RESOLUCIÓN #4: MÉXICO. Presentada por el Centro PEN México, secundada por el Centro PEN Danés y el Centro PEN San Miguel Allende

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1 RESOLUCIÓN #4: MÉXICO. Presentada por el Centro PEN México, secundada por el Centro PEN Danés y el Centro PEN San Miguel Allende La Asamblea de Delegados de PEN International, reunidos en su 80º congreso en Bishkek, Kirguizistán, del 29 septiembre al 2 octubre MÉXICO: Son varios los años que México ha sido calificado como uno de los lugares más riesgosos del mundo para ejercer el periodismo en medios de comunicación electrónicos, impresos e incluso en redes sociales. En relación con los periodistas asesinados en México, aún no se esclarecen muchas de las investigaciones judiciales, y los programas de protección oficiales a comunicadores no son lo suficientemente eficaces. Hoy, la censura a la información y al libre pensamiento ha tomado nuevas formas, entre ellas, la de criminalizar la protesta social y la cobertura de la misma; también, el gobierno mexicano ha reformado las leyes en materia de telecomunicaciones. En México se agrede un periodista cada 26.5 horas, de acuerdo con la asociación Artículo 19; tan sólo en 2013 se documentaron 330 casos de agresiones hacia periodistas y comunicadores, de las cuales cuatro fueron homicidios. 1 Por ejemplo, el pasado 4 de septiembre, Karla Janeth Silva, reportera del periódico El Heraldo, de la ciudad de Silao, Guanajuato, fue golpeada por tres hombres armados, quienes irrumpieron en las instalaciones del diario, le advirtieron: Dile que le baje de huevos a sus notas, y le robaron su computadora y su teléfono personales. De 330 agresiones ocurridas en el 2013, fue posible identificar al responsable de 274. En 146 de ellas, el perpetrador fue un funcionario público; en 49 se trató de una organización social, 39 crimen organizado; 30 un particular, y en 10 un partido político. En tres de los cuatro casos de periodistas asesinados se identificó a la delincuencia organizada como el principal culpable. 2 Los estados donde se concentran las agresiones son Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila. 3 Sin embargo, el estado con mayor riesgo para un periodista este 2014 es la Ciudad de México, debido a la serie de amenazas, agresiones y detenciones arbitrarias que diversos comunicadores han sufrido al haber sido encargados de reportar información sobre manifestaciones sociales. 4 En Quintana Roo la libertad de expresión enfrenta ataques no sólo físicos sino digitales. En agosto de 2014, el periodista y activista maya Pedro 1 Artículo 19, Informe 2013, pág.3 2 Ibid., pág.65 3 Ibid., pág.9 4 Ibid., pág.58

2 Canché fue arrestado por presuntos actos de sabotaje mientras documentaba las protestas contra el aumento a la tarifa del agua. Incluso fue brutalmente golpeado por otros internos si bien no recibió atención médica completa. Además, se ha reportado que el gobierno local se sirve de las redes sociales para suplantar la identidad de los periodistas y clona los sitios web de medios de comunicación para difundir información falsa. La censura a los medios de comunicación ha aumentado, debido al control que los gobiernos locales y el Federal han ejercido sobre ellos por la publicidad oficial. En el 2012, tan sólo 26 entidades federativas gastaron 5 mil 376 millones 506 mil 100 pesos ($5, 376, 506, 100) 5, 20 veces más el gasto federal ejercido en 2012 para combatir, por ejemplo, problemas fundamentales de salud como la mortalidad materna. 6 En relación con las investigaciones oficiales sobre asesinatos a comunicadores, se encuentra el de la periodista Regina Martínez, asesinada en abril de 2012, y cuyo caso se podría cerrar, sin haberse esclarecido correctamente por parte del Poder Judicial de Veracruz, toda vez que las autoridades locales han insistido en ligar el homicidio al móvil del robo y por ende han descartado como posible causa la investigación y la denuncia que la periodista realizó a propósito de la corrupción política y la criminalidad en el estado. 7 Contra la Ley Bala y Ley Mordaza que implican el uso legítimo de armas de fuego en manifestaciones públicas y limita las coberturas periodísticas El Congreso del Estado de Puebla, en México, aprobó una iniciativa de ley impulsada por el gobernador de esa entidad, Rafael Moreno Valle, que permite el uso legítimo de la fuerza durante las manifestaciones, es decir, la llamada Ley Bala. Esta legislación atenta contra la protesta social y viola los derechos humanos (Artículo 19) toda vez que criminaliza indirectamente las manifestaciones en el país y se suma a una serie de restricciones ilegítimas a los derechos a la protesta social y la libertad de expresión que también ha 5 Artículo 19 y FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, Publicidad Oficial: Índice del acceso al gasto en publicidad official en las entidades federativas 2013, pág.20 ( - consultado el 5 de Agosto 2014) 6 Publicidadoficial.com.mx 7 Ver por ejemplo: Peso a nulo avance, Procuraduría de Veracruz busca dar carpetazo al caso Regina, Proceso, 4 de marzo del 2013 ( consultado el 5 de Agosto del 2014); (consultado el 5 de Agosto del 2014)

3 sido avalada por legislaciones de otras entidades como Distrito Federal, Quintana Roo y Chiapas. A modo de justificación, legisladores poblanos que defienden la iniciativa han precisado que ésta, lejos de limitar la libertad de expresión, resguarda la vida, la propiedad y la seguridad de manifestantes y de terceros. En declaraciones hechas a la prensa (Animal Político, mayo 20, 2014) insisten en que los principales criterios de aplicación de la nueva ley son regular el uso de la fuerza no letal como macanas, balas de gibas y químicos, en caso de actos delictivos y que el uso de armas de fuego sólo se prevé cuando se ponga en riesgo la vida del uniformado o terceros. La Comisión Nacional de Derechos Humanos estudia la legislación a detalle para, en caso de que suponga violaciones, interponer acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, ante la inacción por parte de las comisiones locales de derechos humanos, grupos ciudadanos han presentado amparos para proteger los derechos humanos y regular el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de la policía poblana. Esfuerzos similares se han sumado en Quintana Roo y Chiapas. El 22 de julio, el Gobierno de Puebla envió al Congreso estatal una propuesta para derogar dicha ley y solicitar al legislativo la elaboración de una nueva norma en esta materia. En tanto es emitida la nueva legislación, sigue vigente la Ley Bala, aunque el Ejecutivo local ha renunciado a aplicarla. De hecho, se espera que esté vigente hasta finales de 2014, ya que la mayoría en la legislatura local considera que no es prioritaria abrogarla. La cancelación de esta ley está sujeta a la investigación de la muerte del niño de 13 años José Luis Tehuatle Tamayo, a quien dispararon las autoridades. Desafortunadamente, la abrogación de esta ley no está pensada desde los ataques a la libre expresión. Por su parte, la Ley Mordaza, en el estado de Sinaloa, aprobada el pasado 31 de julio del 2014, establece que ningún medio de comunicación, por ningún motivo, podrá tener acceso al lugar en donde se cometió un crimen y que no se podrá tomar video, fotografías o audio de la escena así como de las personas que estén involucradas en el crimen. Además, señala que los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, no podrán dar, sin autorización del procurador, ningún tipo de información con respecto a los hechos delictivos a los medios de comunicación, por lo que éstos deberán limitarse a los boletines de prensa. Sobre las Leyes Secundarias en Telecomunicaciones

4 El 14 de julio del 2014, Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma en Telecomunicaciones y sus leyes secundarias que pretende el fortalecimiento del sector, mayor y mejor competencia y precios más baratos para los usuarios. No obstante, el proyecto de dictamen discrimina a las radios indígenas y comunitarias porque les reserva una potencia máxima de 20 vatios y antenas que midan sólo 30 metros (en territorios amplios), a la vez que las priva de obtener recursos mediante publicidad para proteger su carácter social. Con este tipo de restricciones, las opciones de las poblaciones locales se verán limitadas al afectarse la pluralidad de contenidos, la diversidad y, por tanto, la democracia. Asimismo, los artículos 189 y 190 de la Ley de Telecomunicaciones permiten al gobierno obtener, sin orden judicial, datos de los ciudadanos como: localización, contenido de correos y mensajes de texto, números a los que se llama y contenido de cada llamada. PEN Internacional insta a las autoridades mexicanas a: Que los gobiernos Federal y locales esclarezcan las investigaciones de los asesinatos a comunicadores, en particular el de Regina Martínez; y la agresión contra Karen Janeth Silva; Que Pedro Canché reciba la atención médica necesaria mientras se encuentre preso; Que los gobiernos Federal y locales garanticen la libertad de expresión en todo el territorio y no limiten o intenten limitar la información o dicten líneas periodísticas en los medios de comunicación; Que los gobiernos Federal y locales regularicen el uso de la publicidad oficial en todos los medios de comunicación, y que rindan cuentas a los ciudadanos del uso de cada recurso en los medios informativos; Que se revisen y actualicen los protocolos de seguridad de protección a los periodistas mexicanos. Que en Quintana Roo se investiguen los reportes sobre suplantación de identidad de periodistas en redes sociales y duplicación de páginas de medios de comunicación en internet y, en caso de confirmarse, se detengan dichas prácticas y la respectiva reputación sea restituida. Que los gobiernos estatales y Federal no criminalicen la protesta social, como respeto a la libre expresión. Se deben evitar las reglamentaciones y legislaciones que afectan este derecho humano universal. Que el Gobierno Federal a través de la Reforma en Telecomunicaciones y sus leyes secundarias permita un libre tránsito de las ideas y la libre información desde cualquier parte de la República Mexicana, asegurando que todo medio, más aún los

5 marginales e indígenas, sean un canal de expresión libre de toda censura y acotación de su espacio radiofónico. Enmendar los artículos 189 y 190 de la Ley de Telecomunicaciones a fin de que la autoridad requiera obtener permiso previo recolectar información privada de los usuarios, en conformidad con las obligaciones internacionales.