ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY LEY PARA SALVAGUARDAR EL DERECHO A LA SALUD DE LOS

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1 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY LEY PARA SALVAGUARDAR EL DERECHO A LA SALUD DE LOS ASEGURADOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL VARIOS SEÑORES DIPUTADOS Y SEÑORAS DIPUTADAS EXPEDIENTE Nº

2 NOTA: Este proyecto se encuentra en proceso de revisión en el Departamento de Servicios Parlamentarios y está sujeto a modificaciones de forma cuando así lo amerite. Además, está pendiente que se le asigne comisión para la publicación. PROYECTO DE LEY LEY PARA SALVAGUARDAR EL DERECHO A LA SALUD DE LOS ASEGURADOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Expediente N.º ASAMBLEA LEGISLATIVA: En Costa Rica el derecho a la salud es fundamental y tiene su sustento en los artículos 21, 46 (último párrafo), 50 (párrafo II) y 73 todos de la Constitución Política. Además de ello, en el artículo 2 de La Ley General de Salud, se señala que la función esencial del Estado de velar por la salud de las personas, corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, que ejerce la rectoría del sector salud. A nivel público la legislación sanitaria, ha sido encomendada a la Caja Costarricense de Seguro Social, cometido que se deriva del numeral 73 de nuestra Carta Magna. 2

3 Asimismo nuestra jurisprudencia constitucional establece que "( ) El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. También la Sala Constitucional ha conceptualizado el derecho a la salud como un derecho fundamental autónomo, el cual tiene su propio contenido esencial. Al respecto, señaló lo siguiente: Si bien es cierto que el derecho a la salud ha sido derivado del derecho a la vida y a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado por su interrelación con esos derechos, no podemos dejar de lado que este derecho fundamental es un derecho autónomo y con su propio contenido esencial. Basta sólo con consultar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su numeral 12, para percatarnos de lo que venimos afirmando. En efecto, en dicho instrumento internacional de derechos humanos se establece claramente el derecho de toda persona al disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo que el Estado y sus instituciones tienen el deber de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria. Lo anterior significa, ni más ni menos, la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de 3

4 condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos de calidad en caso de enfermedad. Al igual que otros derechos económicos, sociales y culturales el derecho a la salud es un derecho de naturaleza prestacional, lo que impone el deber del Estado y del ente descentralizado por servicio la Caja Costarricense de Seguro Social la prestación de un servicio público continuo, eficaz, eficiente, sin discriminación, adaptable, transparente y solidario a favor de los usuarios de los servicios de salud pública. Dicho lo anterior, el derecho a la salud comprende la disponibilidad de servicios y programas de salud en cantidad suficiente para los usuarios de estos servicios y destinatarios de estos programas. Por otra parte, el derecho a la salud también conlleva la accesibilidad a estos servicios y programas, cuya cuatro dimensiones son la no discriminación en el acceso a los servicios de salud, la accesibilidad física particularmente por parte de los más vulnerables-, la accesibilidad económica que conlleva la equidad y el carácter asequible de los bienes y servicios sanitarios- y la accesibilidad a la información. No menos importante es que los servicios y programas de salud sean aceptables, es decir, respetuosos con la ética médica, culturalmente apropiados, dirigidos a la mejora de la salud de los pacientes, confidenciales, etc. Por último, y no por ello menos significativo, el 4

5 derecho a la salud implica servicios y programas de calidad, lo que significa que tales servicios deben ser científica y médicamente apropiados Entonces podemos concluir que el derecho de la salud no sólo se deriva de los numerales 21 y 50 de la Constitución Política, sino también de los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluso, del numeral 46 de la Constitución Política que establece como un derecho de los consumidores y de los usuarios de los servicios públicos a que se les proteja su salud. Hoy nuestro país enfrenta una situación de emergencia nacional en materia de salud, al existir una escasez de especialistas en medicina para atender a los asegurados que esperan por una cita y que no reciben la atención requerida, este atraso en la atención podría atentar contra el derecho a la salud de muchos costarricenses. Por ello es necesaria la creación e implementación de un procedimiento vía excepción, mediante el cual se contraten especialistas médicos por medio de una declaratoria de inopia, para hacerle frente al faltante que existe hoy en día en los Centros Médicos, este mecanismo vendría a dar solución ante la emergencia de salud que enfrenta nuestro país con el faltante de estos médicos. La Presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social, María del Rocío Saénz Madrigal ha indicado, en varios medios de comunicación que de acuerdo con 5

6 estudios, para este año 2016 se requieren, con gran urgencia, especialistas en las diferentes regiones del país. Entre los especialistas que más urge contratar son anestesiólogos, radiólogos, ginecoobstetras, ortopedistas y traumatólogos, cirujanos generales y pediatras, entre otros profesionales. Así mismo las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social han demostrado que en muchas zonas rurales o urbanas fuera del GAM, persisten grandes dificultades para contratar la cantidad de médicos especialistas que se requiere, utilizando la normativa y reglamentación de contratación vigente. Tan solo en la región Brunca de Costa Rica hacen falta 13 especialistas. A pesar de toda la problemática antes expuesta no se ha establecido un procedimiento especial y vía excepción para la contratación de especialistas en medicina y que sea una salida a este conflicto. Por tal motivo, es un imperativo social abordar este tema, por lo cual se presenta este proyecto de ley, que pretende adicionar un artículo artículo 7 bis, a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica Ley 3019, del 8 de agosto de Este nuevo artículo regulará el procedimiento para la inscripción de profesionales en medicina, por el mecanismo de inopia, para resolver el faltante que sufre la Caja Costarricense del Seguro Social, en las diferentes regiones del país. También el artículo 7 bis, establece un plazo de 15 días hábiles para la inscripción de profesionales en medicina por inopia, regula vía excepción la contratación de médicos extranjeros solo cuando no existieren médicos costarricenses dispuestos 6

7 a prestar sus servicios a las instituciones, esto siempre que exista la declaratoria de inopia, además se establece que en todas las contrataciones realizadas por inopia los atestados de los profesionales en medicina serán sometidos a la revisión respectiva por el Colegio de Médicos y Cirujanos. En consideración a lo expuesto, se somete a conocimiento de la Asamblea Legislativa la siguiente propuesta de ley con la clara intención de salvaguardar el derecho a la salud de los asegurados de la Caja Costarricense del Seguro Social de nuestro país. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: LEY PARA SALVAGUARDAR EL DERECHO A LA SALUD DE LOS ASEGURADOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Artículo único: Adiciónese de un artículo 7 bis, a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica Ley 3019, del 8 de agosto de 1962, el cual se leerá de la siguiente manera: ARTÍCULO 7 BIS: Cuando exista una declaratoria de inopia, la inscripción de profesionales en medicina por su naturaleza extraordinaria, deberá realizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 7

8 No será aplicable lo dispuesto en los incisos b), d), e), g), h) del artículo anterior, para los médicos extranjeros ni para los médicos costarricenses graduados en el extranjero, cuando sean contratados por la modalidad de inopia. Los médicos extranjeros sólo podrán ser contratados cuando no hubiere médicos costarricenses dispuestos a prestar sus servicios en las condiciones requeridas por esas instituciones, con excepción de la declaratoria de inopia. En todos los casos, mencionados en el párrafo anterior, se deberá realizar la revisión de atestados por el Colegio de Médicos y Cirujanos. Rige a partir de su publicación Luis Alberto Vásquez Castro 8

9 DIPUTADOS Y DIPUTADAS 9