CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

Transcripción

1 CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA C/ Guzmán el Bueno, 104- Local Bajo Madrid Tel. 91/ / Fax: 91/ NOTA INFORMATIVA DE RESPUESTA A CONSULTA FORMULADA POR EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE GRANADA (COITAGR), RELATIVA A LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL POR DEFECTOS EN LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES COMPRENDIDAS EN PROYECTO DE INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE PELLETS Mediante la presente nota informativa se ofrece respuesta a la consulta evacuada a esta Asesoría Jurídica por el COITAGR con fecha 9 de abril de 2013 (registrada con nº 137 de entrada), trasladando las dudas contenidas en anterior correo electrónico de uno de sus colegiados, a quien se le ha encomendado la práctica de prueba pericial para valorar la responsabilidad en la que habrían incurrido los proyectistas de una fábrica de pellets por el deficiente funcionamiento de las máquinas o instalaciones incluidas en dicho proyecto. Sobre dicho planteamiento se pregunta el colegiado qué régimen de responsabilidad es aplicable a los supuestos de fallos en las instalaciones, maquinaria o procesos industriales; en concreto, si es el mismo que prevé la LOE, en general, para los proyectistas; qué garantía ha de ofrecerse al promotor para el correcto funcionamiento de la industria por parte del proyectista, del director de montaje de las instalaciones y del firmante del certificado final de obra; y, en su caso, qué plazo tendría esta garantía y desde cuándo debe computarse éste, al no existir acta de recepción de las instalaciones. Abordaremos tales cuestiones acudiendo a la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación (LOE), así como al Código Civil (CC), teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la actividad que habrá de ser objeto de la prueba pericial. 1. Sobre la inclusión en el proyecto de industria de las instalaciones, maquinarias y procesos de fabricación, según LOE. Régimen de responsabilidad.- Establece el art. 2.3/LOE que se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, de manera que al definir su art. 4.1 el concepto de Proyecto, incluye en éste el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias técnicas de las obras contempladas en el art. 2. Ese mismo art. 4, en su apartado 2, establece la posibilidad de que el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio. Así pues, cabe decir que los proyectos parciales o documentos técnicos referidos a las instalaciones, maquinaria o procesos de producción propios de la industria para la que se realiza el proyecto principal forman parte de éste. Al respecto del régimen de responsabilidad aplicable a tales proyectos, cabe preguntarse si éste es el que viene establecido en el art. 17/LOE, o bien el general de responsabilidad decenal contemplado en el art. 1591/CC.

2 Así, el citado art. 17/LOE establece que los intervinientes en el proceso de la edificación deben responder de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que se refieran a alguno de los siguientes supuestos: a) los que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio, cuyo plazo de garantía es de diez años. b) los que supongan incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del art. 3, cuyo plazo será de tres años; y, por último, c) los que se refieran a vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado, imputables al constructor, por plazo de un año. El adecuado funcionamiento de las instalaciones, maquinaria o procesos productivos nada tienen que ver con la estructura y seguridad de la edificación, ni con su habitabilidad, ni con defectos de terminación o acabado, sino más bien con la funcionalidad de la obra o instalación, a los que también se refiere el art. 3.1.a.1/LOE, a fin de que la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. Sin embargo, como quiera que el art. 17/LOE no incluye en ninguno de los supuestos contemplados en su apartado 1º la responsabilidad por daños que afecten a aspectos funcionales del edificio, debemos entender que debe aplicarse supletoriamente lo dispuesto en los arts y 1.591/CC, basándonos en que el propio art. 17.1/LOE comienza con la expresión Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales. Al respecto de los denominados defectos funcionales como sería el caso- hemos de remitirnos al concepto de ruina funcional desarrollado jurisprudencialmente para incluirlo dentro del más amplio concepto de ruina al que se refiere el art /CC, en el que se establece la responsabilidad decenal del contratista o arquitecto de la obra, ampliable a los demás agentes del proceso de la edificación, incluyendo al proyectista, en virtud de lo dispuesto en el mismo art. 17.1/LOE. Cabría decir, por tanto, que el régimen de responsabilidad establecido en la LOE sí sería de aplicación a los intervinientes en el proceso constructivo, si bien en el caso de la reclamación por defectos causantes de ruina funcional el plazo de garantía no sería ninguno de los previstos expresamente en su art. 17, sino el decenal al que se refiere al citado art. 1591/CC. En virtud de lo que llevamos dicho, y a efectos de determinar la responsabilidad subjetiva en cada caso, habrá que decir que cuando las instalaciones hayan sido proyectadas por quien hubiera realizado el proyecto principal, éste debe responder por los defectos en tales instalaciones, mientras que para el supuesto de que estas instalaciones hayan sido objeto de un proyecto parcial, quien debe responder será el autor de éste, distinguiéndose así ambos proyectistas de la misma forma que lo hace el art. 10/LOE, según el cual, cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del art. 4 de esta Ley, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. Dicho régimen individualizado de responsabilidad es el que establece, con carácter general, el citado art. 17.2/LOE como se ha dicho-, de manera que solo excepcionalmente, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños o hubiera concurrencia de culpas sin que pueda 2

3 precisarse el grado de intervención de cada agente, la responsabilidad será solidaria, tal y como dispone el art. 17.3/LOE, al igual que en el supuesto previsto en el art º, esto es, cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista. Debe valorarse también el supuesto al que se refiere el art º/LOE, por si fuera de aplicación al caso planteado, es decir, cuando el proyectista haya contratado, no un proyecto parcial sobre instalaciones o maquinaria, sino cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, asumiendo directamente la responsabilidad por su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la acción de repetición que le competa contra tales profesionales. Hasta aquí lo que afecta a la responsabilidad del proyectista, ya sea del proyecto global, ya sea parcial, siempre que los negativos resultados del proceso de fabricación obedezcan a una defectuosa disposición de los procesos -por emplear la expresión utilizada por el colegiado consultante- que, a su vez, haya formado parte de ese proyecto de la industria en cuestión. Otra cosa será que esa disposición de los procesos sí hubiera sido la adecuada para garantizar el resultado y funcionalidad de la industria proyectada y el problema radique en la ejecución de las instalaciones o en el montaje de la maquinaria, o bien en las propias deficiencias de las máquinas, atribuibles, no a su montaje o instalación, sino al fabricante de las mismas. Como quiera que el consultante ya habría descartado un problema atribuible al fabricante de la maquinaria, si nos centramos en la responsabilidad del director del montaje de las instalaciones habrá que decir que éste también habrá de asumir dicha responsabilidad como agente interviniente en el proceso de la edificación, incumbiéndole ésta en virtud de lo dispuesto en la LOE, ya sea en su condición de director de la ejecución de la obra art. 13-, o como constructor art. 11-, si fuera el caso. Por último, para completar los posibles supuestos a los que se refiere el consultante, nos remitiremos al art. 6.2/LOE en cuanto establece que el certificado final de la obra habrá de ser firmado por el director de la misma y el director de la ejecución, asumiendo ambos la responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de dicho documento, tal y como dispone el art. 17.7/LOE, adicionalmente a la que tengan atribuida en su condición de director de obra o director de la ejecución. 2. Sobre los plazos de garantía establecidos en la LOE y determinación del dies a quo.- Partiendo de lo anteriormente expuesto, nos remitimos nuevamente al art /CC, por defecto del art. 17/LOE, en cuanto a los plazos de garantía aplicables al supuesto planteado. En cualquier caso el plazo de garantía comenzaría a contar desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas. Una vez aparecidos tales defectos o daños dentro del indicado plazo, la acción para exigir dicha responsabilidad a quien le fuera atribuible prescribe a los dos años, sin perjuicio según 3

4 establece el art. 18.1/LOE- de las acciones que correspondan por el incumplimiento contractual. Es decir, a tenor de lo expuesto cabría distinguir dos plazos; el primero, de garantía, contado desde la recepción de la obra; y el segundo, de prescripción, para el ejercicio de la acción de reclamación de responsabilidad por término de dos años desde que se pusiera de manifiesto el daño o defecto, que podrá interrumpirse mediante reclamación judicial o extrajudicial. Se plantea en la consulta la circunstancia de que en el caso objeto de la pericia no se ha firmado acta de recepción, incumpliéndose así la previsión contenida en los arts. 6.2 y 7/LOE, que expresamente incluye el acta de recepción de la obra dentro de la documentación de la misma que constituirá el Libro del Edificio, de manera que en ésta se hagan constar, entre otros extremos, la entrega de la obra terminada, con o sin reservas, el plazo de subsanación de los defectos observados, en su caso, así como las garantías exigidas al constructor para asegurar sus responsabilidades. Sin embargo, para salvar esta omisión debemos acudir a lo previsto en el art. 6.4/LOE, en lo que se refiere a la recepción tácita, según el cual, Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. En conclusión, el plazo a partir del cual empezaría a contarse la garantía a la que se refiere el art. 17/LOE comenzaría, en caso de no existir acta de recepción de la obra, una vez transcurridos treinta días desde que se hubiera efectuado notificación por escrito al promotor del certificado final de obra. CONCLUSIONES. LOS PROYECTOS DE INDUSTRIA, INCLUYENDO SUS INSTALACIONES, MAQUINARIA O PROCESOS PRODUCTIVOS, SE INCLUYEN DENTRO DE LAS PREVISIONES DE LA LEY 18/1999 DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, EN CUANTO AL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD EXIGIBLE A LOS DISTINTOS AGENTES INTERVINIENTES EN EL MISMO, YA SEA PROYECTISTA DEL CONJUNTO DE LA EDIFICACIÓN E INDUSTRIA, YA LO SEA PARCIALMENTE DE LAS INSTALACIONES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, O INCLUSO DIRECTOR DEL MONTAJE DE DICHAS INSTALACIONES, O FIRMANTE DEL CERTIFICADO FINAL COMO DIRECTOR DE LA OBRA O DIRECTOR DE LA EJECUCION, EN LO QUE SE REFIERE A LA VERACIDAD Y EXACTITUD DEL DOCUMENTO SUSCRITO.. EL PLAZO DE GARANTÍA POR LOS DAÑOS O DEFECTOS QUE PRESENTEN LAS INSTALACIONES SERÁ EL DE DIEZ AÑOS PREVISTO EN EL ART DEL CÓDIGO CIVIL, APLICABLE A LA RUINA FUNCIONAL DE LA EDIFICACIÓN, AL NO ENCUADRARSE EN NINGUNO DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ART. 17/LOE. 4

5 . EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EXIGIR LA RESPONSABILIDAD QUE CORRESPONDA A LOS AGENTES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO SERÁ DE DOS AÑOS DESDE QUE SE PRODUZCA DICHO DAÑO O SE PONGA DE MANIFIESTO EL VICIO O DEFECTO. Es cuanto tiene a bien informar esta Asesoría, a salvo de criterio mejor fundado en Derecho. En Madrid, a 6 de mayo de 2013 José Antonio Casla Hidalgo Agustín López-Carrasco Casado ASESORIA JURIDICA CONSEJO GENERAL 5