Procuración General de la Nación

Transcripción

1 S u p r e m a C o r t e : - I - Los magistrados integrantes de Sala "C" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fs. 272/275 confirmaron la resolución de la juez de grado que, a fs.236/245, desestimó las excepciones deducidas por los ejecutados en los términos del artículo 64, incisos a) y b) de la ley , con costas; desestimó los planteos de inconstitucionalidad de las leyes , , decretos 214/02 y 320/02, así como de la ley , modificada por la ley y decreto 1286/03, con costas por su orden; declaró inoponible al acreedor hipotecario el mutuo suscripto entre el deudor y el fiduciario; y dispuso la prosecución de estos actuados debiendo adecuar la liquidación aplicando el esfuerzo compartido y convirtiendo los dólares a razón de $ 1 más el 50 % de la brecha entre $ 1 y en valor del dólar libre a la cotización de la fecha en que aquella se practique de modo definitivo. Para así decidir, los jueces de la Sala "C", entendieron que lo resuelto respecto de la legislación de emergencia (pesificación), en cuanto a que el monto de la ejecución debe prosperar de acuerdo con el denominado esfuerzo compartido, no fue materia de agravios y por tanto se encuentra firme para las partes. Desestimaron las críticas referidas a la inexistencia de mora en los términos del artículo 64, inciso a), de la ley , atento a que la consideraron reconocida por los accionados en las manifestaciones efectuadas por ellos a fs. 92/105 (en especial apartado I b. de fs. 93 y vta.), y a que el fundamento del planteo está basado en lo normado por las leyes de pesificación que, como sostuvieron precedentemente, no fueron materia de agravios. En cuanto a las quejas referidas al rechazo de la -1-

2 excepción de inexistencia de la intimación al pago (inc. b, del art. 64, de la ley ), basadas en que las sumas reclamadas eran superiores a las que determina la legislación vigente sobre pesificación, señalaron, por un lado, que en las presentes actuaciones no corresponde se ordene intimación alguna, sin perjuicio de la extrajudicial habilitante de la acción; y por otro (según jurisprudencia de la propia Cámara que allí citaron), que frente a la petición de obtener la devolución en su moneda de origen, la accionada puede contradecir la misma y realizar los planteos que hagan a su derecho, en tanto no corresponde cerrar al accionante la posibilidad de debatir cuál es el objeto de la prestación debida, resolviéndose ulteriormente y en ocasión de dictar sentencia, lo conducente a los planteos que se hubieren verificado una vez trabada la litis, con mayor razón cuando se ha cuestionado la constitucionalidad de la norma en que se sustenta la decisión impugnada. Con relación a la inoponibilidad del mutuo suscripto con el banco fiduciario en virtud de lo normado por la ley , señalaron que esta ley prevé la conversión de la divisa extranjera a una paridad distinta a la definitivamente fijada en autos y consentida por la quejosa, suma que constituye un derecho adquirido para el acreedor, por lo que el régimen implementado por la normativa deviene inaplicable al supuesto de autos, e inoponible el mutuo referido. Sostener lo contrario -concluyeron- produciría una colisión evidente con una decisión que ha pasado en autoridad de cosa juzgada. Respecto a las costas, expusieron que no cabe en el caso apartarse del principio establecido en la primera parte del artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por lo que confirmó, por ser ajustada a derecho, la imposición de costas por la desestimación de las excepciones -2-

3 articuladas. - II - Contra este pronunciamiento, los demandados interpusieron el recurso extraordinario de fs. 278/291, cuya denegatoria de fs. 300 y vta. motiva la presente queja. Afirman que, contrariamente a lo dicho en la sentencia, la doctrina del esfuerzo compartido no fue consentida por la demandada. Alegan que las excepciones opuestas tienen como presupuesto legal y fáctico, el sostenimiento de la existencia, legitimidad y aplicabilidad al caso de la legislación de emergencia que pesificó su crédito y no del híbrido que parte diferencia al medio. Agregan que han defendido la aplicación al caso de las normas pesificadoras dictadas en la emergencia, sosteniéndolo a lo largo de toda la expresión de agravios. En cuanto a la desestimación de la excepción de inexistencia de mora, expresan que en ningún momento han reconocido la mora, antes bien, la imputan al acreedor por no querer percibir su crédito con las modificaciones impuestas por las layes de emergencia. Critican el rechazo de los agravios sobre la inexistencia de intimación de pago. Sostienen que no resulta ajustado a derecho que los montos que se le reclaman al deudor sean superiores a los adeudados, por cuanto ello impide material y legalmente el cumplimiento que pudiera liberarlo. En el caso -prosiguen- la intimación del 8 de julio de 2002 expresada en dólares estadounidenses, contrariaba la normativa vigente, lo que significa que los montos que se le reclamaban al deudor no eran los debidos y, por lo tanto la intimación había perdido el sentido liberatorio que su cumplimiento podría acarrear al obligado. Acerca de que la ley (modificada por la ley -3-

4 25.908) deviene inaplicable al supuesto de autos e inoponible, en consecuencia, el mutuo suscripto con el fiduciario, aducen que la suscripción de dicho mutuo resulta de la aplicación lisa y llana de una ley, que se sancionó justamente con el objeto de modificar las condiciones de las ejecuciones hipotecarias. Finalmente critican la imposición de costas, en lo sustancial, pues aseveran que no puede aplicarse la regla general del artículo 68 del Código Procesal, sin contemplar los espacios de debate que abrió la cuestión nacional derivada de la emergencia, y a los que las partes acudieron, no en perjuicio de la contraria, sino para hallar una solución que encuadrara dentro del abrupto cambio de normativa. - III - A los fines de una mejor comprensión del presente dictamen, trataré los agravios en un orden diferente al que fueron expuestos, ocupándome inicialmente de los relativos a las normas denominadas de "pesificación", y su relación con las que establecieron el régimen de refinanciación hipotecaria, para considerar luego las quejas referidas al rechazo de las excepciones y a la imposición de costas. Al seguir el desarrollo propuesto, se advierte, en primer lugar, que asiste razón a los apelantes cuando exponen que no consintieron la doctrina del esfuerzo compartido. En efecto, la afirmación de los sentenciadores en tal sentido, se encuentra desprovista de sustento, toda vez que las excepciones opuestas por los demandados, cuya desestimación fue objeto de la apelación ordinaria, tienen como innegable presupuesto, el sostenimiento y defensa de la aplicación textual de las leyes de pesificación, sin modificación alguna. Se observa al respecto (al margen de cómo se resuelvan, en definitiva, estas cuestiones), que los demandados cimentaron la -4-

5 inexistencia de mora y de intimación, en el hecho de que el acreedor pretendía el pago en una moneda que contrariaba la normativa vigente (v. fs. 249 vta., tercer párrafo, fs. 250, penúltimo párrafo). Asimismo, en el punto Cuarto del memorial, expresaron que la decisión impugnada vulnera el derecho de propiedad de su parte por cuanto dispone más allá de las leyes vigentes -cuya inconstitucionalidad no declara- que los deudores no solo deben compartir con los acreedores la diferencia de cotización del dólar, sino que también les priva del beneficio del salvataje hipotecario del que son legítimos destinatarios (v. fs. 252, el subrayado me pertenece). En tales condiciones, cabe razonar que la Alzada debía pronunciarse no solamente sobre la aplicabilidad al caso del régimen de refinanciación hipotecaria, sino también acerca del cuestionamiento al esfuerzo compartido y de la invocada aplicación al caso de la legislación de emergencia. En consecuencia, no pudo juzgar que (admitiendo la refinanciación) se produciría una colisión con una decisión que había pasado en autoridad de cosa juzgada, toda vez que tal pronunciamiento, lejos de encontrarse firme y consentido, se hallaba en pleno debate. A partir de lo expuesto, corresponde tener presente que esta Procuración General se ha pronunciado en la causa S.C. P. 122, L. XXXIX, caratulada "Pérsico, Luigi c/ Maffulli, Ciro y otro s/ Ejecución Hipotecaria" en cuyo dictamen del día 26 de octubre de 2004, se ha sostenido, en la sustancial, la constitucionalidad y aplicabilidad del plexo normativo de la emergencia. Por lo tanto, contrariamente a las conclusiones del pronunciamiento impugnado, la controversia sobre la moneda de pago no se encontraba cerrada y, de la articulación armónica de las normas de emergencia precedentemente aludidas (leyes , , decretos 214/02, 320/02 y demás referidas a la -5-

6 "pesificación") con las leyes que conforman el Sistema de Refinanciación Hipotecaria (leyes y , decreto reglamentario N 1284/03), surge que, al aplicar dicho régimen, no se producirá colisión con decisión alguna, pues la que había propuesto el esfuerzo compartido, no fue consentida, ni había pasado en autoridad de cosa juzgada como erróneamente juzgaron los magistrados de la Alzada en el punto IV de su decisorio (v. fs. 273 y vta.). En este aspecto, entonces, el recurso ha de prosperar. - IV - Ahora bien, en cuanto a los agravios relativos al rechazo de las excepciones de inexistencia de mora y de inexistencia de intimación, estimo que solo traducen diferencias con el criterio de los sentenciadores y reciben suficiente respuesta en las consideraciones reseñadas en el primer ítem de este dictamen, las que no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia una decisiva falta de fundamentación en el decisorio. Se observa, asimismo, que reiteran asertos vertidos en instancias anteriores desechados sobre la base de fundamentos que no compete a la Corte revisar, ya que se encuentran vinculadas a cuestiones de hecho, y derecho común (v. doctrina de Fallos:312:1859; 313: 473 y sus citas, entre otros). A todo evento, cabe recordar que V.E. tiene dicho que son cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias de los jueces de la causa y ajenas al recurso extraordinario, las que sólo traducen la discrepancia del apelante con el criterio del sentenciador en cuanto a la apreciación de las circunstancias respecto a la conducta de las partes, a la mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, a la existencia de factores extraordinarios e imprevisibles en -6-

7 relación con el art del Código Civil, por lo que no sustentan la tacha de arbitrariedad articulada (v. doctrina de Fallos: 302:999). Ha establecido, igualmente, que las discrepancias de la recurrente en orden a la constitución en mora de las partes y sus consecuencias legales, son cuestiones opinables de derecho, ajenas al recurso extraordinario, cuyo carácter es excepcional y no tiende a sustituir a los jueces de la causa en la decisión de cuestiones que les son privativas ni a corregir en tercera instancia fallos equivocados o que se reputen tales (v. doctrina de Fallos:302:499). Otro tanto cabe decir en relación con las quejas acerca de la imposición de costas por el rechazo de las excepciones articuladas, toda vez que el Tribunal ha determinado en numerosas oportunidades, que la imposición de las costas en las instancias ordinarias es una cuestión fáctica y procesal, propia de los jueces de la causa y ajena al remedio federal (v. doctrina de Fallos: 322:1716; 324:3421; 325:2276, entre muchos otros). - V - Por todo lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada, con el alcance indicado. Buenos Aires, 7 de diciembre de Esteban Righi Es copia -7-