DISCURSO DE LA DRA. SUSANA YNES CASTAÑEDA OTSU

Transcripción

1 DISCURSO DE LA DRA. SUSANA YNES CASTAÑEDA OTSU 2do aniversario de la aplicación del Código Procesal Penal de 2004 para delitos cometidos por funcionarios públicos El 15 de enero de 2011 se inició el proceso de implementación y aplicación del Código Procesal Penal de 2004 para delitos cometidos por funcionarios públicos en este Distrito Judicial, llevándose a cabo todas las acciones tendientes a tal cometido por parte del señor Juez Supremo César San Martín Castro y señor Juez Superior Héctor Lama More, en su calidad de Presidentes del Poder Judicial y de la Corte Distrital de Lima, respectivamente. Para tal fin, el Subsistema Anticorrupción fue dotado de los medios logísticos, recursos humanos, órganos jurisdiccionales, entre otros. Contamos desde el inicio con dos jueces de investigación preparatoria, tres jueces unipersonales, que a la vez desempeñan funciones de Juzgado Colegiado cuando la pena supera los seis años de pena privativa de libertad y una Sala Penal de Apelaciones. En cumplimiento a lo previsto en el Manual Tipo de Organización y Funciones de los órganos jurisdiccionales penales de las Cortes Superiores de justicia aprobada por el CEPJ, fui designada Coordinadora del Subsistema Anticorrupción, continuando en el cargo al haber sido designada como Presidenta de la Sala Penal de Apelaciones para este año judicial, lo que implica una renovación de confianza en el cargo que hemos venido desempeñando. Los 8 jueces que integramos el Subsistema Anticorrupción y los 40 servidores jurisdiccionales y administrativos, conformamos un equipo de trabajo que tiene una misión clara: Impartir justicia especializada en la lucha contra la corrupción de manera eficiente, oportuna, con total 1

2 transparencia y profesionalismo, con pleno respeto a los derechos y garantías constitucionales incorporados en el CPP de Los que integramos el Subsistema Anticorrupción que aplica el nuevo CPP, tenemos claro que la lucha contra la corrupción es un grave problema que afecta todos los órganos y entidades del Estado y la sociedad en su conjunto, por ello constituye una política de Estado, en la cual el Poder Judicial sin duda alguna está obligado a cumplir un rol preponderante al decidir con calidad de cosa juzgada si los hechos de corrupción puestos a su conocimiento por el Ministerio Público se subsumen en las figuras delictivas previstas en el Código Penal. Lucha contra la corrupción que no es exclusiva del Poder judicial sino también de otros instituciones, que integran el Sistema de impartición de Justicia: Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Justicia, entre otros; cada una está obligada a cumplir sus funciones conforme al mandato constitucional y legal, sin dejar de lado los dos grandes instrumentos internacionales de lucha contra la Corrupción: la Convención Interamericana y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Teniendo en claro cuál es nuestra misión y el grave daño que la corrupción causa a la estabilidad democrática de nuestro país, desde que se inició la aplicación del CPP se llevaron a cabo reuniones de coordinación con quienes integramos el Sistema de impartición de justicia para que las disposiciones del CPP tengan operatividad material, pues debido al insuficiente presupuesto público inclusive no es de aplicación total el Código en los 8 Distritos Judiciales restantes. De este modo se han efectuado a nivel de coordinación reuniones con el Ministerio Público, Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 2

3 Corrupción, Defensoría Pública, entre otras instituciones, con resultados positivos, como es el caso de acordar que las notificaciones sean a través de correo electrónico, teléfono, fax, que permiten llevar a cabo las audiencias en menor tiempo. También se diseño un Plan de capacitación para quienes formamos parte de este Subsistema y en el cual han participado destacados profesores de nuestro medio y extranjeros, en materia penal sustantiva y procesal, con incidencia en los temas civiles vinculados al proceso penal, dada la especialidad penal de los jueces y considerando que el CPP contiene una regulación detallada de aspectos civiles a diferencia del C de PP de Por cierto, en las capacitaciones hemos contado además con la participación de fiscales, defensores públicos, procuradores, peritos y estudiantes de derecho, inclusive jueces laborales que aplican la Ley Procesal del Trabajo, que desean perfeccionarse en técnicas de litigación oral. En cuanto a la producción jurisdiccional, como sabemos la aplicación del CPP se basa en el sistema de audiencias desde que el Ministerio Público requiere la intervención del Juez de Investigación Preparatoria, en el mismo sentido cuando el imputado solicite una tutela de derechos o el Procurador requiera una medida limitativa de carácter real. El sistema de audiencias, que ya no resulta ser exclusivo de la etapa del juicio oral, sino que se extiende a lo largo del proceso incluida la ejecución de la sentencia, constituye un aspecto muy positivo pues permite la materialización de principios, como: oralidad, inmediación, celeridad, publicidad lo que determina el control ciudadano y la transparencia que debe primar en los actos de los jueces, entre otros. 3

4 En este segundo aniversario de la aplicación del CPP desde el 1 de enero de 2012 a la fecha, en los 2 Juzgados de Investigación Preparatoria se han recibido 1006 ingresos, de los cuales aproximadamente el 90% se resuelve luego de la audiencia respectiva. A modo de ejemplo, se han recibido requerimiento de medidas cautelares de naturaleza personal: 16 de prisión preventiva, 21 de comparecencia con restricciones. Medidas limitativas de derechos, entre ellas, 37 requerimientos de levantamiento del secreto bancario, 40 requerimientos de levantamiento del secreto de las comunicaciones, 10 requerimientos de Control y registro de comunicaciones, entre otros. Asimismo, se han recibido 30 requerimientos de confirmatorias de incautación, 34 tutelas de derechos, 32 controles de plazos, 27 excepciones y cuestiones previas y prejudiciales, 227 constituciones en actor civil por parte de la Procuraduría Pública y 11 declaraciones judiciales de ausencia, entre otros pedidos. Respecto al número de expedientes principales, el Ministerio Público ha dado cuenta de un total de 239 formalizaciones de investigación preparatoria, de los cuales a la fecha ha solicitado 23 sobreseimientos y 39 acusaciones. 79 han concluido con terminación anticipada y 98 se encuentran en trámite ante el Ministerio Público, lo que demuestra que los expedientes se vienen tramitando de modo adecuado y cumpliendo los plazos que el CPP establece. Los jueces de juzgamiento, unipersonales o de modo colegiado han cumplido de modo oportuno con llevar a cabo los juicios orales, transcurriendo un plazo máximo aproximado de 8 meses desde que se lleva a cabo la etapa intermedia, el juzgamiento y la Sala Penal de Apelaciones conoce el fallo de primera instancia. 4

5 Respecto al número de condenas impuestas, el mecanismo de simplificación procesal, denominado terminación anticipada previsto en el art. 468 del CPP a nuestro criterio ha dado buenos resultados en comparación con la experiencia del Subsistema Anticorrupción que aplica el Código de Procedimientos Penales de 1940, en el cual muy pocos procesados se acogieron a este procedimiento. El detalle es el siguiente: TERMINACIONES ANTICIPADAS IMPUTADO PENA SUSPENDIDA PENA EFECTIVA Funcionario Público 10 3 Particular 66 0 TOTAL 76 3 En relación a los juicios orales, en los Juzgados de Juzgamiento el detalle del mecanismo procesal de Conclusión anticipada, es el siguiente: CONCLUSIONES ANTICIPADAS PENA SUSPENDIDA PENA EFECTIVA Funcionario Público 15 1 Particular 6 0 TOTAL 21 1 Concluyendo con juicio oral, 25 procesos con el siguiente detalle de sentencia: SENTENCIAS EMITIDAS AL TERMINO DE JUICIO ORAL IMPUTADO PENA SUSPENDIDA PENA EFECTIVA Funcionario Público 16 5 Particular 3 1 TOTAL

6 La Sala Penal de Apelaciones ha confirmado la mayoría de los fallos contenidos en las sentencias, habiendo declarado algunas nulidades y revocado algunos extremos de las penas impuestas. Se precisa que hay un elevado número de condenas con pena condicional ya que hay varios particulares sentenciados, al haberse previsto dentro de los delitos contra la Administración Pública el de cohecho activo genérico, en términos comunes, el soborno de particulares a funcionarios y servidores públicos. Y en cuanto a éstos, en los casos de condenas condicionales, se debe considerar que además se impone la pena de inhabilitación por la cual por un tiempo determinado no pueden volver a las entidades del Estado. De una muestra extraída de los procesos que actualmente se encuentran en trámite, se advierte que el mayor número de imputados corresponde a gerentes, subgerentes y jefes de Municipalidades, a continuación en encontramos a particulares, entre ellos, conductores de vehículos que han intentado sobornar a efectivos policiales. También se encuentra en la lista gerentes, presidentes y asesores del Banco de Materiales, médicos, policías, jefes y asesores de universidades, profesores, entre otros. Para los jueces del Subsistema Anticorrupción, si bien los mecanismos de represión son importantes, también lo son los preventivos, de allí su interés en detectar de qué instituciones provienen los actos de corrupción y el modo en qué se cometen, para elaborar una tipología de las infracciones y aportar al Poder Judicial datos que permitan relacionarlos con los otros órganos del Poder del Estado que luchan contra la corrupción y enfrentar este problema de modo integral. Finalmente, hacemos de conocimiento que en la mayoría de casos que se ha impuesto pena efectiva, ha sido porque los ciudadanos han 6

7 comunicado los actos de corrupción al Ministerio Público, quien ha llevado a cabo los operativos correspondientes y se ha producido la detención en flagrancia. Debemos tener claro que denunciar los actos corruptos en las esferas de los órganos y entidades del Estado es un deber de los funcionarios y ciudadanos, quienes se encuentran protegidos a nivel internacional y legal, en las Convenciones contra la Corrupción ya mencionadas y en la Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz, Ley Nº 29542, publicada el 22 de junio de Por tal motivo invocamos a los ciudadanos y servidores y funcionarios públicos, a denunciar los actos de corrupción, ya que el silencio es el mayor cómplice de la corrupción y quien lo oculta finalmente termina convirtiéndose en cómplice. Lima, 15 de enero de