El precio del CO2 hunde el comercio de emisiones Carlos Martínez Camarero, Secretaría Confederal de Medio Ambiente de CCOO. Begoña María-Tomé, ISTAS En el mes de julio se han celebrado las Mesas Sectoriales de Dialogo Social (cemento, vidrio, sector eléctrico, refino de petróleo, papel, siderurgia y cerámica, así como la de sectores difusos) sobre el Plan Nacional de Asignación (PNA) del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, en las que hemos participado representantes de CCOO junto a UGT y a las diferentes patronales y el Gobierno. En ellas hemos constatado que en 2011 las emisiones de los sectores sometidos al régimen de comercio de CO2 (ETS) han aumentado respecto de 2010 un 9,2%. Dentro de ellos el sector eléctrico ha aumentado sus emisiones un 24,2% mientras que los sectores industriales las han disminuido en un 5%. Dentro de estos últimos ha habido algunos sectores que las han disminuido, fundamentalmente por efecto de la crisis económica, (cemento, cal, siderurgia, papel, ladrillos y tejas) pero otros las han aumentado significativamente como es el caso de azulejos y de refino de petróleo. Si tenemos en cuenta el período desde 2005 al 2011 las emisiones de los sectores ETS han disminuido un 33%, aunque ha aumentado la intensidad de emisión (un 4,7%), esto es la cantidad de CO2 por tonelada de producto. En este período ha disminuido la producción en estos sectores un 36% y se ha perdido casi el 20% del empleo en ellos por efecto de la crisis (de 77.134 trabajadores en 2005 a 62.100 el año pasado, especialmente en los ligados a la actividad de la construcción). Por otra parte en el período 2008-2011 se ha producido un superavit respecto de los derechos asignados del 9,3% por lo que muchas instalaciones han podido obtener ingresos por la venta de unos derechos que se les habían asignado gratuitamente. Esto ha supuesto unos ingresos económicos importantes para algunas empresas pero no ha implicado ninguna presión para la disminución de sus emisiones de CO2. Respecto del sector eléctrico, CCOO hemos señalado que el mayor uso en 2011 de carbón para generación eléctrica ha propiciado un repunte de las emisiones de CO2 en 73 millones de Tn, un 25% más que en 2010 y ello a pesar de la ligera caída de la demanda eléctrica (1,2%). Esta mayor utilización de carbón se ha debido al mayor incremento del carbón de importación y eso a pesar del RD 134/2010, que pretendía propiciar la utilización de carbón nacional.
A medio y largo plazo es muy preocupante la eliminación de los incentivos al desarrollo de energías renovables. Si no se implementan más energías renovables, que han sido el principal factor de reducción de las emisiones energéticas en años anteriores, no se podrán cumplir los compromisos internacionales sobre cambio climático, además de que perderemos un sector industrial pionero en I+D+i, que disminuye nuestra dependencia energética y que genera empleo. En los sectores industriales tampoco se aprecia una adecuada tendencia hacia la reducción de la intensidad de emisiones que, como en los años inmediatamente anteriores, han disminuido de manera global más por efecto de la caída de la producción industrial que como consecuencia de medidas de ahorro y eficiencia energética en las instalaciones. De hecho el sistema de comercio de derechos de emisión no está demostrando hasta ahora que sirva para reducir emisiones en las industrias. En los sectores difusos también caen las emisiones fundamentalmente por la menor actividad económica y todo apunta a que las políticas de mitigación no han sido significativas en ese descenso. En muchos ámbitos se han reducido los incentivos para el ahorro de energía: modernización energética de edificios, cambio modal en el transporte, planes de ahorro y eficiencia energética (la financiación para estas políticas literalmente ha desaparecido de los presupuestos públicos) y otros nuevos como la fiscalidad ambiental se han caído totalmente de la agenda política. En la Mesa de Sectores Difusos se puso de manifiesto por parte de los diferentes ministerios que actualmente no hay apenas políticas concretas ni financiación alguna para desarrollar medidas en la edificación o en el transporte, más allá de la convocatoria de proyectos del Fondo de Carbono del Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio anunció la elaboración de una hoja de ruta sobre difusos 2013-2020, para el cumplimiento del objetivo de reducción para España del 14% en difusos respecto de las emisiones de 2005. La profundización generalizada de las políticas de recortes del gasto no augura que las medidas que se vayan a plantear sean todo lo ambiciosas que sería deseable. Perspectivas sobre tercer período del comercio de CO2 (2013-2020) El próximo año entran en funcionamiento nuevas reglas para el comercio de derechos de emisión. Ya no hay planes nacionales de asignación, sino un solo plan europeo, el sector eléctrico tendrá que acudir a comprar derecho en las plataformas de subastas y casi todos los demás sectores han sido declarados en fuga de carbono por lo que seguirán recibiendo los derechos de emisión gratuitamente, aunque con aplicación del benchmarking para cada uno de los sectores. También entran nuevos sectores en el comercio: la aviación,
producción de aluminio, cobre, zinc y metales no férreos y otros ácidos y gases. CCOO ha pedido en las mesas que se facilite información más elaborada conforme a indicadores más precisos y que se preparen estudios y análisis sobre proyecciones sectoriales derivadas de las reglas, ahora más europeas, del ETS. También hemos planteado en casi todas las mesas sectoriales que se proporcione información sobre los indicadores de los benchmarking sectoriales para poder analizar en las mismas la evolución y las perspectivas de las empresas españolas. A pesar de que el sistema de comercio de derechos de emisión (ETS) ha funcionado sin producir daños económicos en las empresas (al contrario, muchas de ellas se han beneficiado de la venta de unos derechos asignados gratuitamente que les han sobrado como consecuencia de la caída de la producción) casi todas las patronales siguen reivindicando y exigiendo condiciones más favorables en dicho ETS como son: eliminación del set aside planteado por la CE para retirar derechos del mercado y repartirlos años después para incrementar el precio (ahora excesivamente bajo) del CO2 asignación de derechos para todos los nuevos entrantes aunque se haya sobrepasado la reserva establecida o la petición (planteada por la siderurgia) de que se les compense (subvencione) por los costes energéticos indirectos (es decir, por lo que se supone que las eléctricas han incrementado el precio de la electricidad al incluir el coste de las emisiones de CO2). Todo esto lo reclaman en un contexto en el que se están eliminando todas las subvenciones para fines sociales y para políticas de eficiencia energética y ambientales. La retirada de derechos de emisión durante la tercera fase La excesiva asignación de permisos de emisión a la industria durante la segunda fase del régimen europeo de comercio de derechos de emisión 1 (2008-2012), sumada a la recesión económica y el desplome de la producción industrial, han dado lugar a un excedente de 950 millones de derechos en 2011 y a la caída de los precios del carbono, que fluctúan alrededor de los 6-7 euros por tonelada de CO 2.
La combinación de estos bajos precios del CO 2 y la falta de objetivos ambiciosos de reducción de emisiones en el marco europeo (y también en el internacional), han hundido el mercado de derechos de emisión convirtiéndolo en un instrumento inútil para impulsar medidas domésticas de reducción en cada Estado miembro. España es una muestra. Recientemente, el secretario de Estado de Medio Ambiente anunciaba la compra de aire caliente 2 (unas 100 millones de toneladas de CO 2 ) a Polonia aunque sin mencionar el dinero público empleado -parece que alrededor de 40 millones de euros-. El gasto se suma a los 770 millones de euros que necesitó el anterior gobierno socialista para adquirir 89 millones de créditos de carbono (entonces el precio del CO2 era más caro). Parece evidente que ahora sale más barato no cumplir con Kioto, pero no es algo de lo que alardear, porque sea mucho o poco dinero, en estos momentos es necesario invertir nuestros recursos públicos en la descarbonización y renovación del tejido productivo español. Como se apuntaba, la indecisión de Europa para comprometerse con una reducción del 30% de sus emisiones para 2020 y el superávit de derechos que se acumulan desde el estallido de la crisis financiera, podrían hundir de lleno el comercio de derechos de emisión, acumulando unos 1.420 millones de derechos en 2020 y retrasando una adecuada señal de precio del carbono hasta el 2024, según el Óko-Insititut. Para corregir este exceso de oferta de derechos, los expertos han barajado distintas opciones tales como la retirada temporal o permanente de un volumen de derechos de emisión, o bien, aumentar el ritmo de la reducción anual de emisiones 3 a partir de 2012. La Comisión Europea se ha inclinado por aplazar o concentrar ( backloading ) una parte de los derechos a subastar durante 2013-2015 llevándolos al final del tercer período. Esta opción ha sido analizada críticamente por el Öko-institute, que asegura que la reintroducción de los derechos retirados en 2017 no tendrá un efecto apreciable sobre el precio del CO2, manteniéndose en los ocho euros la tonelada en 2013 y en los catorce euros en 2020. Para conseguir algún impacto en el aumento del precio del CO2, el informe hecho para Greenpeace y WWF plantea la retirada definitiva de derechos o retrasar su reintroducción más allá de 2020. Si se optara por esto último y además se aumentara la reducción anual de emisiones -del actual 1,74% al 2,6% 4 -, se podrían alcanzar los 13,40 euros en 2013 y los 32 euros por tonelada de CO2 en 2020. En la industria las opiniones están divididas. La patronal europea, Business Europe, ya ha pedido que se retire la medida por resultar una acción de visión a corto plazo que distorsiona e introduce incertidumbres en el mercado,
poniendo en riesgo la competitividad de la industria europea. Una posición compartida por la industria pesada. En cambio, un grupo de trece empresas entre las que se encuentran Shell, General Electric, GDF Suez, E.ON, Alstom y 3M han respaldado la propuesta de la Comisión. A pesar de las críticas de ambos lados, la comisaria de Acción por el Clima ya ha iniciado el camino para modificar el calendario de las subastas de derechos de emisión y permitir el backloading. Para ello se ha preparado una propuesta para modificar la directiva del régimen de comercio de derechos de emisión, una modificación del reglamento de subastas 5 y se ha lanzado una consulta pública. Además, la Dirección General del Clima ha continuado el trabajo que inició en 2010 -(véase anterior artículo)- para analizar las implicaciones de aumentar el objetivo de reducción de emisiones del 20% para 2020 teniendo en cuenta las circunstancias especificas de cada país. La conclusión del informe es que: Existen mecanismos potenciales que, individualmente o en combinación, podrían garantizar una distribución equitativa de costes y beneficios entre los Estados miembros si la decisión política llevara a establecer un nuevo objetivo de emisiones de GEI para el año 2020 más allá del actual objetivo de reducción del 20%. Aunque estos estudios y medidas pretenden mover el compromiso europeo del 30% e impulsar las reformas para la tercera fase del comercio de derechos de emisión, este segundo semestre el ambiente está muy frío. Polonia, país que ha demostrado repetidamente su rechazo a la política climática europea, ha tomado el relevo de la presidencia de la UE y, por tanto, será portavoz en las negociaciones internacionales de cambio climático en Qatar. Tampoco han ayudado las recientes declaraciones del Director General del Clima diciendo que no se adoptarán objetivos de reducción a 2030 hasta después de las elecciones europeas de 2014. La indefinición de objetivos a medio plazo a nivel europeo y el retraso de un acuerdo internacional de cambio climático están relajando las perspectivas post-2020 y poniendo en peligro la hoja de ruta a una economía baja en carbono a 2050. 1. El RCDE de la UE afecta a unas 11.000 instalaciones industriales y al 45 % de las emisiones de la UE. A partir de este año, el transporte aéreo también se incluirá en el RCDE UE. En el tercer período del RCDE de la UE (2013-2020), las emisiones de las instalaciones industriales han de bajar un 21 % por debajo de los niveles de 2005.
2. Se llama aire caliente al exceso de emisiones que obtuvieron Rusia y los países de Europa oriental respecto a sus niveles de emisión reales, debido a los niveles históricos de emisiones que se tomaron de referencia. El derrumbe económico e industrial de la Unión Soviética hacia 1990, disminuyeron las emisiones radicalmente, concediéndoles una ingente cantidad de permisos que vender en el comercio de derechos de emisión. 3. El artículo 9 de la Directiva 2009/29/CE de comercio de derechos de emisión, establece que la cantidad se reducirá utilizando un factor lineal del 1,74 % cada año de 2013-2020. 4. El factor de reducción lineal anual de 2,6% estaría en coherencia con el objetivo de reducir un 25% las emisiones a 2020. 5. Anteriormente en 2011 también se adaptó la normativa para modificar los plazos de las subastas, adelantando a 2012 parte de los volúmenes de derechos a subastar en 2013-2014. Las subastas tempranas sirven para probar estos nuevos mecanismos y así garantizar la correcta transición entre el segundo (2008-2012) y el tercer período (2013-2020) del comercio de derechos de emisión.