Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2012

Transcripción

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2012 Resultados

2 Obras complementarias publicadas por el INEGI sobre el tema: Memoria de actividades y documento de resultados de: Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009; Encuesta Nacional de Gobierno, Poder Ejecutivo Estatal 2010; Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. Catalogación en la fuente INEGI: Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (2012). Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2012 : Resultados / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2012. xi, 247 p. : il. ISBN Administración de justicia - México - Censo, Estadísticas. I. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). Si requiere más información sobre esta obra, favor de contactarnos a través de: Centros de consulta y comercialización (consulte el domicilio en Internet) Larga distancia sin costo: atencion.usuarios@inegi.org.mx Síguenos en: DR 2012, Instituto Nacional de Estadística y Geografía Edificio Sede Avenida Héroe de Nacozari Sur 2301 Fraccionamiento Jardines del Parque, Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, entre la calle INEGI, Avenida del Lago y Avenida Paseo de las Garzas

3 Presentación El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene bajo su responsabilidad suministrar a la sociedad y al Estado, información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, atendiendo al mandato constitucional de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Dicho Sistema se integra por cuatro subsistemas que agrupan los diversos campos de información de interés nacional de manera temática, lo que permite lograr que la generación, suministro y difusión de información se realice de manera ordenada y bajo esquemas integrales y homogéneos que conlleven al cumplimiento de los objetivos del SNIEG. Los subsistemas son los siguientes: Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Subsistema Nacional de Información Económica. Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente. Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. El Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), fue creado en diciembre de 2008 mediante acuerdo de la Junta de Gobierno del INEGI, como propuesta del Consejo Consultivo, tal como se establece en la fracción III del artículo 15 de la Ley del SNIEG. El SNIGSPIJ tiene como objetivo estratégico: Institucionalizar y operar un esquema coordinado para la producción, integración, conservación y difusión de información estadística y geográfica de interés nacional, de calidad, pertinente, veraz y oportuna que permita conocer la situación que guardan la gestión y el desempeño de las instituciones públicas que conforman al Estado Mexicano y a sus respectivos poderes en las funciones de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, para apoyar los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en estas materias. En función de esto, el INEGI pone a disposición de los usuarios de la información los Resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE 2012), como un producto de información del SNIGSPIJ relativo a la gestión y desempeño de las instituciones públicas de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal en su función de impartición de justicia, a efecto de que dicha información se vincule al quehacer gubernamental dentro del

4 proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en la materia. En el presente documento se ofrece una descripción general del proyecto y cinco módulos con los resultados del mismo. En el primero de ellos se ofrece información sobre algunos elementos básicos que ayudan a comprender la gestión y desempeño de los poderes judiciales estatales y del Distrito Federal a partir de su estructura organizacional; los recursos humanos y materiales con los que cuentan; el presupuesto ejercido; el ejercicio de funciones específicas como control interno, así como planeación y evaluación; transparencia y anticorrupción; trámites y servicios; así como las disposiciones normativas internas que los regulan. En el módulo 2 se brindan datos sobre del ejercicio de la función de impartición de justicia en materia penal referente a todas las etapas del proceso, es decir: las existencias al inicio del año, los ingresos o aperturas, así como las bajas o cierres durante el año y finalmente, las existencias al cierre del año, tanto para las averiguaciones previas correspondientes al Sistema Inquisitorio o de Juicios Tradicionales, como para las carpetas de investigación correspondientes al nuevo Sistema Acusatorio Oral; de igual manera se entrega información relativa a la cantidad de delitos contenidos en ellas. En el tercer módulo se encuentran cifras sobre el proceso completo de impartición de justicia para adolescentes, en donde se pueden encontrar datos sobre los asuntos en existencia al inicio del año; los radicados y concluidos durante el año, así como los asuntos en existencia al cierre del año; de igual manera se entrega información relativa a la cantidad de conductas antisociales registradas en ellos. Para el caso de asuntos radicados, se ofrece además la cantidad de víctimas y adolescentes procesados. En el módulo 4 se presentan datos sobre del ejercicio de la función de impartición de justicia en todas las materias (excepto en materia penal) referente a todas las etapas del proceso, es decir: los expedientes en existencia al inicio del año, los que fueron abiertos y los que fueron dados de baja durante el año, y, finalmente, las existencias remanentes al cierre del año. Por último, en el módulo 5 se tiene información sobre esquemas de solución de conflictos bajo el sistema de justicia alternativa, mediación o conciliación, en términos de la estructura organizacional y los recursos humanos y materiales con los que cuentan; el presupuesto ejercido y, finalmente sobre el total de expedientes en existencia al inicio del año, las aperturas y cierres durante el año, así como aquellos que permanecieron al final del año. En todos los casos se ofrece la cantidad de delitos contenidos en los referidos expedientes. Para ello, además de presentar una descripción general del proyecto, se muestran algunos cuadros estadísticos que, de acuerdo con lo establecido anteriormente y lo descrito en la Memoria

5 de Actividades, 1 contienen los principales resultados agregados a nivel nacional y por entidad federativa. 2 La Memoria de Actividades del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2012, es parte de la serie documental de este proyecto, en la que se registran entre otras cosas, las actividades propias del mismo en cada una de sus etapas.

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7 ÍNDICE Introducción Descripción general del proyecto 1. Estructura organizacional y recursos 2. Impartición de justicia en materia penal 3. Justicia para adolescentes 4. Impartición de justicia en todas las materias (excepto materia penal) 5. Justicia alternativa Índice de cuadros Glosario IX

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9 Introducción Con la entrada en vigor de la Ley del SNIEG, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008, se establece un nuevo marco regulatorio para el INEGI, como organismo público del Estado Mexicano con autonomía técnica y de gestión y responsable, principalmente, de coordinar y normar el SNIEG. Ante ello, el INEGI asumió nuevas atribuciones conferidas por Ley para conducir su desempeño en el marco del Sistema, a efecto de proveer oportunamente a la sociedad información de interés nacional a través de la coordinación entre los integrantes del Sistema y la adopción generalizada de estándares nacionales e internacionales, buscando siempre que las instituciones públicas cuenten con información de calidad para desarrollar sus procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de una manera eficaz, lo que permite apoyar, tanto el desarrollo como los asuntos de interés nacional. De esta forma, el SNIGSPIJ pone énfasis en la generación de información que permita conocer aspectos relevantes de la gestión y operación de las instituciones públicas de los tres poderes y de los tres ámbitos de gobierno que conforman al Estado Mexicano. Este conjunto de información es fundamental para que las instituciones públicas, como usuarias primordiales de esta información, cuenten con información integral, suficiente y de calidad, que les soporte en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas que, en principio, atiendan a la conservación y respeto del Estado de Derecho, y que al mismo tiempo permitan una mejor gestión y desempeño de la acción gubernamental. En ese contexto y particularmente en este proyecto, para el SNIGS- PIJ es esencial producir información sobre la gestión y la operación de las instituciones públicas de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal en su función de impartición de justicia, a efecto de que dicha información se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en la materia. El presente documento muestra, en primer lugar, una descripción general de las actividades que conformaron el proyecto; en él se menciona de manera resumida cada una de las etapas que lo integraron, desde la planeación operativa, hasta la de generación de productos. Posteriormente, se presenta información de los cuatro módulos que agruparon los temas que fueron abordados en el proyecto, en 67 cuadros estadísticos con desagregación nacional y por entidad federativa. ix

10 En seguida se muestra la estructura temática de los cuadros estadísticos referidos: 23 tabulados correspondientes al módulo 1 con información de la conformación del Pleno de los tribunales superiores de justicia y de los respectivos consejos de la judicatura; la estructura organizacional, así como los recursos humanos y materiales de los órganos jurisdiccionales y administrativos de los tribunales superiores de justicia; el ejercicio de funciones específicas como control interno y planeación; transparencia y acceso a la información; trámites y servicios; así como el marco regulatorio bajo el que operan. 16 cuadros estadísticos para el módulo 2 con información del ejercicio de la función de impartición de justicia en materia penal referente a todas las etapas del proceso, tanto para el sistema Inquisitorio o de Juicios Tradicionales, como para el Acusatorio Oral, es decir: los expedientes y asuntos en trámite al inicio del año; los ingresados o abiertos durante el año, así como los delitos, víctimas, procesados y sentenciados contenidos en ellos; los expedientes y asuntos que causaron baja durante el año y la cantidad de delitos registrados en los mismos; y finalmente, los expedientes y asuntos en existencia al cierre del año. 12 cuadros estadísticos sobre el módulo 3 con información del ejercicio de la función de impartición de justicia en materia penal para adolescentes referente a todas las etapas del proceso, es decir: los asuntos en trámite al inicio del año, los radicados y concluidos durante el año, así como los asuntos existentes al cierre del año; de igual manera se presenta información sobre las conductas antisociales, las víctimas y los procesados contenidos en los asuntos referidos 4 cuadros estadísticos para el módulo 4 con información del ejercicio de la función de impartición de justicia en todas las materias (excepto materia penal) para todas las etapas del proceso. En ellos se encuentran datos sobre los expedientes existentes al inicio del año, las aperturas y bajas durante el año y las existencias al cierre del año. 12 cuadros estadísticos para el módulo 5 con información sobre justicia alternativa en los que se encuentran datos sobre la estructura organizacional, recursos humanos y materiales de los centros de justicia alternativa, mediación o conciliación; también se ofrecen datos sobre el propio ejercicio de la función en términos de justicia alternativa con datos sobre los expedientes existentes al inicio del año, las aperturas y bajas durante el año y las existencias al cierre del año, así como los delitos contenidos en ellos. Si bien en el presente documento se hace referencia a parte de la información recabada mediante este censo, en la página de internet del Instituto, en la sección correspondiente a Censos de Gobierno, 2 en la liga de Consulta en línea del espacio destinado al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2012, se puede acceder a la totalidad de información que es susceptible de poner a disposición de los usuarios acorde con lo señalado en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como lo 2 x

11 establecido en el apartado de Diseño estratégico y Diseño conceptual de la Memoria de Actividades de este censo. También resulta pertinente mencionar que los datos contenidos en los tabulados que se presentan en este documento y en los medios de difusión que se utilicen, deriva de lo reportado por los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas y en su lectura o análisis debe considerarse que sólo hace referencia al ámbito de las atribuciones y responsabilidades de dichos órganos de los gobiernos estatales o del Distrito Federal, sin incluir información correspondiente a juzgados, salas o tribunales en materia electoral, fiscal, administrativa, laboral o agraria. Por último, al final del documento se presenta un glosario de términos con el fin de proveer una herramienta de apoyo para los usuarios en la interpretación y aprovechamiento de la información derivada del censo. XI

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13 Descripción general del proyecto Con la finalidad de presentar los aspectos metodológicos y procedimientos propios de los trabajos del CNIJE 2012 relativos a la recopilación, procesamiento, tratamiento y presentación de los datos e información estadística, el presente apartado contiene una exposición resumida de cada una de las etapas que conformaron el proyecto, así como algunos resultados relevantes del mismo. Es importante mencionar que el documento Memoria de Actividades del CNIJE 2012 presenta de manera más detallada los aspectos referidos. El objetivo general del proyecto consistió en Generar información estadística y geográfica de los tribunales superiores de justicia en las entidades federativas, con la finalidad de que dicha información se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en la materia de impartición de justicia, mismo que, para poder clarificar los alcances y orientar adecuadamente los resultados a lograr en cada uno de los temas que se propusieron en el proyecto, se derivó en los nueve objetivos específicos que se mencionan a continuación: 1. Captar información que permita dar a conocer la forma de organización del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en cada una de las entidades federativas, a partir de su integración y características de los mismos. 2. Conocer las características de organización, así como distribución de los recursos humanos, presupuestales y materiales, de los órganos jurisdiccionales y administrativos que integran a los tribunales superiores de justicia y consejos de la judicatura en cada una de las entidades federativas. 3. Identificar las características básicas del ejercicio de funciones de control interno, planeación y/o evaluación, estadística, así como, de transparencia y anticorrupción del Poder Judicial en cada una de las entidades federativas. 4. Identificar información básica sobre los trámites y servicios, así como del gobierno electrónico que presta el Tribunal Superior de Justicia. 5. Conocer el marco regulatorio que rige al Tribunal Superior de Justicia en las entidades federativas. 6. Recopilar información que permita conocer los procedimientos penales instaurados ante los órganos jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia en cada una de las entidades federativas en sus diversas etapas, así como de los delitos, víctimas y procesados y sentenciados registrados en los mismos. 7. Identificar y conocer las características de la infraestructura y del ejercicio de la función de impartición de justicia para adolescentes. 8. Recopilar información para conocer sobre la existencia de asuntos de carácter civil, mercantil, familiar y arrendamiento, según su etapa procesal. 9. Identificar y conocer las características de la infraestructura destinada a los centros de justicia alternativa y/o mediación y/o conciliación en las entidades federativas, así como del ejercicio de la función de impartición de justicia alternativa. Para lo anterior, se estableció que la cobertura tendría que corresponder a la totalidad de las entidades federativas bajo la temática descrita en la presentación de este documento. Así, a fin de contar con referentes que apoyaran el logro de los objetivos de este ejercicio, el INEGI estableció una estrategia de coordinación con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), para determinar los canales de comunicación e intercambio de información con diversas instituciones y organismos encargados de llevar a cabo la función de impartición de justicia en cada entidad federativa. De esta forma, a través de la participación del Instituto en las reuniones de zona y plenarias de dicha Comisión durante el año, se presentó el instrumento de captación y el esquema general del levantamiento, con la finalidad de contar con el apoyo y acuerdo de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia que integran este órgano, para su correcta implementación. En este contexto, se programaron nueve etapas en las que se desarrollaron las actividades comprendidas en el proyecto, originalmente planeadas para desarrollarse entre el 15 de agosto de y el 31 de agosto de 2012, 3 bajo la coordinación de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (DGEGSPJ), y con el apoyo de la Dirección General Adjunta de Encuestas Sociodemográficas y Registros Administrativos (DGAESRA), adscrita esta 3 Derivado de los avances que se tuvieron en la etapa de levantamiento programada, la cual requirió apoyos y asesoría adicionales por parte de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia y los representantes operativos de las coordinaciones estatales del Instituto para el llenado del cuestionario, se amplió el periodo de levantamiento hasta el mes de agosto de 2012, con lo que se recorrieron las fechas posteriores del programa de actividades. 1

14 última a la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. A continuación se describen de manera general las actividades correspondientes a cada una de las etapas, resaltando sus principales elementos. La primera etapa, correspondiente a la planeación general del proyecto, consistió en el diseño de la estrategia de seguimiento y control de las actividades relacionadas con el levantamiento de la información, la elaboración del documento de Planeación General del Proyecto, así como a la definición de las actividades a desarrollarse a lo largo de todo el proyecto. La segunda etapa, denominada diseño y generación del instrumento de captación y ficha metodológica, incluyó el diseño del cuestionario y la elaboración de la primera versión preliminar del mismo, así como de las fichas metodológica e informativa del proyecto. Para ello, se llevaron a cabo diferentes consultas con los integrantes de la CONATRIB, para acordar los contenidos y marco conceptual del instrumento de captación. La tercera etapa, en la cual se revisó el instrumento de captación, incluyó la presentación del cuestionario en su versión preliminar a los miembros del Comité Técnico Especializado de Impartición de Justicia (CTEI-IJ) a fin ponerlo a su consideración para su revisión, discusión y consenso en aquellos elementos en los que hubiera divergencias. Así mismo, se recibieron y, en la medida de lo posible se atendieron, aquellos comentarios orientados a la mejora del cuestionario La elaboración del cuestionario definitivo constituyó la cuarta etapa del proyecto. Al mismo tiempo se elaboraron los documentos de apoyo necesarios para llevar a cabo el levantamiento de la información. La quinta etapa, correspondiente a la planeación operativa, incluyó los trabajos de definición de la planeación para el levantamiento, la estrategia de seguimiento y control del mismo, así como el esquema de captación de información. Parte de esta etapa implicó también la definición de funciones para los participantes y la asignación de responsabilidades durante las actividades del operativo. Como sexta etapa del proyecto, se llevó a cabo una reunión de trabajo con los Directores Regionales y 2 Coordinadores Estatales para darles a conocer los elementos de la planeación operativa del levantamiento, así como las funciones y responsabilidades que cada participante tendría durante el mismo, se estableció la red de enlaces en las direcciones regionales y coordinaciones estatales y se llevaron a cabo reuniones de coordinación con los responsables operativos de las direcciones regionales y las coordinaciones estatales del Instituto. Durante la séptima etapa, ejecutada exclusivamente por la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, se llevó a cabo el diseño y la generación del mecanismo de integración de la base de datos, así como la elaboración de los criterio de validación de la base de datos que resultara definitiva. La octava etapa, que correspondió al levantamiento, inició con la entrega de los cuestionarios definitivos a los enlaces de las entidades federativas, a través de los responsables operativos de las direcciones regionales y coordinaciones estatales; en seguida se procedió al llenado de los cuestionarios por parte de los informantes, acompañados de un proceso de apoyo y aclaración de dudas sobre el mismo. Posteriormente se recibió en la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia la versión preliminar de los cuestionarios requisitados, iniciando ésta el proceso de prevalidación de la información entregada. En los casos en que se detectaron inconsistencias de información, se hicieron los comentarios pertinentes a los responsables operativos y los informantes realizaron los ajustes correspondientes. En seguida recibieron en la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia los cuestionarios con la información definitiva. Finalmente, una vez entregados los cuestionarios definitivos, como novena etapa se llevó a cabo la generación y validación de la base de datos preliminar, en donde se revisó la consistencia entre los archivos físicos y electrónicos y se aplicaron los criterios básicos de congruencia de los datos. Derivado de la realización de las etapas anteriores, que dieron paso a la integración de las bases de datos definitivas, la elaboración de la memoria de actividades, así como el presente documento de resultados; de igual manera, se dio inicio al proceso de difusión de los resultados del proyecto.

15 1. Estructura organizacional de órganos jurisdiccionales Los tribunales superiores de justicia de los estados y del Distrito Federal, a efecto de poder ejercer la función de Impartición de justicia que les ha sido encomendada, organizan su administración a partir de unidades administrativas, que tienen como propósito realizar las tareas tendientes a satisfacer las necesidades colectivas en la materia en las entidades federativas. Dichas unidades administrativas a su vez, se encargan de realizar determinadas actividades que sirven fundamentalmente para llevar a cabo el ejercicio efectivo de la función principal, que en este caso se refiere a la impartición de justicia. En algunos casos también se cuenta con órganos desconcentrados u organismos descentralizados, sectorizados a los poderes judiciales en los estados o el Distrito Federal, con la finalidad de apoyar algunas encomiendas específicas relevantes para el menor funcionamiento de sus respectivos sistemas judiciales. En este sentido, para entender el ejercicio de la función de impartición de justicia, así como para contar con información suficiente que apoye los procesos de política pública en la materia, resulta necesario identificar la manera en que los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas se estructuran, distribuyen y operan los recursos con los que cuentan para cumplir con las obligaciones establecidas en el marco regulatorio correspondiente. La presente sección muestra veintitrés tabulados que permiten identificar los elementos o características básicas de la estructura organizacional y recursos con los que contaron los órganos jurisdiccionales de los tribunales superiores de justicia del país, destinados al desarrollo de sus funciones. Para efectos del presente ejercicio, los órganos jurisdiccionales son aquellos órganos estatales atendidos por jueces y/o magistrados, encargados de la impartición de justicia, los cuales conocen de los juicios y pronuncian sus sentencias. En ellos únicamente estarán comprendidos los Juzgados, Salas y Tribunales que integran a los tribunales superiores de justicia en las entidades federativas, sin incluir lo correspondiente a juzgados, salas o tribunales en materia electoral, fiscal/administrativa, laboral o agraria, así como de órganos jurisdiccionales autónomos al Tribunal. Cabe hacer la aclaración que en algunos casos, de esta u otras secciones del cuestionario, los totales no coinciden con las cifras desagregadas debido a que, al momento de su aplicación, los informantes no contaron con datos o elementos para responder en algunos niveles de desagregación que se solicitaron. Los datos no desagregados se reflejan en los tabulados bajo el concepto de No especificado. Así mismo, es necesario subrayar que la información contenida en los tabulados de esta sección y las subsecuentes, deriva de lo reportado por las entidades federativas y en su lectura o análisis debe considerarse que sólo hace referencia al ámbito de las atribuciones y responsabilidades de los poderes judiciales de las entidades federativas, sin incluir información sobre órganos con máxima autoridad jurisdiccional que no forman parte de los tribunales superiores de justicia. En el cuadro 1.1 se puede identificar la existencia de 590 magistrados que conformaron el Pleno de los tribunales superiores de justicia, de los cuales 421 son hombres y 169 son mujeres. Así mismo, con la información presentada en el cuadro 1.3 conocemos que en total existían órganos jurisdiccionales, mismos que contaban con trabajadores adscritos a ellos, divididos en 636 magistrados, jueces, secretarios, actuarios, además, secretarios de estudio y cuenta, servidores de carrera judicial de otro tipo y puestos destinados al apoyo y administración (cuadro 1.4). En el cuadro 1.5 se presenta información sobre los rangos de edad de los magistrados y jueces adscritos a los órganos jurisdiccionales del país. Así, en el cuadro referido se puede apreciar que sólo 51 de ellos se encontraban en un rango de edad entre 18 y 29 años, 764 tenían entre 30 y 39 años de edad, iban de los 40 a los 49 años y, finalmente contaban con más de 50 años de edad. De estos mismos magistrados y jueces, tenían licenciatura concluida, han terminado estudios de maestría y sólo 179 contaron con estudios de doctorado. Para 176 no fue posible identificar su escolaridad (cuadro 1.6). Adicionalmente, en el cuadro 1.7 se muestra que en los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales 3

16 del país hay adscritas personas para realizar funciones diferentes a las de magistrados y jueces, pero que están encaminadas al apoyo de la función principal, tales como secretarios, actuarios, secretarios de estudio y cuenta y/o proyectistas, otros servidores de carrera judicial, personal administrativo y de apoyo y otros que sean considerados por los tribunales superiores de justicia. De ellos se encontraban en un rango de 18 a 29 años, tenían entre 30 y 39 años, fluctuaban entre los 40 y 49 años, mientras que contaban con más de 50 años de edad. De acuerdo con lo que se presenta en el cuadro 1.8, del total del personal (sin incluir magistrados ni jueces) contaron con un nivel escolar máximo de secundaria, habían estudiado la preparatoria o una carrera técnica o comercial, contaron con licenciatura y sólo habían terminado estudios de maestría o doctorado. En el cuadro 1.9 se presentan los resultados sobre bienes inmuebles. En él se puede identificar que los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales contaron con bienes inmuebles, 615 de los mismos son propios, 539 rentados y 509 se encontraban bajo otra clasificación. Para 55 bienes inmuebles los informantes no contaron con información suficiente para especificar su tipo de propiedad. Finalmente, en los cuadros 1.10 y 1.11 se presentan los resultados sobre los vehículos y computadoras. Para el primer caso, los órganos jurisdiccionales contaron con 961 vehículos en funcionamiento. De ellos, 802 fueron automóviles, 108 camiones y camionetas y 50 motocicletas. Así mismo, contaron con de escritorio y 882 portátiles, arrojando un total de computadoras útiles. Un segundo componente de la estructura organizacional de los tribunales superiores de justicia se refiere a sus órganos administrativos destinados al apoyo del ejercicio de las atribuciones y despacho de los asuntos de los órganos jurisdiccionales que forman parte de los tribunales superiores de justicia de los estados y del Distrito Federal. Para efectos de este censo, se entiende por ellos a las unidades administrativas que integran al Consejo de la Judicatura de cada entidad federativa. Como resultado de la aplicación del censo, se identificó que los poderes judiciales de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Oaxaca, Puebla y Zacatecas durante no contaron con Consejo de la Judicatura en sus estructuras organizacionales. En el cuadro 1.2 se puede identificar que en el resto de los estados, existieron 144 consejeros en dichas instituciones, siendo 112 hombres y 32 mujeres. 4 En seguida se presenta información sobre la cantidad de órganos administrativos que conformaron a los respectivos consejos de la judicatura. Para el caso de aquellas entidades que no contaron con esta institución, se hace referencia a aquellos órganos administrativos que formaron parte del propio Tribunal Superior de Justicia. En el cuadro 1.12 se muestran 763 órganos administrativos en total. Estos órganos contaron con un total de personas trabajando en ellos, siendo trabajadores de confianza, de base o sindicalizados, eventuales, 277 contratados por honorarios y bajo algún otro régimen de contratación (cuadro 1.13). En el cuadro 1.14 se presenta información sobre los rangos de edad del personal adscrito a los órganos administrativos de los poderes judiciales del país. En él se puede apreciar que de ellos se encontraban en un rango de edad entre 18 y 29 años, tenían entre 30 y 39 años, fluctuaban entre 40 y 49 años, mientras que tenían más de 50 años de edad. Para no fue posible identificar su edad. De acuerdo con lo que se presenta en el cuadro 1.15, del total del personal en los órganos administrativos, contaron con un nivel escolar máximo de secundaria, habían estudiado la preparatoria o una carrera técnica o comercial, contaron con licenciatura y sólo 258 habían terminado estudios de maestría o doctorado. Los informantes no proporcionaron el grado de estudios de trabajadores. También se presentan cifras sobre algunos recursos materiales con los que contaron los órganos administrativos de los poderes judiciales en las entidades federativas. En el cuadro 1.16 se puede identificar que contaron con 199 bienes inmuebles, 130 propios, 53 rentados y 14 se encuentran bajo otro o éste no pudo ser identificado. Así mismo, en los cuadros 1.17 y 1.18 se presentan los resultados sobre los vehículos y computadoras. Para el primer caso, los órganos administrativos contaron con vehículos en funcionamiento, 637 fueron automóviles, 361 camiones o camionetas y 56 motocicletas. De igual manera, contaron con computadoras de escritorio, 862 portátiles y 12 no identificadas, arrojando un total de computadoras útiles. Por otro lado, los poderes judiciales de los estados y del Distrito Federal, deben realizar acciones específicas para que, a partir de modificaciones a la normativa orgánica correspondiente, dentro de sus estructuras orgánicas se creen espacios organizacionales específicos que orienten acciones públicas para soportar el adecuado ejercicio de la función de impartición de justicia. Los cuadros 1.19 a 1.22 permiten identificar algunos elementos o características básicas del ejercicio de estas funciones.

17 En el primero de estos tabulados (1.19) se muestra información de los elementos de control interno con los que contaron los poderes judiciales de los 31 gobiernos estatales y del Distrito Federal en el año : Destaca que en 29 de ellos se realizan auditorías, en 24 existe una oficina de control interno y 23 cuentan con esquemas de sanción a servidores públicos. En el cuadro 1.20 se muestra que en 28 de los 32 poderes judiciales contaron con elementos para la planeación como misión, visión, objetivos y metas establecidos; en 24 se desarrollaron programas de operación estratégicos u operativos y en 18 se definieron indicadores de gestión y/o resultados. Sobre el tema de transparencia, en 31 de las treinta y dos entidades federativas se hacen públicos los informes de trabajo, en 30 se publica su estructura orgánica y directorio de su personal y en 29 se presenta a la ciudadanía el presupuesto con el que contaron los poderes judiciales (original, modificado y ejercido), los sueldos y salarios de sus trabajadores, así como sus respectivos programas de adquisiciones, contratos y proveedores. Respecto a las entidades federativas cuyos poderes judiciales contaron con un programa anticorrupción, en el cuadro 1.22 se puede apreciar que en 13 de ellos se atendía la declaración patrimonial de sus servidores públicos, en 10 se atendió la actuación de jueces y/o magistrados y en nueve la de los secretarios y/o actuarios. Por último, en el cuadro 1.23 se presentan trámites que atendieron los poderes judiciales, desglosados por tema. Destaca que la entrega de copias simples de expedientes alcanzaron la cifra de ; se consultaron expedientes y se atendieron solicitudes de pensión alimenticia. 5

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19 2. Impartición de justicia en materia penal El Estado Mexicano, como garante de la integridad y seguridad de todos los elementos que lo conforman, tiene como una de sus principales funciones mantener el orden social y lograr que todos los aspectos que se encuentran alrededor del desempeño de sus funciones, así como de las relaciones que se dan entre la sociedad y de ésta con las instituciones públicas que lo integran, se realicen dentro de un Estado de Derecho. Con base en lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración e impartición de justicia en las entidades federativas, corresponde al Poder Judicial, por conducto de los órganos jurisdiccionales que integran al Tribunal Superior de Justicia correspondiente. Esta función es llevada a cabo por dichos órganos a través de la realización de un proceso penal, con la finalidad de que se determine la aplicación de la ley a un caso concreto. En este sentido, en junio de 2008 entró en vigor en nuestro país una reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, la cual tuvo por objeto transformar de forma radical el sistema de seguridad y justicia penal, al pasar de un sistema mixto a uno adversarial, mismo que ha venido implementándose de manera paulatina en algunas entidades federativas. Con base en lo anterior, en el presente censo se exploró el proceso completo de la función de impartición de justicia respecto a la cantidad de expedientes y asuntos 4 en materia penal que se encontraban en trámite en los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, los que fueron ingresados o abiertos durante el año así como las víctimas y procesados; los expedientes y asuntos dados de baja durante el año y, finalmente, los que se encontraban en trámite al cierre de año. La información incluye la cantidad de delitos registrados y se presenta para ambas etapas procesales (primera y segunda instancia). El mismo esquema se llevó a cabo tanto para la información correspondiente al Sistema Inquisitorio o de Juicios Tradicionales como para el Sistema Acusatorio Oral. Enseguida se muestran los resultados generales de dieciséis cuadros estadísticos que permiten identificar 4 Se refiere a los expedientes registrados en los tribunales superiores de justicia bajo el régimen de actuación del Sistema Inquisitorio o de Juicios Tradicionales y a los asuntos registrados bajo el régimen de actuación del Sistema Acusatorio Oral. los elementos o características básicas del proceso de impartición de justicia en materia penal a cargo de las treinta y dos entidades federativas del país. En el cuadro 2.1 se presenta información sobre los expedientes y asuntos que se encontraban en trámite en los órganos jurisdiccionales al 1 de enero y se contabilizan aquellos comprendidos en el periodo del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de De los expedientes, se encontraban en primera instancia y en segunda instancia. Respecto a los asuntos, correspondieron a la primera instancia y se encontraban en impugnación (segunda instancia). En el cuadro 2.2 se puede identificar que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de, los órganos jurisdiccionales en las entidades federativas abrieron un total de expedientes y asuntos. De ellos, se encontraban en primera instancia y en segunda instancia y en los mismos, de acuerdo con el cuadro 2.3, se registraron en total delitos. 5 Destacan los registrados como lesiones, casos de violencia familiar, los caso de daño a la propiedad y los registrados como homicidios. Del total se identificó que fueron delitos dolosos, culposos y para , los informantes no pudieron especificar su forma de comisión (cuadro 2.4). En los tabulados 2.5 y 2.6 se presentan cifras sobre delitos registrados sólo en expedientes ingresados durante el año, mientras que en los cuadros 2.7 y 2.8 se ofrecen las cifras correspondientes a los asuntos abiertos en el mismo periodo. Por otro lado, en el cuadro 2.9 se desglosan por tipo de delito las víctimas registradas en los expedientes y asuntos abiertos durante el año. De ellas, destacan las víctimas de lesiones, las como consecuencia de los casos de daño a la propiedad, las que fueron sujetas de fraude y las víctimas de homicidio. Resalta también el hecho de 5 Los delitos que se presentan en los diferentes tabulados de este documento están clasificados de acuerdo con lo que establece la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines Estadísticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de, misma que puede ser consultada en la siguiente liga: contenidos/espanol/normatividad/tecnica/nt-cndfcfe.pdf. 7

20 que para víctimas, los informantes no contaron con elementos para especificar el delito asociado a ellas. Adicionalmente, el cuadro 2.10 muestra que en los mismos expedientes y asuntos se registraron procesados y sentenciados. En el cuadro 2.11 presentan datos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre sobre los expedientes y asuntos en materia penal que los órganos jurisdiccionales dieron de baja. De ellos, se encontraban en primera instancia y en segunda instancia y, de acuerdo con el cuadro 2.12, en ellos se registraron delitos. Destacan registrados como lesiones, casos de daño a la propiedad, homicidios y casos de fraude. De acuerdo con el cuadro 2.13, en estos expedientes y asuntos se identificaron que delitos fueron dolosos, culposos, en se ejerció algún tipo de violencia, se ejecutaron bajo la modalidad de simple y se llevaron a cabo utilizando un arma de fuego. Finalmente, el cuadro 2.14 muestra que expedientes y asuntos en materia penal se encontraban en trámite en los órganos jurisdiccionales al cierre de año, alcanzando una cifra conjunta de expedientes y asuntos. En ellos, de acuerdo con el cuadro 2.15, se registraron delitos. De éstos, fueron dolosos, culposos, en se ejerció algún tipo de violencia, se ejecutaron bajo la modalidad de simple y se llevaron a cabo utilizando un arma de fuego (cuadro 2.16). 8

21 3. Impartición de justicia para adolescentes En esta sección se presentan los resultados de 12 cuadros estadísticos que permiten identificar los elementos o características básicas del proceso de impartición de justicia en materia penal para adolescentes. En el cuadro 3.1 se presenta información sobre los asuntos que se encontraban en trámite en los juzgados especializados en justicia para adolescentes al inicio del año. De ellos, se encontraban en primera instancia y 614 en impugnación (segunda instancia). En el cuadro 3.2 se puede identificar que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de, los juzgados especializados en justicia para adolescentes en las entidades federativas radicaron un total de asuntos. De ellos, se encontraban en primera instancia y en segunda instancia y en los mismos, de acuerdo con el cuadro 3.3, se registraron en total conductas antisociales asociadas a delitos el fuero común. Destacan los delitos registrados como robo (a transeúnte, a casa habitación, de vehículo y otros robos), los casos de narcomenudeo y los casos de lesiones. Del total de conductas se identificó que fueron dolosas, culposas y para 7 234, los informantes no pudieron especificar su forma de comisión (cuadro 3.4). Por otro lado, en el cuadro 3.5 se desglosan las víctimas registradas en estos asuntos, por tipo de delito asociado. De ellas, destacan que sufrieron robo de casa habitación, robo de vehículo y otro robos, caso de lesiones y 590 homicidios. Resalta también el hecho de que para víctimas, los informantes no contaron con elementos para especificar el delito asociado a ellas. Adicionalmente, el cuadro 3.6 muestra que se registraron adolescentes procesados y sentenciados. En el cuadro 3.7 se presentan datos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre sobre los asuntos en materia penal para adolescentes que los juzgados especializados concluyeron. De ellos, se encontraban en primera instancia y en segunda instancia y, de acuerdo con el cuadro 3.8, en ellos se registraron conductas antisociales. Destacan registrados como robo a casa habitación, robo de vehículos y otros robos, 922 caso de lesiones y 602 asociadas con narcomenudeo. De acuerdo con el cuadro 3.9, en estos asuntos se identificaron que conductas fueron dolosas, culposas, en se ejerció algún tipo de violencia, se ejecutaron bajo la modalidad de simple y 554 se llevaron a cabo utilizando un arma de fuego. Finalmente, el cuadro 3.10 muestra que al 31 de diciembre asuntos en materia penal para adolescentes se encontraban en trámite encontrándose de ellos en primera instancia y 681 en segunda instancia. En ellos, de acuerdo con el cuadro 3.11, se registraron conductas antisociales. De éstos, fueron dolosas, 594 culposas, en se ejerció algún tipo de violencia, se ejecutaron bajo la modalidad de simple y 319 se llevaron a cabo utilizando un arma de fuego (cuadro 3.12). 9

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23 4. Impartición de justicia en todas las materias (excepto penal) Se ofrecen los resultados generales de cuatro cuadros estadísticos que permiten identificar los elementos o características básicas del proceso de impartición de justicia en todas las materias (excepto penal). En el cuadro 4.1 se presenta información sobre los expedientes que se encontraban en trámite en los órganos jurisdiccionales del país al inicio del año. De ellos, se encontraban en primera instancia, en impugnación (segunda instancia) y para , los informantes no contaron con datos o elementos para conocer su estatus. En el cuadro 4.2 se puede identificar que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de, los órganos jurisdiccionales en las entidades federativas ingresaron un total de expedientes y se desglosan por tipo de materia e instancia dentro del proceso judicial. De ellos, se encontraban en primera instancia y en segunda instancia. Por otro lado, en el cuadro 4.3, los expedientes dados de baja durante el año alcanzaron la suma de , de los cuales se encontraban en primera instancia y en impugnación (segunda instancia). Por último, en el cuadro 4.4 se muestra que expedientes se encontraban en trámite al 31 de diciembre, estando de ellos en primera instancia y en segunda instancia y para , los informantes no contaron con datos o elementos para ofrecer datos sobre su estado. 11

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25 5. Justicia Alternativa En esta sección se hace referencia a la información recopilada sobre el proceso de impartición de justicia alternativa, mediación o conciliación. Los procedimientos de este esquema de impartición de justicia son distintos a los llevados por los órganos jurisdiccionales, ya que tienen como principal objetivo la solución de controversias entre particulares. Este proceso de lleva a través de diversos mecanismos y procedimientos mediante los cuales la víctima u ofendido y el indiciado, participan de manera conjunta para la solución de cuestiones relativas a un hecho delictivo, buscando un resultado restaurativo, con el objeto de lograr la reintegración de la víctima y de quien cometió el hecho delictuoso, la búsqueda de la reparación del daño y la restitución de derechos. El censo ofrece información sobre los recursos administrados por estos centros y se incluye al personal por tipo de materia, por función, rango de edad y nivel de escolaridad; así mismo ofrece cantidades tanto de bienes inmuebles como de vehículos y computadoras en funcionamiento. De igual manera brinda datos referentes a los expedientes en trámite, las solicitudes de procedimientos recibidas en los centros, los expedientes concluidos y los que se encontraban en trámite al término del año, todos ellos referidos únicamente a la materia penal. En el cuadro 5.1 se identifica la existencia de 73 centros de justicia alternativa en el país. Cabe resaltar que el Poder Judicial de los estados de Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí y Sinaloa reportó no contar con esquemas de solución de conflictos bajo este sistema. Por su parte, el cuadro 5.2 muestra que los centros de justicia alternativa, mediación o conciliación tenían 661 personas bajo su adscripción, 24 de ellas para atender cuestiones en materia penal y 637 para la atención de otro tipo de materias de impartición de justicia; en total, se distribuyeron en 229 hombres y 432 mujeres. Así mismo, 332 fueron mediadores, 44 especialistas u orientadores, 68 desarrollaron funciones de otro tipo de mediación y 217 desempeñaron labores administrativas o de apoyo (cuadro 5.3). Conforme al cuadro 5.4, del total de trabajadores, 205 tenían entre 30 y 34 años de edad y 416 contaban con un grado de estudios máximo de licenciatura (cuadro 5.5) Así mismo, en el cuadro 5.6 se encuentra información sobre los 51 bienes inmuebles con los que contaron estos centros, 27 de ellos son propios, 23 rentados y uno bajo algún otro régimen de uso o propiedad. Por otro lado, en los cuadros 5.7 y 5.8 se identificaron 44 vehículos y 593 computadoras en funcionamiento registradas al 31 de diciembre, siendo de los primeros, 42 automóviles, un camión o camioneta y una motocicleta, y de las segundas 562 personales y 31 portátiles. Sobre la actuación en el proceso de impartición de justicia, se puede observar que al inicio del año (1 de enero de,) de acuerdo a lo presentado en el cuadro 5.9, en los centros de justicia alternativa en materia penal se tenían expedientes en trámite, los cuales contenían delitos. De igual manera, los datos que se presentan en los cuadros 5.10 se refieren a las solicitudes de procedimientos en materia penal que fueron procedentes, así como los delitos que fueron registrados en los expedientes derivados de ellas. Por último, en los cuadros 5.11 y 5.12 se hace mención a la cantidad de expedientes en materia penal que fueron concluidos durante el año y a los que quedaron en trámite en estos centros al 31 de diciembre. 13

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27 Índice de cuadros Módulo 1. Estructura organizacional y recorsos 1.1 Magistrados del Pleno de los tribunales superiores de justicia, por entidad federativa según sexo Consejeros integrantes de los consejos de la judicatura, por entidad federativa según sexo Órganos jurisdiccionales de los tribunales superiores de justicia, por entidad federativa 1.4 Personal en los órganos jurisdiccionales de los tribunales superiores de justicia, por entidad federativa según cargo y sexo 1.5 Magistrados y jueces en los órganos jurisdiccionales de los tribunales superiores de justicia, por entidad federativa según rango de edad y sexo 1.6 Magistrados y jueces en los órganos jurisdiccionales de los tribunales superiores de justicia, por entidad federativa según grado de estudios y sexo 1.7 Personal en los órganos jurisdiccionales de los tribunales superiores de justicia (no incluye magistrados y jueces), por entidad federativa según rango de edad y sexo 1.8 Personal en los órganos jurisdiccionales de los tribunales superiores de justicia (no incluye magistrados y jueces), por entidad federativa según grado de estudios y sexo 1.9 Bienes inmuebles en los órganos jurisdiccionales de los tribunales superiores de justicia, por entidad federativa según tipo de propiedad 1.10 Vehículos en funcionamiento en los órganos jurisdiccionales de los tribunales superiores de justicia, por entidad federativa según tipo