LA SALIDA DEL LABERINTO derechos humanos y cooperación para el desarrollo En colombia Autora: Arantxa Guereña Ilustraciones: Sonia Pulido
LA SALIDA DEL LABERINTO derechos humanos y cooperación para el desarrollo En colombia LA SALIDA DEL LABERINTO Derechos humanos y cooperación para el desarrollo en Colombia OXFAM Intermón. Madrid, 2014 Autora: Arantxa Guereña Ilustraciones: Sonia Pulido Diseño y maquetación: Enrique González www.oxfamintermon.org www.simeimporta.org La Salida del Laberinto es uno de los relatos que forman parte de Sí Me importa, una campaña de Oxfam Intermón que pretende generar y visibilizar un movimiento ciudadano que demuestre que a la sociedad española sí le importa la política pública de Cooperación al Desarrollo, actúa para defenderla y por ello es imprescindible seguir apoyándola. Este relato está orientado a divulgar y defender el impacto positivo de la cooperación internacional y a compartir la necesidad de su continuidad. El relato ofrece una visión desde adentro de las consecuencias de la violencia que enfrenta Colombia debido al prolongado conflicto armado que sufre su población. La cooperación internacional juega un importante papel con su inestimable apoyo a los sectores movilizados que enfrentan la violencia. Gracias a la ayuda al desarrollo de países como España son posibles los programas de protección de víctimas y de lucha contra la impunidad. El informe documenta el descenso de la ayuda internacional en los últimos años y expone los riesgos que se derivan de esta tendencia regresiva.
Índice Veinticinco pisos de escombros 4 Trofeos humanos en venta 8 En el punto de mira por buscar justicia 13 La información viaja con escolta 18 Defender la paz es subversivo 20 La tierra despojada 24 Otro barrio es posible 28 Por qué Colombia 30 El camino de salida 35 Notas 38 Ilustraciones Operación Orión 5 Defensores de derechos humanos 14 Apartadó - Comunidad de Paz 21 La tierra 25 Democracia secuestrada 31
1 Veinticinco pisos de escombros Las mujeres sentadas junto a la hermana Rosa tienen varias cosas en común. Todas llegaron hace años a Medellín con sus familias desde distintas zonas del país tratando de dejar atrás la violencia y persiguiendo el sueño de un futuro mejor. Todas son madres, compañeras o hermanas de un desaparecido. Y todas pertenecen al colectivo Mujeres caminando por la verdad, desde donde cada día se esfuerzan por transformar el dolor en fortaleza y exigencia de justicia. A sus espaldas, una pared tapizada con fotografías muestra decenas de rostros de los desaparecidos, cada uno con su nombre y una fecha para no olvidar. En la otra pared un gran mapa señala el lugar llamado la Escombrera. Toda una generación de adolescentes se convirtió en carne de cañón para la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico, en su lucha por controlar los barrios Ellas no son las únicas que han perdido a un ser querido. De hecho, en la Comuna 13 de Medellín resulta muy difícil encontrar una familia que no haya sido truncada por esta guerra fratricida que asola Colombia desde hace más de medio siglo. La mayoría llegaron a este barrio desplazadas por el conflicto. Pero una no puede huir de la muerte, dice la más anciana. En la ciudad, toda una generación de adolescentes se convirtió en carne de cañón para las milicias guerrilleras, los grupos paramilitares y el narcotráfico, quienes libraban un combate sin cuartel por el control de los barrios. En octubre de 2002, con el pretexto de pacificar la zona, el entonces presidente Álvaro Uribe inauguró su mandato lanzando un castigo sin precedentes sobre una zona urbana densamente poblada: la Operación Orión. En las empinadas calles de la Comuna 13 se desplegaron más de 3.000 soldados y policías, helicópteros y tanquetas que durante cinco días dispararon sin tregua contra un barrio 4
Nro. 1: Operación Orión
las autoridades hacen oídos sordos a las peticiones para que se exhumen los restos de las más de 300 víctimas que puede haber bajo los escombros. Pero las madres y compañeras de los desaparecidos no pierden la esperanza de recuperar sus restos aterrorizado. Sólo la presión internacional y las miles de banderas blancas que las familias colgaron de las ventanas lograron detener el horror. El saldo: 14 personas muertas, más de 350 detenciones arbitrarias y un número indeterminado de desaparecidos. 1 La operación forzó a las milicias de la guerrilla a replegarse, provocando un cambio de poderes. A partir de entonces los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara se hicieron con el control de las calles y del narcotráfico, extorsionando y amenazando a todo el que se interpusiera en sus negocios. Las desapariciones forzadas se convirtieron en práctica habitual. Ya no se veían asesinatos en las calles como antes, pero la gente desaparecía, recuerdan las mujeres. Una de ellas rememora la desaparición de su hijo en 2002. Ese día llegó a casa del trabajo pero pronto se vino para donde la novia. De allí se lo llevaron tres muchachos diciendo que tenían que hablar con él. Cuentan que él no quería ir con ellos, que trató de prender la moto para escapar, pero como eran tres lo agarraron, lo aporrearon y lo metieron en un taxi. Cuando la madre recorrió todo el barrio preguntando por él, muchos le decían que ya lo habían matado. Al día siguiente pedí que me lo entregaran [su cadáver] pero dijeron que como estaban en tregua navideña no podía haber muertos en la Comuna y no me lo podían entregar. De ahí para acá no he vuelto a saber nada de mi hijo. Nada de nada. Un día un exparamilitar que cumple condena por un sinfín de crímenes admitió haberlo matado y enterrado. La Fiscalía lo llevó a la Escombrera a que dijera dónde lo enterró. Pero él dice que es imposible recuperarlo porque ya han echado como 25 pisos de escombros encima. Quedó en mostrarme el sitio pero no me ha llevado. En agosto de 2003 fueron exhumados más de veinte cuerpos. La madre buscó entre las prendas de vestir pero no encontró nada que hubiese pertenecido a su hijo. Aún así, no se resigna. Todavía hay muchos cuerpos sin identificar en la Fiscalía, tienen miles de cajitas con restos. Pero por más que vengo a decirles que están esos restos sin identificar y que son de la fecha en que se llevaron a mi hijo, aún no les han hecho la prueba de ADN. Sabiendo que llevo tanto tiempo pidiéndoselo. Ahí es donde yo digo, dónde está la colaboración con las víctimas? Porque yo creo que mi hijo está ahí. 6
Han pasado diez años desde la operación Orión y la mayoría de las familias aún no han recuperado los restos de sus seres queridos. Se cree que muchos aún están sepultados en La Escombrera, donde cada día se siguen vertiendo toneladas de residuos. En la ciudad más innovadora del mundo, 2 las autoridades hacen oídos sordos a las peticiones para que se clausure este cementerio clandestino y se exhumen los restos de las más de 300 víctimas que se calcula puede haber bajo los escombros. Pero las madres y compañeras de los desaparecidos no pierden la esperanza de recuperar al menos sus restos. Cada día la hermana Rosa recibe entre diez y quince personas. Todos los días vienen casos horribles, tantas cosas que no tienen solución... La impotencia que una vive es muy dura porque ellas necesitan una atención psicosocial y el Estado no hace nada. Una cantidad de problemas que una no sabe aquí cómo la gente sobrevive. La respuesta está en la unión, en no sentirse solas: Antes el miedo nos dominaba pero ahora luchamos unidas y sabemos reclamar. Nos decían que olvidáramos lo que había pasado, pero no lo permitimos. HERMANA ROSA: Antes el miedo nos dominaba pero ahora luchamos unidas y sabemos reclamar. Nos decían que olvidáramos, pero no lo permitimos 7
2 Trofeos humanos en venta Mientras hilvana sus recuerdos, no por más veces compartidos menos dolorosos, María se aferra con dedos nerviosos al retrato del hijo desaparecido. Aquel día Jaime no fue a trabajar a la obra pues el patrono esperaba inspección y no querían ver menores de edad. Y es que era casi un niño con apenas 16 años. Esa mañana salió de casa sin decir a dónde iba y no regresó como de costumbre a la hora de la cena. Tampoco al día siguiente. Ni al otro. Al tercero llamó diciendo que estaría de vuelta el domingo, que no lo regañase por haberse ido sin permiso. Entonces María recordó cómo días atrás Jaime le había contado que una gente bien vestida andaba buscando jóvenes para llevarlos a trabajar lejos, en la recogida del café. Con la noticia de la desaparición del hijo de María se destapó el escándalo de los llamados falsos positivos Toda la familia lo buscó durante días que se hicieron semanas, semanas que se hicieron meses. Sin ayuda de nadie. Cuando María acudió a la Fiscalía a denunciar la desaparición los funcionarios se negaron a tramitarla hasta que se hubiese cumplido el plazo de 72 horas. Pero tampoco lo hicieron entonces. Ningún operativo de búsqueda se puso en marcha. No se abrió ninguna investigación. Como María, Luz Marina también buscó sin reposo y sin ayuda a su hijo Fair Leonardo desde el día en que sus hermanos lo vieron salir muy temprano de casa tras responder al teléfono con un Ya voy para allá, patroncito. No les pareció extraño, pues él acostumbraba a ayudar a todos. Su discapacidad mental le había impedido aprender a leer y no conocía el valor del dinero, pero le gustaba colaborar. Por eso lo querían tanto en el barrio. Todos los días me regalaba una flor y una chocolatina, rememora la madre. Mientras, en la sala, la fotografía del hijo perdido llena todo el espacio con su ausencia. 8
La guerra se mide en litros de sangre era la frase con que el general Montoya, comandante en jefe del ejército, solía arengar a sus tropas Jaime, Fair Leonardo y al menos otros 17 jóvenes vecinos de Soacha un municipio humilde y superpoblado en la periferia de Bogotá fueron engañados con falsas promesas de trabajo y trasladados hasta Ocaña, a 800 kilómetros de distancia, con el único fin de asesinarlos y hacerlos pasar por guerrilleros. Las desapariciones comenzaron en enero de 2008, y la búsqueda se alargó durante meses hasta que en septiembre la respuesta oficial cayó como un misil sobre el barrio: los restos de los chicos habían sido encontrados en fosas comunes al otro lado del país. Con la noticia se destapó el escándalo de los llamados falsos positivos, definidos de una forma mucho más explícita por el Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes con fines de beneficio. 3 Una práctica atroz que se aplicó de forma sistemática y generalizada durante el mandato de Álvaro Uribe, cuando era ministro de Defensa el hoy presidente Juan Manuel Santos. El expresidente Uribe gobernó obsesionado por ganarle terreno a los grupos armados ilegales que campaban a sus anchas por todo el país desde 1980. Con la excusa de recuperar el orden y la seguridad, Uribe puso en marcha una Política de Seguridad Democrática que no tenía grandes problemas en reprimir a la ciudadanía ni en vulnerar los derechos humanos. 4 El objetivo? Recuperar el monopolio de la fuerza a cualquier precio. La guerra se mide en litros de sangre era la frase con que el general Montoya, comandante en jefe del ejército, solía arengar a sus tropas. 5 Y para no dejar lugar a dudas se puso en marcha un macabro sistema de recompensas en forma de pagos, permisos y ascensos a cambio de bajas en el enemigo: desde 1.500 euros por guerrilleros rasos hasta aproximadamente dos millones de euros por los máximos cabecillas de la guerrilla. Por las armas y material incautado se cobraba extra: un revólver, 200 euros; una granada, 70; un teléfono móvil, 4, y así hasta completar una detallada lista. 6 Este sistema dio origen a un espeluznante trasiego de vidas humanas desde las zonas rurales y los barrios humildes de Bogotá o Medellín hacia los frentes de combate. Cuando un militar necesitaba completar su cupo de bajas para lograr un ascenso recurría a uno de los reclutadores habituales, quienes solían ser militares retirados. 9
Éstos secuestraban a los jóvenes que fuesen necesarios y los llevaban engañados a zonas en conflicto, donde los entregaban al ejército a cambio de unos 80 euros. Después de quitarles la documentación en un falso retén para impedir su identificación eran asesinados a sangre fría. A continuación se simulaba la escena de un combate y los cuerpos se vestían de camuflaje, tan burdamente que a veces las víctimas llevaban calzadas dos botas del mismo pie. Los crímenes de Soacha conmocionaron a la opinión pública nacional e internacional, mientras que el entonces presidente Uribe salía al paso afirmando que era cosa de unas cuantas manzanas podridas y destituía a unos pocos mandos militares. Sin embargo, las investigaciones del Relator Especial de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales demostraron que los casos de Soacha apenas eran la punta del iceberg. 7 Una afirmación confirmada por los datos oficiales. En la Fiscalía General de Colombia se acumulan denuncias relativas a 4.716 víctimas de homicidios presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, muchos de los cuales corresponden al tipo de ejecuciones conocidas como falsos positivos. 8 la fiscalía acumula denuncias de 4.716 víctimas de homicidios atribuidos a fuerzas de seguridad; sólo una de cada tres tiene procesos abiertos A pesar de la repulsa a estas prácticas la impunidad sigue siendo flagrante, pues apenas existen procesos abiertos en uno de cada tres casos denunciados, y menos de 300 han llegado a la fase final. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha calificado como inadecuada la respuesta del gobierno, pues muy pocos responsables han sido retirados del servicio o procesados, y varios altos funcionarios vinculados a estos crímenes contra los derechos humanos aún continúan en servicio activo y siguen siendo ascendidos. 9 Incluso varios militares condenados han sido sorprendidos por la prensa colombiana difrutando de una especie de régimen vacacional. 10 La estrategia defensiva se basa en dilatar los procesos durante años y tratar de desviar los casos hacia la justicia militar, mucho más condescendiente. Por ello la asistencia 10
judicial resulta clave para hacer avanzar los procesos. Las familias de los desaparecidos nunca habrían tenido acceso a la justicia sin el apoyo de entidades como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) o la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Todas ellas son organizaciones socias de Oxfam Intermón en Colombia, que brindan asistencia jurídica y psicológica a las víctimas gracias a la asistencia financiera de la cooperación española y de la Unión Europea. Sin la ayuda internacional estaríamos como las familias de las regiones. No habría habido ni siquiera la primera condena, asegura una de las madres de Soacha. Luz Marina: el acompañamiento internacional es vital, y ha supuesto para nosotras la coraza y el bastón Entre los primeros tres casos en obtener una sentencia está el de Fair Leonardo, que además ha sido el primero reconocido como crimen de lesa humanidad. Por él, seis militares han sido condenados a más de 50 años de prisión aunque uno de ellos, el mayor Quijano, ante la certeza de que iba a ser condenado tuvo todas las facilidades para huir hasta el día de hoy. Pero la lucha no sólo consiste en derribar este muro de impunidad. Las madres de Soacha también deben hacer frente al hostigamiento y las amenazas constantes. Un día alguien bajó de una moto y me agarró del pelo, me empujó contra la pared y me dijo que si no me quedaba callada iba a aparecer con la cara llena de moscas como mi hijo, relata María. Con John Nilson, el hijo de otra compañera, ya se cumplieron las amenazas. Lo asesinaron en 2009 cuando investigaba la desaparición de su hermano. Por ello, como dice Luz Marina, el acompañamiento internacional es vital, y ha supuesto para nosotras la coraza y el bastón. La gira europea de 2010 para denunciar sus casos, auspiciada por Amnistía Internacional, supuso el punto de inflexión a partir del cual disminuyeron las amenazas. Otro espaldarazo importante fue el reconocimiento a la valentía del grupo con el premio Constructoras de Paz 2012 otorgado por el Instituto Catalán Internacional de la Paz a propuesta de Oxfam Intermón. Con motivo de la recepción de este premio, las Madres de Soacha tuvieron ocasión 11
de compartir directamente su experiencia a través de encuentros con el público español y con responsables políticos. Esto les permitió estrechar lazos de solidaridad y comprobar que sus historias despertaban aquí un interés mayor al que habían sentido muchas veces en su propio país. Y es que las Madres de Soacha no se rinden ni descansan desde aquél día que cambió sus vidas para siempre. Cada lágrima que sale por mi mejilla me da más fuerzas para seguir denunciando y seguir luchando para limpiar el nombre de mi hijo y de todos los muchachos. Yo quisiera que estos casos no queden en la impunidad. Que se haga justicia y que no se vuelva a repetir, comparte doña Lucero. Por eso todos los últimos viernes de cada mes acude junto a sus compañeras al parque de Soacha exhibiendo la foto de sus hijos desaparecidos. Para mantener viva la memoria, exigir justicia, denunciar la impunidad y hacer visible lo que muchos quieren ocultar. Para ello tampoco dudan en recurrir a otras formas de expresión como el teatro, la canción, la poesía, el grafiti o el rap. 11 Sobre todo buscan evitar que otras madres tengan que pasar por lo mismo. En palabras de doña María: Contando lo que sucedió con nuestros hijos podemos salvar otras vidas. Perdimos a nuestros hijos pero ganamos muchos hijos más. Lucero: Yo quisiera que estos casos no queden en la impunidad. Que se haga justicia y que no se vuelva a repetir María: Contando lo que sucedió podemos salvar otras vidas. Perdimos a nuestros hijos pero ganamos muchos hijos más
3 En el punto de mira por buscar justicia Los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) conocen bien lo que significa defender los derechos humanos en Colombia. Durante sus 35 años de existencia se han ocupado de miles de casos actualmente llevan unos 300, acompañado y protegido a las víctimas y formado nuevos equipos de defensores y defensoras. Con su labor han salvado un buen número de vidas y evitado que muchas comunidades tengan que huir de sus territorios. También han contribuido a hacer visible la violencia política, exigiendo responsabilidades al Estado y señalando ante la Corte Penal Internacional a algunos de los máximos responsables criminales. durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, El aparato de inteligencia estatal espió ilegalmente a políticos, periodistas, magistrados, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición Pero exigir justicia en Colombia implica un altísimo riesgo, y a veces los propios defensores y defensoras son incapaces de protegerse a sí mismos. Ya nos ha tocado enterrar a varios de nuestros compañeros, recuerda uno de sus miembros. La idea del enemigo interno, fomentada por la Política de Seguridad Democrática de Uribe, desató la sospecha generalizada hacia organizaciones defensoras de los derechos humanos, sindicatos, asociaciones campesinas y periodistas independientes. Acusado por el Estado de ser el enemigo de una guerra jurídica, el Colectivo de Abogados se convirtió entre 2003 y 2005 en el principal objetivo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el controvertido aparato de inteligencia estatal hoy desmantelado que durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe espió ilegalmente a un buen número de políticos, periodistas, magistrados, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición. 13
Nro. 2: Defensores de derechos humanos
la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alerta acerca de las amenazas, hostigamiento y homicidios contra defensores y defensoras de derechos humanos, atribuidos en su mayoría a grupos criminales surgidos tras la desmovilización de los grupos paramilitares Sometido a una persecución política sin tregua, al CAJAR le habría resultado prácticamente imposible realizar su trabajo sin el apoyo internacional. Seguramente no habríamos podido regresar del exilio. Probablemente a muchos nos habrían asesinado. Muchas organizaciones ya no existirían, afirma uno de sus integrantes más veteranos. Pero tampoco podrían seguir adelante sin la entrega y el compromiso que derrochan. Desde niño viví la gran injusticia que sufre este país y tuve la convicción de trabajar por buscar la justicia y la paz, por decir la verdad. Yo sé que eso tiene unas consecuencias. Hasta ahora no ha pasado nada grave contra mí o contra mi familia, pero sé que puede suceder y estoy seguro de asumirlo. Si no tuviéramos una convicción muy profunda de eso, ninguno de nosotros estaríamos acá. Cuando hay otras personas con la misma convicción te ayuda a seguir adelante, reflexiona uno de los miembros más recientes. La batalla que libran es enormemente desigual, apenas un puñado de personas frente a todo el aparato del Estado. No hemos vencido, pero hemos contribuido a salvar muchas vidas en este país, afirman. Paradójicamente, a medida que avanzan hacia sus objetivos y el poder se siente más amenazado, el riesgo aumenta para ellos mismos. Así lo ha señalado la OACNUDH en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, al alertar acerca de las amenazas, vigilancia, robo de información, violencia sexual y homicidios contra este colectivo, atribuidos en su mayoría a los grupos criminales surgidos tras la desmovilización de los paramilitares. 12 El programa no gubernamental Somos Defensores gracias a la financiación de varias agencias de cooperación internacional, entre ellas la Unión Europea mantiene un conteo detallado de las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, incluyendo amenazas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y asesinatos. Y lo peor es que se han incrementado de forma alarmante a lo largo de los últimos cinco años. En 2013 fueron asesinados 78 defensores y defensoras, el mayor número desde que se lleva el registro. Esto representa más de un defensor o defensora asesinado cada cinco días, y nueve más que el año anterior. 13 Además de estos riesgos para su vida, hoy los organismos de defensores tienen que hacer frente a una nueva amenaza: la retirada de la financiación. Siete de cada diez 15
Fuente: Programa no gubernamental Somos Defensores euros que sostienen el CAJAR los aportan organismos de cooperación internacional, entre los que se encuentra la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Pero el desplome en la ayuda oficial al desarrollo especialmente por parte de otros países donantes, no de España hace pender de un hilo la continuidad de muchas de sus acciones. Vamos a perder un tercio de nuestro personal, lo que significa tener que reducir la cobertura a las víctimas. Muchas organizaciones de víctimas y de defensa de los derechos humanos están abocadas a desaparecer, lamenta uno de sus integrantes. Esto limita las posibilidades de acceso a la justicia para muchas víctimas, algo que le conviene a un gobierno al que incomoda este tipo de cooperación al desarrollo que sirve para fortalecer los derechos de la gente y la democracia, algo que asusta al Estado, afirman. En estos últimos años todas las organizaciones involucradas en el Programa de derechos humanos y lucha contra la impunidad de Oxfam Intermón en Colombia han 16
sufrido en carne propia el tijeretazo de la ayuda. La Comisión Colombiana de Juristas, por ejemplo, ha pasado de 70 a 25 profesionales en dos años. Esto ha provocado una enorme sobrecarga de trabajo en un esfuerzo por no reducir sus acciones, pues en el área de litigio siguen llevando los mismos casos con muchos menos abogados, lo que repercute directamente en la calidad del servicio y la posibilidad de responder a más víctimas. En el caso de la corporación AVRE (Apoyo a Víctimas de Violencia Socio Política Pro Recuperación Emocional), compuesta por psiquiatras, psicólogos y profesionales de la medicina, el equipo se ha reducido de 25 a 9 personas. Todo ello pone en riesgo la cobertura y la continuidad en la atención a las víctimas de la violencia. Para hacer frente a esta situación las organizaciones de víctimas y defensores están explorando alternativas, entre ellas trabajar con las instituciones del Estado. Sin embargo se arriesgan a perder independencia o a tener que aplicar modelos de atención que no siempre comparten. En otros casos puede conllevar riesgos mayores. El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), por ejemplo, desde hace casi tres décadas investiga y denuncia las más graves violaciones a los derechos humanos en Colombia y la violencia política ejercida desde el propio Estado. Por ello ha sido objeto de persecución y amenazas constantes, y por razones de seguridad preserva la identidad de sus investigadores. Sin embargo, para solicitar fondos públicos se han visto obligados a dar los nombres de todos los miembros del equipo, con el enorme peligro que supone para ellos y sus familias. las organizaciones que de derechos humanos han sido objeto de persecución y amenazas constantes. los recortes en la ayuda ponen en riesgo la atención a las víctimas de la violencia y suponen un peligro para los activistas y sus familias 17
4 La información viaja con escolta Ejercer un periodismo independiente es también una profesión de alto riesgo en un país que no destaca precisamente por su respeto a la libertad de información. En la última clasificación elaborada por Reporteros Sin Fronteras, Colombia ocupa el puesto 129 de 179 países, justo por detrás de Afganistán y apenas por delante de Angola y Libia, y es el peor calificado en toda América del Sur. Según esta organización, el narco-paramilitarismo sigue siendo el verdadero predador para aquéllos que trabajan al servicio de la información. 14 En El Informe de 2013 de Reporteros Sin Fronteras, Colombia ocupa el puesto 129 a nivel mundial, justo por detrás de afganistán; Es el País peor clasificado de América del sur Contradecir la monolítica versión oficial supone todo un reto cuando apenas existen dos medios de televisión privados en manos de las dos familias de empresarios más poderosas del país, Ardilla Lüle y Santodomingo y un único diario de tirada nacional propiedad de Sarmiento Angulo, el multimillonario más rico de Colombia. Por contar verdades incómodas y mostrar la guerra desde el punto de vista de las víctimas en su programa Contravía, el periodista Hollman Morris y su familia fueron objeto de escuchas ilegales y amenazas de muerte que los empujaron dos veces al exilio, primero en España y después en Estados Unidos. Hasta entonces mis hijos no sabían lo que era vivir sin escolta, ir en un carro que no fuese blindado o jugar en el parque, recuerda. Aún así, Morris no lo duda: Cuando te ves frente a algo que tienes que denunciar y eso te pone en peligro sientes miedo por tu vida. Pero hay otro miedo que da más miedo. Es el miedo a quedarte callado y fallarle a la gente. 18
Mientras en 2007 Human Rights Watch le concedía un reconocimiento por su defensa de los derechos humanos, en 2009 el entonces presidente Uribe lo acusaba públicamente de ser aliado del terrorismo. Esa fue mi sentencia de muerte, recuerda Morris. En esos años resultó fundamental la solidaridad internacional. Los apoyos internacionales son un blindaje, pues el costo político de atentar contra nosotros es más alto. Los reconocimientos terminan por salvarte la vida. Y también aportan recursos indispensables. Sin la cooperación internacional el programa Contravía no habría podido recorrer el país durante los últimos diez años mostrando la otra Colombia, pues a pesar de sus altos índices de audiencia no cuenta con ningún anunciante. Por eso cuando Holanda retiró el apoyo financiero, cediendo a la presión del gobierno colombiano, el programa habría dejado de emitirse si no hubiera sido por los fondos de cooperación internacional que aportó la Unión Europea. Hoy Morris dirige el Canal Capital, la televisión pública de Bogotá rebautizada como la cadena humana por su férrea defensa de los derechos humanos y de una cultura de paz. Aún así, la persecución no cesa aunque empieza a ser por otros métodos, asegura Morris. hollman morris: Los apoyos internacionales son un blindaje, pues el costo político de atentar contra nosotros es más alto. Los reconocimientos terminan por salvarte la vida 19
5 Defender la paz es subversivo Cuando se habla de una posibilidad de paz en Colombia todas las cámaras apuntan hacia La Habana, donde representantes del gobierno y de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC) buscan un acuerdo que ponga fin a más de cincuenta años de conflicto armado. Mientras, y muy lejos del foco mediático, una pequeña comunidad campesina lleva más de dos décadas pagando un altísimo precio por sus aspiraciones de paz. Cuando San José de Apartadó se declaró comunidad de paz y rechazó colaborar con actores armados, ejército y paramilitares respondieron con un baño de sangre San José de Apartadó es una pequeña localidad del Urabá antioqueño, al noroeste de Colombia, situada en un corredor estratégico para el trasiego de armas y droga. En marzo de 1997 se declaró comunidad de paz, 15 rechazando toda colaboración directa o indirecta con cualquiera de los actores armados. Cansados de sufrir un hostigamiento constante por parte del ejército, sus vecinos se autoafirmaban así como población civil al margen del conflicto y exigían ser tratados como tales. A los pocos días de hacer esta declaración el ejército y los paramilitares respondieron con un baño de sangre, asesinando a decenas de personas y bombardeando el pueblo para imponer el terror. Las familias huyeron desde los pequeños caseríos hacia el casco urbano de San José, donde unas 2.000 personas sobrevivieron al asedio durante meses. Desde entonces no han cesado el acoso y los crímenes indiscriminados, con más de 200 personas asesinadas desde 1996 en una comunidad de 1.600 habitantes. En palabras del sacerdote jesuita Javier Giraldo, acompañante histórico de la comunidad y uno de los más emblemáticos luchadores por los derechos humanos en Colombia, se trata de un caso de exterminio físico de quienes un día albergaron en su espíritu la adhesión a un sueño comunitario. 20
Nro. 4: Apartadó - Comunidad de Paz
LÍDER DE LA COMUNIDAD DE PAZ EN APARTADÓ: La única forma de acabar con la guerra es resistirse pacíficamente y negarse a cualquier forma de violencia. no hay otra manera de que las cosas cambien. podemos lograrlo con la solidaridad internacional y el esfuerzo de la propia comunidad. Estamos hablando de unas doce masacres: dos por la guerrilla y diez por el ejército y los paramilitares, relata uno de los líderes. Uno solo no tiene fuerza para resistir eso. Tiene que ser un grupo muy decidido, y uno tiene que estar a la altura de ofrecer la vida por la gente. De todas las masacres perpetradas, la que conmocionó al mundo entero por su brutalidad sucedió en 2005. En ella miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia y del propio ejército colombiano asesinaron y descuartizaron a tres niños y cinco adultos. Los militares dieron orden de matar también a los niños porque dijeron que en el futuro se convertirían en guerrilleros, recuerda uno de los vecinos. Después la fuerza pública ocupó el centro urbano y se militarizó toda la zona. Entonces las familias se trasladaron desde San José a otro lugar donde fundaron la nueva comunidad de San Josecito, en la que viven ahora. Pero nada ha logrado detener los ataques y el hostigamiento. Ni las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni las medidas provisionales solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni tampoco las tres sentencias de altos tribunales colombianos a favor de la comunidad. El Estado no sólo nos ha dado la espalda, sino que nos acusa de colaborar con la guerrilla y pretender ser un estadito al margen del Estado colombiano. Pero no sólo se trata de resistir, sino de ir creando nuestro proyecto de vida, añaden. Ante la falta de servicios públicos la propia comunidad ha puesto en marcha un modelo educativo propio y realizado esfuerzos por mejorar las condiciones de salud en las aldeas cercanas, además de gestionar proyectos sociales con organizaciones humanitarias. Construimos todo lo que el mismo Estado va destruyendo, dicen, con la solidaridad internacional y el esfuerzo de la propia comunidad. Su alegato a favor de la paz resulta incontestable: A la guerra no se le puede dar un milímetro más, ya ha habido suficientes muertes. La única forma es resistirse pacíficamente y negarse a cualquier forma de violencia. Hay razones suficientes para continuar resistiendo, porque no hay otra manera de que las cosas cambien. Y podemos lograrlo porque la sociedad civil somos más que la gente que está armada y piensa que la guerra es la solución. Saben que también pueden perder, pero entonces al menos se sabrá. Habrá más testigos de lo que aquí ocurra. Sabemos que tal vez no va a haber justicia, siempre va a haber impunidad, pero para nosotros es suficiente que haya testigos para dejar a la Historia nuestra historia de la comunidad. No hay otro camino que seguir. 22
Este camino no habría sido posible sin organizaciones como las Brigadas Internacionales de Paz, otro socio de Oxfam Intermón en Colombia participante en el Programa de Derechos Civiles y Políticos, que acompaña físicamente a la comunidad de San José de Apartadó desde 1999. La permanencia de sus voluntarios actúa como un verdadero escudo de protección. Con sus equipos de acompañamiento nos sentimos protegidos. Sin ellos hace rato que nos habrían exterminado, afirma uno de los miembros de la comunidad, pero con la presencia internacional tiene mucho más costo para el Estado. Es más difícil disparar si hay un extranjero. Pero el día que se acabe el acompañamiento van a acabar con nosotros. Los voluntarios y voluntarias de las Brigadas actúan como observadores internacionales, dando a conocer al mundo entero los abusos a los derechos humanos y las denuncias de las víctimas. Lamentablemente, su trabajo se hace cada día más difícil ante la escasez de fondos. El desmoronamiento de la ayuda al desarrollo los ha obligado a reducir a la mitad sus equipos de voluntarios en Colombia, mermando drásticamente su capacidad de proteger vidas. Una presencia internacional que además está facilitando el retorno paulatino de las familias que huyeron desplazadas por la violencia, quienes poco a poco van recuperando las tierras que les fueron arrebatadas por los grupos armados. La presencia de observadores internacionales permite dar a conocer los abusos a los derechos humanos y facilita el retorno de las familias desplazadas por la violencia. Lamentablemente, los recortes en la ayuda han mermado drásticamente su capacidad de proteger vidas 23
6 La tierra despojada Son más de cuarenta. Muchos han caminado durante horas con su historia de despojo a las espaldas para llegar a tiempo a la reunión. A unos les robó la tierra la guerrilla, a otros los paramilitares, el ejército, los ganaderos o los narcotraficantes. Hay quienes llevan más de diez años desplazados. La mitad han perdido uno o varios familiares en alguna de las muchas masacres perpetradas por cualquiera de los bandos. Algunos tuvieron que elegir entre abandonar a toda su familia o morir asesinados. Estas personas llevan años oyendo hablar de la restitución de tierras, pero nunca han visto que se haga realidad. Aún así, cuando se les pregunta si esta vez piensan que lo van a lograr, todas dicen que sí sin dudarlo un momento. Y es que ahora confían en la fundación Forjando Futuros, que lleva adelante los procesos judiciales acogiéndose a la reciente Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una ley con medidas sin precedentes para revertir este problema monumental. Para optar a la restitución la persona primero se debe inscribir en el registro de víctimas y documentar su caso. Pero medir una propiedad cuesta 500.000 pesos (unos 200 euros), un dinero que muchas familias no tienen. Por eso Forjando Futuros cubre los costes del proceso, pone a disposición su equipo de abogados y da seguimiento a los casos. Gracias a la ayuda de Oxfam Intermón con recursos de la Unión Europea cada caso representa una inversión de aproximadamente 1.500 euros la Fundación este año podrá asumir 60 casos más. La tarea es inmensa. La Comisión Nacional de Memoria Histórica calcula que a causa del desplazamiento unas 8,3 millones de hectáreas han sido despojadas o abandonadas a la fuerza, una superficie casi equivalente a toda Andalucía, y que supera el área destinada actualmente a la agricultura en todo el país. 16 En los próximos ocho años el gobierno espera tramitar las solicitudes de restitución de tierras presentadas por cientos de miles de desplazados. El avance, sin embargo, es muy lento. Desde que entró en vigor la ley en enero de 2012 hasta 24
Nro. 4: La tierra
enero de 2014, de las más de 43.000 solicitudes recibidas apenas se han emitido y publicado 347 sentencias de restitución de tierras, en su inmensa mayoría favorables a los campesinos reclamantes, y no llegan a 20.000 las hectáreas restituidas judicialmente. La restitución se da sólo en el papel, pues muchos no han podido retornar a sus territorios porque tienen temor, explica Nora Saldarriaga, de la Fundación Forjando Futuros. La mayoría de las familias desplazadas fueron obligadas a vender sus tierras a precios irrisorios o se las robaron a punta de fusil. Hoy, si regresan, muchos de los reclamantes se exponen a ser asesinados por quienes se las arrebataron. Human Rights Watch ha documentado decenas de casos de asesinatos, amenazas de muerte y nuevos desplazamientos forzados de personas que reclamaban la tierra que les pertenece, y alerta sobre la probabilidad de que el problema se agrave de no adoptarse medidas adicionales. Esta organización denuncia la situación de impunidad, pues hasta ahora los fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones sobre amenazas sufridas por reclamantes de tierras y líderes y hasta agosto de 2013 sólo se habían obtenido condenas en ocho de los 49 asesinatos de reclamantes de tierras. Tampoco se ha juzgado a los responsables del despojo, pues de las más de 17.000 investigaciones en curso de casos de desplazamiento forzado a cargo de la Fiscalía, apenas se ha dictado condena en menos del uno por ciento. 17 Aunque la ley comprende medidas de prevención y protección como teléfonos móviles y escoltas para las víctimas, los testigos y los funcionarios públicos que intervienen en los procesos, éstas no han impedido los numerosos asesinatos a reclamantes de tierras. Según la organización Forjando Futuros, desde 2008 hasta noviembre de 2013 han sido asesinados 78 líderes campesinos implicados en procesos de restitución de tierras. Y de acuerdo con los datos de la Defensoría del Pueblo, al menos 71 líderes de restitución de tierras han sido asesinados entre 2006 y 2011 y más de 500 reclamantes y líderes de restitución de tierras recibieron amenazas entre enero de 2012 y septiembre de 2013. Por su parte, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha expresado su especial preocupación por el gran número de amenazas y asesinatos de líderes y reclamantes de tierras y la impunidad de estos crímenes, así como por la presencia de actores que entorpecen la labor de la Unidad de Restitución de Tierras en los territorios, incluyendo el uso de minas antipersonales. 18 26
En el momento de escribir estas líneas, en diciembre de 2013, el director de la organización Forjando Futuros y Premio Nacional de Paz 2012, Gerardo Vega, se ha visto obligado a abandonar el país al haber recibido amenazas contra su vida y tras el asesinato de uno de los reclamantes de tierras atendidos por la organización. 19 Esto confirma la situación extremadamente vulnerable de todas aquellas personas implicadas en el proceso de restitución de tierras. Por otro lado, los campesinos que logren recuperar sus tierras tendrán que hacer importantes inversiones para cultivarlas de nuevo, pues muchas han estado abandonadas durante años. Con el título pero sin dinero para ello, muchos propietarios las venderán de manera que se avecina un despojo más elegante, más legal, el despojo del mercado. El campesino tendrá que seguir viviendo en las ciudades en las condiciones más precarias, y no va a poder regresar a sus tierras, explica el padre Javier Giraldo. Ante este desafío colosal, podrá el Estado garantizar la efectiva restitución de tierras a las víctimas del conflicto? Un asunto prioritario en el segundo país con peor reparto de la tierra de América Latina (sólo después de Paraguay), donde el uno por ciento de los propietarios acapara más de la mitad de la superficie productiva. 20 Muchas de las familias que regresan a reclamar sus tierras se exponen a ser asesinadas por quienes se las arrebataron. La Misión de la OEA ha expresado su preocupación por las amenazas y asesinatos de líderes y reclamantes de tierras y la impunidad de estos crímenes 27
7 Otro barrio es posible Una experiencia pionera en la Comuna Uno de Medellín combina el arte urbano con la denuncia política, la formación con el acompañamiento en derechos humanos, y el desarrollo urbano con la promoción de jóvenes líderes y lideresas comunitarios. Con más de dos décadas trabajando por el barrio, la corporación de organizaciones Con-Vivamos la Corpo, como le dicen cariñosamente es todo un referente. Sobre todo es una casa donde llegar a compartir, una familia más, dice Lucía. Aquí nadie trabaja solo. Porque lo que no tiene uno lo tiene el otro. Todos estamos unidos para cubrir nuestras necesidades. Siempre contamos con los convites comunitarios, las ayudas mutuas y las rifas para ayudar a los vecinos. Jerson toma prestadas las palabras de Calle 13, una de sus bandas de referencia, cuando dice: No es que queramos vivir así, es que queremos vivir acá. Y eso es precisamente lo que hace posible Con-Vivamos. Nos ha posibilitado a los niños, niñas y jóvenes concebir otros imaginarios de lo que debería ser la vida aquí, muy alejados de la violencia y de habitar la calle alrededor de los estereotipos del crimen y el sicariato que se construyeron en la ciudad, explica. Jerson ha crecido y se ha formado en Con-Vivamos, y hoy es toda una muestra viva de los frutos que da un buen semillero de líderes. Aquí han crecido sueños y utopías de vida digna, afirma calibrando cada palabra sabiendo que son su arma más poderosa para cambiar el barrio. El trabajo de la Corpo, sin embargo, no es bien visto por todos. Obviamente no resulta del agrado de los grupos armados ilegales que tratan de mantener el control del barrio. No todo el mundo nos quiere. Porque siempre nos hemos negado a pagar vacunas [extorsiones] y más bien los denunciamos. Por eso ya nos ha tocado enterrar a compañeros, entre ellos el fundador de Con-Vivamos Silvio Salazar, recuerda un líder veterano. De lo que se trata es de ganarle las calles a las bandas, por todos los medios. Y una forma de hacerlo es a través del arte. Vemos las realidades y las denunciamos de una 28
forma burlesca, explica Mauricio, quien promueve el cambio desde un disfraz de payaso. Mi hermano fue el que me crió, pero él estaba metido en el conflicto armado, era de esos que controlaban el territorio desde el grupo armado. Yo llegué a Con-Vivamos buscando algo que hacer, empecé con los zancos y de ahí fui pasando a la danza y las acrobacias. Desde esos zancos la perspectiva cambió y empecé a visualizar otro proyecto de vida para mí. Una vez aceptada su orientación sexual, el destino parecía escrito para Mauricio: Ser homosexual significaba la prostitución, la fiesta y las drogas de las calles del centro. Y yo me veía ahí. Sin embargo, hoy desde sus zancos hace cosas como decirle a la cara al alcalde de Medellín en un acto público televisado que en la ciudad aún hay muchas familias desconectadas, sin acceso a electricidad, agua ni saneamiento. El objetivo con los más jóvenes es evitar que se sumen a los grupos armados. Por ello Con-Vivamos organiza talleres y actividades de todo tipo para niños y niñas donde van forjando una visión colectiva de su barrio. Con las mujeres adultas se trabaja desde una perspectiva de derechos y de cómo lograr mayor autonomía, ofreciéndoles apoyo para que puedan completar sus estudios. Muchas de estas actividades se sostienen con el apoyo de la cooperación española, principalmente de la Generalitat Catalana, el Ayuntamiento de Barcelona y Oxfam Intermón. Por ello les preocupa el impacto de las medidas de austeridad en nuestro país. Tal y como explica Luis Mosquera, que se incorporó con 12 años a los grupos juveniles de Con-Vivamos y hoy es miembro de la junta directiva, entienden la cooperación internacional no sólo como una acción asistencialista sino fundamentalmente política, estratégica y transformadora, de solidaridad entre los pueblos. Los conflictos que afectan a nuestros territorios aquí también pueden tener una alternativa de transformación en otros lugares del mundo. Este enfoque de solidaridad entre pueblos debe permitir el hermanamiento y la acción colectiva en pro de la transformación, que permita demostrar que otro mundo es posible. LUIS MOSQUERA, CONVIVAMOS: La cooperación internacional es una acción fundamentalmente política, estratégica y transformadora, de solidaridad entre los pueblos 29
8 Por qué Colombia Hace años que Colombia está entre los países con alto nivel de desarrollo humano según la clasificación de Naciones Unidas 21 y su economía parece estar a salvo de la recesión: mientras en 2012 nuestro producto interior bruto caía un 1,4 por ciento, el colombiano crecía a un nada despreciable cuatro por ciento. 22 A las puertas de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico el club de los países ricos pronto podría pasar de ser receptor a donante de ayuda internacional. Todos estos méritos parecerían argumentos suficientes para justificar una retirada de la cooperación internacional con Colombia. Y sin embargo no lo son en absoluto. Hace años que Colombia está entre los paises con alto nivel de desarrollo humano, pero la realidad es muy diferente en los barrios y pueblos al margen de esta prosperidad Porque las grandes cifras esconden una realidad muy diferente en los barrios y pueblos al margen de esta prosperidad. De hecho, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y la bonanza económica ha servido para que la riqueza se acumule en pocas manos. No por casualidad la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado la desigualdad como el problema social más urgente que debe afrontar la región. Las grandes cifras macroeconómicas tampoco cuentan cómo el país sigue atrapado en un laberinto de violencia que desde múltiples frentes, incluyendo al propio Estado, golpea con más saña a los más débiles. Una guerra fratricida que dura ya más de medio siglo y se ha convertido en el conflicto armado más prolongado de América Latina y el único aún activo en la región. Las víctimas del conflicto suman ya más de 220.000, en su gran mayoría civiles. 23 Ha provocado uno de los mayores éxodos internos del mundo con 4,7 millones de personas desplazadas, un diez por ciento de su población. 24 Cerca de 18.000 personas han sido 30
Nro 5: Democracia secuestrada
A pesar de Las cifras macroeconómicas, el país sigue atrapado en un conflicto armado que dura ya más de medio siglo - el más prolongado de América Latina y el único activo en la región dadas por desaparecidas (seis veces más que durante los 17 años de la dictadura chilena) bajo la responsabilidad directa o indirecta del Estado. 25 Y se ha ensañado especialmente con las mujeres, pues se calcula que cada diez minutos sufren alguna forma de agresión sexual en el marco del conflicto. 26 Esta violencia mantiene secuestrada a la democracia colombiana. Prueba de ello es el caso probablemente más aberrante de persecución a un grupo político en el mundo occidental. Desde su creación en 1985, la izquierdista Unión Patriótica ha sido sometida a un plan de aniquilación con el asesinato de dos candidatos presidenciales y miles de sus militantes y dirigentes. 27 Un crimen recientemente reconocido como genocidio político por tratarse de una estrategia sistemática y generalizada de exterminio. Por todo ello, y porque la salida de este laberinto aún se atisba lejana, Colombia sigue estando entre los tres primeros países receptores de ayuda internacional de América Latina. 28 La cooperación española lo ha mantenido entre sus países prioritarios, aunque no ha escapado al tijeretazo en los presupuestos. 29 El mayor recorte se produjo entre 2009 y 2010, cuando los fondos se redujeron a menos de la mitad. El desplome acumulado en la ayuda española a Colombia es de un 70 por ciento entre 2009 y 2012. Puede parecer un ajuste desproporcionado, y sin duda lo es, pero no es diferente del que ha sufrido toda la ayuda oficial al desarrollo en su conjunto en ese mismo período. La reducción no ha sido tan drástica en la cooperación a través de organizaciones de la sociedad civil, sino que principalmente se han reducido los fondos aportados a organismos internacionales (lo que se conoce como la ayuda multilateral). Mientras que otros países han retirado paulatinamente su apoyo a las organizaciones no gubernamentales colombianas, España lo ha mantenido a pesar del recorte generalizado. De hecho, si solamente se tiene en cuenta la ayuda a través de organizaciones de la sociedad civil, España ocupó la primera posición como donante en 2010, incluso por delante de Estados Unidos, y la segunda en 2011, a una distancia mucho menos significativa (33 millones de dólares desembolsados por España frente a 45 millones de Estados Unidos). 32