Alegaciones a) Parte Recurrente

Transcripción

1 ÁLVARO VARAS DEL CANTO Y OTROS CON COMISION DE EVALUACIÓN DE LA III REGIÓN DE ATACAMA Órgano competente Corte de Apelaciones de Copiapó Tipo de acción Recurso de Protección. Rol N Fecha Resultado Rechazado. Ministros Francisco Sandoval Quappe, Mirta Lagos Pino y Cecilia Vega Adaros Ministro redactor Francisco Sandoval Quappe Partes Recurrentes: Frutícola y Exportadora Atacama Limitada, Mesa Social en Defensa de Atacama, Pablo Guillermo Olivares por sí y en representación de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Copiapó N 159 y otros. Recurrido: Comisión de Evaluación de la III Región de Atacama Legislación aplicable 1

2 Artículo 30 bis, 18 bis y 11 bis de la Ley N Preguntas legales Cuándo se entiende que hay fraccionamiento? Se puede aceptar a tramitación una DIA cuando existe un procedimiento sancionatorio en contra del titular del proyecto? Cuál es la información relevante y sustancial que debe contener la DIA? Descripción de los hechos 1. Con fecha 8 de noviembre de 2013 SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE ingresó al SEIA dos proyectos para su declaración de impacto ambiental, "Regularización Torres Línea de Transmisión Eléctrica2x220 Maintencillo-Caserones" y "Actualización Mina Caserones". El proyecto "Regularización Torres Línea de Transmisión Eléctrica2x220 Maintencillo- Caserones" consiste en la a reubicación de 197 torres, de las cuales 118 torres se encuentran fuera del buffer evaluado en el EIA Línea de Transmisión Eléctrica 2x220 Maitencillo Caserones de 250 metros a cada lado de la LTE. La reubicación de estas torres, se encuentran agrupadas en 8 variantes de la Línea de Transmisión Eléctrica construida. El proyecto Actualización Mina Caserones contenía las siguientes modificaciones: Explotación de nuevos pozos de extracción de aguas subterráneas, reubicación de instalaciones, cambio de ubicación de pozos de remediación, edificio de mantención de plantas y oficinas, mejoramiento del trazado de lamaducto y cañería aguas recuperadas y modificación de la medida de mantención de la ruta C El 28 de febrero del año 2014 fue aprobada la RCA del proyecto Regularización Torres Línea de Transmisión Eléctrica 2x220 Maitencillo Caserones y con fecha 7 de marzo fue aprobada la RCA del proyecto Actualización Mina Caserones. 3. Como antecedentes hay que tener en cuenta que con fecha 5 de noviembre del año 2013, la SMA formuló cargos en contra de MINERA LUMINA COPPER por incumplimientos: (i) a la RCA N 13/2010, del Proye cto Caserones, rectificada y modificada por las resoluciones exentas N 52/2010 y N 68/2010; (ii) a la RCA N 151/2011, del proyecto "Línea de Transmisión 2x220KV Maitencillo-Caserones"; y (iii) a la RCA N 17/2012, del proyecto "Modificación Lín ea de Transmisión 2x220KV Maitencillo-Caserones, Variante Maitencillo Norte". Alegaciones a) Parte Recurrente 2

3 La parte recurrente afirma que las RCA N s 48 y 57, que aprobaron las DIA de los proyectos Regularización Torres Línea de Transmisión 2x220 Maitencillo-Caserones y Actualización Mina Caserones, respectivamente, son ilegales y arbitrarias, por las siguientes razones: 1. Por aceptarse a tramitación las DIA, cuando se encontraba pendiente un proceso sancionatorio, correspondiendo aplicar el programa de cumplimiento regulado por el artículo 42 de la Ley Orgánica de la SMA, cuya aprobación recae exclusivamente en la SMA, debiendo por ello el SEA haber declinado su conocimiento y tramitación hasta la finalización del proceso sancionatorio. 2. Por aceptarse a tramitación las DlA cuando éstas no contenían información relevante y sustancial, que no era subsanable mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, pues estas se deben referir única y exclusivamente a información presentada inicialmente. En este sentido, a juicio de los recurrentes de acuerdo al artículo 18 bis de la Ley N la Dirección Re gional o Dirección Ejecutiva del SEA, debió poner término anticipado a los proyectos presentados como DIA porque estos carecían de información esencial. 3. Por haberse desistido el titular en la DIA del proyecto Actualización Mina Caserones, de la extracción de aguas subterráneas a partir de nuevos pozos, y del cambio de ubicación de los pozos de remediación de las quebradas La Brea y Caserones, existiendo -sin embargo- un interés general por evaluar ambientalmente dichas obras del Proyecto, al encontrarse el acuífero de Copiapó prácticamente agotado y por generar la ubicación actual de los pozos de remediación un riesgo real, concreto, verosímil, permanente e inminente de contaminación al Río Ramadillas. 4. Por haberse aprobado separadamente proyectos que son funcionalmente interdependientes entre sí, de propiedad del mismo titular y, en definitiva, partes del mismo Proyecto Minero, dándose plenamente el fraccionamiento prohibido por nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 11 bis de la Ley N Por haberse aprobado los Proyectos como meras DlA, cuando correspondía evaluarlas como un solo EIA, no solo por la prohibición de fraccionamiento, y por tanto tener que sumarse los impactos de uno y otro proyecto, sino que también porque cada uno de ellos, mirados singularmente, generan algunos de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N , que obligan a presentar un EIA, especialmente en cuanto a la generación de riesgo a la salud y afectación de ecosistemas frágiles (flora y fauna y biodiversidad, al estar ubicadas ciertas torres en el Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad conocido como Desierto Florido) y valor paisajístico, en el caso de las Líneas de Transmisión, y afectación de la disponibilidad de las aguas subterráneas, como en la calidad de las aguas 3

4 superficiales, proximidad a un Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad, contaminación acústica por tránsito de camiones, afectación del suelo y del aire, entre otros, en el caso de la Explotación de la Mina. Además al haberse aprobado los proyectos como DIA se privó la instancia de participación ciudadana. 6. Por existir el riesgo o amenaza concreta, real, verosímil, permanente e inminente de contaminación al Río Ramadillas, debido a la ubicación actual de los pozos de remediación de las quebradas La Brea y Caserones, que es donde se encuentran los depósitos de relaves del Proyecto Caserones, ya que dicho emplazamiento se da en los hechos, en el mismo Río Ramadillas y no en las quebradas mencionadas, por lo que no se obtiene el fin u objeto que se perseguía al momento de su aprobación ambiental, que era justamente evitar la contaminación del Río Ramadillas. Esto constituiría una vulneración a las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación b) Parte Recurrida 1. Los recurrentes carecen de legitimación activa, ya que argumentan que hay una afectación a su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero no justifican como se produciría esta afectación. Además argumentan que el recurso se protección no es una acción popular. 2. Recurso ha sido interpuesto extemporáneamente. 3. No existe ilegalidad ni arbitrariedad. En este sentido sería improcedente un Estudio de Impacto Ambiental como vía de ingreso de los proyectos, ya que estos no generaban impactos o susceptibilidad de afectación, conforme a los criterios contenidos en el artículo 11 de la ley N No habría una afectación a la garantía del derecho a la vida e integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ni al derecho de propiedad. Aplicación a los hechos 1. Respecto a la falta de legitimación activa de los recurrentes, la Corte estima que el recurso satisface las exigencias mínimas de admisibilidad, en cuanto contiene una reseña, en donde se explica de que forma el proyecto podría vulnerar determinados derechos fundamentales. Adicionalmente, establece que la legitimación activa en un recurso de protección, se le reconoce a cualquier persona natural o jurídica afectada en sus derechos, esto en especial respecto del derecho definido en el artículo 19 N 8 de la Constitución, que es de índole individual, pero al mismo tiempo social, pues, 4

5 por una parte, constituye un derecho subjetivo de todas las personas naturales, tanto para vivir en un ambiente libre de contaminación, como para disfrutar de una naturaleza no dañada o alterada y, por otra parte, conforma asimismo un derecho social, por cuanto resguarda bienes jurídicos de carácter colectivo que deben ser protegidos por el Estado. 2. Respecto de la extemporaneidad del recurso, la Corte estima que el recurso fue deducido dentro del plazo fatal y corrido. 3. Respecto del fraccionamiento. La Corte precisa que en el caso que algún órgano de la Administración del Estado competente considere que el proyecto o actividad requiere de un Estudio de Impacto Ambiental, así deberá señalarlo y una vez que son recibidos los informes o pronunciamientos sectoriales, si se advierte que el proyecto o actividad requiere de un Estudio de Impacto Ambiental, el Director Regional o el Director Ejecutivo, según corresponda, así lo declarará mediante resolución fundada, ordenando devolver los antecedentes al titular y poniendo término anticipado al procedimiento. Sin embargo, en el caso de autos, durante el proceso de calificación de impacto ambiental de los proyectos en cuestión, no se observó la conveniencia y/o la necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental por alguno de los organismos sectoriales con competencia sobre la materia. Así, la Corte de Apelaciones de Copiapó señala en el fallo que determinar si es procedente uno u otro mecanismo de evaluación ambiental luego de que ya la autoridad administrativa con competencia técnica resolvió aprobar y, por ende, otorgar el permiso ambiental a través de una Declaración de Impacto Ambiental, corresponde a una cuestión compleja que excede el ámbito propio del Recurso de Protección. Conclusión En esta sentencia, se ve reflejada una postura reiterada de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, la cual es no resolver estos asuntos a través de recursos de protección. En la Sentencia, la Corte de Apelaciones de Copiapó no se manifiesta respecto del fondo del asunto controvertido, sino al contrario, establece que el Recurso de Protección tiene una naturaleza cautelar y por lo tanto no es apropiado para resolver la arbitrariedad o ilegalidad de la RCA. La Corte, reitera que con el funcionamiento de los Tribunales Ambientales, son estos quienes deben conocer de los conflictos de esta naturaleza. Ficha de jurisprudencia realizada en el marco del programa de pasantías de Fiscalía del Medio Ambiente FIMA. 5

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