AUTO 349/2016. En Madrid, a catorce de diciembre de dos mil dieciséis. ANTECEDENTES DE HECHO

Transcripción

1 Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 30 de Madrid C/ Gran Vía, 52, Planta NIG: / Pieza de Medidas Cautelares 446/ (Procedimiento Ordinario) EN Demandante/s: UNO ORGANIZACION EMPRESARIAL DE LOGISTICA Y TRANSPORTE SL PROCURADOR Dña. MARIA JOSE CORRAL LOSADA Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE MADRID LETRADO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL AUTO 349/2016 En Madrid, a catorce de diciembre de dos mil dieciséis. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por Auto de fecha 5 de diciembre de 2016 se adoptó, con carácter urgente, medida cautelar en la presente pieza separada. SEGUNDO.- Concedido a la parte demandada el plazo de tres días a fin de que se pronunciase sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada, se ha presentado el oportuno escrito que se une a las actuaciones. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La justicia cautelar forma parte del derecho a la tutela efectiva, tal como tiene declarado la jurisprudencia, por lo que la adopción de medidas provisionales que permitan asegurar el resultado del proceso no debe contemplarse como una excepción, de forma que la ejecución del acto administrativo impugnado ha de ser suspendida si, caso contrario, se haría perder la finalidad del recurso. Las medidas cautelares legalmente previstas tienen como función legal la de asegurar la efectividad de la sentencia -artículo 129LJCA - evitando que la ejecución del acto administrativo o disposición recurridos pudiera hacer perder al recurso su finalidad legítima -artículo De lo dispuesto en los artículos 1 y 31 de la LJCA, en cuanto hacen referencia a las acciones, y de lo establecido en los artículos 71, 103.2, 104, y 108.2, del mismo texto legal, en cuanto hacen referencia a la sentencia y los términos de su ejecución, se infiere, en lo que ahora interesa y como Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid - Pieza de Medidas Cautelares - 446/ / 6

2 recuerda la STSJ Madrid de entre otras muchas, que el proceso contencioso administrativo, ha sido configurado por la Ley 29/1988, de 13 de julio, como lo fue con la Ley de 1956, con la finalidad de que la tutela judicial se haga efectiva no sólo mediante la anulación del acto o disposición, sino también, según la acción que haya sido ejercida, mediante el restablecimiento de la situación jurídica individualizada. Se trata pues de que el proceso posibilite en todo caso la "mayor efectividad de la ejecutoria" -art y, a ser posible, que la sentencia que ponga fin al mismo (caso de haberse formulado pretensión de restablecimiento y ser estimatoria) sea "en sus propios términos" ejecutable. La indemnización de daños y perjuicios se configura legalmente como una forma de restablecimiento subsidiaria, en el sentido de que sólo si no es posible la ejecución de la sentencia en sus propios términos se sustituye por una indemnización pecuniaria. Este es el marco jurídico donde procede situar y deben contemplarse las peticiones de medidas cautelares y suspensión de la ejecución de actos administrativos o disposiciones generales. Conforme al artículo de la Ley 29/1998, de 13 de julio, "previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso". Este precepto consagra el llamado periculum in mora como primer criterio a considerar para la adopción de la medida cautelar. Si bien, ha de tenerse en cuenta que el aseguramiento del proceso, nuevo parámetro esencial, para la adopción de la medida cautelar, no se agota, en la fórmula clásica de la irreparabilidad del perjuicio, sino que su justificación puede presentarse, con abstracción de eventuales perjuicios, siempre que se advierta que de modo inmediato puede producirse una situación que haga ineficaz el proceso. Si bien se debe tener en cuenta que la finalidad asegurable a través de las medidas cautelares es la finalidad legítima que se deriva de la pretensión formulada ante los Tribunales. Respecto de la ponderación de intereses generales y de tercero y en sintonía con lo preceptuado en el artículo de la LJCA, la medida cautelar puede denegarse cuando de ésta pueda seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada. El criterio de ponderación de los intereses concurrentes es complementario del de la pérdida de la finalidad legítima del recurso y ha sido destacado frecuentemente por la jurisprudencia: "al juzgar sobre la procedencia (de la suspensión) se debe ponderar, ante todo, la medida en que el interés público exija la ejecución, para otorgar la suspensión, con mayor o menor amplitud, según el grado en que el interés público esté en juego". Por consiguiente, en la pieza de medidas cautelares deben ponderarse las circunstancias que concurren en cada caso y los intereses en juego, tanto los públicos como los particulares. Como reitera hasta la saciedad la jurisprudencia "cuando las exigencias de ejecución que el interés público presenta son tenues bastarán perjuicios de escasa entidad para provocar la suspensión; por el contrario, cuando aquella exigencia es de gran intensidad, sólo perjuicios de elevada consideración podrán determinar la suspensión de la ejecución del acto" (Auto de la sala Tercera del Tribunal Supremo des 3 de junio de 1997), entre otros muchos). SEGUNDO.- En el presente caso, como sabemos, se impugna el Decreto de 24 de noviembre de 2016 de la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid (por delegación de su Junta de Gobierno), publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid del 29 de noviembre de 2016, por el que se establecen medidas de restricción del tráfico desde el día 2 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017 en la calle Gran Vía de esta Capital. Decreto que fue suspendido de forma cautelarísima en virtud de Auto de en el que se acordaba dar audiencia al Ayto. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid - Pieza de Medidas Cautelares - 446/ / 6

3 de Madrid para formular alegaciones en término de tres días, lo que ha verificado mediante escrito de fecha de entrada En su escrito de alegaciones, la letrada del Ayuntamiento de Madrid, después de iniciarlo con la solicitud del "levantamiento de la medida de suspensión adoptada y tras reproducir el tenor del Decreto municipal impugnado, sin embargo, concluye solicitando, por remisión a lo indicado en el informe emitido por el Director General de Gestión y Vigilancia de la Circulación que acompaña, que se acuerde la modificación de la medida en los siguientes términos: En relación con la carga y descarga: Ampliar con carácter general el horario de acceso permitido por la mañana hasta las 13 horas de manera similar a lo recogido en la regulación actual de las Áreas de Prioridad Residencial. Ampliar igualmente con carácter general las posibilidades para el acceso con la finalidad de carga y descarga en horario vespertino, en la franja en que dicha actuación afectaría en menor medidas a las fluidez y seguridad del tráfico, de 16:00 a 18:30 horas. En relación con servicios postales de recogida y/o entrega de paquetes: Habilitar expresamente el acceso específico sin restricción horaria. Todo ello, siempre y cuando el punto de origen o destino del reparto se encuentre en la propia calle Gran Vía o calles transversales muy próximas a las que solo pueda accederse o sean de muy difícil acceso si no es por ella. Tras una extensa cita de los presupuestos habilitantes de las medidas cautelares en la jurisdicción contenciosa administrativa y de reseñas con transcripción de resoluciones judiciales, destaca que la ejecución del acto recurrido ni hace perder su finalidad legítima al recurso, ni de la misma puede seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero. Discrepamos de esa apreciación y precisamente la duración temporal de la medida de restricción del tráfico en la calle Gran Vía de esta ciudad evidencia la concurrencia del periculum in mora pues si no se accede a la suspensión cautelar de la resolución impugnada se produciría una situación que haría ineficaz el proceso por su propia irreversibilidad. Es decir, una vez transcurrido el plazo de restricción del tráfico se alzaría sin más retornando a la situación precedente pero habiéndose producido ya perjuicios para el recurrente derivados de la restricción del paso de vehículos de recogida y entrega de paquetes y de abastecimiento de mercancías u otros servicios logísticos. Perjuicios que admite implícitamente el Ayto. cuando es favorable al acceso sin restricción horaria en relación a los servicios postales de recogida y/o entrega de paquetes y admite una ampliación del horario de acceso respecto de los servicios de carga y descarga. En segundo término, una ponderación de los intereses en juego decanta el sentido del presente a favor del mantenimiento de la suspensión cautelar acordada. En efecto, se observa que el Decreto número 0811 de 24 de noviembre de 2016, justifica la medida acordada en el art. 88 de la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid de 26 de septiembre de 2005 que establece la posibilidad de restringir el paso de vehículos, prohibir o limitarla circulación en determinadas vías públicas, cuando existan razones basadas en la movilidad o fluidez del tráfico. Invoca a tal efecto, que la celebración de las fiestas navideñas y de fin de año y Reyes conlleva un notable incremento de los desplazamientos de ciudadanos a las zonas donde se concentra una oferta importante de actividades comerciales, de ocio y de carácter cultural y que en años anteriores se han producido niveles de congestión circulatoria que determinaros cortes importantes en el perímetro central de la ciudad y, en particular, en los accesos a los aparcamientos públicos de rotación; adicionalmente se señala que se registra en las fechas navideñas una elevada congestión de las aceras y zonas peatonales, en particular Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid - Pieza de Medidas Cautelares - 446/ / 6

4 en el eje de la Gran Vía, y cita finalmente la implantación en este año del Área de Prioridad Residencial de Ópera que, junto a las existentes desde hace años (Cortes, Letras, Embajadores) limita adicionalmente el viario disponible para su uso libre por automóviles particulares de personas no residentes. En definitiva y aunque no de forma explícita, parece que el interés público subyacente, en lo que hace a la calle Gran Vía, es la de favorecer el acceso y tránsito peatonal con correlativa restricción del tráfico y circulación de los vehículos que no estén comprendidos en los supuestos expresamente autorizados en el propio Decreto. El Ayto, con apoyo en el informe de la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación que acompaña, justifica las restricciones de acceso en razones de movilidad y seguridad, a consecuencia de las que se reducen carriles de circulación para ampliar el espacio destinado a los peatones durante los días de mayor afluencia de ciudadanos a la zona, por la afección de la Navidad. Pues bien, con ser esos intereses dignos de protección, no se invoca ni acredita por el Ayto. hecho, dato o circunstancia alguna por las que deban prevalecer sobre los intereses de los operadores económicos y los propios residentes que tengan su domicilio en la calle Gran Vía que como se decía en el antecedente Auto, verán restringidos sus derechos para ser abastecidos de mercancías o de otros servicios logísticos y sin que ni siquiera puedan recibir en sus domicilios las compras que efectúen por internet u otro medio. Debe recalcarse en este momento que las actividades de recogida y entrega de paquetes postales están reguladas por la Ley 43/10 de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal y que el objeto de esa ley, según reza su art. 1, es la regulación de los servicios postales para garantizar las comunicaciones postales dentro de España, y el pleno respeto de los derechos de los usuarios, que son tanto los remitentes de los envíos postales como los destinatarios y la naturaleza de esos servicios postales se configura como Servicios de Interés Económico General, prestados en régimen de libre competencia, según establece el art. 2 de esa norma. Por tanto en este punto se revela prevalente el interés general del servicio postal universal, comprensivo de derechos de los usuarios, que son tanto los remitentes de los envíos postales como los destinatarios de los mismos y ello en régimen de libre competencia. En cuanto a las actividades de abastecimiento de los operadores económicos residentes en el área afectada se encuentran recogidas y reguladas en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que en su art. 1 garantiza la integridad del orden económico, en relación con la libre circulación y establecimiento de operadores económicos, y sobre todo la libre circulación de mercancías, destacando el apdo. 2º de ese art que La unidad de mercado se fundamenta en la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. Su art. 2 delimita su ámbito de aplicación al acceso a actividades económicas en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional., excluyendo su art. 3 cualquier tipo de discriminación de los operadores económicos al señalar que: 1.Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el territorio nacional y con respecto a todas las autoridades competentes, sin discriminación alguna por razón del lugar de residencia o establecimiento. 2. Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de calidad que se refiera al acceso o al ejercicio de actividades económicas podrá contener condiciones ni Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid - Pieza de Medidas Cautelares - 446/ / 6

5 requisitos que tengan como efecto directo o indirecto la discriminación por razón de establecimiento o residencia del operador económico. De lo cual y como se indicaba respecto de los operadores postales también concurre aquí un interés público de los operadores logísticos y de los usuarios de los mismos prevalente al interés que justifica el Decreto municipal y constituido por el acceso y tránsito peatonal en la calle Gran Vía. Por todo ello procede mantener la suspensión acordada en el antecedente Auto, sin que pueda ser óbice a ello el informe de la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, en el que se propone una reordenación de los horarios de acceso, sin mayor apoyo y argumentación que diversos contactos con diversas asociaciones y colectivos implicados en la carga y descarga y el reparto postal y de paquetería a domicilio, para contrastar las posibles necesidades siempre en el marco de la regulación general existente sobre ambos servicios.. Se ignora que de qué contactos se trata, con qué asociaciones y colectivos implicados se han mantenido y que posturas posiciones se han contrastado. Es un documento elaborado ad hoc que lejos de arrojar luz al conflicto puede generar nuevas disfunciones. Es precisamente la ponderación de intereses en conflicto la que nos llevó al tenor del Auto dictado, sin que en este caso en particular, dadas sus específicas circunstancias concurrentes, quepa entender que la concesión de la suspensión vaya a hacer padecer los relevantes intereses públicos en la materia. No se considera necesaria, por tanto, la constitución de caución o garantía para llevar a efecto la medida cautelar acordada, al no apreciar que de ella se deriven perjuicios de clase alguna. TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la LJCA las costas causadas en este incidente son de cargo de la demandada. Por lo expuesto y vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación. DECIDO: MANTENER y confirmar la medida cautelar de suspensión acordada en Auto de respecto el Decreto de 24 de noviembre de 2016 de la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid (por delegación de su Junta de Gobierno), publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid del 29 de noviembre de 2016, por el que se establecen medidas de restricción del tráfico desde el día 2 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017 en la calle Gran Vía de esta Capital. Con imposición a la demandada de las costas causadas. Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días desde su notificación, ante este mismo Juzgado, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado dicho recurso. Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado nº BANCO DE SANTANDER GRAN VIA, 29, especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un Recurso 22 Contencioso-Apelación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid - Pieza de Medidas Cautelares - 446/ / 6

6 indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio). Así por este su auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo Sr. D. MARCOS RAMOS VALLES Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid. EL MAGISTRADO DILIGENCIA.- La extiendo yo el/la Letrado/a de la Admón. de Justicia para hacer constar de conformidad con el artículo LEC que en esta fecha se une a las actuaciones el Auto que antecede que ha sido firmado por el Magistrado- Juez de este juzgado. Doy fe." Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid - Pieza de Medidas Cautelares - 446/ / 6