EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES EN EL

EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES EN EL DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO EN LA DÉCADA 1998-2007 INFORME NACIONAL REPÚBLICA DOMINICANA* *El presente informe ha sido elaborado por Julio Sánchez Maríñez, Vicerrector de Investigación y Vinculación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). 1

Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior en la República Dominicana En República Dominicana puede afirmarse que hay un incipiente sistema nacional de innovación que obedece a dos impulsos estatales principales, uno proveniente de la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCyT), con la formulación e inicio de implementación del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2018 (PECYT+I), y otro proveniente del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), organismo adscrito a la Presidencia de la República, con el Plan Nacional de Competitividad Sistémica (PNCS), lanzado oficialmente el 21 de marzo del 2007 por el Presidente de la República. La SEESCyT fue creada mediante la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 1 Desde entonces, la SEESCYT ha desplegado sus funciones en cumplimiento de sus atribuciones, tanto en el ámbito de la educación superior, en el que puso un énfasis inicial, como en el ámbito de ciencia y tecnología, al cual ha venido ofreciendo creciente atención. En realidad, con la creación de la SEESCyT se ha procurado la integración y articulación de ambos ámbitos, conformándose un órgano colegiado superior, el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCyT). Previo a estos esfuerzos había existido un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACITE), adscrito al Secretariado Técnico de la Presidencia (STP), Secretariado con atribuciones fundamentales en el sistema nacional de planificación y desarrollo. 2 El CONACITE, de existencia efímera, tuvo como apoyo la Unidad de Ciencia y Tecnología (UNICYT) del STP creada en 1974. UNICYT 3 apenas pudo esbozar algunos intentos de formulación de políticas y acciones en el ámbito de ciencia y tecnología y conducir algunos estudios base, principalmente relativos al sector agropecuario, desapareciendo en el entorno inmediatamente posterior a la denominada década perdida de los años 80 en América Latina. No sería sino hasta mediados de los años 90 cuando la entonces Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado (COPRYME) 4, esbozó una propuesta relativa al sector de ciencia y tecnología que partía del antecedente del CONACITE y planteaba su reactivación. 1 La SEESCyT reemplazó así al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) que había sido fundado mediante Decreto Presidencial Decreto No.1255 de fecha 25 de julio del 1983, como organismo asesor del Presidente de la República en materia de educación superior. La SEESCYT está compuesta por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCYT), presidido por el Secretario de Estado a cargo de la propia SEESCYT e integrado además por otros secretarios de Estado, representantes del sector privado, centros de investigación, las universidades, los profesores y académicos y a nivel ejecutivo formado por tres Subsecretarías: Educación Superior, Ciencia y Tecnología y Administrativa. La Subsecretaría de Estado de Ciencia y Tecnología, es la responsable del acompañamiento en materia de formulación, evaluación y seguimiento de las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación 2 El STP fue reemplazado en diciembre de 2006 por la Secretaria de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo SEEPyD, creada mediante Ley Núm. 496-06. 3 Transformado en 1979 en el Departamento de Ciencia y Tecnología (CCYT) y adscrito a la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN), dependencia del STP. 4 Reemplazado hoy por el Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE). 2

Más adelante, en el año 2000, en el marco de los trabajos del Comité Interinstitucional para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico (CIDET), impulsado por el sector privado, se retomarían los temas del desarrollo científico y tecnológico en función de los requerimientos del fortalecimiento de la competitividad del país, con la preocupación de que la sociedad dominicana no había asimilado el proceso de una transición hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación. (CIDET, 2000). En 2003, ya creada la SEESCyT y en el marco de ésta, se presentó una propuesta de Plan de Innovación Tecnológica en la República Dominicana, denominado Inpoltec II, elaborado conjuntamente por el Instituto Dominicano de Tecnología Industrial (INDOTEC) 5, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Fundación Universidad de la Coruña (FUAC). En esta propuesta se ofreció un diagnóstico comparativo de los distintos modelos de gestión de ciencia y la tecnología. De este diagnóstico se derivaron líneas generales sugeridas para el caso dominicano que implicaban propuestas de estructuración del sistema de educación superior, ciencia y tecnología, con programas en promoción del conocimiento, recursos humanos, infraestructura, entre otros, así como propuestas para el reforzamiento de la gestión de I+D+I, con programas en información y comunicación, coordinación interinstitucional e internacionalización. La SEESCyT, entre sus atribuciones y competencias legales, debía estructurar y poner en funcionamiento el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT) como instancia de promoción y financiamiento de programas y proyectos de innovación e investigación científica y tecnológica. 6 FONDOCYT fue puesto en vigencia en 2005, con una primera convocatoria tras la cual se aprobaron catorce (14) proyectos con una inversión de US$14.4 millones de pesos en las áreas de Biotecnología, Ciencias Básicas, Energía, Medio Ambiente y Salud. Esto fue seguido por una segunda convocatoria en 2006 en la que se aprobaron dieciséis (16) proyectos de investigación en las mismas áreas y con una inversión de RD$18.7 millones de pesos. Como veremos más adelante, FONDOCYT se ha ido constituyendo como la principal fuente de financiamiento y el principal estimulo a la investigación en ciencia y tecnología en el país. En marzo de 2007 se presentó al país el Plan Nacional de Competitividad Sistémica, elaborado en el marco del Consejo Nacional de Competitividad 7. Uno de los 5 Remplazado en 2005 por el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI). 6 La Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología establece en el artículo 92 literal d, que el presupuesto de la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCYT) contará con un programa para asignar recursos de manera concursable y competitiva, de carácter no reembolsable para financiar proyectos de investigación e innovación científico-tecnológica en las universidades y los centros de investigación legalmente reconocidos y calificados. La misma Ley 139-01, en su artículo 94, crea el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT). Dicho Fondo se destina a desarrollar y financiar actividades, programas y proyectos de innovación e investigación científica y tecnológica y a establecer un sistema de promoción permanente de la investigación científica y tecnológica. La coordinación general de FONDOCYT, recae en la Subsecretaría de Estado de Ciencia y Tecnología, que actúa bajo delegación de la Secretaría de Estado y del Consejo Nacional de Educación, Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCYT). 7 EL CNC recibió fundamentación y base legal mediante la Ley 1-2006 que ratificó disposiciones por vía de Decretos Presidenciales emitidos previamente entre los años 2001 y 2004. 3

componentes de dicho Plan consiste en la estructuración de un Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico (SNIDT) 8. Ha sido con la formulación y lanzamiento por parte de la SEESCyT del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2018 (PECYT+I) que el SNIDT 9.ha empezado a tomar cuerpo. Con este plan se ha iniciado la conformación del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico (SNIDT), organizado mediante un Consejo de Innovación y Desarrollo Tecnológico (CIDT), presidido por la SEESCYT e integrado por las distintas agencias gubernamentales directamente relacionadas con los temas de innovación y desarrollo tecnológico y los representantes de los sectores productivos más importante del país. Al SNIDT se integran además las universidades e institutos de educación superior y los centros de investigaciones científicas y tecnológicas. El PECYT+I ha sido definido como una herramienta de articulación política, institucional y financiera del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su formulación parte tanto del mandato de la Ley 139-01, en lo relativo a la formulación de las políticas científicas y tecnológicas, como de la articulación del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico (SNIDT) previsto en el Plan Nacional de Competitividad Sistémica y, en consecuencia, creado mediante el Decreto Presidencial Núm. 190-07, emitido en abril de 2007. En este contexto la SEESCYT, se ha propuesto implementar como parte y con la participación del conjunto de actores que integran tanto el SNIDT como los otros sectores externos al mismo, el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación con los siguientes propósitos generales: Contribuir con el mejoramiento competitivo de los sectores productivos nacionales mediante la articulación de los mismos con el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia Y Tecnología. Apoyar el proceso de integración y transformación económica que requiere el país para su inserción exitosa en los esquemas regionales de integración comercial como el DR-CAFTA. Fortalecer el proceso de transición económica nacional previsto en el marco del Plan Nacional de Competitividad Sistémica hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación. Por su parte, el Plan Nacional de Competitividad Sistémica (PNCS) se sustenta en la Ley 392-07 de Competitividad e Innovación Industrial, la cual tiene el propósito de normar y estimular la renovación industrial y la innovación fomentando la creación de distritos y parques industriales y su vinculación con los mercados internacionales. Siguiendo el PNCS, esta Ley adopta el enfoque de una estrategia 8 El Capitulo 10 de dicho Plan propone la estructuración SNIDT sobre la base de tres pilares fundamentales: los institutos de innovación y desarrollo tecnológico, las incubadoras de negocios tecnológicos y los tecno-parques (incluyendo un parque cibernético ya existente) y con un Consejo Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico Como instancia articuladora. Además, identificó los siguientes sectores prioritarios: biotecnología, industria de software, nanotecnología y mecatrónica. 9 El Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico (SNIDT) fue formalizado mediante el Decreto Presidencial Núm. 190-07. 4

de competitividad centrada en el modelo de clusters 10 para articular así cadenas y sinergias productivas. La implementación del PNCS es coordinada por el Consejo Nacional de Competitividad, creado en noviembre del 2001, mediante Decreto Presidencial No.1091-01 como organismo mixto, integrado tanto por instituciones del sector público como por representantes del sector privado. El CNC está adscrito a la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPyD), si bien es presidido por el Presidente de la República desde el 2004. El CNC tiene a su cargo el diseño e implementación de la política competitiva nacional e igualmente es el responsable de la formación y desarrollo de los clusters como modelo estratégico para lograr el desarrollo productivo y exportador del país, para lo cual cuenta con el respaldo económico del Gobierno Dominicano y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que concedió el préstamo para la realización del denominado Programa para el Desarrollo de Ventajas Competitivas de la República Dominicana, el cual se encuentra actualmente en fase administrativa-financiera de cierre. Siguiendo ese modelo, desde 2007 se constituyeron nueve (9) clusters localizados en diferentes regiones del país, a los cuales el CNC aprobó nueve (9) proyectos y firmó siete (7) contratos de co-financiamiento para los mismos, con apoyo del Fondo de Competitividad (FONDEC). Entre esos clusters se encuentran los de textil-confecciones, calzado, muebles y construcción y los clusters turísticos de Puerto Plata, Samaná, Romana-Bayahíbe, Jarabacoa, Barahona, Santo Domingo, La Vega y Pedernales, los cuales han conformado una Red Nacional de Clusters Turísticos. Durante el transcurso del 2008 se finalizaron los proyectos de creación y fortalecimiento de los clusters de Mango, Vegetales Orientales, Café Especial de Jarabacoa, Aguacate, Piña y Banano, en el área agrícola, y se procedía a la constitución de los clusters turísticos de Lago de Hatillo, Montecristi, Monte Plata, Luperón y Santiago. Con la coordinación y participación del CNC se han desplegado acciones puntuales orientadas al fortalecimiento competitivo de los sectores de Agroindustria, Manufactura y Zonas Francas, Turismo, y Pymes, así como iniciativas transversales destinadas al mejoramiento del clima nacional de negocios y de la logística comercial, a partir de reformas del marco regulatorio, el plan de reforma del sistema portuario nacional, y la promoción de los Sistemas Nacionales de Calidad, Innovación y Capacitación. En diciembre de 2007 por efecto de la de la Ley No.392-07 de Competitividad Industrial se constituyó PROINDUSTRIA, Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (en reemplazo de la antigua Corporación de Fomento Industrial CFI-) como ente regulador y representativo de todos los proyectos, planes y medidas del Sector Industrial del país. Su objetivo principal es el desarrollo competitivo de la industria manufacturera nacional, proponiendo las políticas y programas de apoyo que estimulen su renovación y la innovación industrial, a los fines de alcanzar la diversificación del aparato productivo del país y el encadenamiento industrial, 10 Adoptando para dichos clusters el enfoque de concentración geográfica de empresas de una rama económica, de proveedores especializados, oferentes de servicios al productor, compañías en ramas vinculadas e instituciones de soporte o apoyo. 5

mediante el fomento de Parques y Distritos Industriales, y la vinculación a mercados internacionales. Como parte de sus actividades, PROINDUSTRIA ha iniciado la implementación de un Programa Nacional de Incubación de Empresas (PROINCUBE) para promover el espíritu emprendedor, impulsando la creación de nuevas empresas que generen empleos y riqueza. Desde el 2000 funciona además el Parque Cibernético de Santo Domingo, entidad creada para proveer infraestructura, servicios, educación (entrenamiento) y el apoyo regulador a firmas de tecnología, para lo cual cuenta con más de 1.2 millones de pies cuadrados de espacio. A la fecha, este Parque aloja a 21 empresas de alta tecnología, casi todas en el área de las tecnologías de infocomunicación, y a una incubadora de negocios tecnológicos, EMPRENDE. EMPRENDE tiene en la actualidad 11 empresas en incubación y 4 en proceso de aceleración. También desde el 2000 y adyacente al Parque Cibernético de Santo Domingo, se creó el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) como institución técnica de educación superior, especializada en la capacitación técnico-profesional en áreas de alta tecnología y bajo un modelo de technical college. Sus áreas de especialización son los centros de excelencia en tecnología de la información, multimedia, mecatrónica y software. En 2005 se transformó al antiguo Instituto Dominicano de Tecnología Industrial (INDOTEC) en el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), a través del Decreto Presidencial 58-05. El IIBI tiene el mandato de fomentar el desarrollo tecnológico innovador en áreas de la biotecnología y otras áreas de ciencias aplicadas, para potenciar la competitividad del país en el mercado internacional. Desde 2007 la SEEPyD, a través de un consejo directivo que preside el Secretario de Estado responsable de esa entidad e integrado por representantes del sector público y privado, administra el Fondo para el Fomento de la Investigación Económica y Social (FIES) con el propósito de promover la investigación en temas relacionados con la política económica y social en la República Dominicana, a través del desarrollo y financiamiento de acciones que estimulen investigaciones relevantes para respaldar los procesos de toma de decisiones de políticas públicas. Este Fondo, constituido inicialmente con el aporte de un préstamo del BID y contrapartida del presupuesto nacional, ha adjudicado a la fecha 25.6 millones de pesos a 30 proyectos de entre los concursantes en dos convocatorias. En 2008, con el liderato del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), se conformó el Polo Científico Tecnológico del Noroeste, integrado por 15 entidades públicas y privadas, incluyendo instituciones gubernamentales, de educación superior, de investigación, de servicios y transferencia tecnológica y empresas, localizadas en la zona noroeste de la capital dominicana, con la finalidad de sumar esfuerzos y recursos colaborando en proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. En el 2008 se crea también, con el apoyo protagónico de la SEESCyT y también del CNC, una red nacional de incubadoras de negocios y emprendimiento, Dominicana Incuba, con la misión velar por el desarrollo y ejecución en la República Dominicana de una cultura de emprendimiento de negocios e inversión de riesgo como 6

herramienta fundamental para el desarrollo de la competitividad nacional en el mercado global, para la estimulación de la creación de empleos de alto valor y el crecimiento de las exportaciones. Dentro del marco de la red y para su fortalecimiento, se ha iniciado el desarrollo de centros y/o programas de emprendimiento universitarios en las siguientes instituciones de educación superior: UASD, INTEC, PUCMM, UNIBE, APEC y UCATECI. Las iniciativas antes descritas se suman a instituciones y centros ya existentes desde hace décadas, entre los cuales se debe destacar al Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF), al Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), once institutos en las áreas de ciencias y tecnologías de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (de Física, de Química, Microbiología y Parasitología, de Investigaciones Botánicas y Zoológicas de de Biología Marina, Sismológico, de Matemáticas, Geográfico, de Energía, de Ingenierías y de investigaciones Agropecuarias), así como centros de investigación adscritos a las universidades. Entre estos últimos es preciso mencionar los de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, tales como el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) y el Centro de Estudios Energéticos y Recursos Naturales (CEERN). También los del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), especialmente el Centro de Gestión Ambiental (CEGA), el Centro de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CAMPE), el Grupo de Ciencia y Tecnología de las Construcciones (GCTC), el Centro de Investigación de Energías No Convencionales (CIENTEC), el Centro de Diseño Industrial y los laboratorios de investigación y prestación de servicios (de Genética, de Percepción Remota, de Ahorro y Eficiencia Energética, de Estudios Ambientales, de Electrónica y de Mecatrónica, entre otros). A los anteriores se debe adicionar el Centro de Información de Drogas e Intoxicaciones (CIDI), de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), el Centro de Ciencia y Tecnología, de la Universidad Dominicana O &M, y la Agropecuaria de Investigación y Desarrollo Universitario, de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), sin que esta lista sea exhaustiva. Ciertamente, muchas de las principales iniciativas antes descritas son muy recientes y es temprano para evaluar su impacto. No obstante, pueden muy bien implicar un giro en las actividades científicas, tecnológicas y de innovación en el país, potenciando el conjunto ya existente de institutos y centros de investigación públicos y privados, la actividad de investigación y de innovación en las instituciones de educación superior y las empresas, así como los vínculos entre estas. El sistema de educación superior El sistema de educación superior de la República Dominicana está integrado por 43 instituciones, 33 con categoría de universidad, 5 como institutos especializados de educación superior (enfocados exclusivamente en ciertas áreas de conocimiento y formación) y 5 como institutos técnicos de estudios superiores (otorgando sólo grados de técnico superior). 11 11 De acuerdo a la legislación y reglamentaciones vigentes de la SEESCyT, los Institutos Técnicos de Estudios Superiores (ITES) únicamente están autorizados para impartir carreras a nivel técnico superior. Los Institutos Especializados de Estudios Superiores (IEES) pueden impartir carreras y otorgar títulos en los niveles de pregrado y postgrado pero en áreas de especialidad para las cuales fueron creados. Por su parte, las 7

A contrapelo de lo ocurrido en la primera mitad del siglo XX, cuando la educación superior dominicana, en el contexto de la dictadura trujillista (1930-1961) se mantuvo ajena a los procesos que se verificaban por todo el hemisferio, en la segunda mitad del siglo pasado y, particularmente, en sus últimos treinta años, la educación superior dominicana ha experimentado cambios que la han llevado a compartir, en general, las tendencias dominantes en la educación superior en América Latina, mereciendo el calificativo de revolución de los números 12. República Dominicana ha pasado de unos de 4 mil estudiantes en una sola universidad (la entonces Universidad de Santo Domingo) a más de 300 mil estudiantes en 43 instituciones. En la década de los 60 s, tras el derrocamiento de la dictadura trujillista, se constituyeron la Universidad Católica Madre y Maestra, hoy Pontificia (PUCMM), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), y la Universidad APEC (UNAPEC). En los 70 s se formaron la Universidad Central del Este (UCE), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), el Instituto Nacional de Ciencias Exactas (INCE), la Universidad Católica Nordestana (UCNE), la Universidad Dominicana (O & M), y la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). En los años 80 surgieron otras doce (12) nuevas instituciones. Es de notar que en este grupo de instituciones surge una segunda universidad de carácter público, el Instituto Tecnológico del Cibao Oriental (ITECO), y dos instituciones de educación superior especializadas en un área o campo profesional, la Universidad Odontológica Dominicana (UOD) y el Instituto Superior de Agricultura (ISA). Es así como, a mediados de la década de 1980, el nivel de educación superior contaba con veintiséis (26) instituciones con la categoría formal de instituciones de educación superior 13, a las cuales se le sumarían en los siguientes quince (15) años otras diecinueve (19) instituciones, para un total, en el 2009, de cuarenta y tres (43), con una matrícula total de alrededor de 300 mil estudiantes, de los cuales alrededor del 45% están en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y un 52%, en las instituciones privadas. 14 Universidades pueden impartir carreras y otorgar títulos en los niveles de técnico superior, de pregrado y de postgrado en las diferentes áreas del conocimiento. 12 Brunner, J. J. et al. (1995). Educación superior en América Latina: Una agenda de problemas, políticas y debates en el umbral del año 2000. Proyecto de Políticas Comparadas de Educación Superior. Bogotá: Universidad de Colombia. 13 De las cuales algunas desaparecieron o perdieron su autorización y fueron clausuradas por el Estado. 14 De acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en Agosto de 2002, de un total de 296,134 estudiantes matriculados en el nivel superior, 125, 624 estaban en la UASD, 9,000 en otras instituciones estatales, y 151,501 en treinta y dos (32) instituciones privadas. Las instituciones estatales, además de la UASD, son la Academia Militar de las Fuerzas Armadas, la Academia Naval de Estudios Superiores de la Marina de Guerra, la Escuela Nacional de la Judicatura, el Instituto Superior de Formación Docente en Educación Física y el Instituto Superior de Formación Docente. Ver: SEESCYT: Informe General sobre la Educación Superior en la República Dominicana 2002. Santo Domingo: Agosto de 2004. 8

Tabla 1 Instituciones al 2006 según año de autorización INSTITUCIÓN Autorización 1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO, UASD 1538 2 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA, PUCMM 1962 3 UNIVERSIDAD NACIÓNAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA, UNPHU 1967 4 UNIVERSIDAD APEC, UNAPEC 1968 5 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE, UCE 1971 6 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO, INTEC 1973 7 INSTITUTO NACIÓNAL DE CIENCIAS EXACTAS, INCE 1974 8 UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA, UCNE 1978 9 UNIVERSIDAD DOMINICANA ORGANIZACIÓN Y MÉTODO, O & M 1978 10 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO, UTESA 1978 11 UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA, UNAD 1982 12 UNIVERSIDAD INTERAMERICANA, UNICA 1982 13 INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CIBAO ORIENTAL, ITECO 1983 14 UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO, UCATECI 1983 15 UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, UNIBE 1983 16 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO, UCSD 1984 17 UNIVERSIDAD EUGENIO MARÍA DE HOSTOS, UNIREMHOS 1984 18 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR, UTESUR 1984 19 UNIVERSIDAD CENTRAL DOMINICANA DE ESTUDIOS PROFESIONALES, UCDEP 1985 20 UNIVERSIDAD ODONTOLÓGICA DOMINICANA, UOD 1985 21 INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA, ISA 1986 22 UNIVERSIDAD NACIÓNAL EVANGÉLICA, UNEV 1986 23 INSTITUTO DOMINICANO DE TECNOLOGÍA, IDT 1989 24 INSTITUTO POLITÉCNICO LOYOLA, IPL 1989 25 UNIVERSIDAD FEDERICO HENRÍQUEZ Y CARVAJAL, UFHEC 1991 26 UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD, UTE 1992 27 UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS, UAPA 1995 28 UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DE BARAHONA, UCATEBA 1995 29 UNIVERSIDAD DEL CARIBE, UNICARIBE 1995 30 UNIVERSIDAD AGROFORESTAL FERNANDO ARTURO DE MERIÑO, UAFAM 1996 31 UNIVERSIDAD EXPERIMETAL FÉLIX ADAM, UNEFA 1996 32 UNIVERSIDAD PSICOLOGÍA INDUSTRIAL DOMINICANA, UNIPSID 1996 33 INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR MERCY JÁCQUEZ, ITESUMJ 2001 34 UNIVERSIDAD DOMÍNICO-AMERICANA, UNICDA 2001 35 UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE, UCADE 2003 36 BARNA BUSINESS SCHOOL, BARNA 2003 37 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES POLICÍA NACIÓNAL, IEESPN 2003 38 INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR OSCUS SAN VALERO, OSCUS 2003 39 UNIVERSIDAD NACIÓNAL TECNOLÓGICA, UNNATEC 2003 40 INSTITUTO CRISTIANO DE ESTUDIOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS, ICES 2003 41 INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGÍA UNIVERSAL, INSUTEC 2004 42 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA, ISFODOSU 2005 43 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS F.F.A.A., IEESFA 2005 9

La formación de grado Puede afirmarse que el imperativo dominante en la expansión de la educación superior dominicana ha sido simple y llanamente el de atender, al amparo de las políticas desarrollistas, una demanda estudiantil que crecía por la acelerada urbanización y la expansión de las capas medias que experimentó nuestra sociedad en un clima de apertura social, cultural y política después del derrocamiento de la dictadura y especialmente con las administraciones sucesivas del Dr. Balaguer, primero, en los periodos de 1966 al 1978, y especialmente- de los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano, después, en los periodos de 1978 a 1982. A ese tenor, si pensamos el desarrollo de nuestra educación superior a partir de los criterios empleados por Brunner y colegas (1995) al referirse a los sistemas nacionales de educación superior en América Latina, en República Dominicana hemos generado un sistema crecientemente complejo, institucionalmente diferenciado (especialmente según el origen y carácter oficial/privado de los establecimientos y su régimen de propiedad y modelo de gobierno); moderadamente masificado (según las tasas brutas de escolarización alcanzadas y en relación con otros países en el subcontinente); pero altamente homogéneo (desde el punto de vista de las categorías institucionales, su selectividad académica, la calidad de sus funciones docentes, sus diseños curriculares, sus modelos educativos y enfoques de enseñanza-aprendizaje, las características y condiciones de sus profesores, etc.). Esa homogeneidad abarca también la oferta curricular dominante y, congruentemente con ello, la concentración de la matricula de educación superior en un número reducido de programas. Al examinar la distribución de la matrícula según áreas de conocimiento podemos encontrar la concentración de la matrícula en los diez programas que concentran más de la mitad de la misma, mientras es muy escasa en programas en las ciencias agropecuarias y en ciencias básicas y aplicadas. Programa No. Estudiantes Tabla 2 Estudiantes en los 10 Programas con Mayor Matrícula 1997 2002 2004 % No. Estudiantes % No. Estudiantes % 2005 No. Estudiantes Educación 20,786 (2) 11.8% 58,498 (1) 20.4% 39,171 (1) 17.3% 47,881 (1) 14.9% Derecho 19,100 (3) 10.8% 27,492 (2) 9.6% 25,865 (3) 11.4% 29,985 (3) 9.3% Mercadeo 17,672 (5) 10.0% 25,139 (3) 8.8% 24,367 (4) 10.8% 24,577 (6) 7.6% Contabilidad 22,413 (1) 12.7% 21,748 (4) 7.6% 28,769 (2) 12.7% 34,815 (2) 10.8% Informática 17,697 (4) 10.0% 19,443 (5) 6.8% 21,388 (7) 9.5% 25,706 (5) 8.0% Administración 12,174 (6) 6.8% 18,873 (6) 6.6% 24,277 (5) 10.7% 26,854 (4) 8.3% Medicina 10,596 (7) 6.0% 17,227 (7) 6.0% 21,983 (6) 9.7% 24,408 (7) 7.6% Psicología ND 10,859 (8) 3.8% 14,828 (9) 6.6% 15,293 (8) 4.7% Ing. Industrial ND 10,042 (9) 3.5% 10,425 (10) 4.6% 11,484 (10) 3.6% Ing. Civil ND 7,838 (10) 2.7% 14,943 (8) 6.6% 12,564 (9) 3.9% TOTAL 120,438 68.1% 217,159 75.8% 226,016 73.7% 253,567 78.6% % 10

Nota: Posición (ranking) entre paréntesis. Fuente: SEESCYT: Informe General sobre la Educación Superior en la República Dominicana 2002. SEESCYT: Informe General: Estadísticas de Educación Superior 2004 y 2005. Una mirada a esos programas lleva con facilidad a coincidir con Levy (1991, 1994) en su afirmación de que la mayoría de las instituciones privadas de educación superior se concentran en campos de bajo costo 15 De esta manera, aunque un número importante de instituciones de educación superior (IES) ofrecen programas de grado en las áreas de ciencia y tecnología, lo cierto es que el porcentaje de estudiantes matriculados y egresados en ciencia y tecnología es bajo y con tendencia a la disminución relativa. Si bien esto no es distinto del patrón registrado en muchos otros países latinoamericanos, es preciso subrayar que en el caso dominicano la matrícula y los egresados en las áreas de ingeniería y tecnologías están altamente concentrados en las áreas de informática, en desmedro de otras ingenierías (GCP/SEESCyT, 2007). Esto puede verse si se analiza la composición de la matrícula en programas de educación superior empleando la clasificación UNESCO-ISCED. Tabla 3 Matriculados en pre-grado, por área de conocimiento 2005 Area de Conocimiento (Clasificacion UNESCO-ISCED) Matricula % Enseñanza comercial administración (ISC34) 86,641 28.72% Formación de personal docenete y ciencias de la educación (ISC14) 44,470 14.74% Medicina (ISC72) 30,354 10.06% Derecho (ISC38) 29,370 9.73% Ingeniería y profesiones afines (ISC52) 22,016 7.30% Informática (ISC48) 20,733 6.87% Arquitectura y construcción (ISC58) 20,286 6.72% Ciencias sociales del comportamiento (ISC31) 16,285 5.40% Ciencias de la vida (ISC42) 8,994 2.98% Servicios personales (ISC81) 6,743 2.24% Periodismo e información (ISC32) 6,646 2.20% Humanidades (ISC22) 4,624 1.53% Agricultura, silvicultrura y pesca (ISC62) 2,074 0.69% Artes (ISC21) 1,529 0.51% Veterinaria (ISC64) 417 0.14% Matemáticas y estadística (ISC46) 170 0.06% Servicios de transporte (ISC44) 156 0.05% Ciencias físicas 149 0.05% Servicios sociales (ISC76) 32 0.01% Protección del medio ambiente (ISC85) 8 0.00% Industria y producción (ISC54) 0 0.00% Totales 301,697 100% Fuente: López & Mejía (2006) 15 Levy et al., 1991, Pág. 9. 11

Lo anterior se muestra en todo su dramatismo al considerar los datos recientes sobre nuevos ingresos en las instituciones de educación superior, los cuales, para los años 2002-2005, confirman que se trata de tendencias estables, si bien la tendencia en las ciencias básicas y aplicadas es a la caída en términos absolutos. Tabla 4 Estudiantes matriculados según áreas de conocimiento. 2002-2004-2006 2002 2004 2005 Programa Total Total Total Ciencias Básicas y Aplicadas * 5,667 3,561 910 Ingenierías y Tecnologías ** 53,195 70,473 69,040 Ciencias Agropecuarias *** 2,473 4,752 2,692 Ciencias de la Salud **** 28,307 36,188 41,015 Ciencias Filosóficas y Humanidades ***** 81,070 82,054 82,561 Ciencias Sociales ***** 104,627 113,108 125,923 No especificada 10,795 3,291 170 TOTAL 286,134 313,427 322,311 Fuente: SEESCYT: Informe General sobre la Educación Superior en la República Dominicana 2002. SEESCYT: Informe General: Estadísticas de Educación Superior 2004 y 2005. Notas a los datos para el 2002: * Incluye matriculados en programas de Ciencias Básicas y Matemáticas. ** Incluye matriculados en programas de ingenierías, arquitectura, diseño, sistemas e informática. *** Incluye matriculados en programas de ciencias agropecuarias y ambientales. **** Incluye matriculados en programas de educación, psicología, artes y cultura, comunicación y publicidad. ***** Incluye matriculados en programas en negocios y ciencias jurídicas. Lo anterior se complementa con el hecho de que, pese a la expansión en el número de IES, en sólo tres de ellas se concentra la matrícula registrada para el año 2004 en ciencias básicas y aplicadas: la UASD, con 3,228 estudiantes; IEESFA, con 158; e INTEC, con 55. Dos instituciones (la UASD, con 1,604 estudiantes y el ISA con 436) concentran el 76% de la matrícula en ciencias agropecuarias, mientras otras doce se distribuyen el resto. Tabla 5 Titulados de Grado por áreas de conocimiento, 2000-2007 Area de Cs. Naturales y Exactas Ingeniería y Tecnología Ciencias Médicas Ciencias Agrícolas Ciencias Sociales Humanidades Total Fuente: RICYT, 2009. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1,843 2,055 1,951 2,030 2,363 2,573 3,016 4,154 4,846 5,696 4,941 5,116 3,632 5,807 8,540 8,396 685 770 801 824 899 799 808 747 8,366 7,831 9,769 9,875 12,469 14,159 19,429 30,858 16,496 16,929 18,093 18,412 19,964 23,891 32,354 44,738 32,236 33,281 35,555 36,257 39,327 47,229 64,147 88,893 La formación de Postgrado 12

En la década que finaliza, el porcentaje de estudiantes que realizan estudios postgraduados apenas sobrepasa un 3% del total matriculado en educación superior. Examinando las variaciones en el periodo 2002-2005, se observa que el porcentaje de estudiantes matriculados en la educación superior que participa en programas de postgrado oscila en ese periodo entre un 3.33% en 2002 y un 2.51% en 2005. Es preciso hacer constar que la mayor parte de los programas de especialidad y maestría son de corte profesionalizante y no orientados a la investigación. Tabla 6 Matricula en la Educación Superior, por niveles 2000-2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Matrícula Total 245,056 261,035 286,134 298,092 313,427 322,311 Matrícula de Pregrado 243,932 259,389 270,195 277,311 291,551 301,697 Matrícula de Postgrado - - 9,003 9,203 8,082 8,113 Matrícula de Maestría - - 4,675 4,779 2,626 4,727 Nota: Incluidos en la Matricula Total se encuentran los estudiantes de nivel técnico superior. Fuente: López & Mejía Tabla 7 Egresados de la Educación Superior, por niveles 2000-2004 Año / Nivel Técnico Pregrado Especialidad Maestría Total 2000 5.786 14.51 1.004 648 21.948 2001 2.426 18112 742 702 21.982 2002 2.913 19.61 1.042 716 24.281 2003 5.251 20.727 1.618 983 28.579 2004 2.935 27.303 1.37 1,138 32.746 Total 19.311 100.262 5.776 4.187 129.536 Fuente: López & Mejía (2006) La SEESCyT ha tratado de compensar por ese déficit, y ha otorgado becas para estudios de postgrado tanto en el país como en el exterior. No obstante, informaciones difundidas por la propia SEESCyT para el año 2006 muestran contradicciones en la implementación de esa política, pues de 1,440 becas en IES del país, 800 fueron a nivel de grado y sólo 225 para estudios de postgrado. Un panorama un tanto más optimista ocurrió con las becas para estudios en el exterior del país, de las que se otorgaron un total de 609, con 125 de ellas a nivel de grado, 433 a nivel de maestría y 51 a nivel doctoral (SEESCyT, 2007). Inversión en ACT e I+D No hay información disponible sobre el gasto en actividades de ciencia y tecnología ni en investigación y desarrollo en la República Dominicana. Se cuenta con información de que la SEESCyT tiene programada la realización de una Encuesta Nacional sobre Innovación en 2010, pero ni esta Secretaría de Estado ni la Oficina 13

Nacional de Estadísticas u otro organismo oficial cuentan actualmente con información estadística e histórica sobre las actividades de ciencia, tecnología e I+D. Una encuesta realizada para el CNC por OTF Group, publicada en 2006, encontró que alrededor del 50% de las empresas están gastando menos del 1% de sus ingresos en I&D, significativamente menos que el estándar internacional. Lamentablemente esta encuesta fue realizada con una muestra muy limitada, a sólo 57 empresas (CNC, 2006). Previamente y como parte de los trabajos para la formulación de la propuesta de Plan de Innovación Tecnológica en la República Dominicana (Inpoltec II), antes mencionado, sus proponentes realizaron en 2001 una encuesta a una muestra de 1000 empresas (con 971 respuestas) en la que se encontró que sólo el 4.8% de esas empresas tenían propiamente actividad de I + D, todas privadas y nacionales. Bravo, Pérez y Mejía (2004), arriesgan una estimación del gasto en I + D respecto del PIB en República Dominicana, el cual sitúan alrededor del 0.06% para inicios de la década del 2000. Los autores llegan a esta estimación a partir del valor de los indicadores respecto de Población Activa, publicaciones en SCI respecto de la Población y PIB per cápita y promedio de un modelo construido a partir de datos equivalentes en 12 países de América Latina. Probablemente la encuesta más importante, a la fecha, sobre la actividad de innovación de las empresas en República Dominicana fue realizada por el Grupo de Consultoría Pareto en el marco de su estudio Innovación, educación superior y actividad empresarial en la República Dominicana. Un análisis sobre la articulación de empresas, gobierno y sector educativo superior en busca de la competitividad de 2007 para la SEESCYT. Como parte de este estudio se realizó una encuesta empresarial con una muestra constituida por 434 empresas, las cuales fueron seleccionadas en forma sistemática con arranque aleatorio dentro de cada estrato, cubriendo empresas de las áreas manufacturera, energía, minas, zonas francas de exportación, de la rama de hoteles y restaurantes, comerciales y agroindustriales, entre otros sectores productivos. Los resultados mostraron que, en general y en sentido amplio, alrededor del 51% de las firmas podían ser consideradas innovadoras en términos de productos y servicios (habían introducido al menos un producto o servicio nuevo o significativamente mejorado alguno en el curso de los últimos tres años), y que alrededor de un 14% desarrolló ambos tipos de innovaciones. Los resultados mostraron además que la mayor incidencia de innovaciones de procesos se refería a cambios en las formas de manejo de la información (probablemente asociada a la incorporación de computadoras) y a la administración financiera; además, la mayoría de las firmas introdujo innovaciones en un número pequeño de procesos. Las cifras anteriores sugieren un nivel de innovaciones relativamente alto; no obstante, al profundizar al respecto, los datos de esta encuesta permitieron concluir que alrededor del 50.7% de las firmas que habían desarrollado innovaciones de productos declaró que ninguna de esas innovaciones fue nueva para el mercado, aunque, obviamente, sí lo fueron en el ámbito de la firma; similarmente, el 71% de las firmas innovadoras declaró que ninguna de sus innovaciones, fueran de producto, servicios o procesos, fue nueva para el mercado. 14

De especial importancia resultó el hallazgo de que casi la totalidad de las innovaciones declaradas (tanto de productos o servicios como de procesos) fueron desarrolladas por las propias empresas, con mínima participación de las entidades gubernamentales o académicas, aunque con cierto nivel de colaboración entre empresas. Aun más crítico fue el hallazgo de que un porcentaje muy bajo de las firmas, inferior al 10%, consideró a las entidades del sector gobierno y académicas en tanto que fuentes de conocimientos, recursos e ideas como muy importantes para su actividad innovadora (y sólo un 8% de las empresas declaró tener algún tipo de acuerdo con alguna universidad, generalmente relacionado con actividades de pasantías). Fueron los clientes y los empleados los considerados como fuentes de ideas más valoradas por las firmas, seguidas de los contactos con los suplidores y conferencias y ferias de negocios. El soporte financiero del gobierno a las firmas en materia de innovación es también despreciable, excepto en el caso de las instituciones de crédito, cuya presencia fue destacada por el 5% de las empresas. En general, el papel de las universidades parece limitarse a la provisión de recursos humanos mediante la entrega de egresados función en la cual, las universidades recibieron una evaluación relativamente favorable por parte de las empresas. Dada su importancia, conviene analizar el comportamiento de las instituciones participantes en FONDOCYT desde su lanzamiento en 2005, contándose con información hasta 2008. Tabla 8 Proyectos financiados por FONDOCYT, por institución, número de proyectos y montos totales, en US$. 2005-15

Institución 2008 Total de Montos Proyectos Monto Total Proyectos Monto Total Proyectos Monto Total Proyectos Monto Total Proyectos Totales IIBI 5 234,929 2 74,707 3 263,862 5 1,055,386 15 1,628,883 ISA 3 69,694 4 103,565 4 98,151 4 84,325 15 355,736 UASD 2 47,146 2 1,869,365 1 91,332 9 1,018,994 14 3,026,836 INTEC 1 476,100 2 89,680 2 39,825 3 570,529 8 1,176,133 IDIAF 1 1,499,410 6 1,056,264 7 2,555,674 UTESA 3 113,071 1 44,415 1 2,874,455 5 3,031,941 PUCMM 1 142,327 4 600,148 5 742,475 ITLA 1 45,175 1 96,873 2 142,048 CEDAF 2 109,943 2 109,943 FNAD, INTEC 2 89,319 2 89,319 CEBIVE 2 77,373 2 77,373 Grupo Jaragua/ Museo Nac.de Historia Natural 1 255,272 1 255,272 Museo del Hombre Dominicano 1 211,041 1 211,041 ONAMET 1 85,904 1 85,904 UNAPEC 1 84,820 1 84,820 UNPHU 1 73,588 1 73,588 Alimentos y Tecnologías - ALIMENTEC S.A. 1 59,664 1 59,664 Lab.Veterinario Central 2005 2006 2007 2008 (LAVECEN) 1 1,410,000 1 1,410,000 Soc. de Inventores de la Rep.Dominicana, Inc. 1 28,707 1 28,707 Total 14 940,940 16 3,832,396 13 2,105,160 42 8,266,862 85 15,145,358 Fuente: SEESCYT En ese periodo la SEESCyT por vía del Fondo ha contratado 85 proyectos por un monto total equivalente a U$15,145.358. Tres instituciones encabezan la lista en número de proyectos financiados, el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) con 17 proyectos sumándole al CEBIVE, que es parte del mismo-, el Instituto Superior de Agricultura (ISA) con 15 proyectos, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con 14. A estas le siguen el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), con 8 proyectos, el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), con 7, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), cada una con 5 proyectos. Con 2 proyectos tenemos al Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF), la Fundación Naturaleza, Ambiente y Desarrollo, (FNAD) ambos en cooperación con el INTEC-, y el Centro de Biotecnología Vegetal (CEBIVE). Entre las otras entidades con 1 proyecto cada una se encuentran la Universidad APEC (UNAPEC) y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), cuatro entidades públicas, la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), el Laboratorio Veterinario Central (LAVECEN) de la Dirección General de Ganadería, el Museo del Hombre Dominicano y el Museo Nacional de Historia Natural este último conjuntamente con el Grupo Jaragua-, una empresa, Alimentos y Tecnologías (ALIMENTEC S.A) y dos organizaciones no gubernamentales, la 16

Sociedad de Inventores de la República Dominicana y el Grupo Jaragua (conjuntamente con el Museo Nacional de Historia Natural). 16 Por montos del total de los proyectos financiados, predominan la UASD, con 3,026,836 dólares, el IDIAF, con 2,555,674 dólares, el IIBI con 1,706,256 de nuevo, incluyendo el CEBIVE-, el INTEC, con 1,176,133 dólares (que aumentarían a 1,265,452, si se consideran los dos proyectos en los que participa junto a FNAD) y LAVECEN, con 1,410,000 dólares. Llama la atención el reducido número de IES que han financiado proyectos en estas cuatro convocatorias de FONDOCYT, sólo 7 de 43 IES existentes, y 2 de esas 7 con sólo 1 proyecto (en la última convocatoria, del año 2008). Entre esas, lideran la UASD, el ISA, el INTEC, la PUCMM y la UTESA. Por otra parte, es notable la participación de dos institutos de investigación públicos, el IIBI y el IDIAF, con 24 proyectos entre ambos (a los que se sumaría el ITLA, con 2 más). Otro dato interesante es la ausencia de consorcios entre IES o institutos o centros de investigación con empresas, si bien los reglamentos del Fondo, en congruencia con los enfoques de la SEESCyT y del PECYT+I no sólo lo permiten sino que lo promueven así. A su vez, en las cuatro convocatorias, solo una empresa (ALIMENTEC) ha calificado para financiamiento de un proyecto. Recursos Humanos para ACT e I+D Los únicos datos sobre el personal científico y técnico en la fuerza de trabajo en República Dominicana provienen de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo que realiza el Banco Central con propósitos distintos a los del diagnóstico de los ámbitos de ciencia, tecnología e innovación. Tabla 9 Personal Científico y Técnico en la Fuerza de Trabajo, 2004-2006 16 De hecho, el Grupo Jaragua participa en dos proyectos, uno con el Museo Nacional de Historia Natural y otro con el INTEC; a su vez, el INTEC, además de los 8 proyectos presentados por sí solo, también participa en otros dos proyectos con la Fundación Naturaleza, Ambiente y Desarrollo (FNAD). En la tabla presentada en este informe se asumió contabilizar para cada institución los proyectos en los que se presentaba como institución principal. Se hizo excepción en el caso de la mención del Museo Nacional de Historia Natural por cuanto este se presentó en un solo caso, en consorcio con el Grupo Jaragua. 17

2004 2005 2006 Categorías Casos % Casos % Casos % PROF. CS. FÍSICAS, QUÍMICAS Y MATEMÁTICAS Y DE LA INGENIERÍA 34,959 0.50 32,805 0.46 26,403 0.38 PROF.CS. BIOLÓGICAS, LA MEDICINA Y LA SALUD 49,616 0.71 36,645 0.51 47,777 0.69 PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA 62,404 0.89 67,667 0.94 55,932 0.81 OTROS PROF.CIENTÍFICOS E INTELECTUALES 83,378 1.19 68,680 0.96 77,608 1.12 TÉCNICOS Y PROF.NIVEL MEDIO DE LAS CS. FÍSICAS, QUÍM., ING. AFINES 32,537 0.46 29,764 0.41 34,643 0.50 TÉCNICOS Y PROF.NIVEL MEDIO DE LAS CS. BIOLÓGICAS, MEDICINA Y SALUD 22,452 0.32 24,116 0.34 27,539 0.40 Total Fuerza de Trabajo 7,035,312 100 7,173,679 100 6,934,220 100 Fuente: Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo Banco Central de la República Dominicana Si excluimos a los profesionales de la enseñanza, el número de profesionales de las ciencias y otras actividades intelectuales registrados por esta Encuesta en 2006 ascendía a 151,788 personas, para un 2.19% del total de la Fuerza de Trabajo, porcentaje que aparece estable en la corta serie histórica disponible. El país carece de estadísticas e información confiables y actualizadas sobre la cantidad de investigadores en el país y su forma de dedicación. Un informe de consultoría de Mullin Consulting, de 2003, concluyó que en el contexto dominicano hay pocas personas e instituciones que tienen la formación y la experiencia necesarias en investigación científica, desarrollo tecnológico, formulación de políticas públicas para la ciencia, la tecnología e innovación, financiamiento de investigación, desarrollo e innovación o de transferencia tecnológica dentro de la economía nacional. En el estudio realizado por Bravo, Pérez y Mejía (2004), los autores llegan a la estimación de que a principios de la década se contaba con un personal en I+D de 994 personas, un 0.30 por mil habitantes y un 0.13 por cada mil personas de la Población Económicamente Activa (PEA). De este total, 329 (un 33%) se encontraban en empresas, mientras las restantes 665 personas estaban en universidades y centros e institutos de investigación. Descomponiendo dicho personal en términos de sus funciones, se encontró que en las empresas calificaban como investigadores sólo 79 personas, mientras que en las universidades y centros e institutos de investigación calificaban como tales 363 personas. En dicho estudio, y sobre la base de una muestra de 132 de estos investigadores, se concluyó que alrededor del 16.7% de ellos trabajaba en centros de investigación como actividad principal (pero no necesariamente exclusiva) y un 78% en universidades (pero con la real posibilidad de que una parte indeterminada, y probablemente significativa, trabajara en más de una universidad a la vez). Según su dedicación a la investigación, aquellos investigadores afiliados a universidades reportaron una dedicación media de tiempo igual al 37.8% de sus jornadas totales, mientras los afiliados a centros de investigación reportaron una dedicación media igual al 46.9% de sus jornadas. Un 72.7% de estos investigadores tenía grado de maestría y sólo un 29.5% de doctorado. Para esta muestra se encontró que la mayoría de los investigadores se encontraba en las áreas de ciencias sociales y humanidades (un 41%). Un 26% se encontraba en las áreas de tecnologías, un 24% en las de salud y sólo un 9% en las ciencias experimentales. La edad media de este grupo fue de 45 años (un 42.4% con edades comprendidas entre 41 y 50 años). El grupo masculino fue muy predominante, con un 69.7% del total. 18

El último informe estadístico publicado por la SEESCyT (2006) ofrece informaciones que deben ser consideradas críticamente. De acuerdo al mismo, el sistema de educación superior contaba apenas con 403 investigadores en el año 2004, concentrados la gran mayoría (365, para un 90.6% del total) en nueve instituciones. Lamentablemente, la información compilada en este informe se basa en reportes de las instituciones, sin el establecimiento de definiciones ni estándares comunes respecto de la condición de investigador, su preparación, dedicación o productividad. Adicionalmente, no se contó, en este caso, con informaciones provenientes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la principal de carácter público y la mayor de todo el sistema. Tabla 10 Instituciones con 10 o más investigadores, 2004 Total 365 1 INSTITUTO POLITÉCNICO LOYOLA, IPL 185 2 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA, PUCMM 60 3 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO, INTEC 31 4 INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA, ISA 28 5 UNIVERSIDAD NACIÓNAL EVANGÉLICA, UNEV 15 6 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE, UCE 14 7 UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS, UAPA 12 8 UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, UNIBE 10 9 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO, UTESA 10 Fuente: SEESCyT, 2006. En el citado informe se daba cuenta del porcentaje del presupuesto dedicado a las actividades de investigación por las 24 IES que reportaron información. 19

Gráfico 1 Proporción del presupuesto institucional aplicado a investigación Fuente: SEESCyT, 2006. De acuerdo a esta información, encontramos que la IES que invertía una mayor proporción de su presupuesto institucional, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) no alcanzaba al 2% del mismo (reportando un 1.7%). Las otras 14 IES que reportaron dedicar un porcentaje de su presupuesto a la investigación indicaron porcentajes entre un 0.01 y un 0.08% (si se exceptúa UCDEP que reportó un 0.54), mientras las otras 9 IES que respondieron afirmaron no asignar ninguna partida presupuestaria a tareas de investigación. Un análisis de conjunto de la información arriba presentada obliga a considerarla con una mezcla de escepticismo y preocupación. Esto así por cuanto el reporte que sobre el número de investigadores hacen las propias instituciones de educación superior a la SEESCYT, según el cual 17 instituciones cuentan con por lo menos un investigador, revela además que de esas instituciones, cuatro (4) no asignan partidas presupuestales a la investigación y 8 asignan menos del 0.06% de sus respectivos presupuestos. El IPL y la UNEV, que habían reportado plantillas de investigadores (tan alto como 185 en el caso del IPL) no tenían establecido un porcentaje de su presupuesto para investigación, lo que sustenta con más fuerza la preocupación externada en el párrafo precedente sobre las definiciones y criterios para determinar la condición de investigador. 20