Pablo López Viñals, Presidente del Consejo Federal de Política Criminal de la República Argentina;

Transcripción

1 Panelistas: Pablo López Viñals: Presidente del Consejo Federal de Política Criminal de la República Argentina. María Fernanda Rodríguez: Subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Nación Jorge Giménez Martin: Director del Servicio de Formación de la Escuela Judicial de Barcelona Coordinador: Genoveva Cardinali, titular de la Fiscalía especializada en Violencia doméstica En el presente panel se desarrolló la temática de la violencia de género, que fue abordada por Pablo López Viñals, Presidente del Consejo Federal de Política Criminal de la República Argentina; la Subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Nación, María Fernanda Rodríguez; y Jorge Jiménez Martin, Director del Servicio de Formación de la Escuela Judicial de Barcelona. La coordinación estuvo a cargo de la Fiscal Especializada en Violencia de Género, Genoveva Cardinali. López Viñals abordó la temática de violencia de género apelando a una ampliación del derecho penal en estos casos, ya que considera que existe una gran desproporción entre la centralidad que tiene el tema en el país y el nivel de respuesta. Efectivamente, este enfoque coincide con la posición formal del Consejo Federal de Política Criminal para la reformación integral del Código Penal para las víctimas de género. A continuación, Viñals se refirió a la violencia de género como un proceso que va en aumento, por lo que hay que actuar desde las humillaciones y los malos tratos, que carecen de tipicidad penal en la Argentina y agregó el maltrato reiterado es una forma de tortura. A su vez, consideró a la problemática como una cuestión de Derechos Humanos, que justifica la ampliación del derecho penal. Como presidente del Consejo Federal de Política Criminal de la República Argentina, López Viñals explicó los cambios al Código Penal que solicitó el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de todo el país al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano. El documento presentado al ministro plantea diversos cambios ante la escasa respuesta del sistema penal para prevenir los femicidios. Es necesaria una reforma penal sobre cuatro ejes: la creación de nuevas figuras penales allí donde hay un vacío legal; la ampliación de agravantes en casos de violencia simbólica y

2 psicológica; la eliminación de requisitos de instancia de parte; y la obligatoriedad de desarrollar y aplicar programas de tratamiento de violentos, señalo López Viñals. López Viñals enumeró las nuevas figuras delictivas que no se encuentran tipificadas incluye la introducción del acoso, acecho u hostigamiento, entendido bajo la denominación de stalking, ya que implica acciones de intromisión permanente en la vida ajena, que la ciencia ya ha declarado que resultan altamente destructivas; estos efectos se obtienen hoy con total facilidad, aplicando las nuevas tecnologías para producir intromisiones en la vida ajena que logran una relevante alteración de la paz de la víctima. A su vez, el Procurador de Salta, señaló que se solicitó la introducción entre las figuras que afectan a la intimidad, de un nuevo tipo penal relativo a la difusión de imágenes de contenido sexual obtenidas con consentimiento de la víctima, pero sin autorización para su difusión, conducta analizada en doctrina bajo la denominación de sexting. Esta protección debe abordarse en tanto se trata de conductas cada vez más extendidas y que afectan simultáneamente otros bienes jurídicos como la reserva sexual, el derecho a la propia imagen y el honor. Además, López Viñals contó que el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de todo el país pide que el maltrato reiterado también se regule y sancione, ya que constituiría un refuerzo de la reacción penal cuando los hechos dan lugar a un estado de afectación de la integridad física y psicológica de la víctima. De igual forma, demanda la creación de nuevas figuras de agresión física o psicológica constitutivas de tratos degradantes. La figura de lesiones exige la constatación de daños en el cuerpo o en la salud y que los maltratos de orden doméstico suelen consistir en agresiones físicas como los empujones o golpes que no producen un resultado lesivo. Igualmente, el menosprecio de la persona, mediante el uso de expresiones humillantes o vejatorias, no encuentra correspondencia en las figuras que protegen actualmente la libertad ni la integridad física y tampoco resultaría suficientemente protegido por los tipos relativos al honor. En otro punto de su exposición, López Viñals explicó que se pidieron el establecimiento de figuras específicas relativas al incumplimiento de las órdenes judiciales y a la manipulación de los dispositivos técnicos de control. También se solicitó al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que se mejore la protección a la integridad sexual mediante un tipo de abuso sexual más amplio, que incluya el precepto de no significa no, es decir, cuando la víctima ha expresado perceptiblemente su negativa a mantener un contacto con el agresor. En la reforma que requiere el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales, se solicita la expansión del sistema normativo de agravantes por violencia de género a figuras diferentes del homicidio y lesiones: los delitos de amenazas y coacciones que constituyen violencia de género no

3 tienen una escala penal diferenciada. Lo mismo ocurre con los delitos de privación ilegítima de libertad y otros que debieran ser alcanzados por un incremento de la reacción penal. También se solicita el agravamiento por la comisión de hechos de violencia en presencia de menores: la violencia de género puede afectar gravemente a los menores que la presencian. No solo se debe tomar en cuenta aquí la afectación actual de la integridad psíquica de los menores, sino el efecto que en la futura conducta de los niños tienen las experiencias traumáticas que incrementan la posibilidad de que sean adultos violentos. A continuación, la Subsecretaria de Acceso a Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, María Fernanda Rodríguez, expuso el dificultoso proceso judicial por el cual una víctima de violencia de género debe atravesar actualmente en la Argentina. Para María Fernanda Rodríguez, el sistema es sumamente perverso cuando funciona como está acostumbrado y no se piensa en la respuesta que tiene que dar ante el presente nivel de conflictividad. Al respecto, anunció que se está trabajando en un nuevo sistema de justicia unificado para erradicar la violencia de género y los delitos de abuso sexual. En tanto, el Director del Servicio de Formación de la Escuela Judicial de Barcelona, Jorge Giménez Martin, abordó el estado de la problemática en el sistema de España. De acuerdo con Giménez Martin, ante un caso detonante en su país, se replanteó todo el sistema para mejorar la respuesta. Esto implicó principalmente la especialización del personal, para hacer eficiente el trabajo y no revictimizar en el proceso a las mujeres que denuncian. Por su parte, la fiscal especializada en Violencia de Género, Genoveva Cardinali, describió el estado actual de la problemática en Argentina, y expresó las últimas cifras y estadísticas son alarmantes y denotan que se trata de un problema estructural. Seguidamente, la fiscal afirmó que la mayor deuda que tenemos desde la justicia es que la mayoría de los casos quedan impunes y destacó también la necesidad de un cambio cultural que combata la persistente discriminación hacia las mujeres. En el presente panel se desarrolló la temática de la violencia de género, que fue abordada por Pablo López Viñals, Presidente del Consejo Federal de Política Criminal de la República Argentina; la Subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Nación, María Fernanda Rodríguez; y Jorge Jiménez Martin, Director del Servicio de Formación de la Escuela Judicial de Barcelona. La coordinación estuvo a cargo de la Fiscal Especializada en Violencia de Género, Genoveva Cardinali. López Viñals abordó la temática de violencia de género apelando a una ampliación del derecho penal en estos casos, ya que considera que existe una gran desproporción entre la centralidad

4 que tiene el tema en el país y el nivel de respuesta. Efectivamente, este enfoque coincide con la posición formal del Consejo Federal de Política Criminal para la reformación integral del Código Penal para las víctimas de género. A continuación, Viñals se refirió a la violencia de género como un proceso que va en aumento, por lo que hay que actuar desde las humillaciones y los malos tratos, que carecen de tipicidad penal en la Argentina y agregó el maltrato reiterado es una forma de tortura. A su vez, consideró a la problemática como una cuestión de Derechos Humanos, que justifica la ampliación del derecho penal. Como presidente del Consejo Federal de Política Criminal de la República Argentina, López Viñals explicó los cambios al Código Penal que solicitó el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de todo el país al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano. El documento presentado al ministro plantea diversos cambios ante la escasa respuesta del sistema penal para prevenir los femicidios. Es necesaria una reforma penal sobre cuatro ejes: la creación de nuevas figuras penales allí donde hay un vacío legal; la ampliación de agravantes en casos de violencia simbólica y psicológica; la eliminación de requisitos de instancia de parte; y la obligatoriedad de desarrollar y aplicar programas de tratamiento de violentos, señalo López Viñals. López Viñals enumeró las nuevas figuras delictivas que no se encuentran tipificadas incluye la introducción del acoso, acecho u hostigamiento, entendido bajo la denominación de stalking, ya que implica acciones de intromisión permanente en la vida ajena, que la ciencia ya ha declarado que resultan altamente destructivas; estos efectos se obtienen hoy con total facilidad, aplicando las nuevas tecnologías para producir intromisiones en la vida ajena que logran una relevante alteración de la paz de la víctima. A su vez, el Procurador de Salta, señaló que se solicitó la introducción entre las figuras que afectan a la intimidad, de un nuevo tipo penal relativo a la difusión de imágenes de contenido sexual obtenidas con consentimiento de la víctima, pero sin autorización para su difusión, conducta analizada en doctrina bajo la denominación de sexting. Esta protección debe abordarse en tanto se trata de conductas cada vez más extendidas y que afectan simultáneamente otros bienes jurídicos como la reserva sexual, el derecho a la propia imagen y el honor. Además, López Viñals contó que el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de todo el país pide que el maltrato reiterado también se regule y sancione, ya que constituiría un refuerzo de la reacción penal cuando los hechos dan lugar a un estado de afectación de la integridad física y psicológica de la víctima. De igual forma, demanda la creación de nuevas figuras de agresión física

5 o psicológica constitutivas de tratos degradantes. La figura de lesiones exige la constatación de daños en el cuerpo o en la salud y que los maltratos de orden doméstico suelen consistir en agresiones físicas como los empujones o golpes que no producen un resultado lesivo. Igualmente, el menosprecio de la persona, mediante el uso de expresiones humillantes o vejatorias, no encuentra correspondencia en las figuras que protegen actualmente la libertad ni la integridad física y tampoco resultaría suficientemente protegido por los tipos relativos al honor. En otro punto de su exposición, López Viñals explicó que se pidieron el establecimiento de figuras específicas relativas al incumplimiento de las órdenes judiciales y a la manipulación de los dispositivos técnicos de control. También se solicitó al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que se mejore la protección a la integridad sexual mediante un tipo de abuso sexual más amplio, que incluya el precepto de no significa no, es decir, cuando la víctima ha expresado perceptiblemente su negativa a mantener un contacto con el agresor. En la reforma que requiere el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales, se solicita la expansión del sistema normativo de agravantes por violencia de género a figuras diferentes del homicidio y lesiones: los delitos de amenazas y coacciones que constituyen violencia de género no tienen una escala penal diferenciada. Lo mismo ocurre con los delitos de privación ilegítima de libertad y otros que debieran ser alcanzados por un incremento de la reacción penal. También se solicita el agravamiento por la comisión de hechos de violencia en presencia de menores: la violencia de género puede afectar gravemente a los menores que la presencian. No solo se debe tomar en cuenta aquí la afectación actual de la integridad psíquica de los menores, sino el efecto que en la futura conducta de los niños tienen las experiencias traumáticas que incrementan la posibilidad de que sean adultos violentos. A continuación, la Subsecretaria de Acceso a Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, María Fernanda Rodríguez, expuso el dificultoso proceso judicial por el cual una víctima de violencia de género debe atravesar actualmente en la Argentina. Para María Fernanda Rodríguez, el sistema es sumamente perverso cuando funciona como está acostumbrado y no se piensa en la respuesta que tiene que dar ante el presente nivel de conflictividad. Al respecto, anunció que se está trabajando en un nuevo sistema de justicia unificado para erradicar la violencia de género y los delitos de abuso sexual. En tanto, el Director del Servicio de Formación de la Escuela Judicial de Barcelona, Jorge Giménez Martin, abordó el estado de la problemática en el sistema de España. De acuerdo con Giménez Martin, ante un caso detonante en su país, se replanteó todo el sistema para mejorar la

6 respuesta. Esto implicó principalmente la especialización del personal, para hacer eficiente el trabajo y no revictimizar en el proceso a las mujeres que denuncian. Por su parte, la fiscal especializada en Violencia de Género, Genoveva Cardinali, describió el estado actual de la problemática en Argentina, y expresó las últimas cifras y estadísticas son alarmantes y denotan que se trata de un problema estructural. Seguidamente, la fiscal afirmó que la mayor deuda que tenemos desde la justicia es que la mayoría de los casos quedan impunes y destacó también la necesidad de un cambio cultural que combata la persistente discriminación hacia las mujeres.