Nueva York, N. Y., 3 de diciembre de 2007

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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR CLAUDE HELLER, REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LAS NACIONES UNIDAS EN LA ASAMBLEA DE ESTADOS PARTES DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SEXTO PERIODO DE SESIONES Nueva York, N. Y., 3 de diciembre de 2007 A nombre del gobierno de México quisiera reiterarle nuestro reconocimiento por su destacado papel como Presidente de esta Asamblea de Estados Partes. Estamos seguros que bajo su liderazgo, lograremos nuevamente alcanzar importantes avances en nuestros trabajos. Le reitero todo el apoyo de mi delegación para ello. Permítame comenzar nuestra participación en esta Sexta Asamblea de Estados Partes refrendando el apoyo del Gobierno de México a la Corte Penal Internacional y a su objetivo principal de combatir la impunidad. México le asigna la mayor importancia a los trabajos de la Corte en el desahogo de su mandato a la luz del Estatuto, no solo en el plano judicial, sino también en el administrativo y financiero. Eficiencia, transparencia, equidad y corresponsabilidad deben ser las líneas que guíen en trabajo de la Corte a cinco años de su puesta en marcha. Los Estados Partes del Estatuto de Roma acudimos a esta Sexta Asamblea en un momento en que la Corte Penal internacional ha dado pasos importantes en materia de universalidad y funcionamiento institucional, a la vez que continua enfrentando serios desafíos que requieren de nuestra atención para, hoy más que nunca, asistirla en el cumplimiento de su mandato. Lograr la universalidad del Estatuto de Roma es un imperativo común para alcanzar el objetivo por el cual fue creada la Corte y consolidar su pleno y eficaz funcionamiento. Por ello, México se congratula por la reciente vinculación de Japón al Estatuto de Roma y le da la bienvenida a esta Asamblea de Estados Partes. Sin lugar a dudas, esta Asamblea cumple un papel fundamental para la promoción y apoyo de la cooperación por parte de los Estados a la Corte. El éxito de la labor que le hemos encomendado a esta institución depende, en buena medida, de la plena

cooperación internacional que le brinden los Estados, las organizaciones internacionales y regionales así como la sociedad civil. En este sentido, además de las acciones realizadas al interior para implementar en el ámbito nacional las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma, México recientemente ratificó el Acuerdo de Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional. En el ámbito internacional, México se ha sumado al llamado del Secretario General de las Naciones Unidas para que el Consejo de Seguridad adopte las medidas necesarias para promover y facilitar la cooperación con la Corte. El Acuerdo de Relación entre la CPI y la ONU ofrece el marco jurídico para llevar a cabo dicha cooperación. Por otro lado, en el ámbito regional, mi país ha promovido el tema de la Corte Penal Internacional en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) durante los últimos ocho años. Desde entonces, diversas resoluciones han facultado a sus órganos políticos a promover la integridad y universalidad del Estatuto, así como su implementación. Además, han permitido a los órganos técnicos trabajar en la elaboración de una legislación modelo sobre cooperación de los Estados con la Corte., El Estatuto de Roma contiene las herramientas necesarias y mínimas para que la Corte satisfaga el principio de la justicia expedita en el ejercicio de su mandato. México aprecia la celeridad con la que la Corte ha desempeñado sus funciones en materia de análisis, investigaciones y actividad de pre-instrucción en las cuatro situaciones remitidas. Mi país se congratula del próximo inicio del juicio en contra de Thomas Lubanga, así como de la reciente entrega de Germain Katanga, ambos relacionados con la situación de la República Democrática del Congo. No obstante, manifiesta su preocupación por la falta de cumplimiento de las órdenes de detención en las situaciones de Uganda y de Sudán. Dicha circunstancia no puede continuar si aspiramos a un modelo de justicia en el que prime la celeridad en su impartición, por encima de todo arreglo político. Los Estados y las organizaciones internacionales y regionales debemos adoptar con urgencia las medidas necesarias para coadyuvar con la Corte en su cometido; en este caso, a detener y poner a disposición de la justicia a los presuntos responsables. Como nos lo ha recordado ya el Presidente Kirsch, el preámbulo del Estatuto de Roma reconoce que el fin de la impunidad es una condición fundamental del papel preventivo del sistema creado por el Estatuto. Sin justicia no existe prevención duradera. Pero sin enjuiciamientos, no existe oportunidad para que se haga justicia. México manifiesta su preocupación por la falta de cooperación en este rubro en detrimento del papel preventivo de la Corte. Por ello, hacemos un llamado a los

actores concernientes para no postergar sus acciones y llevar a la justicia a los presuntos responsables. Con ello, me refiero no solo a los Estados en cuyo territorio se encuentran los distintos acusados, sino también al resto de los Estados Partes del Estatuto, aun en el contexto de los organismos internacionales y regionales de los que somos miembros. Debemos cumplir con nuestras obligaciones a la luz del Estatuto; debemos promover también el cumplimiento de las resoluciones de los órganos políticos de las organizaciones internacionales. Recordemos que no habrá paz duradera sin justicia y que hoy, por virtud del Estatuto de Roma, la impunidad no tiene cabida., Durante el último año México ha participado activamente en los Grupos de Trabajo de la Mesa, en La Haya y Nueva York. Nos congratulamos de los logros alcanzados en ambos grupos y estamos seguros que éstos se verán reflejados durante el presente período de sesiones. De igual manera, reiteramos nuestro pleno respaldo a las decisiones adoptadas por la Asamblea de Estados Partes, las que deben cumplirse de forma plena y oportuna. Es gracias al trabajo cotidiano en La Haya y Nueva York que hoy podemos hacer esa aseveración. No obstante, somos concientes que hay mucho por hacer en la profundización del diálogo con la Corte, por ejemplo, en lo que se refiere al estudio a fondo del Plan Estratégico; al establecimiento de un mecanismo de supervisión independiente; o bien, a los asuntos de equidad de género en el personal que contrata la Corte, de cual el 43% es personal femenino que tiende a concentrarse en los niveles más bajos del personal profesional de la CPI. México sigue con atención los desarrollos financieros de la Corte. Creemos que tiene una enorme responsabilidad frente a los Estados Partes en relación con el manejo de los recursos financieros y humanos que se le asignan, bajo el principio una sola Corte. La Corte Penal Internacional debe ser un modelo de administración internacional. Para ello, puede beneficiarse de la experiencia de otros organismos internacionales, para que sea eficaz en función de los costos. Por esa razón, México contribuirá propositivamente en el examen del presupuesto que se realizará durante la presente Asamblea a fin de contribuir para asegurar una distribución y manejo adecuados de sus recursos, que permitan contar con presupuestos estables que respondan a las necesidades reales de la Corte.

Deseo ahora referirme a un tema fundamental para el futuro de la Corte, la Conferencia de Revisión. Durante el último año hemos seguido de cerca el trabajo preparatorio que se ha desarrollado en relación con este tema en La Haya y Nueva York. Con relación a los aspectos sustantivos de la Conferencia, México desea subrayar la necesidad de redoblar esfuerzos para lograr una definición consensuada en torno del crimen de agresión, a fin de que pueda ser considerada en el marco de la Conferencia de Revisión. Reconocemos en ese sentido la labor y los avances recientes logrados dentro del Grupo de Trabajo Especial sobre el Crimen de Agresión y agradecemos al gobierno de Liechtenstein por la reunión organizada en la Universidad de Princeton, en junio pasado. Aunque las diferencias son aun grandes, esperamos reducirlas durante este periodo de sesiones a fin de lograr el objetivo común que se buscó al incluir este crimen en el articulo 5 del Estatuto. En lo que que concierne a otros aspectos de la Conferencia, México considera que la sede que se determine debe ofrecer las condiciones necesarias para que Estados Partes y no partes del Estatuto puedan participar sin restricción alguna, así como garantizar la infraestructura y seguridad necesarias para acoger a las delegaciones participantes. Asimismo, dada la agenda que se prevé para dicha Conferencia, consideramos recomendable que tenga una duración de diez días. Adicionalmente, deseo informar que en el ámbito regional hemos iniciado un ejercicio de reflexión en torno de los distintos aspectos del trabajo preparatorio de la Conferencia. Durante el pasado mes de agosto, se celebró en la ciudad de México el Seminario Hemisférico Hacia la Primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el que participaron más de veinte países del Continente Americano, académicos y miembros de la sociedad civil. El Seminario abordó cuestiones sustantivas como las relacionadas con el crimen de agresión, otros crímenes susceptibles de ser incluidos en el Estatuto de Roma (como el terrorismo y el narcotráfico), el análisis del Artículo 124, la labor de la Oficina del Fiscal, la Resolución E de la Conferencia Diplomática de 1998 y cuestiones como la sede y el reglamento de la Conferencia. México quisiera expresar su reconocimiento al gobierno de Canadá y a la Coalición por la Corte Penal Internacional por el importante apoyo brindado para la celebración de este seminario. La memoria del evento será distribuida durante este período de sesiones. Asegurar el futuro de la Corte Penal Internacional es un reto que debe asumir la comunidad internacional de manera responsable. A los Estados y a la sociedad civil les corresponde desempeñar un papel. México reconoce en ese sentido la importancia de la labor de las organizaciones civiles en los trabajos de la Corte y por medio de la colaboración que realizan con los Estados a fin de lograr la plena instrumentación del Estatuto de Roma en el ámbito nacional.

Finalmente, permítame refrendar el compromiso de México de brindar apoyo oportuno a la Corte, y de dar cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del Estatuto de Roma. El establecimiento de la Corte Penal Internacional, marcó un hito en la concepción de la impartición de justicia. Nos corresponde en este momento seguir trabajando conjuntamente para mantener su vigencia y su eficacia a fin de consolidar la lucha de la comunidad internacional contra la impunidad. Muchas gracias. Disponible en: http://www.un.int/mexico/2007/interv_120307.htm