Acta de la I Sesión Extraordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, celebrada el viernes 25 de junio de 2010, en el salón Los Murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en Av. Pino Suarez no. 2, segundo piso, colonia Centro, delegación, Cuauhtémoc, C.P. 06065, México, Distrito Federal. Presidente: Licenciado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, Secretario de Gobernación. Secretario Técnico: Licenciado Felipe Borrego Estrada. Se encontraron presentes: 1. 2. LIC. FERNANDO FRANCISCO GÓMEZ MONT URUETA, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN. MINISTRO JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO, REPRESENTANTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 3. MAGISTRADO ÓSCAR VÁZQUEZ MARÍN, REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 4. 5. 6. SEN. RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ, REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. DIP. CARLOS ALBERTO PÉREZ CUEVAS, REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN LIC. LUÍS CÁRDENAS PALOMINO, COMISARIO GENERAL, JEFE DE DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL, EN REPRESENTACIÓN DEL ING. GENARO GARCÍA LUNA, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL 7. LIC. MIGUEL CARLOS ALESSIO ROBLES LANDA, CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL 8. 9. 10. 11. LIC. MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA, REPRESENTANTE DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SECRETARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA LIC. ALFREDO HIGUERA BERNAL, REPRESENTANTE DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DR. RODOLFO CAMPOS MONTEJO, REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LIC. ORLANDO CAMACHO, EN REPRESENTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CONSEJO DE COORDINACIÓN 12. LIC. FELIPE BORREGO ESTRADA, SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN. 1-22
El Maestro Hugo A. Concha Cantú, Coordinador de Asesores de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, como Maestro de Ceremonias dio la bienvenida a los miembros del Consejo de Coordinación a la I Sesión Extraordinaria cediendo el uso de la voz al Secretario Técnico. Acto seguido, de conformidad con el artículo 31, de las Reglas para el Funcionamiento del Consejo, previa verificación de asistencia y certificación de la existencia del quórum legal, el Lic. Felipe Borrego Estrada, Secretario Técnico del Consejo de Coordinación, procedió conforme al orden del día a rendir el "Informe de actividades que presenta la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, con motivo de los dos años de la publicación del decreto de la Reforma Constitucional en materia de seguridad y justicia penal del 18 de junio de 2008 y de un año de la instalación del Consejo de Coordinación, en los siguientes términos: Señores miembros del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; Señor Ministro Fernando Franco Gonzalez Salas; Señoras y Señores Es un honor presentarme ante ustedes y dar cuenta del esfuerzo y los avances que hemos conseguido en este aniversario de la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal y al primero de la creación de este distinguido Consejo. Parto de la convicción de que somos actores de un proceso histórico de gran relevancia. México se encuentra en una etapa excepcional en su desarrollo. A casi 200 años de su independencia y 100 del inicio de su gesta revolucionaria, nos encontramos en un proceso de transformación, que si bien es pacífico y ordenado, es de la misma magnitud de los llevados a cabo en aquellos momentos tan significativos. La Reforma Constitucional del 18 de junio del 2008, es una auténtica revolución de nuestro sistema y tradición jurídica. Con ella, nace una nueva era del derecho y de las instituciones destinadas a proveer uno de los bienes más importantes que da sentido a la existencia del Estado: la justicia. La Reforma fue una respuesta a muchos años de espera y postergación. No se podía prolongar más un cambio sustantivo como este. Todos éramos víctimas de un sistema disfuncional y violatorio de los derechos más importantes de un gobernado. Por esta razón, la transformación de nuestro sistema de justicia penal se convierte en un tema prioritario para la consolidación de la democracia en nuestro país, pues de esta forma se pretende transparentar los procesos y dar protección real a los derechos más importantes de las personas frente al poder del Estado. Cambiar nuestro sistema de justicia es una forma de incidir directamente en el tema de seguridad pública, tan crucial en el contexto que vivimos. No obstante, lograrlo es un objetivo de mediano y largo plazo. Conforme contemos con cuerpos de policía más profesionales y con mejores herramientas, estos podrán hacer mejor su trabajo frente a la criminalidad. En la 2-22
medida en que contemos con investigaciones criminalísticas eficaces y de alta calidad, estaremos en mejor aptitud de abatir la impunidad y la delincuencia; conforme nuestros jueces puedan cerciorarse de que las evidencias frente a ellos incriminan a los supuestos delincuentes y de que se respetan las libertades de acusados y víctimas, podrán sancionar más y mejor a los que así lo merecen; conforme contemos con sistemas penitenciarios que auténticamente contengan a los convictos y los rehabiliten para vivir en la sociedad a la que pertenecen, mayor será el impacto de su ejemplo para inhibir conductas similares. El recuento que hoy se hace es breve, pero de importante contenido. Como ustedes saben, el 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y añaden diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de transformar el sistema de seguridad y justicia penal, de uno mixto a uno adversarial, y que de esa forma se dé plena vigencia a las garantías individuales y derechos humanos consagrados constitucionalmente, así como a brindar la seguridad jurídica debida a las personas y a su patrimonio. Todos Ustedes señores Consejeros, tienen en su poder el informe detallado de las actividades y labores de la Secretaría Técnica, en mi intervención sólo menciono algunos aspectos importantes y de forma sucinta, con conceptos de interpretación y explicación a los mismos. El marco legal del Consejo lo obliga a sesionar por lo menos dos veces al año; durante el período que se informa, se han tenido cuatro sesiones y aprobado varios acuerdos mencionando los más importantes: Reglas para el Funcionamiento del Consejo de Coordinación, Programa General de Trabajo de la Secretaría Técnica, designación de los representantes del sector académico y sociedad civil, Programa de Capacitación y Difusión de esta Secretaría, Estrategia de Implementación de la Reforma Constitucional en las Entidades Federativas, incorporación del código procesal penal elaborado por CONATRIB (Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos) como un modelo no vinculante, entre otros acuerdos. Lo anterior significa que éste Consejo ha trabajado con resultados. En el documento que obra en su poder Señores Consejeros, aparecen los avances, actividades y acciones que cada Estado de la Federación y el Distrito Federal ha desarrollado lo relativo a la implantación de las reformas Constitucionales, lo que nos permite contar con una visión global y particular sobre la situación real que en estos momentos se encuentra el tránsito hacia las reformas en todo el país. Mención aparte merece el ámbito de competencia Federal; en el Poder Judicial Federal se crea una instancia de seguimiento de la implementación de la Reforma al interior de esta institución, se integran también el Consejo Consultivo y el Consejo Asesor donde convergen personas con actividades diversas que apoyan con su asesoría y activa participación en el plan, estrategia y calendario de implementación del nuevo sistema. 3-22
Se diseña el Programa de Cambio Cultural que ya se encuentra en estos momentos en su primera generación en lo que se ha denominado Plan Fletcher. Asimismo la activa participación de los representantes ante este Consejo, Señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo y Consejero Magistrado Oscar Vázquez Marín ha sido de la mayor importancia y trascendencia. Han participado en las misiones de conocimiento y experiencia que ha organizado la Secretaría Técnica en Colombia y Chile y participado en todas las actividades donde son solicitados, siempre con entusiasmo y dinamismo. En este mismo escenario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación organizó y desarrolló el primer foro sobre la nueva justicia penal. Continuando con el ámbito Federal, la Procuraduría General de la República ha creado en su estructura interna, una dependencia exclusiva para la planeación y acción operativa tendiente a la implementación del nuevo sistema. El INACIPE, ha multiplicado sus actividades académicas y docentes en la materia del sistema acusatorio adversarial. La Secretaría Técnica firmó un convenio de cooperación entre el INACIPE y esta misma Secretaria. En Seguridad Pública, en esa secretaria se han desarrollado múltiples acciones con el mismo objetivo. El adiestramiento y capacitación del nuevo personaje de policía investigador es labor cotidiana y de alta calidad. Cuenta con planes estructurales para apoyo a las Entidades Federativas y han desarrollado un programa de sensibilización y culturización al interior de la Secretaría con la filosofía del nuevo sistema de justicia penal. La estructura de la Secretaría Técnica cuenta con cinco grandes ejes, normatividad, relaciones interinstitucionales, capacitación y difusión, asistencia técnica y administración. De estas labores sustantivas se derivan las relaciones y labores con instituciones y actores involucrados en la responsabilidad de llevar a cabo la reforma. Referiré algunas de estas actividades según los ejes mencionados. Varias acciones con resultados se tienen en la área normativa. Se cuenta con un primer proyecto modelo de la Ley de Ejecución de Sanciones para entidades federativas. Relativo al mismo tema se realizó estudio con los comentarios al respecto, sobre la iniciativa federal que la Cámara de Diputados tiene para estudio y dictamen. Además de las asesorías directas a los Estados y la participación en los talleres de planeación, se cuenta con un análisis comparativo de las diversas iniciativas y propuestas de códigos procesales penales. La Secretaría Técnica, ha coordinado un trabajo arduo y serio para lograr un proyecto modelo de Código Federal de Procedimientos Penales que en los próximos días se pondrá a disposición de los integrantes de este Consejo para su análisis y comentarios. En términos generales existe un gran consenso, falta dirimir posiciones distintas y encontradas básicamente en el tema de conducción y mando de la investigación. Estamos seguros que muy pronto llegaremos a acuerdos en este tema y así, socializarlo para su análisis. 4-22
Este puede ser el inicio y primer paso para lograr como siguiente meta legislativa: proponer un proyecto de código procesal penal único para todo el país, logrando equidad en los procedimientos y facilitando la implementación de la Reforma en todo el territorio nacional. En las actividades de coordinación y vinculación interinstitucionales, la Secretaría Técnica ha desarrollado actividades de diversa índole y atendiendo a circunstancias particulares, en 27 de los 32 Estados del País ha tenido participación. Se elaboró y aprobó por este Consejo la Estrategia de Implementación para las Entidades Federativas, como un manual que contiene las mejores prácticas nacionales e internacionales con los ejes temáticos relevantes e incluye además dos herramientas tecnológicas clave para la planeación: el modelo de simulación y el modelo de localización. Al momento de este informe, la Secretaría Técnica ha llevado a cabo visitas de diagnósticos y seguimiento en 20 entidades federativas, impartido talleres de planeación en seis, se han brindado 18 asesorías especializadas en materia de subsidio, logrado contacto con 19 instancias políticas y 13 instancias técnicas de coordinación para la implementación en todo el territorio nacional. Se han desarrollado, con actores internacionales, cinco cursos y talleres de capacitación en temas sobre la reforma penal y promovido 5 misiones de aprendizaje a los países de Chile, Colombia y Costa Rica. Estos cursos internacionales y misiones al extranjero han beneficiado a 196 servidores públicos de sector justicia en 27 Estados y en la Federación. En otro eje, se elaboró el programa Nacional de capacitación proporcionando lineamientos homologados para todo el país, estableciendo criterios de calidad y desempeño. Se han integrado diversos programas de estudio dirigidos a cada institución operadora del nuevo sistema, dotando a los operadores de una formación profesional requerida para su función. Se presentó propuesta de programas de estudio en licenciatura y posgrado para instituciones educativas. Se conformó un comité de capacitación para contar con altos niveles de calidad al incluir una metodología de validación de planes y programas de estudio y contar con formadores y docentes surgidos de un proceso especializado de certificación. En el tema de difusión, se hizo la primera publicación de la revista semestral Nuevo Sistema de Justicia Penal con un tiraje de tres mil ejemplares, Se creó el portal electrónico oficial de la Secretaría Técnica. Se elaboraron cuatro trípticos sobre temas especiales y trascendentes en el procedimiento adversarial, distribuyéndose en universidades, centros de formación, foros y donde desarrolla actividades la Secretaria Técnica. En los próximos meses se publicarán memorias sobre los distintos foros y conferencias de especialistas. En el rubro de asistencia técnica, se elaboró el programa Reorganización del Sistema de Justicia Penal en México como guía para conducir a las instituciones ya existentes en su nueva función y actividad, así como las que son necesarias crear por requerimiento de un sistema acusatorio adversarial. Se cuenta con un modelo y guía arquitectónica para el diseño y planeación de las salas de juicio oral y sus servicios adyacentes. 5-22
Se han desarrollado modelos y prototipos para conducir la implementación, difundiendo los trabajos y mejores prácticas. Se han estudiado en campo, experiencias de entidades que ya han transitado por la implementación como referencia para otras entidades del país y procesos ya probados donde se identifiquen los obstáculos, errores y los trayectos correctos en el proceso hacia el nuevo sistema. Se cuenta con el proyecto de Criterios Generales de Tecnologías de la Información y Comunicación y se han brindado en este rubro asesorías a 11 Entidades Federativas, independientemente de la discusión y difusión que se tuvo en el foro donde participaron instituciones de justicia de todo el país el pasado mes de diciembre. En el tema de administración y finanzas, el decreto de creación de Consejo de Coordinación, establece en su artículo sexto transitorio: Los fondos para la operación de la Secretaría Técnica en los subsecuentes ejercicios fiscales se sujetará a los montos aprobados para tal efecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En la aprobación del presupuesto del 2009 no se contempló la asignación de recursos presupuestales. Para el presente ejercicio fiscal, se cuenta con la cantidad de $560 558,023.00 (Quinientos sesenta millones, quinientos cincuenta y ocho mil pesos, 23/100, moneda nacional) destinados a cubrir los siguientes rubros: En servicios de personal: $ 62 000,000.00 (Sesenta y dos millones, moneda nacional); en gastos de operación: $ 301,965.00 (Trescientos un mil, novecientos sesenta y cinco pesos, 00/ 100, moneda nacional); y en Subsidios: $ 196,288.00 (ciento noventa y seis mil, doscientos ochenta y ocho pesos, 00/ 100, moneda nacional). Para este año 2010, se otorgó a las entidades federativas por medio de subsidios la cantidad de $196 000,000.00 (ciento noventa y seis millones de pesos, 00/100, moneda nacional), aumentando $70 000,000 (setenta millones de pesos, 00/100 moneda nacional) con ahorros y economías en la operación ordinaria de la Secretaría Técnica. El subsidio está orientado para apoyar la ejecución de proyectos en rubros de reformas legales, capacitación, difusión, reorganización interinstitucional y equipamiento. La Secretaría Técnica informó a los tres poderes de las Entidades sobre la disponibilidad y requisitos para la obtención de los recursos y ha celebrado sesiones de asesoría con 20 entidades y con todos los tribunales superiores de justicia del país en taller solicitado para el efecto por la CONATRIB. Hasta el día de ayer, el comité de subsidios ha dictaminado favorablemente 6 proyectos que ascienden a $84 224, 867.00 (ochenta y cuatro millones, doscientos veinticuatro mil, ochocientos sesenta y siete pesos, 00/100, moneda nacional). Estamos conscientes de la vacatio legis, término fatal para lograr en todo el país la implementación del nuevo sistema: ocho años y han transcurrido dos. Significa que hay prisa, que no apresuramiento; es importante caminar con pasos firmes que no lentos. Los tropiezos por correr, por llegar a la meta sólo por llegar, son peligrosos, rectificar errores por estas 6-22
causas son más difíciles para resolver aún que la misma implementación; no caben improvisaciones, mucho menos cuando se requieren complejas estrategias de implementación y análisis de los costos requeridos y disponibles. Cada una de las etapas deben estar bien consolidadas, desde el diagnóstico y programa de acción, hasta la consolidación en la operación y contar con una constante evaluación para replicar aciertos y remontar dificultades y errores. La objetividad y honestidad deben ser principios invariables porque con ellos lograremos los fines del mandato Constitucional. Al abordar el tema de procuración y administración de justicia, y más aún su radical transformación en la materia penal, es importante situarnos en nuestra realidad. Vivimos dentro de un régimen Federal que políticamente elegimos para organizarnos, lo que arroja un mosaico tan variado como cada Entidad Federativa, más un sistema de justicia también diferente como lo es, el de la competencia Federal. Esta circunstancia conlleva una natural complicación, no solo por la geografía, no únicamente por las diferencias del norte y del sur, de la costa y la meseta, por los distintos usos y costumbres, ritos y tradiciones; también se suma a esta complejidad las diferentes y disímbolas voluntades políticas de cada Estado, quien según sus circunstancias, situaciones y características especiales, apoya o no la implementación de la Reforma Constitucional. Es por ello que algunas entidades van a la vanguardia, otras con pasos sólidos, firmes, van por buen camino y, otros, van en la retaguardia, carentes de decisión para transitar a un sistema garantista, moderno, transparente y ágil para administrar justicia. El éxito de la reforma penal implica una transformación profunda que va más allá de un cambio puramente normativo y donde es necesaria la colaboración y participación de todos, gobiernos, organizaciones, academia y ciudadanos. Se necesitan largos procesos de selección, profesionalización y evaluación continua de cada uno de los diferentes actores involucrados, así como una transformación global y sistemática del modo de entender y organizar el sistema de persecución y enjuiciamiento criminal en un Estado de legalidad y el pleno conocimiento de la ciudadanía de lo que la reforma significa para que participe de ella y haga valer sus derechos. Es por todas estas importantes razones, que hago un exhorto a todos a participar con decisión y bajo un esquema de coordinación. De poco valen los esfuerzos aislados que no acaban integrándose en las diferentes piezas de este gran rompecabezas. La colaboración y asistencia de aliados nacionales o internacionales es de enorme valía, siempre y cuando sean bajo este esquema de coordinación para lograr la optimización de esfuerzos y recursos, la atinada selección de metas y prioridades, así como para compartir experiencias exitosas y también aquellas que no funcionen. Iniciamos con enormes dificultades, obstáculos, reacciones, polémicas, controversias y críticas gratuitas, pero en la Secretaría Técnica teníamos, antes como ahora, voluntad, ideales y metas. Nadie dijo que sería un camino fácil, al contrario está lleno de complejidades; nuestro reto es del tamaño de nuestra responsabilidad. 7-22
Queda mucho por hacer; para implementar la reforma necesitamos unificar esfuerzos, optimizar recursos y construir consensos. Son muchos los factores que influyen para que la reforma avance: económicos, políticos y culturales. No podemos detenernos ni aligerar el paso, no olvidamos que estamos impulsando una transformación que alberga la esperanza de mejorar nuestras vidas, de mejorar nuestra convivencia y mejorar a México de manera conjunta; es una gran oportunidad. Este es el informe Señores Consejeros, Señor Presidente. A continuación, el Maestro de Ceremonias, dio el uso del a palabra a la representación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en voz del Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, para exponer el siguiente mensaje: Señor Presidente del Consejo, señores integrantes de este Consejo de implementación de la reforma para el nuevo sistema de justicia penal, Señores y Señoras. La reforma procesal penal obedece a criterios de humanización y racionalización, contenidos en tratados internacionales; implica una transformación en el sistema de justicia penal de nuestro país, una transformación total y absoluta; un nuevo sistema que se tiene que pensar desde una nueva visión, en la que los distintos órdenes de gobierno que intervengan en esta implementación, tiene que ser ordenada y gradual, definida ya por el modelo jurídico constitucional, deben de operar de manera conjunta y coordinada pues sólo así podremos arribar a un buen puerto. Desde la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, aún hay diversos pendientes que tendremos que resolver; mencionando sólo algunos de ellos, tendremos que trabajar en la construcción del nuevo código procesal penal, en una Ley de Justicia Alternativa, en una muy importante adecuación o armonización de la reforma a la Ley de Amparo, sin la cual, difícilmente puede entenderse este sistema, es más, así como ahora se encuentra, tienen un choque inevitable; para implementar este sistema de justicia y ahora en su ejecución se han encontrado resistencias, no inherentes sólo a México, sino inherente a todos los sistemas que se han implantado en las diversas regiones del mundo; intereses económicos, viejas costumbres, en algunos casos por temor y en algunos casos, no podemos desconocerlo, inclusive corrupción. En la LXI Legislatura vemos que llegó el momento de romper paradigmas, en ningún país donde ya opera el sistema acusatorio oral y adversarial están pensando en dar un paso atrás, por el contrario, buscan mejorar cada día el sistema, que no es perfecto, que no es la panacea, pero que es mucho mejor que lo que en esos propios países dicen tenia y esto por supuesto aplica a la realidad de nuestro país. 8-22
Quizá surgen una serie de interrogantes tales como: puede operar este nuevo sistema con viejas prácticas, con viejas mentalidades? o por el contrario tiene que pensarse como un nuevo sistema que obliga a romper aquellos paradigmas?; hoy en México no hemos implementado ya aún este sistema, estamos en los primeros dos años y ya hay voces que ya auguran su fracaso. Desde la LXI Legislatura hacemos el exhorto a que debemos entrar con confianza; para México quizá este es un tema nuevo, pero para otros países vamos demasiado tarde, si bien pareciera que aún falta el tramo más largo de 6 años para poder implementar esta reforma, la realidad es que es poco tiempo y se va demasiado rápido. Creemos en la Cámara de Diputados que un tema central para que esta reforma avance y llegue a buen puerto, es la sensibilidad de todos los actores y entes que intervenimos, principalmente de los gobiernos de las Entidades Federativas en sus tres órdenes de gobierno. Yo aprovecho para a nombre de la Cámara de Diputados reconocer el trabajo de la Secretaria Técnica de este Consejo, del acercamiento que ha habido con las Entidades Federativas, del acercamiento que ha habido con los poderes de la Unión y de los grandes avances que dan cuenta el informe que hace un momento acabamos de escucha. Es cierto que se requieren recursos y muchos de todo tipo económico, humano, tiempo, para capacitación de jueces, policías investigadores, fiscales; pero para implementar la primera etapa de la reforma se requiere disposición política y acciones concretas. La reforma legal y constitucional en las Entidades Federativas no cuesta un solo peso y lo digo con experiencia habiendo implementado la Reforma Constitucional y el Código Procesal Penal del Estado de México; la capacitación el desarrollo, las instancias y la infraestructura por supuesto que cuesta recursos como ya lo he mencionado pero previo a ello las reformas legales no tienen costo. Señores y señoras tenemos un reto que puede convertirse en una gran oportunidad, tenemos en puerta la posibilidad de lograr un mejor sistema de justicia, en eso señores integrantes de este Consejo. Señores y señoras está la voluntad y el empeño de la legislatura LXI del Congreso de la Unión y en ese trabajo empeñamos nuestro esfuerzo y nuestra palabra. Es cuanto señor presidente. 9-22
De acuerdo con el orden del día, el Maestro de Ceremonias, dio intervención a la representación de la Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión, en voz del Senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, quien pronunció el siguiente mensaje: Señores Consejeros, Señor Consejero Presidente, señor Secretario Técnico. Desearía comenzar mi comentario Señores y Señoras, recordando la coyuntura en el que el Congreso de la Unión aprobó esta reforma sobre la que hoy se rinden avances. Si no mal recordamos, los productos mayores que esta reforma tuvo -fue no en orden necesariamente de importancia-, fue el conceder una serie de instrumentos jurídicos al Poder Ejecutivo Federal para que enfrentara de una manera más eficaz a la delincuencia organizada; que en el año que fue aprobada esta reforma comenzaba a dar signos de la dimensión del fenómeno que teníamos enfrente y que tenemos enfrente, y la otra parte fue: la consecución de la reforma que impulsa a un nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, cuyo eje, cuyo referente fue, es, -así lo pensamos en el Senado y creo que en el Congreso de manera general-, la protección mejor de los derechos humanos, de las garantías individuales de los mexicanos. Por eso me atrevo ante ustedes a calificar la transformación de este sistema penal o el camino a la transformación de este sistema penal, como un evento revolucionario, en este tema hay un cambio de fondo, absolutamente de fondo que podemos considerarlo entre los mexicanos como uno de los asuntos más trascendentes que hayamos logrado transformar normativaconstitucionalmente, e ir en el tránsito a ponerlo en marcha, implementándolo debidamente. Si ustedes me lo permiten, daré cuenta al Senado de la República y por escrito a este propio Consejo y a la Secretaría Técnica; haremos del Pleno los comentarios que considere correspondientes a lo que ahora se ha señalado por el Secretario Técnico como los avances que hemos tenido en la implementación del nuevo sistema de justicia penal; Solamente destacar que ha sido fundamental -y qué bueno-, que una de las estrategias de este órgano implementador, haya sido impulsar la puesta en marcha de los sistemas en las entidades federativas; acaso llamaría aquí a la Secretaría Técnica a impulsar de mayor manera a los Estados que han dejado bien clara su disposición, la puesta de sus recursos, la puesta en marcha incluso del sistema para que continúen en ese rubro; sigamos promoviendo entre quienes van comenzando el tránsito del sistema penal y logremos que aquéllos que aún no han comenzado o están por comenzar las reformas a su sistema, lo hagan a la brevedad posible. Sé que en esta parte, los recursos que la Secretaria Técnica y este Consejo han obtenido, presupuestales por una parte, pero por otra también producto de ahorros que ha hecho el propio órgano implementador, -lo que es de reconocerse-, permite que haya ahora una bolsa que promueva en estos Estados; ayude, auxilie a que vayan adelante, 10-22
Es importante también no dejar de lado el impulso a la puesta al día de las normas que han de reformarse en los niveles locales para poder caminar en esta implementación; y creo que el que se presente en unos días el proyecto de código único -no vinculante, como bien lo establece el propio informe de la Secretaria- (SIC) es y será fundamental, porque es un insumo que genera al mismo tiempo una vinculación y un incentivo a las entidades que aún no han comenzado a realizar sus tareas. Hemos de reconocer de manera pública, que de entre las instituciones que han no solamente estado pendientes en este Consejo de cómo van los avances en términos generales, han realizado en su interior y han puesto en marcha acciones sustanciales: la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal; lo mismo ha sucedido -debo decirlo con respeto-, no en el mismo nivel que el Poder Judicial -no de todas maneras sin que su disposición y su voluntad sea desdeñable, porque también ahí ha habido avances importantes- en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Seguridad, en la Consejería -y además yo diría- han tenido bien presente actividades con la Cámara de Diputados: que pensamos y debemos tener también en la Cámara de Senadores. La importancia de la participación de instituciones académicas; el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas), el INACIPE (Instituto Nacional de Ciencias Penales) que tiene una gran participación, la Universidad Panamericana y la Escuela Libre de Derecho, forman parte de haber hecho posible los avances de que hoy se da cuenta. La cercanía -y no sólo esto-, si no el acercamiento constante desde la autoridad, desde el órgano implementador con las organizaciones sociales del país para que nutran este proceso, han sido sustanciales también. Y yo diría que, si se tiene como se ha tenido, la referencia de la cooperación y el intercambio con los países que puedan aportar al nuestro: qué tanto vamos bien? y qué más tenemos que hacer?, ha sido otro rubro que debemos destacar; los contactos con Alemania, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, deben rendirnos frutos, en lo bueno que tengan y para no hacer lo malo que allá pudiera haber. Diría en conclusión Señores Consejeros, Señoras y Señores: En este momento para que la reforma culmine su proceso en los términos que la propia Constitución lo estableció, es indispensable dar fortaleza a la Secretaría Técnica, sosteniéndola como el vínculo preponderante en la implementación. Los esfuerzos de todas las instituciones mexicanas y extranjeras que puedan colaborar en este proceso evidentemente son bienvenidas, ojalá y lo sean por la vía de esta Secretaría Técnica, que al final de cuentas, para eso ha sido creada; y diría también, el avance que tenemos de ninguna manera es menor, pero también es cierto que los plazos como el que la Constitución nos puso, fatales, de repente parecen largos y a momentos parecen ya muy cortos; hay que aprovechar el tiempo hay que avanzar como lo hemos hecho, pero con un paso un poco mas apresurado. Muchísimas gracias por su atención. 11-22
Continuando el orden intervenciones, el Consejero Magistrado Óscar Vázquez Marín, en representación del Poder Judicial de la Federación por parte del Consejo de la Judicatura Federal, expuso el mensaje siguiente: Señor Licenciado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, Secretario de Gobernación y Presidente del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; Señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Consejo de Coordinación; Compañeros Consejeros, Licenciado Felipe Borrego Estrada, Secretario del Consejo Técnico de Coordinación; respetable auditorio: Hace más de dos años que el ordenamiento Constitucional mexicano, tiene un nuevo sistema de justicia penal. El 18 de junio de 2008, el Congreso de la Unión convocó a los tres poderes del Estado mexicano, en los tres niveles de gobierno, a trabajar de manera coordinada con la academia y la sociedad civil para implementar el sistema acusatorio oral adversarial, dentro del plazo de ocho años. Para hacer realidad este cambio constitucional, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal, magistrados de Circuito y jueces de Distrito, hemos procurado cumplir y hacer cumplir la implementación del sistema penal acusatorio en las áreas de nuestra competencia, a partir de tres grandes ejes de trabajo: el organizacional, el cultural y el de coordinación institucional; por lo que procedo a dar cuenta de ellos. En cuanto al cambio organizacional, de las acciones que ha realizado el Consejo de la Judicatura Federal en ese ámbito, destaca la creación de siete juzgados federales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones. Del 5 de enero de 2009, fecha de su instalación, al 21 de junio de 2010, los juzgados federales especializados han resuelto 5809 (cinco mil ochocientos nueve) solicitudes de arraigos, 949 (novecientos cuarenta y nueve) solicitudes de cateos y 74 (setenta y cuatro) solicitudes de intervención de comunicaciones. La creación de estos siete juzgados federales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, además de cumplir con el compromiso asumido por el Poder Judicial de la Federación en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, permitirá crear a futuro lo que serán los juzgados de control en el nuevo sistema. En cuanto al segundo eje de trabajo, el cambio cultural constituye para el Poder Judicial Federal, uno de los mayores retos del proceso de implementación, tomando en cuenta el cambio de mentalidad que debemos generar en todos los actores jurídicos, para que asumamos responsablemente el rol que nos corresponde en el proceso penal acusatorio. 12-22
En ese sentido, a través del Instituto de la Judicatura Federal, del Instituto Federal de la Defensoría Pública, de las direcciones generales de Casas de la Cultura Jurídica y de Planeación de lo Jurídico, ambas de la Suprema Corte, se han organizado 40 (cuarenta) actividades académicas tendientes a la difusión y capacitación del nuevo sistema de los actores en el nuevo sistema de justicia penal, en el que han participado como alumnos 3937 (tres mil novecientos treinta y siete) profesionales del Derecho, entre ellos, magistrados, jueces, secretarios, actuarios y oficiales administrativos, así como abogados del foro jurídico. De estas 40 (cuarenta) actividades académicas realizadas de 2008 a junio de 2010, por parte del Poder Judicial Federal, destacan las siguientes: Uno.- El Congreso Nacional de Juzgadores, en torno a la reforma Constitucional en Materia Penal, efectuado: del 26 al 27 de septiembre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; del 24 al 25 de octubre de 2008 en Santa Fe, Distrito Federal; y del 28 y 29 de noviembre de 2008, en Monterrey, Nuevo León. Segundo.- El Simposio Nacional Sobre la Reforma Constitucional en Materia Penal, realizado del 9 al 11 de julio de 2009 en Querétaro, Querétaro; y tercero.- El Curso Teórico-Práctico de Capacitación en el Proceso Penal Acusatorio, impartido en tres ocasiones de agosto de 2009 a la fecha, en la sala de audiencia de juicio oral que recientemente se construyó en el Instituto de la Judicatura Federal. Además de estas actividades de difusión y capacitación, resulta importante mencionar la publicación que de manera conjunta la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, han hecho respecto de dos libros: 1.- El Sistema de Justicia Penal en México, que reúne la visión de más de treinta expertos en el tema; 2.- El Sistema Penal Acusatorio en México: Estudio sobre su implementación en el Poder Judicial de la Federación, que deriva de una investigación realizada por el Centro de Justicia de las Américas (CEJA). En el Poder Judicial Federal, consideramos que uno de los mayores retos consiste en pasar del cambio constitucional, al cambio cultural. Es por ello, que actualmente se encuentra en proceso de ejecución un ambicioso proyecto denominado Programa Comparativo de Sistemas Penales Acusatorios: Colombia, Chile, Estados Unidos y México, en coordinación con el Instituto de Cambio Cultural de la Fletcher School de la Universidad de Tufts, en el que participan 101 (ciento un) juzgadores, 50 (cincuenta) del fuero federal y 51 (cincuenta y un) del fuero local, así como 10 (diez) secretarios de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Este programa consiste en el análisis presencial de las audiencias de juicio oral penal, en Colombia, Chile, Estados Unidos y México, por parte de los magistrados, jueces y secretarios participantes, con la finalidad de que posteriormente se conviertan en promotores del cambio cultural en el Poder Judicial y coadyuven en la formación de los demás servidores públicos. Por último, en el tercer eje de trabajo, en cuanto a la coordinación institucional, para el Poder Judicial de la Federación este rubro tiene un carácter estratégico, pues si bien la impartición de justicia penal, en función de la competencia, se divide en federal y local, la ciudadanía, como usuaria del servicio público no distingue estas diferencias; lo que pide, es una impartición de justicia como lo manda la Constitución: pronta, completa e imparcial. 13-22
Partiendo de esa realidad, el Poder Judicial Federal además de participar en las 4 sesiones ordinarias de este Consejo de Coordinación con ideas y propuestas concretas, ha impulsado en el seno de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, junto con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el financiamiento de los siguientes proyectos, con recursos económicos del Fondo Jurica: primero.- la generación de un Código Procesal Penal Modelo; segundo.- el diseño de un modelo de Planeación de la Reforma Penal Mexicana; tercero.- el diseño e implementación de un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación de la reforma en el Estado de Chihuahua; cuarto.-el diseño de un sistema de gestión judicial en el Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal; y quinto.- el Programa de Capacitación Nacional sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral. La realización de estos cinco proyectos, ha significado una inversión de más de veintinueve millones de pesos, con un claro objetivo: que los poderes judiciales, federal y locales, colaboremos de manera conjunta, para lograr una adecuada implementación del sistema acusatorio oral adversarial, dentro del plazo constitucional señalado para ello. En ese mismo eje de coordinación institucional, en la Suprema Corte y en el Consejo de la Judicatura Federal, estamos convencidos que la participación de los abogados y de la sociedad en su conjunto, resulta fundamental para lograr el éxito de la reforma penal. Por ello, quienes representamos al Poder Judicial ante esta instancia de coordinación, el 21 de abril de este año, convocamos a juzgadores federales, abogados y destacados ciudadanos, para instalar de manera formal los Consejos Consultivo y Asesor, los cuales tienen por objeto dar seguimiento a los trabajos de la reforma penal en el Poder Judicial Federal, habiendo celebrado a la fecha, 2 sesiones. Señoras y señores: Conforme a las acciones que he dado cuenta, podrán ustedes advertir, que en el Poder Judicial Federal hemos asumido en los hechos, a la reforma penal como un compromiso institucional. Los juzgadores federales sabemos que conforme al nuevo texto de la Constitución, nos corresponde ser actores centrales del nuevo proceso penal acusatorio, y por ende, nos compete también impulsar su implementación. En este salón de Murales del Máximo Tribunal de nuestro país, los juzgadores federales ratificamos el compromiso del Poder Judicial, de seguir contribuyendo en la construcción de la justicia penal que viene, buscando en todo momento, el bien y prosperidad de la Nación. Muchas gracias. 14-22
Acto seguido, en voz del señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, en representación del Poder Judicial de la Federación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso: Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta. Secretario de Gobernación y Presidente del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; Lic. Felipe Borrego Estrada, Secretario Técnico del Consejo de coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal; representantes de los Tres Poderes de la Unión; respetables Señores Consejeros. Agradezco también la presencia de los integrantes de los comités Asesor y Consultivo de la Instancia Interna de Seguimiento de la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Poder Judicial de la Federación. Señoras y Señores: A dos años de la reforma del sistema de justicia penal se lleva a cabo un acto público de transparencia y de rendición de cuentas, en este recinto de la justicia. Tras la reforma, nos corresponde dar forma. La justicia penal tiene un nuevo diseño constitucional desde junio de 2008. La Nación cuenta con un órgano de Coordinación para dar forma, de la mejor manera posible, a un sistema que desde la Constitución tiene como principal objetivo mejorar nuestras instituciones, fortalecer la coordinación y la responsabilidad de todas las autoridades que participan en la materia penal y sobre todo, robustecer la justicia, las garantías y los derechos de la sociedad. La Constitución creó al Consejo que hoy sesiona, para que nuestra coordinación logre mejoras efectivas, verificables y útiles a la población: La Coordinación es en sí misma, un avance en la mejora de la que hoy damos cuenta. Desde dónde debe impulsarse la nueva reforma?, el Estado mexicano ha reconocido al seno de este Consejo y a su Secretaría Técnica, como el foro adecuado, único, y conveniente, para validar propuestas, programas, acciones y resultados. La sociedad civil y la academia están presentes en el Consejo. Además, hemos instalado un Consejo Consultivo y un Consejo Asesor en el Poder Judicial de la Federación, para que nuestras acciones y decisiones sean incluyentes. En el Consejo están presentes las entidades federativas. Nuestra relación con los Tribunales Superiores de Justicia es fluida y permanente a través de la CONATRIB (Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos). Dónde estamos?, hemos escuchado el informe de labores. Que relatan nuestros esfuerzos y trabajos, que son necesarios, pero que aún no son suficientes. La mayoría de las instituciones nos encontramos en la etapa de planeación y preparación. En el ámbito judicial federal y local, hemos emprendido acciones para el cambio cultural y la divulgación de nuestro sistema. Desde el Fondo Jurica se han financiado importantes estudios y plataformas para ordenar los procesos y proponer indicadores del cambio. La nueva forma será producto de un gran proceso de reflexión que deberá acompañarnos durante muchos años para detonar un proceso de evolución constante. 15-22
Hacia dónde vamos?, qué sigue?, nos enfilamos hacia el cambio normativo. A partir de él, avanzaremos hacia la capacitación y la certificación de quienes participarán directamente en el nuevo sistema. El éxito de esta fase requiere de voluntad y de coordinación entre los responsables aquí presentes: Los Poderes Legislativos, Ejecutivos y Judiciales, tanto federales como estatales, de la mano con la sociedad y la academia. Vamos hacia un esfuerzo nacional, coordinado, incluyente y ordenado, cuyo eje central es este Consejo representativo, plural y transparente!. Hemos dejado atrás los esfuerzos aislados, que fueron valiosos en su momento, pero que hoy han de sumarse a un avance mayor en donde el conjunto genera beneficios y eficiencia a las partes!. El éxito de esta nueva forma de justicia penal no puede medirse por sí sola, sino como contraste respecto de nuestro sistema vigente: debe ser más justo; más oportuno; más transparente; más moderno y eficiente y más democrático; en donde víctima, ofendido y Estado, participan responsable y activamente en la solución de los conflictos, en la reparación de los daños y en el uso de la prisión como última consecuencia de un proceso limpio y garante. Qué recursos hacen falta?, primero, necesitamos recursos humanos. Es decir, capital social de policías, investigadores, fiscales, abogados, defensores públicos, juzgadores, custodios, administradores de penales, responsables de la readaptación social, profesores, académicos, entre muchos otros; avanzamos en ello. Necesitamos sin duda, recursos financieros y materiales. Será indispensable una nueva forma de administración con ingenio, con talento y con capacidad de hacer más con menos. Los recintos, mobiliario y equipo, son apenas algunas de las herramientas y espacios útiles para dar vida a la nueva forma de la justicia penal. La planeación efectiva y el cambio cultural serán orientadores para definir las prioridades, los referentes, las etapas y los modelos que den orden, transparencia y utilidad a la inversión pública. La inversión física debe ser consecuencia y resultado de la inversión humana para el cambio. Debemos orientar y conducir los recursos disponibles, tanto internacionales como nacionales, para obtener resultados oportunos y eficientes. El Fondo Jurica es un ejemplo del vehículo (inaudible), transparente, que recibe recursos diversos y ha podido financiar proyectos transversales, regionales y de diversas magnitudes, que de otra forma no contarían con recursos; este fondo o uno similar, podría servir para dar orden a las inversiones por venir. Cuándo terminará el proceso?, La reforma estructural al sistema de justicia penal comenzó con estudios y análisis que dieron lugar a iniciativas y a deliberaciones parlamentarias y constituyentes. Estamos coordinando acciones que son apenas el inicio de un largo camino hacia el fortalecimiento y la modernización constante de una nueva manera de resolver conflictos en materia penal. Como en todas las áreas de la justicia, tenemos claro el punto de partida; están claros los grandes objetivos a perseguir; existe un mandato para la coordinación regionall; tenemos un foro legítimo y facultado para ello; tenemos una sociedad democrática, exigente, a quien rendimos cuentas y a quien invitamos a seguir participando. La siguiente estación será la propuesta de Código y de reformas complementarias, que se generarán por este Consejo. Estoy seguro que tenemos la convicción por honrar el plazo del transitorio constitucional, sin la prisa que compromete la reflexión, pero con la contundencia que hace posible mantener un ritmo conveniente. 16-22
Celebro que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sede en que este Consejo se instaló hace un año y sea también el espacio en que rendimos nuestro primer informe a la sociedad, rodeados de los murales que plasman la incansable voluntad del pueblo mexicano por fortalecer y construir los caminos de la justicia en México, a través de leyes y de la convivencia ordinaria y pacífica que sólo, que solo la legalidad puede garantizar. Muchas gracias. Para finalizar la orden del día, el Presidente del Consejo de Coordinación y Secretario de Gobernación, Licenciado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, concluyó: Representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; señor Magistrado Vázquez Marín; Señor Senador y Diputado representantes de la Cámara de Senadores y Diputados, que a su vez representan el Pacto Federal y a la soberanía popular; Señores representantes de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados; de las Procuradurías de Justicia de los estados; Compañeros representantes de las dependencias del Gobierno Federal que tienen una misión fundamental en el ámbito material de esta reforma: Seguridad Pública y Procuraduría General de la República; Señoras y señores representantes de los organismos académicos y sociales que tienen una vinculación y un compromiso directo con el tema que hoy nos ocupa; Señoras y señores: Es para mí un honor, como Presidente de este Consejo, comparecer a su Primera Sesión Extraordinaria y celebrar y reconocer que tanto su inauguración como su primer acto de responsabilidad política sean bajo la tutela y protección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como abogado y como servidor público, soy un hombre que siempre ha respetado, venerado e, inclusive, ayudado a construir y defender la jerarquía del Poder Judicial Federal en su mayor y mejor expresión, como garante de nuestro sistema constitucional, como intérprete permanente de la Constitución y, con ello, como responsable de la coherencia y consistencia del poder público, en el marco de reglas en las que hemos retratado nuestros anhelos, nuestras aspiraciones y nuestros compromisos de conducta como Estado y como nación. Lo que se discute hoy es una política pública que representa la defensa de los valores y derechos fundamentales de los seres humanos en una sociedad moderna. En nuestra evolución democrática hemos caminado largos y penosos senderos para construir las instituciones que hoy existen, y dibujado nuevos senderos para consolidarlas en el presente y en el futuro. 17-22