ASAMBLEA LEGISLATIVA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY REFORMA DEL ARTÍCULO 64 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Transcripción

1 ASAMBLEA LEGISLATIVA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY REFORMA DEL ARTÍCULO 64 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA VARIOS SEÑORES DIPUTADOS EXPEDIENTE Nº

2 NOTA: Este proyecto se encuentra en proceso de revisión en el Departamento de Servicios Parlamentarios y está sujeto a modificaciones de forma cuando así lo amerite. Además, está pendiente que se le asigne comisión para la publicación. PROYECTO DE LEY REFORMA DEL ARTÍCULO 64 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Expediente Nº ASAMBLEA LEGISLATIVA: La crisis económica internacional de 1929 agudizó los problemas sociales en nuestro país, dando como resultado el surgimiento de organizaciones comunales (comités de barrio), que se constituyeron como grupos de presión para que el gobierno les solucionara los serios problemas que les afectaban. Durante los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado, ( ), estos grupos, ahora denominados juntas progresistas, continuaron surgiendo por doquier, dedicadas a la formación y capacitación de líderes y a presionar al gobierno para la solución de los problemas vecinales. Esto motivó a las autoridades a implementar un programa nacional de desarrollo de la comunidad tendiente a establecer controles para los movimientos populares y al mismo tiempo, utilizarlo como instrumento para impulsar y legitimar reformas, con miras a estabilizar el sistema económico y social vigente. La meta propuesta fue la creación de los medios para que los habitantes de nuestro país resolvieran integral y sistemáticamente los problemas de su vida y que, a su vez, estuviera en posición de responsabilizarse y contribuyera de manera eficaz al bienestar de los demás y al desarrollo económico, social y cultural del país.

3 Esta visión integradora del Estado y la sociedad civil organizada, en procura del desarrollo integral de sus comunidades, toma forma y se institucionaliza en nuestro país, con la promulgación de la Ley sobre Desarrollo de la Comunidad, No. 3859, el 7 de abril de Dicha legislación constituyó la respuesta a la necesidad de las comunidades de contar con un marco legal apropiado para facilitar la toma de decisiones, sobre la base de un modelo democrático de participación ciudadana. El diputado Armando Arauz Aguilar, hace más de cuarenta y seis años, en la exposición de motivos de la citada Ley, visionariamente indicó: un proceso en virtud del cual los esfuerzos de una población se suman a los de su gobierno para mejorar la situación social, económica y cultural de la comunidad, y para integrar a ésta en la vida del país de manera que contribuya plenamente al desarrollo nacional. La Ley sobre el desarrollo de la comunidad No. 3859, pretendió articular las acciones necesarias para que, conjuntamente con el Estado, las comunidades pudiesen organizarse y de ese modo coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. Lo anterior, mediante la creación de tres sectores principales, a saber: organizaciones de desarrollo comunal, Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (CONADECO) y la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO). Con el paso de los años, las asociaciones de desarrollo se han constituido en socias estratégicas tanto del Gobierno Central como de los gobiernos locales en sus proyectos de desarrollo. Hoy Costa Rica cuenta con una dirigencia comunal fuerte, más de tres mil cuatrocientas organizaciones de desarrollo se han constituido al amparo de la Ley No. 3859, agrupando a más de quinientas mil personas en la toma de decisiones a nivel comunitario.

4 Obras de alto impacto social se han levantado a lo largo y ancho de nuestro país gracias al trabajo tesonero y coordinado con el movimiento comunal costarricense. La huella de estas agrupaciones es palpable e ineludible. Las asociaciones de desarrollo se han caracterizado por trabajar de manera abnegada y desinteresada sin pedir que se valore su trabajo. Sus dirigentes aportan su trabajo para procurar soluciones a las necesidades de sus poblaciones y vecindarios, sin esperar más recompensa que la satisfacción de mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus comunidades. Los líderes comunales no buscan protagonismo, prefieren el anonimato y ni siquiera se consignan sus nombres en las placas inaugurales de escuelas, colegios, acueductos, caminos, clínicas, salones comunales, complejos deportivos y cientos de obras, grandes y pequeñas que facilitan la vida para todos los habitantes de este país. Consecuente con ese esfuerzo y el compromiso estatal, es momento oportuno para saldar una deuda histórica y darle al movimiento comunal el lugar que le corresponde, elevándolo a rango constitucional. Históricamente la Constitución Política constituye el marco normativo de un país. Su importancia nos obliga a tenerla como el máximo instrumento jurídico de una nación, del cual se derivan y dependen todas las demás normas de un país, que deben estar de acuerdo con ella y no pueden transgredirla. Como bien lo señala Luis Paulino Mora Mora, en su artículo Constitución Política de la República de Costa Rica: Nuestro marco de desarrollo una Constitución, entonces, no solo debe contener la organización del Estado sino también el marco de desarrollo de la sociedad a la que está dirigida y, dentro de él, como condición importante para que se realicen aquellas aspiraciones y valores supremos de los seres humanos que la conforman

5 Nuestros antepasados comprendieron muy bien estas ideas y, por esa razón, desde los albores de la nación costarricense se preocuparon por imponerlos como piedra fundamental para el desarrollo de la República. Hoy nos corresponde a nosotros fortalecerla, enriqueciendo nuestra Carta Magna incorporando la figura del movimiento comunal costarricense, organización social que constituye uno de los más arraigados valores del ser costarricense en la búsqueda del bien común. Con ese propósito, presentamos el proyecto de ley de reforma a nuestra Constitución Política para elevar a rango constitucional al movimiento comunal costarricense. Esta reforma se convertirá en un paso fundamental para el fortalecimiento de las organizaciones de desarrollo comunal, y una señal inequívoca de respaldo al esfuerzo que miles de dirigentes de todo el país han hecho en procura de su desarrollo a lo largo de estos años. Esta es una oportunidad para mirar atrás con respeto y con agradecimiento, una clara ocasión para ratificar una visión que ha dado bastas muestras de ser una de las iniciativas de ley más acertadas de la historia de nuestro país. Que sea este proyecto una oportunidad para decirle sí al movimiento comunal costarricense, que con orgullo muestra años de valiosa historia, en el esfuerzo de construir una patria más próspera, justa, desarrollada y solidaria.

6 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: REFORMA DEL ARTÍCULO 64 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA ARTÍCULO ÚNICO.- Refórmese el artículo 64 de la Constitución Política de la República, cuyo texto dirá: Artículo 64.- El Estado fomentará la creación de cooperativas como medio para facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores. Asimismo, procurará el desarrollo del solidarismo como instrumento de crecimiento económico y social de los trabajadores, tanto en el sector privado como en el sector público. Asimismo, reconocerá el derecho de patronos y trabajadores a organizarse libremente en asociaciones solidaristas, con el fin de obtener mejores condiciones de vida y desarrollo económico y social. El Estado fomentará la creación de asociaciones de desarrollo comunal, para el desarrollo de las comunidades, como medio para estimular a las poblaciones a organizarse en procura del desarrollo económico y social del país. Rige a partir de su publicación. Karla Prendas Matarrita Diputada

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