LA REVÁLIDA DE ESO Y BACHILLERATO A DÍA DE HOY La reválida va a ser la heredera de la Selectividad por tres razones. En primer lugar, porque el formato será «muy parecido». El Gobierno ha descartado la idea inicial que tenía de que hubiera preguntas tipo test. Habrá problemas, que no ejercicios, y comentarios de texto». En segundo lugar, porque los rectores tienen la intención de no poner exámenes de acceso adicionales que obliguen a los alumnos a ir recorriéndose España, universidad por universidad, pasando por distintos procesos de selección. En tercer lugar, la reválida se va a convertir en la sustituta de la PAU porque el Gobierno va a dejar bastante margen de actuación a las comunidades autónomas, tal y como ocurre ahora. A partir de junio de 2017, cuando se celebre la primera reválida de Bachillerato, habrá algo más de «homogeneidad», pero no tanta como planearon los populares durante su época de mayoría absoluta. El Gobierno «determinará las características, el diseño y los contenidos de las pruebas»; es decir, «el marco común». Y las comunidades serán las responsables de la «elaboración de las preguntas», de la «aplicación material de las pruebas, incluyendo su elaboración, la fijación de los tribunales, las fechas y lugares para su realización y reclamaciones». El resto de las cosas se mantiene prácticamente igual. Los exámenes los continuarán corrigiendo profesores del sistema público. Se puntuará igual: la nota máxima, que ahora es un 10 pero puede subir hasta 14 con el examen de dos específicas, seguirá ponderándose de la misma forma. Y, para la nota final, contará un 60% la media de los dos cursos de Bachillerato y un 40% la calificación del examen. Eso sí, si no aprueba la reválida, el estudiante no podrá seguir estudiando ni obtendrá el título, algo que ahora no ocurre. En junio de 2017 se celebrará la primera reválida. No tendrá efectos académicos (es decir, si el alumno la suspende, podrá titular), pero sí contará la nota para acceder a la universidad. Todo esto, suponiendo que haya un Gobierno del PP. Si no, todo volverá a cambiar. - De qué se examinan? La de Primaria, de competencia matemática, competencia en comunicación lingüística y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. La de la ESO, de siete asignaturas (Lengua, Matemáticas, Lengua Extranjera, Geografía e Historia más dos materias de opción del bloque de las troncales y una específica). La de Bachillerato, de ocho asignaturas (Lengua, Filosofía, Historia, Lengua Extranjera y, según lo que haya cursado el alumno, Matemáticas, Latín o Arte, más dos materias de opción y una específica). - Cuánto duran? La de Primaria, según las CCAA. Cada una de las pruebas de la ESO durará 60 minutos y cada una de las pruebas de Bachillerato durará 90 minutos durante un máximo de cinco días. - Quiénes las corrigen? En los tres casos, profesores del Sistema Educativo español externos a los centros. - Cuántas preguntas hay? En Primaria, depende de las CCAA (aunque el Gobierno recomienda entre 140 y 200 preguntas, tipo test y abiertas). En la ESO, un máximo de 105 y en Bachillerato, un máximo de 120. Las preguntas pueden ser tipo test, pero al menos la mitad tienen que ser abiertas o semiabiertas.
Los borradores establecen que los alumnos de 4º de la ESO se examinen de cuatro asignaturas troncales (Geografía e Historia, Lengua, Matemáticas y Lengua Extranjera), más dos materias de opción del bloque de las troncales, más una materia específica. Es decir, siete en total. En 2º de Bachillerato serán ocho asignaturas: cinco troncales (Filosofía, Lengua, Historia de España, Lengua Extranjera y, según lo que haya cursado el alumno, Matemáticas, Latín o Arte) más dos materias de opción, más una específica. La nueva versión añade que cada una de las pruebas tendrá una duración de 60 minutos en la ESO y de 90 minutos en Bachillerato, con descansos mínimos entre sesión y sesión de «15 minutos» en el primer caso y de «20 minutos» en el segundo. Las evaluaciones tendrán «una duración de un máximo de cuatro días», aunque las autonomías con lengua cooficial podrán tardar «cinco días». También concreta que «cada una de las pruebas comprenderá un número máximo de 15 preguntas», lo que implica que se reduce de forma considerable la duración respecto a lo previsto por Wert. El decreto anterior contemplaba el triple de preguntas -un máximo de 350- y, además, preveía que fueran todas de tipo test, salvo las de expresión oral y escrita. Ahora, aunque se permite el uso de este formato, habrá preguntas abiertas y semiabiertas «que requerirán del alumnado capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez» y que deberán resultar «atractivas y motivadoras, cuidando las imágenes, tablas y gráficos empleados y otras características formales». Se mantiene respecto a la versión anterior que, si los alumnos no aprueban las reválidas de la ESO y Bachillerato, no pueden obtener el título ni seguir estudiando (aunque esto será a partir de 2018, porque en 2017 son todavía pruebas piloto sin efectos académicos). También sigue igual que lo previsto por Wert que a la evaluación de la ESO los alumnos se pueden presentar con un máximo de dos asignaturas suspendidas si no son, a la vez, Lengua y Matemáticas. La de Bachillerato, por el contrario, el estudiante tendrá que hacerla con todo aprobado. El borrador argumenta que las autonomías, los centros, los directores y los profesores deben conocer «con antelación suficiente» los cambio que implican estas reválidas «para poder organizar adecuadamente» la programación del curso escolar, que comienza el próximo mes de septiembre. Los contenidos de este decreto, sin embargo, podrían quedarse en nada después de las elecciones. El PSOE ha dicho que derogará la Lomce y todo lo que ella conlleva si gobierna, algo en lo que están de acuerdo Podemos e Izquierda Unida, aunque no Ciudadanos, que es partidario de establecer modificaciones puntuales.
Un pacto por la educación consensuado por todos los partidos para dar estabilidad al sistema. Es el compromiso alcanzado por las principales formaciones de cara a la próxima legislatura. Representantes de la comunidad educativa y de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos se han reunido en la Universidad Nebrija, convocados por Sociedad Civil por el Debate y por la Cátedra de Inteligencia Ejecutiva y Educativa que dirige José Antonio Marina, para preguntarse por qué no es posible un pacto por la educación. Y han adoptado la 'hoja de ruta' que propone Marina como un primer paso para alcanzar el acuerdo. Marina considera que hay que convertir la LOMCE en una ley de transición, cambiando algunos aspectos concretos, pero manteniéndola para que no se produzca un vacío legal. Propone que cuando la nueva ley nacida del consenso esté lista, en un plazo de seis meses, se derogue la LOMCE y se aprueba la nueva normativa. Desde la Asociación de Directores de Institutos, Pilar de los Ríos, su presidenta, ha lanzado una advertencia a los políticos: "No podemos seguir así. La actual situación política nos tiene los centros paralizados. Se está creando una incertidumbre en los alumnos y en las familias que no se ha vivido antes. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes no se merecen la situación que están viviendo actualmente. A mí, que doy orientación a los alumnos, se me cae la cara de vergüenza porque no sé qué decirles ni cómo orientarles. No se puede cambiar la ley cada dos por tres".