DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR

Transcripción

1 DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N28071 MADRID DON JUAN MANUEL BARRAGÁN MUÑOZ, CON DNI B, con domicilio en la Calle Sagasta 12, de Cádiz, en representación propia y en relación con el borrador de Anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas 22/1988 de 28 de julio, EXPONE Que habiendo leído de forma atenta el precitado borrador, y confiando en que las propuestas de modificación descritas a continuación mejorarán de forma sustancial la gestión del litoral y sus ecosistemas ALEGA Con carácter general: - Resulta imprescindible el hecho de determinar, además del DPMT y a efectos de una mejor gestión, el ámbito litoral en el sentido que lo señala el Protocolo para la Gestión Integrada de Zonas Costeras del Mediterráneo. - Debido a la inexistencia de medidas de protección del ambiente, el espacio y el paisaje litoral que se observa en el borrador, se sugiere que la futura ley establezca una mayor número de propuestas concretas que asegure no solo su conservación sino también su recuperación como ecosistema de extremo valor, y cada vez más amenazado y escaso. - Un período de 75 años para las concesiones es, a todas luces, excesivo. Iría en contra de la filosofía con la que se crea, hace siglos, este singular dominio público, que no es otra que la de diferenciar éste de otros bienes y espacios objeto del comercio de los hombres. Si a ello se le añade la posibilidad de transmisión intervivos, en realidad se está conduciendo a su plena inserción en el mercado. Y ello solo incentivaría su aprovechamiento pero iría en contra de su conservación. - No cabe duda que el borrador concede un trato extraordinariamente favorable a los antiguos propietarios de salinas y cultivos marinos en áreas intermareales. Solo en la Bahía de Cádiz miles de has. pasarían del DPMT a propiedad privada en ZSP. Deberían garantizarse, al menos, dos condiciones: a) que esta superficie siga conservando su naturaleza y condiciones propias de zona húmeda, como corresponde a los terrenos de los que proceden, antiguas marismas y terrenos inundables. b) Que los únicos usos permitidos fueran los de producción de sal y cultivos marinos.

2 - No se entiende que los efectos en la vulnerabilidad de la costa y los riesgos consecuentes provocados por la subida del nivel del mar, debido a los efectos del cambio climático, no sean tenidos en cuenta por el borrador. En todos los países desarrollados se están acometiendo actuaciones que afrontan este problema. Sería una oportunidad perdida no hacerlo en esta futura ley. - Ante la inexistencia de normas relacionadas con la gestión integrada propiamente dicha se propone la incorporación de artículos que establezcan órganos y mecanismos que mejoren la gobernanza del litoral, en especial aquellos que garanticen la coordinación y cooperación con las CCAA y los municipios litorales (del mismo modo que se hace en la ley de gestión costera de EEUU, entre el gobierno federal y el estatal, o en la ley de gestión costera de California, entre el gobierno estatal y el poder local), que establezcan la constitución de órganos colegiados específicos (como los Consejos Costeros previstos en las leyes de los diferentes estados australianos) y no solo órganos unipersonales como lo que ha sucedido hasta ahora en las Direcciones Generales de las que ha dependido el DPMT, que permitan la participación ciudadana (como en las leyes de gestión costera de la R. Sudafricana, EEUU, estados australinos, etc.), que aseguren la transparencia en el proceso de toma de decisiones y de lo que ocurre en el DPMT, que permitan conocer los criterios y resultados de la inversión en el DPMT, que instituyan instrumentos estratégicos para la gestión (como en el caso del Reino Unido y de varios estados de Canadá), que incorporen el asesoramiento técnico científico, que la formulación de las políticas costeras permitan la participación de todos los interesados (como en la ley de recursos naturales de Nueva Zelanda para la política costera), etc. Página 2 de 6

3 Con carácter específico: BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS. Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Uno. Se modifica el artículo 3 que queda redactado del siguiente modo: 4. A los efectos de esta ley se entiende por: Estero: caños en una marisma. Un estero y un caño mareal son cosas diferentes. En esencia, se trata de superficies inundadas, normalmente irregulares, en el primer caso y de circulación de agua a través de canales en el segundo. Seis. Se introduce un artículo 13 bis que queda redactado del siguiente modo: 2. Los titulares de los terrenos que tras la revisión del deslinde se incorporen al dominio público marítimo-terrestre pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento, a cuyo efecto la Administración otorgará de oficio la concesión, salvo renuncia expresa del interesado. La concesión se otorgará por treinta años, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon. 3. Los titulares de las obras e instalaciones que tras la revisión del deslinde se incorporen a la zona de servidumbre de protección podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie. Ni generen impactos paisajísticos provocados por muros y cerramientos de fincas. Siete. No debería reducirse la ZSP para las rías, por muy reducida que sea la anchura del cauce, porque desde el punto de vista natural tienen la misma función que cuerpos de agua de mayores dimensiones. Se introduce un nuevo apartado 3 al artículo 23 que queda redactado del siguiente modo: «En las riberas de las rías la extensión de esta zona podrá reducirse por la Administración del Estado, de acuerdo con la de la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento correspondiente, hasta un mínimo de 20 metros, en atención a las características topográficas o hidrográficas, a la anchura de sus cauces y a la distancia de la ribera de la ría respecto del límite interior de la ribera del mar». Ocho. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 25 y el apartado 2 del mismo precepto, y se introduce un nuevo apartado 4 que quedan redactados del siguiente modo: «2. Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos que Página 3 de 6

4 presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público». En cualquier caso, la intensidad de las actividades realizadas se limitan en relación al impacto paisajísitico que generen, al valor de los ecosistemas presentes, y a las exigencias de los espacios protegidos, en el caso que los hubiere. modo: Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo 38 que queda redactado del siguiente «1. Estará prohibida la publicidad permanente a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales. Excepcionalmente, y en las condiciones que se establezcan reglamentariamente se podrá autorizar la publicidad siempre que sea parte integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas en el dominio público marítimo-terrestre y siempre que sea compatible con su protección y calidad paisajística». Quince. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 66 que quedan redactados del siguiente modo: «2. El plazo será el que se determine en el título correspondiente, que en ningún caso podrá exceder de treinta años». «3. Cuando el objeto de una concesión extinguida fuese una actividad amparada por otra conesión de explotación de recursos mineros o energéticos otorgada por la Administración del Estado por un plazo superior, su titular tendrá derecho a que se le otorgue una nueva concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre por un plazo igual al que reste de viegencia a la concesión de explotación, sin que en ningún caso pueda exceder de treinta años». Dieciseís. Se modifica el apartado 2 del artículo 70 que queda redactado del siguiente modo: Las concesiones no deben ser transminisbles por actos intervivos, sin mediación de la administración púbica, ya que iría en contra de la propia filosofía original que crea el dominio público, y que, de forma resumida, trata de que estos bienes no se incorporen, como los demás, al comercio entre los hombres. «Las concesiones NO serán transmisibles por actos intervivos. Veinte. Se modifican los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria primera y se introduce un nuevo apartado 5, que quedan redactadas del siguiente modo: «5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si los terrenos, a que estos se refieren, hubieran sido inundados artificial y controladamente como Página 4 de 6

5 consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto y estuvieran destinados a actividades de cultivo marino o a salinas marítimas se excluirán del dominio público marítimo-terrestre, aun cuando sean naturalmente inundables. En cualquier caso permanece la obligatoriedad de conservar el régimen hidrodinámico y de inundación mareal controlada que confiere a estos terrenos características de zonas húmedas, que son las mismas que originalmente tenían al provenir de antiguas marismas o humedales. Veintidós. Se introduce una nueva disposición adicional décima, que queda redactada del siguiente modo: «Disposición adicional décima. 1. Son urbanizaciones marítimo-terrestres los núcleos residenciales en tierra firme dotados de un sistema viario navegable, construido a partir de la inundación artificial de terrenos privados. 2. Las urbanizaciones marítimo-terrestres deberán contar con un plan urbanístico que se ajuste a las prescripciones que en materia de dominio público marítimo-terrestre se establecen en esta disposición y en sus normas de desarrollo. 3. La realización de las obras para consturir los canales navegables de la urbanización marítimo-terrestre que dan lugar a la invasión por el mar o por las aguas de los ríos hasta donde se hagan sensible el efecto de las mareas de terrenos que antes de dichas obras no sean de dominio público marítimo-terrestre, ni estén afectadas por la servidumbre de protección, producirán los siguientes efectos: a) El terreno inundado se incorporará al dominio público marítimo-terrestre. No obstante, no se incluirán en el dominio público marítimo-terrestre los terrenos de propiedad privada colindantes a la vivienda y retranqueados respecto del canal navegable que se destinen a garaje náutico individual y privado. Los propietarios de todos los terrenos y bienes que estén fuera del DPMT harán frente a cualquier obra de protección y defensa que se precise. Artículo segundo. Prórroga de las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior. 1. Las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo terrestre existentes, que hayan sido otorgadas antes de la entrada en vigor de la presente ley, podrán ser prorrogadas, a instancia de su titular, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. Esta prórroga se aplicará a las concesiones una vez que se extinga el plazo para el que fueron concedidas, aunque no se hubiera agotado el plazo legal máximo previsto y el título concesional previera su prórroga. 2. El concesionario solicitará esta prórroga durante los seis meses previos a la extinción del plazo de la concesión. Página 5 de 6

6 3. La duración de esta prórroga en ningún caso excederá treinta años. La resolución por la que se acuerde la prórroga podrá fijar un plazo de duración inferior, y prever, a su vez, prorrogas sucesivas dentro de aquel límite temporal. Disposición adicional segunda. Revisión de los deslindes. Conviene reformular este apartado y, especialemente, los períodos de recurrencia señalados para los mayores temporales conocidos. 2. La Administración General del Estado revisará los deslindes en los casos en que el límite interior de la zona marítimo-terrestre se hubiera fijado tomando como referencia los mayores temporales conocidos, cuando estos, de acuerdo con las referencias comprobadas que se dispongan, no hubieran alcanzado el límite establecido en el deslinde, en al menos cinco ocasiones, en los diez años inmediatamente anteriores a la fecha en la que se haya practicado el deslinde, o en defecto de referencias conocidas en ese periodo, en los diez años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de esta ley. Disposición adicional cuarta. Deslinde de la isla de Formentera No se entiende ni se justifica, suficientemente, esta excepcionalidad dentro de nuestro territorio nacional. Disposición adicional sexta. Exclusión de determinados núcleos de población del dominio público marítimo-terrestre. La ley debería prever un sistema de diferenciación entre primeras y segundas residencias en relación a las consecuencias de la presente situación. 1. Se excluyen del dominio público-marítimo terrestre los núcleos de población que se enumeran en el anexo de esta ley, en la extensión que se fija en la planimetría incorporada al propio anexo. 2. Los terrenos excluidos del dominio público marítimo-terrestre, de acuerdo con el apartado anterior, se incorporarán al Patrimonio del Estado como bienes patrimoniales y se regirán por lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Juan M. Barragán Muñoz Catedrático de Gestión Costera Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, UCA Página 6 de 6