Sin Tierra y Territorio no hay Futuro para Colombia

Sin Tierra y Territorio no hay Futuro para Colombia Rafael Figueroa Programa SUIPPCOL Durante el mes de octubre de 2010 se desarrollará en Suiza la Campaña Sin Tierra y Territorio no habrá Paz en Colombia, promovida por la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base, el Programa SUIPPCOL y el Grupo de Trabajo Colombo Suizo - ASK!. Los temas de esta campaña, como son la paz, la tierra y el territorio, son hoy temas cruciales en Colombia. Los problemas relacionados con el acceso y concentración de la tierra, la explotación de los recursos del territorio y el deterioro de los ecosistemas estratégicos que se encuentran sobre estos ocupan actualmente la mayor atención tanto de la opinión pública y como de las entidades gubernamentales, en tanto estos aspectos han sido identificados como parte de las causas más agudas y determinantes del conflicto armado interno colombiano, el más antiguo y cruel de todo el hemisferio occidental. Es por ello que, de la resolución de estos problemas, depende en gran medida la consolidación de una paz sostenible y el goce de una verdadera democracia pluralista e incluyente. En la perspectiva del problema de la tierra y el territorio el primer hecho notorio es la altísima concentración de la propiedad rural. En Colombia, 54.890.000 hectáreas de tierra con títulos formales están concentradas en 190.000 propietarios, lo que corresponde al 0.4 % de la población nacional, mientras que las restantes 12.684.000 hectáreas tituladas están en manos de cerca de 3.000.000 millones de personas 1. Para dimensionar la magnitud basta mencionar que los títulos privados en Colombia con la mayor extensión y que se encuentran concentrados en pocas personas equivalen a 8 veces la extensión de la Confederación Suiza. Esta perspectiva solo puede verse en toda su dimensión si también incluimos las cerca de 8.000.000 millones de personas que sobreviven al desplazamiento y al conflicto armado y que habitan aun las zonas rurales en Colombia. Campesinos, comunidades indígenas y negras, sin acceso a los títulos de dominio de sus tierras y territorios y que poseen hoy aproximadamente 4.9 millones de hectáreas, constituyen la ultima franja de reserva alimentaria del país, franja que aporta a la economía nacional un 45% de la canasta básica alimentaria. Este estado de cosas es una de las causas por las que se coloca a Colombia en el tercer lugar con mayor inequidad en Latinoamérica, después de Brasil y Guatemala y en el puesto 13 en relación al resto del mundo 2. 1 Ponencia La Tenencia de la Tierra en Colombia. Yobanny Martinez Martinez. Sociedad Geográfica de Colombia. Ciclo de Conferencias Componentes Básicos para el Ordenamiento Territorial. Bogotá. Año 2002. 2 CEPAL. Índice de Gini en Areas Rurales, Urbanas. En : http://www.eclac.cl/colombia/noticias/documentosdetrabajo/5/35215/estsoc164-03-_07-g-es.pdf

El caso de las Comunidades del Garzal, miembros de la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base, al sur del Departamento de Bolívar, ilustra suficientemente este problema. A diferencia de los 5 corregimientos que integran la gran sabana de Simití o de los 7 corregimientos del vecino municipio de San Pablo, en el Corregimiento del Garzal no se conoce un finquero, terrateniente o empresario. Son todos campesinos con tierra. Cerca de 800 personas habitan y dependen de este territorio. Es el último resquicio del Sur de Bolívar donde la concentración de la tierra es nula. La comunidad del Garzal ha sido víctima de la concentración ilegal de su tierra. Esta concentración de la tierra ha sido realizada a través de la creación ilegal y fraudulenta de escrituras en Notarias de Bogotá, Cartagena, Simití y Mompox, la legalización y registro directo en las Oficinas de Registro de Inmuebles de Mompox y Simití y con el pleno respaldo del Bloque Central Bolívar, fueron irregularmente apropiadas más de 12.000 has dentro de un corregimiento que no sobrepasa las 8.000 has. La extensión de este corregimiento equivalen a la extensión total del Zurich. Se hace absolutamente evidente la participación de diversas entidades públicas del orden regional en la comisión y el amparo del desalojo. Así las cosas, el desalojo había sido planificado para realizarse hacia el 2006, contando con el apoyo de todas las instancias locales y regionales para tal fin.

Corregimiento del Garzal, Sur de Bolívar No obstante, dichos títulos a partir de ese mismo año, han venido perdiendo gradualmente su validez y su respaldo institucional. Mediante la intervención directa, planificada y organizada de las familias campesinas del Garzal en los procesos penales y civiles en los Juzgados de Simití y principalmente, los procesos reivindicatorios dirigidos al desalojo, se ha logrado que hoy los títulos sean objeto de debate probatorio y procesal, evidenciándose cada vez más las inconsistencias presentes en ellas. Finalmente, a través de la incidencia política de la Red de Iniciativas y otras organizaciones afines, se ha logrado abrir una mesa de interlocución directa con la gerencia de esta entidad para vigilar los procedimientos administrativos que está actualmente desarrolla. Volviendo a los problemas estructurales de la tierra y el territorio en Colombia se destaca el despojo a gran escala que, con la violencia desarrollada por los grupos y elites paramilitares, generaron el abandono de al menos 5,5 millones de hectáreas y el desplazamiento de cerca de 3.000.000 millones de personas, el mayor desplazamiento forzado del hemisferio, según datos de la Comisión de Seguimiento a la Política sobre Desplazamiento Forzado de la Corte Constitucional. Las tierras abandonadas a lo largo de la última década fueron concentradas en grandes predios y rápidamente obtuvieron su titulación. Se calcula que el número de hectáreas despojadas equivale a 5.8 veces el número de tierras entregadas por Reforma Agraria entre 1993 y 2002 por el estado Colombiano.

Ciénaga de Pita, Corregimiento del Garzal El papel del Estado en materia de restitución de tierras es insignificante. Los paramilitares han entregado al fondo de reparación poco más de 21.000 hectáreas y el gobierno Uribe entregó, entre subsidios y tierras a los campesinos, 66.295 hectáreas, cifras precarias en comparación con la dimensión del problema. Los problemas que sufren las Comunidades de Las Arepas y Sitio Nuevo, en Córdoba, son significativos al momento de entender estas dinámicas globales en concreto. Durante los últimos 50 años y especialmente desde comienzos del año 2002, la Ciénaga Grande del Sinu ha desaparecido en más de un 70 %. Un daño ambiental y económico tan irreparable y colosal, que cientos de especies de peces, como el boca chico y así mismo las miles de familias que dependían de el, desaparecieron. Y con ellos, sus tierras y su territorio. La Hidorelectrica de Urrao ha sido el principalmente generador, no de electricidad, sino de despojo. Actualmente, sobre los márgenes de la ciénaga del sinu, cientos de campesinos resisten a todo tipo de presiones y ordenes de despojo empeñados en sus siembras y en la protección y aprovechamiento sostenible de su riqueza. Ellos han sido ubicados por el Estado Colombiano desde hace más de 15 años sobre el gran baldío de la ciénaga grande del sinu, que ocupa un área de 34.000 hectáreas, 22 veces el tamaño de Ginebra, Suiza. Así las cosas, los campesinos del Corregimiento de las Arepas, Municipio de Cotorra, han sido objeto de dos intentos de desalojo ordenado por un juez de montería con base en escrituras de propiedad sobre un predio que le pertenece no a particulares sino a la nación.

En rojo se ha delimitado el área de los predios de Sitio Nuevo y Las Arepas, en Córdoba. De otra parte, en el Corregimiento de Sitio Nuevo, Municipio de Lorica, predios baldíos que le pertenecen a la ciénaga y a la nación están siendo entregados por los expropiadores para la reparación de las víctimas. Este despojo coincide con las proyecciones de construcción de la segunda fase de la hidroeléctrica de Urrao, proyecto que como primer impacto ambiental y económico conlleva la desecación aguda de la ciénaga. Los aprendizajes y las experiencias del Garzal, han servido para la estrategia en la defensa de los campesinos de la Ciénaga Grande, de manera que se ha evitado de manera eficaz durante el último año y medio el desalojo de estas comunidades, quienes aseguran su permanencia a través de la producción de alimentos y el arraigo en su territorio. Aunado a la altísima concentración de tierras y el despojo a gran escala, las grandes políticas públicas sectoriales, especialmente durante la última década, han influido de manera determinante en la perdida de los recursos y la vocación agrícola de estos territorios y en la degradación de los ecosistemas más frágiles y biodiversos del planeta. Estas políticas, enfocadas de manera exclusiva al desarrollo y el crecimiento económico a partir del fomento de ambiciosos negocios agroindustriales dirigidos a la exportación y la explotación de los recursos no renovables a escalas colosales no contemplan ningún tipo de restricción o consideración ambiental y social, lo que necesariamente ha generado verdaderos problemas locales y regionales que rápidamente, en un contexto de guerra civil, son aprovechados por diversos actores armados que se encuentran en pugna por el control de las rentas provenientes de esta explotación. Uno de los más claros ejemplos es la Política Sectorial de Hidrocarburos, diseñada hasta 2019 por el pasado gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Lo fundamental de esta Política, como ya se mencionaba, está en la escala de la explotación petrolera proyectada por el Gobierno. Mientras para el año 2009, cerca de 2.000.000 millones de hectáreas estaban dedicadas a la explotación petrolera y cerca de 17.000.000 millones estaban siendo objeto de explotación, para el pasado mes de agosto el gobierno nacional ofertó más de 47.000.000 millones de hectáreas para la exploración y explotación de hidrocarburos en el marco de la ronda de negocios internacional del petróleo, el Open Round

2010 3. Finalmente, fueron adjudicadas 9.360.664 hectáreas para la exploración y explotación de hidrocarburos y que comprende una inversión estimada de 1.086.000.000 millones de dólares. Zonas con Mayor Concentración de Tierras Año 2009 Gran parte de estas inversiones serán realizadas sobre territorios colectivos de comunidades negras, zonas de reserva natural y forestal, resguardos indígenas, territorios ancestrales y sagrados, sin que se contemple ninguna diferenciación en el tratamiento de unos y otros ni menos la mitigación de los impactos culturales, sociales y ambientales en un territorio, como la franja del pacifico, que contiene una de las mayores tasas de endemismo y biodiversidad en el mundo (3 lugar en biodiversidad y endemismo de especies en el mundo) y así mismo una gran parte de los territorios de las minorías étnicas y los pueblos locales que habitan el país. No obstante, estas inversiones aun no están materializadas en el territorio y aún pueden preverse modificaciones y limitaciones a las mismas, lo que sin embargo, no ocurre con otras políticas públicas fuertemente desarrolladas como la Política Sectorial Minera. 3 Para mayor información consultar: http://www.rondacolombia2010.com/index_lang.php?lang=en

Bloques Ofertados para la Explotación de Petróleo Según las cifras oficiales, la explotación minera legal en Colombia alcanza las 5.800.000 millones de hectáreas y las solicitudes de explotación minera en Colombia llegan las 7'948.910. No obstante, no existen cifras ni estudios que den cuenta del alcance de la explotación minera ilegal que fácilmente puede triplicar esas cifras y que están destruyendo en este momento miles de hectáreas de selva húmeda tropical, ecosistemas estratégicos y nacimientos de fuentes de agua, entre otros bienes ambientales relevantes. Uno de los casos más dicientes en relación a la explotación ilegal de recursos naturales y los graves daños ambientales que aquel conlleva, es el problema del Consejo Mayor de la Opoca, la Cocomopoca, ubicada en el Alto Atrato, Chocó. Desde 1981, las 43 comunidades que integran el consejo mayor han sido víctimas del conflicto armado interno. Hoy en las cuencas del Andageda y Tumutumbudo permanecen columnas del Ejército de Liberación Nacional, y un frente de las FARC; sin dejar de mencionar que en esta zona tuvieron también presencia otros grupos como el ERG y el EPL, hoy desmovilizados. El accionar de

estas agrupaciones ha sido permanente, teniendo incursiones guerrilleras registradas el 18 de octubre de 2000 y el 17 de diciembre de 2005 en el casco urbano del municipio de Bagadó. Selva Húmeda Tropical destruida por la explotación minera en el Territorio de la Cocomopoca De otra parte la presencia de Compañías Multinacionales Mineras, como la Anglo Gold Ashanti, quien cuenta con más de 50 mil hectáreas entregadas en concesión por la Republica de Colombia sin el desarrollo de ningún tipo de consulta previa, trajo consigo la presencia masiva de tropas del Ejército Nacional quienes han destruido en algunas ocasiones cultivos e instigando a los campesinos a trabajar con la empresa. En esta última etapa del conflicto, dos líderes de la COCOMOPOCA, Antonio Bolívar y Mario Cerdeña han sido asesinados el 27 de mayo 2009 y el 25 de septiembre. El área solicitada por la Cocomopoca como su territorio ancestral es de 172.000 hectáreas, tan extenso como el canton de Lucerna, Suiza. La existencia de un conflicto armado menoscaba de manera directa todas las condiciones mínimas en que se funda el derecho a la vida digna. Por el contrario, en este contexto de violencia política y conflicto armado, la Republica de Colombia se ha negado por espacio de 10 años a reconocer el derecho colectivo al territorio de las 43 comunidades afrodescendientes que integran la COCOMOPOCA, eliminando el último aspecto que preserva y guarda la dignidad de las comunidades afro en Colombia: El territorio. No obstante, la comunidad se niega a abandonar el territorio, persistiendo en la protección de la selva húmeda tropical y del Río Andageda, de donde proviene el sustentos de cientos de familias que habitan en sus márgenes. Al sumarse a la estrategia de defensa del territorio de la Red de Iniciativas, se han promovido acciones ante el sistema de naciones unidas y se han abierto espacios de interlocución con el alto gobierno, con miras a la suspensión del grave daño ambiental y la violación de los derechos al territorio de las comunidades afro descendientes que habitan el Andageda.

Explotación Irracional del Oro en el Río Andageda La Red de Comunidades e Iniciativas de Paz desde la Base, con el apoyo del Programa SUIPPCOL ha dado inicio a una estrategia de incidencia política y acción legal para asumir la defensa colectiva de todos los territorios de las 31 iniciativas locales y regionales de paz, conformadas por mujeres, campesinos, afros descendientes e indígenas, de distintas regiones de Colombia. Inicialmente, 3 regiones se han priorizado y acompañado, en miras a desarrollar una ruta de acción interétnica que sirva a las demás comunidades y que apunte a la construcción de la paz desde el territorio, enfoque fundamental de la Red de Iniciativas y el Programa SUIPPCOL. Dentro de esta estrategia, la Campaña Sin Tierra y Territorio no habrá Paz en Colombia, tiene un papel fundamental. A través de esta gira, se quiere promover un acercamiento entre la sociedad civil suiza y las comunidades y organizaciones que resisten al despojo y la explotación irracional de sus recursos en Colombia, principalmente en las acciones de incidencia política y algunos procesos legales que las comunidades han adelantando para garantizar y defender sus derechos al territorio. Así mismo, en un intento por preservar estos territorios y ecosistemas, que por su valor en términos ambientales y alimentarios interesa al mundo entero, queremos promover una iniciativa para convertir estos territorios en lugares protegidos por la sociedad civil suiza y por las demás organizaciones, pueblos y personas en el mundo que estén interesadas en proteger esta construcción de la paz desde el territorio. Sin lugar a dudas, ello constituiría un paso fundamental para la preservación de la tierra y el territorio en Colombia, y por ende, para la construcción de una paz sostenible y duradera, pues los problemas aquí expuestos solo pueden resolverse a través del papel protagónico de la sociedad civil colombiana y especialmente, de las comunidades y organizaciones que enfrentan día a día estos problemas, contando con el hermanamiento de otros pueblos, organizaciones y personas en el resto del mundo.