DECRETO 82/1994, DE 7 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA LA ACTIVIDAD RECAUDATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD (B.O.C.yL. de 12 de abril de 1994)

Transcripción

1 DECRETO 82/1994, DE 7 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA LA ACTIVIDAD RECAUDATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD (B.O.C.yL. de 12 de abril de 1994) Artículo 1. Régimen legal de la gestión recaudatoria. Artículo 2. Criterios de aplicación de las normas. Artículo 3. Modalidades de la gestión recaudatoria. Artículo 4. Órganos competentes. Artículo 5. Competencias de los órganos de la Consejería de Economía y Hacienda. Artículo 6. Períodos de recaudación y plazos. Artículo 7. Extinción de las deudas. Artículo 8. Oficinas de pago. Artículo 9. Medios de pago. Artículo 10. Justificantes de pago. Artículo 11. Aplazamiento y fraccionamiento de pago. Artículo 12. Compensación. Artículo 13. Compensación de oficio de deudas de entidades públicas. Artículo 14. Compensación de oficio de deudas de otros acreedores. Articulo 15. Compensación a instancia del obligado al pago. Artículo 16. Condonación. Artículo 17. Prescripción. Artículo 18. Iniciación del período ejecutivo y del procedimiento de apremio. Artículo 19. Títulos para la ejecución. Artículo 20. Personación en otros procedimientos. Artículo 21. Recursos administrativos. DISPOSICIÓN ADICIONAL DISPOSICIÓN DEROGATORIA DISPOSICIÓN FINAL La actividad recaudatoria debe sustentarse en normas claras sobre dos clases de relaciones: las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, y las relaciones entre los órganos de la Administración que intervienen en aquella actividad. En un Estado de Derecho solamente pueden exigirse prestaciones económicas conforme a la Ley y la ejecución forzosa sólo puede llevarse a cabo si existe el debido fundamento jurídico. Así pues la actividad recaudatoria debe estar respaldada por una regulación que mantenga escrupulosamente un equilibrio entre las obligaciones y los derechos de los ciudadanos. Por otro lado y al mismo tiempo las relaciones entre los órganos con competencias en esa actividad deben estar reguladas por normas que aseguren y garanticen la legalidad a que antes se ha hecho referencia y que permitan a la vez una actuación eficaz y una adecuada distribución de tareas. Es necesario, pues un marco jurídico que configure los límites y posibilidades de la actividad administrativa Página 1 de 10

2 dirigida a la realización de los créditos tributarios y demás de derecho público. La gestión recaudatoria de la Administración de la Comunidad ha de regirse fundamentalmente por el Reglamento General de Recaudación porque la mayor parte de los créditos a realizar corresponden a tributos cedidos por el Estado y la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, reguladora de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas aunque en su artículo 15 reconoce a éstas la posibilidad de "organizar libremente sus servicios para la recaudación, en sus dos períodos, de los tributos cedidos", establece en ese mismo artículo que la gestión recaudatoria "se ajustará a lo dispuesto en la normativa del Estado, asumiendo los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas las potestades atribuidas en la citada normativa a los del Ministerio de Economía y Hacienda". Al mismo tiempo es preciso tener en cuenta que al menos algunos aspectos de aquel Reglamento responden a normas básicas contenidas en la Ley General Tributaria. El Reglamento de Recaudación responde en su mayor planteamiento a la organización del Estado y es preciso establecer criterios y equivalencias claras que permitan una correcta aplicación de las normas. Es decir, los órganos de la Administración de la Comunidad que intervengan en la gestión recaudatoria han de tener atribuidas con claridad potestades que les permitan realizar las mismas actuaciones que el Reglamento prevé respecto a los órganos del Ministerio de Hacienda. Esta atribución de potestades implica definir relaciones entre órganos y particularmente entre órganos centrales y periféricos, que en una Comunidad de la extensión de Castilla y León tiene especial importancia. El ámbito territorial de la actuación de los órganos centrales es todo el territorio de la Comunidad, el de los órganos periféricos es más reducido: provincial como regla general. Es preciso conjugar las actuaciones en los distintos ámbitos. Los órganos periféricos han de desempeñar importantes tareas de ejecución y de relación inmediata con los ciudadanos. Los órganos centrales han de desempeñar funciones, entre otras, relativas al establecimiento de normas e instrucciones, y a ejercer una dirección que proporciones una unidad de conjunto. Atribuir aquellas potestades y definir aquellas relaciones debe implicar por lo tanto definir centros de dirección. Todo ello resulta del planteamiento del Capítulo I del Título IV de la Ley de Gobierno y de la Administración de la Comunidad. La actual definición de los órganos que han de intervenir en la gestión recaudatoria y de sus competencias se ha revelado insuficiente. Se hace preciso sobre todo completar la definición de la Tesorería General como Centro Directivo de la gestión recaudatoria, y de sus relaciones con otros órganos de recaudación, y configurar un planteamiento que permita precisar las actuaciones de cada uno de los órganos que haya de intervenir en el proceso recaudatorio. Al mismo tiempo es necesario establecer o actualizar referencias expresas o distinciones relativas a tributos propios y a otros ingresos de derecho público de la Comunidad. Es preciso actualizar las normas sobre recaudación contenidas en el Decreto 235/1986, de 23 de diciembre y precisar lo previsto en el artículo 15 del Decreto 255/1988, de 29 de diciembre. Y es conveniente sustituir el Decreto 57/1991, de 21 de marzo, sobre compensación de débitos de las entidades locales, por un planteamiento más completo sobre la compensación. Por último, es necesario tener en cuenta algunas de las previsiones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Para una mayor claridad el Decreto contiene un planteamiento de conjunto a fin de facilitar el cumplimiento ordenado de las normas y su posterior desarrollo. Con ello se completa un marco jurídico suficiente para que la Administración de la Comunidad pueda abordar las diferentes actuaciones que abarca la gestión recaudatoria. Página 2 de 10

3 En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y previa deliberación de la Junta de Castilla y León en su reunión del día 7 de abril de 1994 DISPONGO Artículo 1. Régimen legal de la gestión recaudatoria. La actividad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León dirigida a la realización de los créditos tributarios y demás de derechos público, se rige: a. Por la Ley de Hacienda de la Comunidad. b. Por la Ley General Tributaria y la Ley General Presupuestaria. c. Por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. d. Por la Ley de Cesión de Tributos. e. Por la Ley de Tasas y de Precios Públicos de la Comunidad. f. Por las normas reguladoras de cada tributo, precio público y demás ingresos objeto de la gestión recaudatoria. g. Por el Reglamento General de Recaudación y sus normas de desarrollo. h. Por el Presente Decreto y sus normas de desarrollo. i. Por cualquier otra disposición en la materia y supletoriamente por las disposiciones generales del Derecho Administrativo que regulen materias afines y los preceptos del Derecho Común. Artículo 2. Criterios de aplicación de las normas. 1. La gestión recaudatoria de los tributos cedidos se rige por la normativa del Estado, excepto en lo que se refiere a la organización de los servicios que se regirá por la normativa específica de la Comunidad. 2. La gestión recaudatoria de los tributos propios y de los restantes ingresos de derecho público se rige por la normativa de la Comunidad y por la del Estado en todos aquellos casos que así esté previsto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. En otro caso la legislación del Estado se aplicará supletoriamente. Artículo 3. Modalidades de la gestión recaudatoria. 1. La gestión recaudatoria de la Administración de la Comunidad podrá llevarse a cabo en forma directa o indirecta. 2. La gestión directa es la que lleva a cabo la Administración de la Comunidad a través de sus propios órganos. 3. La gestión indirecta tendrá lugar cuando la Administración de la Comunidad, mediante convenio, concesión o contrato, acuerde con otras Administraciones o con particulares la realización de actividades recaudatorias, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso y siempre que la naturaleza de los derechos lo permita. Página 3 de 10

4 Artículo 4. Órganos competentes. 1. La gestión recaudatoria corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda, que la realizará a través de sus órganos de acuerdo con lo establecido por la Ley de la Hacienda, por este Decreto y por sus normas de desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. 2. Tienen competencia para la recaudación en período voluntario de aquellos ingresos que deriven de su propia actividad, las demás Consejerías y las Entidades Institucionales de la Comunidad cuando así esté previsto en las normas reguladoras de cada ingreso o lo autorice la Consejería de Economía y Hacienda. 3. En aquellos casos en que por disposición legal, o por haberlo así convenido, haya de asumirse la gestión recaudatoria de recursos de otras Administraciones o Entes Públicos, ésta se llevará a cabo por los órganos que determine la Consejería de Economía y Hacienda. Artículo 5. Competencias de los órganos de la Consejería de Economía y Hacienda. *Actualmente, de acuerdo con el Decreto 72/2003, las competencias en materia de gestión recaudatoria corresponden a la Dirección General de Tributos y Política Financiera de la Consejería de Hacienda 1. Corresponde al Consejero de Economía y Hacienda el desarrollo reglamentario sobre la gestión recaudatoria y sobre organización de los servicios y procedimiento a seguir a seguir en la misma. 2. Corresponde a la Tesorería General. a. Dirigir la gestión recaudatoria, y coordinar los órganos de recaudación centrales y periféricos. b. La concesión de aplazamientos y fraccionamientos del pago de deudas en los casos que determine el Consejero de Economía y Hacienda y las demás funciones que el Reglamento General de Recaudación atribuye a la Dirección General de Recaudación y a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda. c. Cualquier otra función relativa al proceso recaudatorio que no esté expresamente atribuida a otros órganos. 3. Corresponden al Tesorero General, en materia de recaudación, las atribuciones previstas en los artículos 31 y 33.6 de la Ley de Gobierno y de la Administración de Castilla y León, en uso de las cuales podrá dictar instrucciones y órdenes de servicio para dirigir la gestión recaudatoria. 4. La Consejería de Economía y Hacienda determinará las competencias de sus órganos con categoría igual o inferior a Servicio, tanto centrales como periféricos, en materia de recaudación, incluidas las relativas a aplazamientos y fraccionamientos del pago de deudas. Artículo 6. Períodos de recaudación y plazos. *Artículo 6.2 redacción según Decreto 84/1997, de 17 de abril 1. La gestión recaudatoria se realiza en dos períodos: voluntario y ejecutivo. 2. En período voluntario los obligados al pago de tributos cedidos por el Estado harán efectivas sus deudas dentro de los plazos establecidos en el art. 20 del Reglamento General de Recaudación. Cuando se trate de tributos propios de la Comunidad o de precios públicos y no sea exigible el Página 4 de 10

5 pago previo o sus normas reguladoras no establezcan otro plazo de pago, o se trate de otras deudas no tributarias que no tengan establecido otro plazo distinto, se satisfarán dentro de los que establece el citado artículo En el período ejecutivo, la recaudación se efectuará por vía de apremio en los plazos establecidos en las normas sobre la materia a que se refiere el art. 1º de este Decreto. Artículo 7. Extinción de las deudas. Las deudas a la Hacienda de la Comunidad se extinguen mediante el pago, la compensación, la condonación y la prescripción. También podrán extinguirse en los casos de insolvencia a que se refiere el art. 70 del Reglamento General de Recaudación. Artículo 8. Oficinas de pago. 1. El importe de las deudas se ingresará en las Cajas del Tesoro de la Comunidad, directamente o a través de entidades de depósito según establezca el Consejero de Economía y Hacienda. 2. Pueden prestar el servicio de caja, por medio de Oficinas abiertas en los locales de la Administración de la Comunidad, aquellas entidades de depósito con las que así lo convenga la Consejería de Economía y Hacienda y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 26/1993, de 11 de febrero. Artículo 9. Medios de pago. 1. El pago se realizará en efectivo o mediante efectos timbrados de la Comunidad. Los medios de pago habrán de reunir los requisitos generales establecidos en el Reglamento General de Recaudación y los que se especifican en este artículo. 2. El pago de las deudas que deban realizarse en efectivo se hará mediante dinero de curso legal, cheque o cualquier otro medio autorizado por la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Los cheques habrán de ser conformados, nominativos y cruzados a favor de la Comunidad. 4. Los efectos timbrados solamente podrán utilizarse cuando esta modalidad esté expresamente prevista y establecida la forma y características de los mismos. 5. Podrá utilizarse la transferencia a través de entidades de crédito a cuentas de la Comunidad Autónoma o a las que tengan autorizadas las entidades colaboradoras en aquellos casos en que esté expresamente previsto. En estos casos la transferencia tendrá efectos liberatorios desde que se produzca el ingreso en aquellas cuentas, sin perjuicio de las acciones que, en su caso, correspondan al ordenante frente a la entidad de crédito por su incumplimiento. Artículo 10. Justificantes de pago. 1. Siempre que se realice el pago de una deuda deberá entregarse un justificante del pago realizado. 2. Serán justificantes de pago los previstos en el Reglamento General de Recaudación y aquellos otros documentos a los que la Consejería de Economía y Hacienda otorgue expresamente tal carácter. 3. El justificante de pago contendrá elementos suficientes para identificar el deudor, y el concepto, importe y naturaleza de la deuda satisfecha, y se entregará a la persona que realiza el pago. Página 5 de 10

6 4. Cuando se empleen efectos timbrados, estos mismos debidamente inutilizados constituyen el justificante del pago. 5. El deudor podrá solicitar de la Administración, y ésta deberá expedir, certificación acreditativa del pago efectuado, la cual se librará con referencia a la correspondiente anotación contable del ingreso. Artículo 11. Aplazamiento y fraccionamiento del pago. 1. Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de la deuda, tanto en período voluntario como ejecutivo y a petición del obligado, cuando la situación de su tesorería, apreciada discrecionalmente por la Administración, le impida efectuar el pago. 2. No serán aplazables ni fraccionables las deudas que hayan de satisfacerse mediante efectos timbrados, ni las correspondientes a tributos propios de la Comunidad o a derechos no tributarios que sean inferiores a la cuantía que establezca el Consejero de Economía y Hacienda. 3. La concesión requerirá la prestación de garantía, salvo en los casos expresamente previstos en las disposiciones aplicables. 4. Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, excluido, en su caso, el recargo de apremio, devengarán el interés de demora correspondiente. 5. La resolución que conceda o deniegue el aplazamiento o el fraccionamiento deberá producirse en el plazo máximo de seis meses a contar desde la presentación de la solicitud. Si transcurriera este plazo sin dictarse resolución expresa, el interesado deberá entender desestimada su solicitud. En este caso, los plazos que se hubieran interrumpido seguirán computándose a partir del día siguiente de la recepción de la certificación del acto presunto a que se refiere el artículo 44 de la Ley 30/1992, o en su caso, de la finalización del plazo para su emisión. 6. Cuando se trate de los casos de aplazamiento y fraccionamiento expresamente previstos en las normas reguladoras del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, su concesión se ajustará a lo dispuesto en dichas normas. Artículo 12. Compensación. *Artículo 12.2 y.3 redacción según Decreto 84/1997, de 17 de abril 1. Cuando un deudor a la Hacienda de la Comunidad por deudas de derecho público sea a la vez acreedor de la misma, podrá compensarse la deuda, de oficio o a instancia del interesado, en los casos y siguiendo las reglas previstas en los artículos 63 a 68 del Reglamento General de Recaudación y en éste y siguientes artículos del presente Decreto. 2. El procedimiento de compensación podrá iniciarse de oficio una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario sin que se haya efectuado el pago de la deuda. Dicha iniciación deberá notificarse al deudor en forma reglamentaria ofreciendo al mismo un plazo de diez días para formular alegaciones. Producidas éstas o transcurrido el referido plazo sin que se presenten, se podrá dictar la resolución correspondiente decidiendo o no la compensación. 3. Tanto el acto de iniciación como la resolución que decida sobre la compensación serán notificados igualmente a otros posibles interesados que resulten del expediente. Página 6 de 10

7 4. La Consejería de Economía y Hacienda establecerá los sistemas necesarios para conocer en todo momento la posibilidad de compensar deudas. Artículo 13. Compensación de oficio de deudas de entidades públicas. *Artículo 13.2 redacción según Decreto 84/1997, de 17 de abril 1. Las deudas firmes de entes territoriales, organismos autónomos o entes que se rijan por el derecho público, serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario. 2. Estas deudas no serán objeto de providencia de apremio y una vez vencido el plazo de ingreso en período voluntario se iniciará el procedimiento previsto en el artículo anterior. 3. El procedimiento ha de resolverse en el plazo máximo de seis meses a contar desde su iniciación. Transcurrido este plazo sin dictarse resolución expresa se entenderá producida la compensación, que tendrá efectos desde la notificación del certificado de actos presuntos o, en su caso, desde la finalización del plazo para su emisión. Artículo 14. Compensación de oficio de deudas de otros acreedores. *Artículo 14.1 redacción según Decreto 84/1997, de 17 de abril 1. Cuando el deudor no esté comprendido en el artículo anterior y sea a la vez acreedor por un crédito reconocido, se iniciará y seguirá el procedimiento conforme a lo previsto en el artículo 12 de este Decreto. 2. La resolución deberá producirse en el mismo plazo establecido por el apartado 3 del artículo anterior y la falta de resolución expresa tendrá los efectos que en él se prevén. 3. Cuando, como consecuencia de haberse estimado un recurso o reclamación, se practique una nueva liquidación tributaria, si no se hubiera producido la devolución de las cantidades que se hubieran ingresado indebidamente el órgano que practique la nueva liquidación acordará la compensación de la deuda con las cantidades anteriormente ingresadas. En caso de existir diferencia a favor del interesado se seguirá el correspondiente procedimiento de devolución de ingresos indebidos. Articulo 15. Compensación a instancia del obligado al pago. 1. El deudor que inste de la Hacienda de la Comunidad la compensación de su deuda con un crédito reconocido a su favor dirigirá al órgano competente la correspondiente solicitud que deberá incluir la declaración expresa de no haber trasmitido o cedido el crédito a otra persona y reunir los restantes requisitos exigidos por el art. 67 del Reglamento General de Recaudación. 2. El procedimiento ha de resolverse en el plazo máximo de seis meses a contar desde desde la presentación de la solicitud. Transcurrido este plazo sin dictarse resolución expresa, el interesado entenderá desestimada su solicitud. En tal caso los plazos que se hubieran interrumpido por la tramitación del procedimiento seguirán computándose a partir del día siguiente de la notificación del certificado del acto presunto o, en su caso, de la finalización del plazo para su emisión. Artículo 16. Condonación. Sólo podrán concederse condonaciones en aquellos casos previstos expresamente en una Ley y en la forma y con los requisitos que la misma determine. Página 7 de 10

8 Artículo 17. Prescripción. 1. Los derechos de la Hacienda de la Comunidad consistentes en los rendimientos de los tributos cedidos por el Estado, prescriben en los términos establecidos por las Leyes de éste. 2. Los restantes derechos prescriben en los términos establecidos en sus leyes reguladoras y en su defecto a los cinco años y del modo previsto en el artículo 48 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad. 3. La prescripción se aplicará de oficio. Artículo 18. Iniciación del período ejecutivo y del procedimiento de apremio. *Artículo 18 redacción según Decreto 84/1997, de 17 de abril *La Ley 7/1989, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad, fue derogada por Ley 12/ El período ejecutivo se inicia para las deudas liquidadas por la Administración y no satisfechas en período voluntario, el día siguiente del vencimiento del plazo de ingreso. Para las deudas a ingresar mediante declaración, liquidación o autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, comenzará cuando finalice el plazo reglamentariamente determinado para dicho ingreso sin que este se haya efectuado, ni solicitado aplazamiento o fraccionamiento de pago o compensación de la deuda. Cuando se presenten declaraciones liquidaciones extemporáneas sin ingreso, ni simultánea petición de aplazamiento, fraccionamiento o compensación, se iniciará al día siguiente a su presentación. 2. El recargo de apremio será del veinte por ciento de la deuda no ingresada. Sin embargo, cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor la providencia de apremio, el recargo será del diez por ciento y no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo. 3. Iniciado el período ejecutivo la recaudación de las deudas se efectuará por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. 4. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al deudor en la que se identificará la deuda pendiente. 5. Cuando se trate de deudas por precios públicos no satisfechas, el procedimiento de apremio se iniciará una vez que hayan transcurrido, desde su vencimiento, los seis meses a que se refiere el artículo 20.5 de la Ley 7/1989, de 9 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad, sin perjuicio de que los intereses de demora se devenguen desde el día siguiente a aquel vencimiento. 6. Las cantidades que se hubieran pagado fuera de plazo se computarán, en su caso, como pagos a cuenta. 7. El procedimiento de apremio seguirá las fases y se desarrollará de acuerdo con las normas establecidas por el Reglamento General de Recaudación. Artículo 19. Títulos para la ejecución. *Artículo 19 redacción según Decreto 84/1997, de 17 de abril El título acreditativo del crédito para despachar la ejecución será el que determinen las Leyes en cada momento. Página 8 de 10

9 Transcurrido el período de pago en voluntario sin que se satisfaga la deuda, las unidades administrativas que tengan a su cargo la contabilidad de los ingresos, comunicarán la deuda vencida al órgano competente para dictar la providencia de apremio de acuerdo con las normas de desarrollo de este decreto. Artículo 20. Personación en otros procedimientos. 1. Cuando los derechos de la Hacienda de la Comunidad hayan de ejercitarse en un procedimiento judicial los órganos gestores remitirán a los Servicios Jurídicos competentes la información y los documentos necesarios para la defensa de aquellos derechos. 2. En los procesos concursales, la Hacienda de la Comunidad, actuará a través de sus representantes legales, de acuerdo con lo establecido por el artículo 47 de la Ley de la Hacienda. La autorización para la suscripción de los convenios que pongan fin a estos procesos será competencia de la Tesorería General y la coordinación de las actuaciones necesarias para facilitar la defensa de los intereses de la Hacienda de la Comunidad se llevará a cabo de acuerdo con las normas que establezca la Consejería de Economía y Hacienda y las Instrucciones que al efecto dicte la Tesorería General. Artículo 21. Recursos administrativos. *Artículo 21.4 redacción según Decreto 46/1999, de 11 de marzo 1. Los actos dictados en los procesos de recaudación de tributos cedidos por el Estado podrán ser objeto de recurso de reposición ante el órgano que hubiera dictado el acto o de reclamación económico-administrativa ante los órganos económicoadministrativos de la Administración del Estado, de acuerdo con sus normas reguladoras. 2. Los actos dictados en los procesos de recaudación de tributos propios y restantes ingresos de derecho público podrán ser objeto de recurso de reposición ante el órgano que los hubiera dictado o de reclamación económico-administrativa ante la Comisión de Reclamaciones Económico- Administrativas, de acuerdo con lo establecido en las Secciones 3ª., 4ª., 5ª. y 6ª. del Capítulo III del Título III de la Ley de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León. 3. Los órganos de la Administración de la Comunidad que dicten o reciban resoluciones estimatorias de recursos o reclamaciones relativas a deudas de derecho público, las comunicarán inmediatamente a la Tesorería General. 4. Cuando en período voluntario se solicite la suspensión del acto impugnado en vía económico- administrativa y se acompañe a la solicitud la garantía correspondiente, resolverá sobre la suspensión el órgano competente para la recaudación en dicho período. Si la solicitud siempre acompañada de la garantía se produce en período ejecutivo, y si el acto impugnado hubiera sido dictado por un órgano de la Comunidad Autónoma, resolverá el órgano competente para dictar la providencia de apremio. Esta competencia podrá ser ejercitada por otras Administraciones cuando la recaudación se realice en forma indirecta y así esté previsto en el correspondiente convenio. DISPOSICIÓN ADICIONAL En el plazo de un mes el Consejero de Economía y Hacienda desarrollará lo establecido en este Decreto determinando las atribuciones de los órganos con categoría igual o inferior a Servicio. DISPOSICIÓN DEROGATORIA 1. El artículo 15 del Decreto 255/1988, de 29 de diciembre, por el que se desconcentran atribuciones de la Consejería de Economía y Hacienda en los Delegados Territoriales y se regulan determinados Página 9 de 10

10 aspectos de la ordenación de pagos del Tesoro y de las Intervenciones Territoriales, el Decreto 57/1991, de 21 de marzo, regulador del procedimiento de compensación de los débitos que las Entidades Locales de Castilla y León mantengan con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, y el Decreto 135/1992, de 23 de julio, sobre aplazamientos y fraccionamientos de pago de deudas tributarias, quedarán derogados el mismo día en que entre en vigor la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda prevista en la Disposición Adicional de este Decreto. 2. Quedan derogados los artículos 3º., 4º. y 5º. del Decreto 235/1986, de 23 de diciembre, por el que se dictan normas en materia de gestión, recaudación y contabilidad de tasas y otros derechos no tributarios, y cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, contradigan o se opongan a lo previsto en este Decreto. DISPOSICIÓN FINAL El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de Castilla y León". Página 10 de 10