Lima, trece de diciembre de dos mil dieciséis

Transcripción

1 SUMILLA.- El incumplimiento de las obligaciones prescritas en el artículo 27 de la Ley N dan lugar a la cancelación del registro e inhabilitación para que las empresas de intermediación laboral desarrollen sus actividades; sin embargo, no sanciona con la desnaturalización los contratos celebrados con ausencia de dicha formalidad. Lima, trece de diciembre de dos mil dieciséis VISTA; la causa número cinco mil quinientos cuatro, guion dos mil quince, guion, en audiencia pública de la fecha; y luego de producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: El recurso de casación interpuesto por el demandante, Juan Guillermo Valderrama Pérez, mediante escrito presentado con fecha diez de abril de dos mil quince, que corre en fojas mil cincuenta y dos a mil sesenta, contra la Sentencia de Vista de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, que corre en fojas mil treinta y ocho a mil cuarenta y ocho, que confirmó la Sentencia de primera instancia de fecha catorce de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas novecientos ochenta y nueve a mil tres, que declaró infundada la demanda; en el proceso ordinario laboral seguido con la demandada, Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (EGASA), sobre desnaturalización de contratos y reposición. CAUSALES DEL RECURSO: 1

2 Mediante resolución de fecha siete de setiembre de dos mil dieciséis, que corre en fojas noventa y cuatro a noventa y ocho del cuaderno de casación, se ha declarado procedente el recurso interpuesto por las causales de: i) inaplicación del Artículo 13 y numeral 26.1 del Ar tículo 26 y 27 de la Ley N 27626, Ley que regula la actividad de las empres as especiales de servicio y de las cooperativas de trabajadores, y del Artículo 8 del Decreto Supremo N TR, que establece las d isposiciones para la aplicación de las Leyes Nos y 27696, que regulan la Actividad de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores; ii) interpretación errónea del Artículo 3 de la Le y N 27626, Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicio y de las cooperativas de trabajadores; iii) de los numerales 3) y 5) del Artículo 139 de la Constitución Política del Perú; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo al respecto. CONSIDERANDO: Primero: Vía judicial Mediante escrito de demanda, que corre en fojas ciento treinta y siete a ciento sesenta y dos, se aprecia que el actor solicita se declare la desnaturalización de los contratos de trabajo por la modalidad de necesidades de mercado, suscritos con la demandada Corporación RyH S.A.C. por los cuales se le destacó a la codemandada Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (EGASA) vía intermediación laboral desde el siete de enero de dos mil ocho; y consecuentemente, en aplicación del principio de primacía de la realidad se declare una relación laboral de naturaleza indeterminada entre su persona y EGASA, desde el siete de enero de dos mil ocho. Por otro lado, solicita se ordene a EGASA que lo reponga laboralmente en el cargo de asistente de área 2

3 de división de obras e hidrología u otro de similar jerarquía, por haber sido objeto de un despido incausado. Segundo: El juez del Segundo juzgado de trabajo de la corte superior de justicia de Arequipa declara infundada la demanda al considerar que: i) si bien no es causal de desnaturalización la ejecución de la actividad principal de la empresa, si constituye una prohibición o supuesto de improcedencia de la intermediación laboral; ii) la demandada Egasa es una empresa estatal generadora de electricidad y el área donde prestó servicios el demandante (división de obras e Hidrología) constituyen actividades secundarias y en modo alguno consustanciales al giro del negocio, si bien ejecuta obras de infraestructura, estas no son permanentes; iii) las obras en etapa de ejecución donde participó el demandante fueron temporales (fojas 88 y siguientes); iv) ni el Manual de Descripción de Puestos de la demandada Egasa ni los cuadros de Asignación de Personal (fojas 248 y 876 y siguientes) contempla el puesto de Asistente que dice haber desempeñado el demandante, v) los contratos modales suscritos entre el demandante y la corporación R y H SAC para que el demandante preste servicios en la empresa usuaria (Egasa) se justifican porque la codemandada citada ganó la buena pro para dotar de personal a la empresa Egasa. Tercero: La Primera Sala Laboral de la misma Corte Superior, mediante Sentencia de Vista de fecha catorce de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas novecientos ochenta y nueve a mil tres, confirmó la Sentencia apelada luego de considerar que no se ha configurado la desnaturalización de los contratos laborales celebrados entre el actor y la co-demandada Corporación R y H SAC ni los contratos de intermediación celebrados entre la corporación antes citada y la empresa Egasa. 3

4 Cuarto: La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa quedan comprendidas en el mismo las causales que anteriormente contemplaba el artículo 56 de la Ley N 26636, Ley Procesal del Trabajo, relativas a la aplicación indebida, interpretación errónea, e inaplicación de una norma de derecho material. Quinto: A fin de proceder al análisis de las normas declaradas procedentes, es preciso señalar lo que las mismas establecen. Los incisos 3) y 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú señalan que: Son principios y derechos de la función jurisdiccional, 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. ( ) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. Por otro lado, los artículos 13, 26.1 del artículo 26 y artículo 27 de la Ley N 27626, Ley que regula la actividad de las empres as especiales de servicio y de las cooperativas de trabajadores, precisan: Artículo 13.- Obligatoriedad de la inscripción en el Registro La inscripción en el Registro es un requisito esencial para el inicio y desarrollo de las actividades de las entidades referidas en el Artículo 10 de la presente Ley. Su inscripción en el Registro las autoriza para desarrollar actividades de intermediación laboral quedando sujeta la vigencia de su autorización a la subsistencia de su Registro. 4

5 La inscripción en el Registro deberá realizarse ante la Autoridad Administrativa de Trabajo competente del lugar donde la entidad desarrollará sus actividades. Artículo 26.- Obligaciones de las empresas usuarias 26.1 Las empresas usuarias que contraten con una entidad se encuentran obligadas a solicitar la constancia de inscripción vigente de ésta, debiendo retener en su poder copia de la misma durante el tiempo de duración del contrato que las vincule. Artículo 27.- Apertura de sucursales de las entidades En caso de que la entidad con posterioridad a su registro, abra sucursales, oficinas, centros de trabajo o en general cualquier otro establecimiento, deberán comunicarlo dentro de los 5 (cinco) días hábiles del inicio de su funcionamiento. Si dichos establecimientos se encuentran ubicados en un ámbito de competencia distinto de aquel en el cual se registraron, deben comunicarlo a la Autoridad Administrativa de Trabajo de la jurisdicción donde van a abrir sus nuevos establecimientos, adjuntando copia de su constancia de registro. El incumplimiento de estas obligaciones determina la inmediata cancelación del Registro, encontrándose esta entidad inhabilitada para desarrollar sus actividades. El artículo 8 del Decreto Supremo N TR que establece las disposiciones para la aplicación de las Leyes Nos y 27696, que regulan la Actividad de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores establece que: 5

6 Artículo 8.- Autoridad competente para la inscripción en el Registro. La inscripción en el Registro debe realizarse ante la Autoridad Administrativa de Trabajo competente del lugar donde la entidad tenga señalado su domicilio. La inscripción debe realizarse ante la Autoridad Administrativa de Trabajo de la localidad donde se encuentre la sede principal de la entidad. Cuando la entidad desarrolle actividades en lugares ubicados en una jurisdicción distinta a la que otorgó el Registro, la entidad debe comunicar a la Autoridad Administrativa de Trabajo del lugar donde desarrolla su actividad sobre la existencia y vigencia de su Registro, anexando la constancia correspondiente. El artículo 3 de la Ley N 27626, Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicio y de las cooperativas de trabajadores, prescribe lo siguiente: Artículo 3.- Supuestos de procedencia de la intermediación laboral La intermediación laboral que involucra a personal que labora en el centro de trabajo o de operaciones de la empresa usuaria sólo procede cuando medien supuestos de temporalidad, complementariedad o especialización. Sexto: Habiéndose declarado procedente el recurso de casación por normas procesales, así como por normas materiales, corresponde en primer término analizar la infracción normativa de carácter procesal, por lo que de ser declarada fundada corresponderá a esta Suprema Sala declarar fundado el recurso de casación propuesto y la nulidad de la resolución recurrida; de conformidad con el artículo 39 de la Ley N , Nueva Ley Procesal del 1 Ley N Nueva Ley Procesal del Trabajo Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la resolución recurrida y resuelve el conflicto sin devolver el proceso a la instancia inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca, si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados por el juzgado de origen. En caso de que la infracción normativa estuviera referida a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema dispone la nulidad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita 6

7 Trabajo, en sentido contrario, de no presentarse la afectación alegada por el recurrente, se procederá al análisis de las normas de carácter material. Sétimo: Infracción de orden procesal Con respecto a la infracción del debido proceso debe tenerse en cuenta respecto al inciso 3) del artículo 139 de la Const itución Política del Perú, que entre los distintos elementos integrantes al derecho del debido proceso, están necesariamente comprendidos: a) Derecho a un juez predeterminado por la ley (juez natural); b) Derecho a un juez independiente e imparcial; c) Derecho a la defensa y patrocinio por un abogado; d) Derecho a la prueba; e) Derecho a una resolución debidamente motivada; f) Derecho a la impugnación; g) Derecho a la instancia plural; h) Derecho a no revivir procesos fenecidos. Debemos precisar, que en el caso materia de autos no se ha cuestionado la razonabilidad ni la proporcionalidad de la decisión adoptada por los magistrados, por lo que, no corresponde emitir pronunciamiento respecto al debido proceso desde su perspectiva sustantiva o material. Octavo: Con respecto a la infracción normativa del inciso 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, debemos decir que el Tribunal Constitucional en su Sentencia de fecha trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el un nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió. 7

8 Expediente N HC, respecto de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en su sexto fundamento ha expresado lo siguiente: ( ) Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.º AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Asimismo, el sétimo fundamento de la referida Sentencia ha señalado que el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales queda delimitado entre otros por los supuestos siguientes: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) Falta de motivación interna del razonamiento, c) Deficiencias en la motivación externa: justificación de las premisas, d) Motivación insuficiente, e) Motivación sustancialmente incongruente y f) Motivaciones cualificadas. Noveno: Analizada la Sentencia impugnada se advierte que el Colegiado Superior ha cumplido con los requisitos que prevén los incisos 3) y 4) del artículo 122 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27524, publicada el seis de octubre de dos mil uno; es decir, que al resolver el presente proceso, no ha vulnerado la garantía constitucional del derecho al debido proceso ni el de motivación de las resoluciones judiciales; por lo que, no existe infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú; motivo por el cual, la causal invocada deviene en infundada. Décimo: Infracción de orden sustantivo 8

9 Al haberse declarada infundada la causal de orden procesal, es pertinente emitir pronunciamiento sobre las normas de carácter sustantivo. Del recurso casatorio se tiene que el asunto controvertido es la desnaturalización del contrato de intermediación laboral sostenido entre las partes, habiendo establecido las instancias de mérito que las funciones desarrolladas por el actor son una actividad temporal en relación a la actividad principal que desarrolla; por lo tanto, debemos verificar si la Sentencia impugnada ha desarrollado adecuadamente los fundamentos fácticos y jurídicos que justifiquen su decisión. Décimo Primero: La intermediación laboral se encuentra regulada por la ley de las Empresas Especiales de Servicios (services) y las cooperativas de trabajadores, N y su Reglamento, aprobado po r Decreto Supremo N TR, normas que han delimitado las actividades de las entidades de intermediación laboral que, hasta antes de su dación, estaban reguladas de manera amplia por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral; efectivamente, hasta antes del año dos mil dos, año de la dación de la Ley sobre intermediación laboral, se permitía la utilización de esta figura en todo tipo de actividades (temporales o permanentes, principales, complementarias y especializadas); asimismo, se establecía como límite cuantitativo el cincuenta por ciento (50%) del personal de la usuaria, permitiéndose incluso la contratación de personal destacado a la empresa usuaria para reemplazar a trabajadores en huelga; situación que fue modificada por la Ley en comento y su Reglamento, que delimitan las actividades que pueden ser intermediadas (actividades complementarias, altamente especializadas o temporales); y, posteriormente con la modificación de dichas normas mediante Decreto Supremo N TR se ha ampliado el ámbito de las actividades principales y limitando más el concepto de lo que debe entenderse como actividades complementarias. 9

10 Décimo Segundo: En cuanto a la normatividad regulatoria de la intermediación laboral, la Ley N señala: ''Artículo 11.- De las empresas de servicios Las empresas de servicios temporales son aquellas personas jurídicas que contratan con terceras denominadas usuarias para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante el destaque de sus trabajadores para desarrollar las labores bajo el poder de dirección de la empresa usuaria correspondientes a los contratos de natural a ocasional y de suplencia previstos en el Título II del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº TR Las empresas de servicios complementarios son aquellas personas jurídicas que destacan su personal a terceras empresas denominadas usuarias para desarrollar actividades accesorias o no vinculadas al giro del negocio de éstas Las empresas de servicios especializados son aquellas personas jurídicas que brindan servicios de alta especialización en relación a la empresa usuaria que las contrata. En este supuesto la empresa usuaria carece de facultad de dirección respecto de las tareas que ejecuta el personal destacado por la empresa de servicios especializados". Décimo Tercero: Por su parte, el Decreto Supremo Nº TR, modifica el artículo 1 del Decreto Supremo Nº TR, en los siguientes términos: ''Artículo 1.- De las definiciones. Actividad principal: Constituye actividad principal de la empresa usuaria aquélla que es consustancial al giro del negocio. Son actividad principal las diferentes etapas del proceso productivo de bienes y de prestación de servicios: exploración, explotación, transformación, producción, organización, administración, comercialización y en general toda actividad sin cuya ejecución se afectaría y/o interrumpiría el funcionamiento y desarrollo de la empresa. Actividad complementaria: Constituye actividad complementaria de la empresa usuaria aquélla que es de carácter auxiliar, no vinculada a la actividad principal, y cuya ausencia o falta de ejecución no interrumpe la actividad empresarial, tal como las actividades de vigilancia, seguridad, 10

11 reparaciones, mensajería externa y limpieza. La actividad complementaria no es indispensable para la continuidad y ejecución de la actividad principal de la empresa usuaria. (... )". Asimismo el artículo 3 de la Ley Nº 27626, establece: ''Artículo 3.- Supuestos de procedencia de la intermediación laboral. La intermediación laboral que involucra a personal que labora en el centro de trabajo o de operaciones de la empresa usuaria sólo procede cuando medien supuestos de temporalidad, complementariedad o especialización. Los trabajadores destacados a una empresa usuaria no pueden prestar servicios que impliquen la ejecución permanente de la actividad principal de dicha empresa". Décimo Cuarto: En ese orden de ideas, los dispositivos antes referidos han delimitado los supuestos de intermediación laboral a tres casos específicos, regulando para ellos tres tipos de empresas de servicios: 1) empresas de servicios temporales, 2) empresa de servicios complementarios y, 3) empresas de servicios especializados. En consecuencia, los trabajadores destacados a una empresa usuaria no pueden prestar servicios que impliquen la ejecución permanente de la actividad principal o complementaria, temporal o permanente, que la empresa usuaria tiene facultades de fiscalización y dirección de personal destacado, y no interesa el resultado de los servicios, sino simplemente que el intermediador provea de la mano de obra a la empresa usuaria. Décimo Quinto: En relación a los artículos 13, 26.1 y 27 de la Ley N 27626, invocadas como causales del recurso y precisadas en el considerando quinto de la presente resolución, estas prescriben requisitos de formalidad a ser observadas por las empresas que realizan intermediación laboral. Décimo Sexto: En el caso concreto, conforme se advierte del petitorio de la demanda, que corre en fojas ciento cincuenta y ocho, el actor solicita la desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad que mantuvo 11

12 con Corporación R Y H SAC desde el siete de enero de dos mil ocho al uno de julio de dos mil once. Por otro lado, tanto en el recurso de casación, como en el informe oral realizado ante este Tribunal Supremo (min 28: 52) la defensa del demandante insiste en que la intermediación laboral no ha existido, toda vez que la co-demandada Corporación R Y H SAC jamás se encontró autorizada para destacar personal en la ciudad de Arequipa, pues, la empresa recién obtuvo la autorización el nueve de diciembre de dos mil once, fecha posterior al récord laboral del demandante que comprendió el uno de julio de dos mil once. Décimo Sétimo: Corresponde analizar las normas materiales denunciadas por el recurrente las mismas que se refieren a las formalidades que deben observar las empresas dedicadas a la intermediación laboral y si estas correspondían ser aplicadas al caso concreto. Décimo Octavo: El artículo 13 de la Ley N establece la ob ligatoriedad de la inscripción de la empresa intermediadora en el registro correspondiente, ante la autoridad administrativa de trabajo competente del lugar donde la empresa desarrollará sus actividades, empero, la Resolución Ministerial N TR, publicada en el Diario El Peruano el dos de noviembre de dos mil cuatro, aplicable por razón de temporalidad, contempla la posibilidad de la inscripción de las empresas que realizan actividades de intermediación laboral señalando un domicilio principal, así como establecimientos anexos. Décimo Noveno: En el orden de ideas expuesto, las empresas de intermediación laboral para operar en el mercado necesitan, además de ser creadas exclusivamente para brindar ese tipo de servicios, tener vigente su inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral (RENEEIL). Esta inscripción tiene como período de vigencia un año, y su renovación de inscripción puede ser solicitada, solo antes de su vencimiento. 12

13 Vigésimo: Según se aprecia del contrato de locación de servicios de dotación de personal que corre en fojas ciento noventa y ocho a doscientos catorce suscrito entre la empresa demandada Egasa y la Co- demandada R y H SAC, esta última se obligó a brindarle el servicio de dotación de personal para ejecutar trabajos relacionados con los proyectos Presa Bamputañe, Presa Chalhuanca y traslado de turbinas de la Central Térmica de Mollendo a Pisco, encargándose del reclutamiento, selección, evaluación y/o asignación de personal. El demandante señala en su demanda que realizó distintas funciones: asistente de obras, geólogo de proyectos especiales y labores de procesamiento de datos; versión que la varía en la vista de la causa al sostener ante el Tribunal Supremo que realizó labores de ingeniero geólogo para proyectos de hidroenergéticos (min 18:45) resaltando que eran labores que correspondían a la actividad principal de la demandada, ejecutando labores que están precisadas en el Manual de Organización y Funciones de la empresa. Vigésimo Primero: Ahora bien, la co-demandada Corporación R y H SAC es una empresa cuya actividad económica es realizar servicios temporales, servicios complementarios y servicios especializados (fojas ochocientos noventa y seis a ochocientos noventa y ocho) inscrito en el Registro de Empresas y Entidades que realizan actividades de Intermediación Laboral desde el veintitrés de marzo de dos mil cinco, cumpliendo con registrar la variación de su domicilio, ampliación de establecimientos anexos, ampliación del objeto social, ampliación de actividades y renovación en el Registro entre el año dos mil cinco al dos mil doce conforme se menciona en el informe que brinda el responsable del Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de Intermediación Laboral en su Informe N M TPE/1/20.52-RA- RENEEIL que corre en fojas ochocientos noventa y cuatro; y conforme aparece en fojas novecientos nueve a novecientos diez, la co-demandada cumplió con registrar el establecimiento anexo ubicado en el Departamento de Arequipa en 13

14 los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, y con Registro N DRTPELM- DPECL/RENEEIL la vigencia de sus actividades comprendió del veintitrés de marzo de dos mil once al veintidós de marzo de dos mil doce, quedando autorizada a operar en la Agencia ubicada en el Departamento de Arequipa (fojas novecientos setenta y uno a novecientos ochenta y dos). En tal sentido, está acreditado que la co-demandada antes citada cumplió con las formalidades exigidas por la ley. Vigésimo Segundo: Este Colegiado Supremo puede colegir que por el período en que el actor solicita la desnaturalización de sus contratos a la codemandada, si contaba con el registro respectivo. Vigésimo Tercero: En cuanto a que desarrolló labores que implican la ejecución permanente de la actividad de la empresa, es de advertir que las boletas de pago que corre en fojas veinticuatro y siguientes, fojas setecientos quince y setecientos veintisiete, consignan que el actor prestó servicios como asistente de obras, procesador de datos y no como ingeniero geólogo, y si bien ocupó el cargo de Jefe de División de Obras e Hidrología, lo hizo bajo un contrato de suplencia donde el trabajador permanente a ser reemplazado tenía dicho cargo y conforme al cuadro de asignación de personal de la demandada Egasa (fojas seiscientos noventa y ocho), los cargos desempeñados por el demandante no se encuentran dentro de la unidad denominada División de Obras e Hidrología dependencia estructural que cita el actor como sustento de la desnaturalización de sus contratos con la co-demandada. Vigésimo Cuarto: Por lo expuesto, este Colegiado considera que las causales de infracción normativa de los artículos 3, 13 y numeral 26.1 del artículo 26 y 27 de la Ley N 27626; y artículo 8 del Decreto S upremo N TR no han sido infraccionadas por el Colegiado Superior, deviniendo en infundadas. 14

15 Por estas consideraciones: DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante, Juan Guillermo Valderrama Pérez, mediante escrito presentado con fecha diez de abril de dos mil quince, que corre en fojas mil cincuenta y dos; en consecuencia: NO CASARON la Sentencia de Vista de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, que corre en fojas mil treinta y ocho a mil cuarenta y ocho; y ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano conforme a ley; en el proceso seguido con la demandada, Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (EGASA) Y otro, sobre desnaturalización de contratos y reposición; interviniendo como ponente la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S. S. ARÉVALO VELA YRIVARREN FALLAQUE ARIAS LAZARTE DE LA ROSA BEDRIÑANA MALCA GUAYLUPO Htp 15