SENTENCIA: JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE VIGO -

Transcripción

1 SENTENCIA: JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE VIGO - N11600 C/ LALIN Nº 4, PISO 5º EDIFICIO Nº2 JC N.I.G: Procedimiento: Sobre: De D/Dª: Abogado: Procurador D./Dª: Contra D./Dª Abogado: Procurador D./Dª SENTENCIA Nº 201/16 Vigo, a 30 de mayo de 2016 Vistos por mí, D. ANTONIO MARTÍNEZ QUINTANAR, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Vigo, los presentes autos de recurso contencioso administrativo, seguidos ante este Juzgado bajo el número 151 del año 2016, a instancia de D. como parte recurrente, representada y defendida por el Letrado D. Iago Rodríguez Fernández, frente al CONCELLO DE VIGO, como parte recurrida, representada y defendida por el Letrado de sus Servicios Jurídicos D. Xesús Costas Abreu, interviniendo como codemandada la concesionaria municipal SETEX APARKI S.A., representada por la Procuradora Dña. Gloria Quintas Rodríguez y defendida por el Letrado D. Manuel Zorrilla Riveiro (actuando en sustitución el Letrado D. Guillermo Lariño Noia), contra la Resolución del Concelleiro delegado de Patrimonio de Vigo de 16 de diciembre de 2015, por la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución que estimó parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada contra el Concello de Vigo en fecha y tramitada en el expediente ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO:Don. mediante escrito que por turno de reparto correspondió a este Juzgado, con fecha 11 de marzo de 2016 presentó recurso contencioso-administrativo con

2 arreglo a los trámites del procedimiento abreviado, contra la Resolución del Concelleiro delegado de Patrimonio de Vigo de 16 de diciembre de 2015, por la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución que estimó parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada contra el Concello de Vigo en fecha y tramitada en el expediente En el escrito de demanda presentado solicita, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estima de aplicación, que se dicte sentencia por la que se condene a la Administración demandada a abonar a la demandante la cantidad de 1826 euros más IVA, como consecuencia de los daños que se causaron en la capota del vehículo de su propiedad, más intereses legales hasta su completo pago. Con imposición de costas a la Administración demandada. SEGUNDO: Admitido a trámite el recurso, se acordó reclamar el correspondiente expediente administrativo de la Administración demandada y citar a las partes a la celebración de juicio. Recibido el expediente administrativo se puso de manifiesto el mismo en Secretaría a la parte recurrente, a fin de que pudiera hacer las alegaciones que tuviera por conveniente, celebrándose la vista con arreglo a lo dispuesto en el art. 78 de la LJCA. TERCERO: En el acto de la vista la recurrente se ratificó en sus pretensiones. El Letrado del Concello de Vigo y de concesionaria SETEX APARKI S.A. contestaron al recurso, oponiéndose al mismo y solicitando su desestimación. CUARTO: Abierto el trámite de prueba, las partes se remitieron a la documental y al expediente administrativo, y además se propusieron pruebas testificales. Admitidos y practicados los medios de prueba, tras el trámite de conclusiones quedaron los autos vistos para sentencia. QUINTO: La cuantía del recurso objeto de enjuiciamiento se ha fijado en la cantidad de 1826 euros, que constituye el principal del importe de la reclamación indemnizatoria efectuada. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: En el presente caso la parte demandante recurre en este procedimiento contencioso-administrativo contra la estimación 2

3 parcial de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada contra la Administración local demandada, referida a los daños sufridos por el vehículo del actor tras haber sido retirado de la vía pública y depositado en terrenos gestionados por ADIF (estación de ferrocarril en Guixar), a donde había sido llevado por orden de la Policía Local de Vigo después de su retirada de la vía pública. La Resolución recurrida, confirmada en reposición, acuerda indemnizar al actor en la suma de 287 euros, en concepto de daños que considera probados y en directa relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público municipal, referidos a la bocina, la funda cubre-coche y el radio casete del vehículo. Desestima la reclamación de la indemnización en concepto de sustitución de la capota por no resultar probado que hubiera sufrido más daños que los que ya tenía en el momento de su retirada. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo viene reiteradamente estableciendo como elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que se desarrolla en los Arts. 139 y siguientes de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre y en el Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo, por el que se regula el procedimiento para articular este tipo de reclamaciones, los siguientes: El primer requisito para que nazca el derecho a la indemnización es que se haya producido una lesión, en cualquiera de los bienes o derechos del afectado, que sea efectiva o real, nunca potencial o futura, evaluable económicamente e individualizada con relación a una persona o grupo de personas (Sentencias de 23 de junio de 1995, 27 de febrero de 1999 y 20 de julio de 1999). En segundo lugar, la lesión se define como daño ilegítimo, como daño que el afectado no tendría obligación de soportar (sentencias de 11 de junio de 1993, de 10 de octubre de 1997 y de 10 de abril de 2000). En tercer lugar, que el daño o lesión sufrido por el afectado sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos existiendo una relación de causa a efecto entre la actuación administrativa y el resultado dañoso (sentencias de 27 de diciembre de 1989 y de 1 de junio de 1999) Y por último, que no concurra la causa de exoneración de la administración, esto es que el daño cuya indemnización se solicita no se haya producido por fuerza mayor (Sentencias de 2 de junio de 1994, de 20 de octubre de 1997 y de 15 de marzo de 1999). Además de estos requisitos, es de tener en cuenta que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente (así, en sentencias de 14 de mayo, 4 de junio, 2 de julio, 27 de septiembre, 7 de noviembre y 19 de noviembre de 1994, 11 de febrero de 1995, al resolver el recurso de casación 1619/92, fundamento jurídico cuarto 3

4 y 25 de febrero de 1995, al resolver el recurso de casación 1538/1992, fundamento jurídico cuarto, así como en posteriores sentencias de 28 de febrero y 1 de abril de 1995) que la responsabilidad patrimonial de la Administración se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que como consecuencia directa de aquella, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, configurándose así la responsabilidad patrimonial de la Administración por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en una responsabilidad de carácter objetivo; y debiendo tener en cuenta además que ha de darse a la expresión de servicio público un sentido amplio como toda actuación, gestión o actividad propias de la función administrativa, incluso por la omisión o pasividad cuando la Administración tiene el concreto deber de obrar o comportarse de modo determinado (STS 5 junio 1989, 17 noviembre 1990 y 22 noviembre 1991). Debe, pues, concluirse que para que el daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. No existirá entonces deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y, consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa será a ella imputable. SEGUNDO: Las pruebas testificales practicadas permiten tener por acreditado que el vehículo, en el momento de su retirada de la vía pública, se encontraba capotado y cubierto parcialmente con una funda y que cuando fue retirado de las instalaciones de ADIF donde estuvo depositado la capota se encontraba bajada. Ahora bien, la indemnización reclamada por los daños de esa capota no resulta procedente, ya que tales daños eran preexistentes a la actuación del servicio público municipal, habiéndose constatado por el agente policial ya en el momento de proceder a su retirada de la vía pública, momento en el que ya tenía cortes. De la testifical de los agentes y de las fotografías aportadas se desprende que, en realidad, el vehículo se encontraba en estado de abandono, habiendo sido objeto de denuncia por los vecinos en fechas anteriores dicho estado de abandono, hasta el punto de haber solicitado ya su retirada de la vía pública por ese 4

5 motivo, siendo evidente su estado de su suciedad y que presentaba una rueda pinchada, además de otros daños en la carrocería. El hecho de que el vehículo estuviese además cubierto al menos parcialmente con una funda, lo que desde luego no es habitual en la vía pública, es un dato que avala que la falta de idoneidad de la capota para cumplir su función era previa a la retirada de la vía pública. En estas condiciones, pretender la indemnización de la sustitución de una capota antigua por una nueva confeccionada artesanalmente, en función del coste presupuestado para esa sustitución, que no se ha llevado a cabo, ni parece que exista la intención, habida cuenta del estado de abandono y deterioro general en que ya se encontraba el vehículo antes de ser retirado de la vía pública, constituye un abuso de derecho, por entrañar un enriquecimiento injusto, al comportar el abono de una reparación de un daño preexistente, reparación de carácter antieconómico, y que además no se ha producido. Al no tratarse de un daño efectivo derivado del funcionamiento del servicio público municipal, procede desestimar la reclamación del coste de reparación interesado como indemnización, declarando la conformidad a Derecho del acto recurrido. TERCERO: De conformidad con el artículo 139 de la LJCA 29/1998, en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. La desestimación de las pretensiones de la parte actora determina la imposición a la parte recurrente de las costas procesales, si bien se limita dicha imposición a la cifra máxima de 400 euros por todos los conceptos, que se distribuirán de la siguiente forma: 200 euros a favor del Concello de Vigo, y 200 euros a favor de la concesionaria municipal SETEX APARKI S.A. aplicación Vistos los preceptos citados y demás de pertinente y general y FALLO 5

6 Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso contenciosoadministrativo presentado por D. contra la Resolución del Concelleiro delegado de Patrimonio de Vigo de 16 de diciembre de 2015, por la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución que estimó parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada contra el Concello de Vigo en fecha y tramitada en el expediente y declaro que la Resolución recurrida es conforme a Derecho. Todo ello con la imposición de las costas procesales a la parte actora, si bien se limita dicha imposición a la cifra máxima de 400 euros por todos los conceptos, que se distribuirán de la siguiente forma: 200 euros a favor del Concello de Vigo, 200 euros a favor de la concesionaria municipal SETEX APARKI S.A., por todos los conceptos en ambos casos. Notifíquese la presente sentencia a las partes, advirtiéndoles que la misma es firme al no ser susceptible de recurso ordinario alguno. Procédase a remitir testimonio de esta sentencia a la Administración demandada, en unión del expediente administrativo. Así lo acuerda, manda y firma D. ANTONIO MARTÍNEZ QUINTANAR, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo. Doy fe. PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Magistrado- Juez que la suscribe estando celebrando audiencia pública en el día de hoy que es el de su fecha, doy fe. 6

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