ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY

Transcripción

1 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY LEY DE REFORMA DE LOS ARTICULOS 7 Y 47 DE LA LEY REGULADORA DEL MERCADO DE SEGUROS, LEY N DEL 22 DE JULIO DEL 2008 Y SUS REFORMAS VARIOS DIPUTADOS EXPEDIENTE N.º DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

2 NOTA: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Y ESTÁ SUJETO A MODIFICACIONES DE FORMA CUANDO ASÍ LO AMERITE. ADEMÁS, ESTÁ PENDIENTE QUE SE LE ASIGNE COMISIÓN PARA LA PUBLICACIÓN. LEY DE REFORMA DE LOS ARTICULOS 7 Y 47 DE LA LEY REGULADORA DEL MERCADO DE SERGUROS, LEY N DEL 22 DE JULIO DEL 2008 Y SUS REFORMAS. Asamblea Legislativa: La Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley Nº 8653 del 22 de julio del 2008 y sus reformas, se tramitó mediante el expediente legislativo N Si se observa con detenimiento la exposición de motivos del señalado expediente se denota con facilidad cuál fue el propósito de dicha ley: ( ) existe una responsabilidad estatal de garantizar al consumidor la efectiva contraprestación del asegurador en los términos pactados, cuando eventualmente se produce el siniestro. Lo anterior, por cuanto la contratación de seguros responde a un ciclo productivo inverso, el consumidor otorga una prestación presente y cierta (prima), a cambio del compromiso de recibir una prestación futura e incierta (indemnización o renta convenida), por parte de la entidad aseguradora. Así, el Estado debe promover el desarrollo del mercado de seguros y su ordenamiento para lo cual resulta imperativo contar con una adecuada regulación y supervisión del mismo, y con una regulación óptima en materia de contratación de seguros. La presente Ley permite alcanzar el primero de los objetivos indicados disponiendo una moderna regulación de mercado acorde con las mejores prácticas del negocio ( ) De esta forma, queda clara la voluntad del legislador en el sentido de que el Estado debe promover el desarrollo del mercado de seguros de manera ordenada y regulada. Dicha promoción incluye permitir y promover la participación en la industria de los diferentes grupos de la sociedad, incluyendo por supuesto a las organizaciones de la economía social. De la relación de los artículos 7, 8 y 47 de dicha ley se desprende que la voluntad expresa

3 del legislador fue aprobar la apertura de la industria de seguros que hasta ese momento ostentaba el Instituto Nacional de Seguros de forma monopólica y para esos efectos se iba a autorizar a: - Las entidades de derecho privado constituidas en Costa Rica como sociedades anónimas, cuyo objeto social será en forma exclusiva el ejercicio de la actividad aseguradora. - Las entidades aseguradoras constituidas con arreglo a las leyes de otro país que puedan operar en Costa Rica a través de sucursales. - Las entidades aseguradoras constituidas con arreglo a las leyes de otro país que cumplan con los requisitos para operar líneas de seguros bajo la modalidad de comercio transfronterizo de seguros. En el caso de las instituciones costarricenses públicas o tuteladas-, quedaron autorizadas para constituir sociedades anónimas dedicadas de manera exclusiva a las actividades de aseguramiento: - Las cooperativas, las asociaciones solidaristas, la Caja de Ahorro y Préstamo de la ANDE, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio y la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. - Los bancos públicos del Estado. - El Banco Popular y de Desarrollo Comunal, pudiendo esta entidad darle participación como socios a otros agentes de la economía social. El problema que se dio, y que motiva la elaboración del presente proyecto de ley, es que se dispuso que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, que siendo un banco público no es propiedad del Estado, podía constituir una empresa aseguradora con organizaciones de la economía social siempre y cuando el INS participara con al menos la propiedad del 51% de las acciones. Esta situación ha ocasionado que el Banco Popular y las organizaciones de la economía social no hayan podido cumplir con su justa aspiración de contar con una empresa aseguradora de su propiedad, que les permita ofrecer productos de seguros adecuados a sus necesidades y dirigidos a toda la población trabajadora. Tal situación resulta inconveniente, injusta e improcedente cuando se

4 considera que se estableció bajo el principio de unicidad del Estado aplicado sobre una institución pública que no pertenece al Estado, como es el caso del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Por esta razón, se ha elaborado el presente proyecto de ley, cuyo propósito es corregir tal situación y restituirle el justo derecho que tiene el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y las organizaciones de la economía social de poder contar con su propia aseguradora. Con base en los anteriores fundamentos sometemos a la consideración de las Señoras y Señores Diputados el presente proyecto de ley para su aprobación.

5 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DECRETA: LEY DE REFORMA DE LOS ARTICULOS 7 Y 47 DE LA LEY REGULADORA DEL MERCADO DE SERGUROS, LEY N DEL 22 DE JULIO DEL 2008 Y SUS REFORMAS. ARTÍCULO ÚNICO.- Modifíquese los artículos 7 y 47 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley Nº 8653 del 22 de julio del 2008 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera: Artículo 7.- Autorización administrativa a) Entidades de Derecho privado constituidas en Costa Rica como sociedades anónimas cuyo objeto social será, en forma exclusiva, el ejercicio de la actividad aseguradora. Las entidades pertenecientes a grupos financieros estarán sujetas al artículo 141 y siguientes de la Ley orgánica del Banco Central No. 7558, de 3 de noviembre de Los bancos públicos del Estado sólo podrán constituir esta clase de sociedades conforme lo dispuesto en el artículo 47 de esta Ley. Artículo 47.- Autorización para constituir sociedades anónimas para desarrollar la actividad aseguradora. Para efectos de desarrollar la actividad aseguradora se autoriza a las siguientes instituciones: a) Las cooperativas, las asociaciones solidaristas, la Caja de Ahorro y Préstamo de la Asociación Nacional de Educadores, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio y la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, para que constituyan, en forma conjunta o como accionista cada una de ellas, una o varias sociedades anónimas con el objeto social exclusivo de operar como entidad aseguradora en los términos del inciso a) del artículo 7 de esta Ley. Estas sociedades podrán ser constituidas con el Instituto Nacional de Seguros. A todas las sociedades constituidas se les aplicará, en todos sus extremos, lo dispuesto en esta Ley para las entidades aseguradoras. b) Al INS para que constituya, en forma conjunta con los bancos públicos del Estado, una única sociedad anónima, la cual tendrá como objeto social exclusivo

6 el ejercicio de la actividad aseguradora en los términos del inciso a) del artículo 7 de esta Ley. c) Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal para que constituya con organizaciones de la economía social, o empresas cuya propiedad en forma mayoritaria sea de estas organizaciones y que se dediquen a la actividad de intermediación de seguros, una única sociedad anónima, la cual tendrá como objeto social exclusivo el ejercicio de la actividad aseguradora en los términos del inciso a) del artículo 7 de esta Ley. En dicha sociedad podrá participar como socio el INS. d) Para el caso del inciso b), al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones deberán ser propiedad del INS. A estas sociedades se les aplicará, en todos sus extremos, lo dispuesto en esta Ley para entidades aseguradoras. Ninguna de las sociedades creadas al amparo de este artículo contará con la garantía del Estado. Rige a partir de su publicación. Julio Rojas Astorga DIPUTADO Nombre Firma

7 Noviembre, 2016