lo Halado en los fundamentos 6, 7 y 8, es de aplicación, a contrario sensu, el artículo de/ Código Procesal Constitucional.

5 iiii EXP. N PHCITC LUCIO SALVA RICALD1 Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO L Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto de lo señalado en el segundo y tercer fundamento; y, 2. Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración de los derechos de tutela procesal efectiva, de defensa, a la debida motivación de resoluciones judiciales. a la libertad individual y d os principios de presunción de inocencia e indubio pro reo. Publíquese y notifíquese. SS. ÁLVAREZ MIRANDA VERGARA GOTELLI BEAUMONT CALL ZAMORA C4F P I 4=44444 : '