T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.3 003 - A CORUÑA Juan Lage Fernández-Cervera Procurador de los Tribunales F/NOTIFICACIÓN:30/03/2015 N.I.G: 36057 45 3 2008 0000897 Procedimiento: RECURSO DE APELACION 0007135 /2014 Sobre RESPONS. PATRIMONIAL DE LA ADMON. De D/ña. LA VOZ DE GALICIA,S.A. Letrado: JESUS ANGEL SANCHEZ VEIGA Procurador: DOMINGO RODRIGUEZ SIABA Contra D/ña. CONCELLO DE VIGO (PONTEVEDRA) Letrado: Procurador: JUAN LAGE FERNANDEZ-CERVERA D./ Dª. ENRIQUETA ROEL PENAS, Secretario de T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.3 003, de los de A CORUÑA. POR EL PRESENTE HAGO CONSTAR: Que en los autos de RECURSO DE APELACION nº 0007135 /2014 ha recaído sentencia, del tenor literal: T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.3 A CORUÑA SENTENCIA: 00215/2015 PONENTE: D. JULIO CIBEIRA YEBRA PIMENTEL RECURSO: RECURSO DE APELACION 7135/2014 APELANTE: LA VOZ DE GALICIA S.A. APELADO: CONCELLO DE VIGO (PONTEVEDRA) EN NOMBRE DEL REY La Sección 003 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ha pronunciado la ILMOS. SRS. D. JULIO CIBEIRA YEBRA PIMENTEL JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRIGUEZ BLANCA MARIA FERNANDEZ CONDE SENTENCIA A Coruña, Veinticinco de marzo de dos mil quince. En el RECURSO DE APELACION 7135/2014, pendiente de resolución ante esta Sala, interpuesto por LA VOZ DE GALICIA, S.A., representado por el PROCURADOR D. DOMINGO RODRIGUEZ SIABA y dirigido por el LETRADO D. JESUS ANGEL SANCHEZ VEIGA, contra Sentencia desestimatoria de 15-9-14, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo num. 1 de Vigo en PO
119/2008, sobre reclamación responsabilidad patrimonial por desigualdad de trato. Es parte apelada CONCELLO DE VIGO representado por el PROCURADOR D. JUAN LAGE FERNANDEZ-CERVERA. Es Ponente el Ilmo. Sr. D. JULIO CIBEIRA YEBRA PIMENTEL. A N T E C E D E N T E S D E H E C H O PRIMERO.- Se dictó, por el Juzgado de instancia, la resolución referenciada anteriormente cuya parte dispositiva dice: Que debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por LA VOZ DE GALICIA S.A., frente al CONCELLO DE VIGO, seguido como PROCESO ORDINARIO num. 119/2008 ante este Juzgado, contra la desestimación citada en el encabezamiento, que se declara ajustada al ordenamiento jurídico. No se efectúa expresa imposición de las costas procesales. SEGUNDO.- Notificada la misma, se interpuso recurso de apelación que fue tramitado en forma, con el resultado que obra en el procedimiento, habiéndose acordado dar traslado de las actuaciones al ponente para resolver por el turno que corresponda. F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O Primero.- La Voz de Galicia S.A. había presentado ante el Juzgado de instancia una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Vigo para que éste cesase en su actuación discriminatoria para con la actora en relación a la inserción de anuncios publicitarios de todo tipo en el ámbito territorial del Ayuntamiento d Vigo, y de manera concreta u específica-con muy bien se resume en el antecedente segundo de la sentencia apelada-en cuanto al número de anuncios insertados por la citada entidad municipal en la Voz de Galicia S.A., en relación con otros medios de comunicación, sobre todo con el diario El Faro de Vigo, y que se obligase al Ayuntamiento de Vigo, con adecuado respeto al principio constitucional de igualdad, a que incluyese al diario La Voz de Galicia en la contratación de la publicidad de todo tipo que lleve a cabo en el ejercicio propio de sus actividades y responsabilidades como Administración Local, evitando cualquier tipo de actividad discriminatoria con relación a este último medio de comunicación. Segundo.- Tal reclamación fue justa y correctamente desestimada por la sentencia apelada, mediante la exposición de una acertada relación de hechos y razonamientos jurídicos que el recurso trata de invalidar sobre la base de una simple interpretación genérica alternativa a la mantenida por la sentencia en sus puntos fundamentales en los que basa su 2
decisión, que sistemáticamente tacha de errónea en cada uno de sus esquemas valorativos. Pero, de entrada, ya es sabido el criterio jurisprudencial de que en recurso de apelación no es suficiente tachar de erróneas las apreciaciones del Juez a quo respecto a las cuestiones controvertidas, sino que es preciso demostrar-fuera del simple enunciado reiterativo de lo ya expuesto en la instancia-que las consideraciones y valoraciones del juez de instancia no se acomodan a criterios lógicos y que se adentran en el ámbito de la irracionalidad y de la arbitrariedad, juicio de valor que en modo alguno puede atribuirse a la sentencia ahora apelada. Por el contrario, ésta analiza con ponderación y rigurosidad de juicio los conceptos jurídicos justificativos del fallo desestimatorio de la reclamación. Primero se estudia el verdadero contenido de la pretensión ejercitada, después se expresan los requisitos necesarios para la prosperabilidad de una acción de responsabilidad patrimonial, a continuación se perfila el objeto de la publicidad institucional, con todos los matices relativos a su contenido-, y, sobre todo, su distinción de la publicidad estrictamente normativa, de la relativa a actos administrativos cuya publicidad es legalmente exigible, y de la regulada específicamente por la legislación electoral, a la que cabría añadir la derivada de la publicidad de determinados actos judiciales, todo ello a la luz interpretativa de la Ley 29/2005 de Publicad y comunicación institucional-, y, por último, se estudian los principios básicos que definen la necesaria aplicación del principio constitucional de igualdad, y, con todas esas premisas se pasa a la última fase de aplicación al caso concreto sometido a debate. Tercero.- Llegados a este punto, no puede sino concluirse que el juez a quo ha tomado en consideración poderosas razones para la desestimación de lo que se reclamaba, perfectamente congruentes con los hechos y las nociones jurídicas enunciadas antes, que en vano pueden decaer ante los argumentos impugnatorios ya expuestos en el juicio y que nuevamente en esta instancia vuelven a repetirse, oponiéndose de manera sistemática a cualquiera de los tenidos en cuenta en la sentencia. El fundamento segundo del escrito de apelación se limita a describir lo que entiende como más fundamental de su ratio decidendi, descalificando de manera sistemática cualquiera de sus apreciaciones, con expresa proposición, sin más, de la que habría que considerar como acertada según su parcial punto de vista y mas favorecedora para sus tesis, sin demostración alguna de manera objetiva de los posibles errores en que se pudiera haber incurrido en la apreciación de las pruebas realmente básicas y definitivas en que se apoyaba la reclamación. Al llegar a los motivos impugnatorios concretos, se insiste en que quedó constatada una evidente y reconocida desigualdad de trato en perjuicio de la Voz de Galicia. Pero esa pretendida 3
discriminación cuantitativa y cualitativa que se alega en modo alguno quedó acreditada, entre otras cosas porque-como la sentencia resalta con vigor-no se dispuso de términos válidos de comparación entre el diario actor y el otro de mayor tirada que se editaba en la ciudad para poner de manifiesto un trato real e injustificadamente discriminatorio en contra de la entidad demandante, y no se demostró tampoco una supuesta determinación deliberadamente explícita de la Administración municipal demandada, basada en una motivación antijurídica o desleal, de apartar a la entidad actora de cualquier vínculo publicitario con la entidad pública demandada. Se rechaza también correctamente la tesis de una supuesta vulneración del principio de igualdad, sobre la base de que-como razonablemente sucedería si un medio de difusión de Vigo demandase por lo mismo al Ayuntamiento de esta otra ciudad-hay una natural y comprensible desigualdad entre la tirada de uno y otro periódico en el ámbito geográfico que a uno u otro le es más próximo, en el que hay que presumir un nivel de difusión diferenciado y desigual, ciertamente parcialmente incompatible con una difusión objetivamente igualitaria, en la medida en que los destinatarios de la información de un espacio regional determinado en el que predomina un determinado medio de difusión perderían indudablemente capacidad de información si la publicidad se llevase a cabo por otra empresa informativa de mucho menos arraigo en ese mismo ámbito, sin que sean verdaderamente significativos los datos de difusión general de que se dispuso en el juicio, ya que. como muy apunta la sentencia, en los anuncios publicitarios se parte de un emisor, cuyo alcance ordinario, en términos comparativos, es el término municipal o su área de influencia, que es lo que debe primordialmente contar para la Administración demandada, no siendo tampoco tema relevante la cuestión de la cuantía de las tarifas, al no ser exigible una ampliación de la publicación de cada anuncio por parte del Concello de Vigo, a quién tampoco cabría exigirle que tomase todas las iniciativas publicitarias y las impusiese a la agencia de publicidad a través de la cual y por medio del correspondiente contrato ejercía la actividad publicitaria que le correspondía. En todo caso, habría también que tener en cuenta que gran parte de la publicidad contratada por el Ayuntamiento, como ya se explicó al delimitar el ámbito de la publicidad institucional, no tendría porque ser incluida en este concepto, ante la constancia objetiva de que el contenido de gran parte de la misma se refiere a concretos actos administrativos de obligada publicidad, ajenos a su carácter institucional y no computables, por tanto, a efectos comparativos. Ante el conjunto de estas apreciaciones,-no desvirtuadas en modo alguno por la actora y que matizan en un alto grado el contenido de la pretensión indemnizatoria, - las tesis del recurso han de ser rechazadas, con expresa desestimación de todos sus motivos impugnatorios, singularmente el de que se hubiese vulnerado el principio de igualdad, en perjuicio de la 4
actora, en la difusión de la publicidad institucional llevada a cabo por el Ayuntamiento de Vigo. Cuarto.- Por lo expuesto, y en los términos indicados, se desestima el recurso de apelación presentado, siendo preceptiva la imposición de las costas procesales de esta segunda instancia a la parte apelante, cuya cuantía ya declara anticipadamente la Sala que, en cuanto a la dirección letrada, no puede superar la suma de dos mil euros. Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación, FALLAMOS: Desestimamos el recurso de apelación presentado por LA VOZ DE GALICIA S.A, contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo num. 1 de Vigo de fecha 15-9-14, dictada en el PO 119/2008, sobre reclamación responsabilidad patrimonial por desigualdad de trato; condenando expresamente a la entidad apelante al pago de las costas procesales de esta segunda instancia, cuya cuantía no podrá superar, en lo que se refiere a la dirección letrada, la suma de dos mil euros. Notifíquese a las partes haciéndole saber que la misma es firme, y que contra ella, sólo se podrá interponer recurso de casación en interés de Ley establecido en el art. 100 de la Ley 20/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por las personas y entidades a que se refiere dicho precepto, dentro del plazo de tres meses siguientes a su notificación. Asimismo podrá interponer contra ella cualquier otro recurso que estime adecuado a la defensa de sus intereses. Para admitir a trámite el recurso, al interponer deberá constituirse en la cuenta de depósito y consignaciones de este Tribunal (1578-0000-85-7135-14-24), el depósito al que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre (BOE num. 266 de 4/11/09), y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su procedencia, con certificación de esta resolución. Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y, para que así conste, y para su unión a los autos extiendo y firmo la presente certificación. En A CORUÑA, a veinticinco de Marzo de dos mil quince. EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL ENRIQUETA ROEL PENAS 5