Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, correspondiente al día veintitrés de agosto de dos mil doce.

Transcripción

1 AMPARO EN REVISIÓN: 128/2012. RECURRENTE: ***. TERCERO PERJUDICADO: ***. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ NIEVES LUNA CASTRO. SECRETARIA: LIC. GIGLIOLA TAIDE BERNAL ROSALES. Toluca, México. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, correspondiente al día veintitrés de agosto de dos mil doce. V I S T O S para resolver los autos del amparo en revisión 128/2012, relativo al juicio de amparo indirecto número *** del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Mediante escrito presentado el trece de abril de dos mil doce, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, México, *** por su propio derecho y autorizando en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo al licenciado ***, así como a los pasantes de derecho ***, *** y ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes:

2 - 2 - R.P.128/2012 "AUTORIDADES RESPONSABLES.- - En su carácter de ordenadoras:- - A).- El C. Juez Presidente del Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México ( ).- - B).- El C. Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, que conoce de la causa *** ( ).- - En su carácter de ejecutoras:- - A).- El C. Procurador General de Justicia del Estado de México ( ).- - B).- El C. Fiscal Regional de Toluca de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ( ).- - C).- El C. Fiscal de Robo con Violencia y Cuantía Mayor ( ).- - D).- C. Comisario General de la Policía Ministerial ( ) ". "ACTOS RECLAMADOS De las autoridades responsables en su carácter de ordenadoras:- - A).- Reclamo la injustificada e infundada orden dada a las ejecutoras, para que me priven de mi libertad personal fuera de procedimiento, girando para ello una orden de aprehensión y/o presentación, en contra del suscrito, como probable responsable en la comisión de un ilícito, sin que para ello se reúnan los elementos necesarios y suficientes, del cuerpo del delito y ni comprobado fehacientemente la presunta responsabilidad del ahora quejoso en la comisión del mismo, en términos de lo que señala el artículo 16 Constitucional, siendo por tanto, un acto de molestia que debe ser fundado y motivado.- - B).- Reclamo la posible

3 - 3 - R.P. 128/2012 orden de aprehensión que se dicte en contra del quejoso en la audiencia de formulación de imputación sin detenido, por el C. Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, dentro de la causa número ***, seguida en contra del suscrito ***, por el hecho delictuoso de FRAUDE, en agravio de ***, sin que para ello se reúnan los elementos necesarios y suficientes del cuerpo del delito y ni comprobado fehacientemente la presunta responsabilidad del ahora quejoso en la comisión del mismo, en términos de lo que señala el artículo 16 Constitucional, siendo por tanto, un acto de molestia que debe ser fundado y motivado De las autoridades responsables en su carácter de ejecutoras:- - A).- Reclamo el cumplimiento y ejecución que pretenden dar a la orden que recibieran de las ordenadoras a la orden de aprehensión y/o presentación con el objeto de privarme de mi libertad personal ilegalmente, y tratando de aplicarme cualesquiera de las prohibiciones contenidas en el artículo 22 de la Constitución General de la República, con la finalidad de hacerme confesar culpable de un delito que no he cometido, resultando por ende conculcatorio de las garantías individuales del suscrito quejoso, toda vez de que para ello no existe causa legal que justifique o motive dicho procedimiento". Por considerarlos violatorios de las garantías individuales consignadas en los artículos 1, 14 y 16 de la

4 - 4 - R.P.128/2012 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Por razón de turno, el conocimiento de dicha demanda de amparo indirecto correspondió al Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, México, donde por auto de dieciséis de abril de dos mil doce, se registró con el número de expediente de amparo indirecto ***, se admitió a trámite, se requirió a las responsables sus informes con justificación, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó el veintinueve de mayo de dos mil doce, en la que resolvió: "ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de garantías promovido por ***, contra los actos y autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia; en términos de su considerando cuarto.- - Notifíquese ". TERCERO.- Inconforme con dicha sentencia ***, interpuso recurso de revisión, que fue admitido por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al que correspondió su conocimiento en razón de turno, mediante auto de diecinueve de junio de dos mil doce, ordenando dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación, quien no solicitó los autos para formular pedimento. Mediante proveído de veintidós de junio de dos mil doce, se tuvo por apersonado en el presente recurso a

5 - 5 - R.P. 128/2012 ***, quien tiene el carácter de tercero perjudicado en el juicio de amparo indirecto *** del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México. Finalmente, en diverso acuerdo de seis de julio de dos mil doce, previo sorteo, se turnó el expediente al Magistrado relator José Nieves Luna Castro, para la elaboración del proyecto de resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución General de la República; 82, 83, fracción IV, 85, fracción II, de la Ley de Amparo y 37 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se hizo valer en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional en un juicio de garantías, por un Juez de Distrito del Segundo Circuito, ámbito territorial en donde tiene competencia este cuerpo colegiado. SEGUNDO.- El presente recurso fue interpuesto oportunamente, en virtud que el auto que se impugna fue notificado por medio de lista a la parte quejosa el treinta de mayo de dos mil doce, conforme al artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, surtiendo sus efectos

6 - 6 - R.P.128/2012 legales al día siguiente hábil (treinta y uno), de conformidad con lo estatuido en la fracción II del numeral 34 del mismo ordenamiento legal; debido a lo cual el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la ley de la materia, comenzó el uno de junio de dos mil doce y concluyó el día catorce del mismo mes y año, debiéndose descontar los días dos, tres, nueve y diez de junio del mismo año, por haber sido inhábiles de conformidad con lo estatuido por el artículo 23 de la Ley de Amparo, por lo que si el citado recurso se interpuso el trece de junio de dos mil doce, es evidente que fue presentado oportunamente. TERCERO.- La resolución que se recurre es del tenor siguiente: "PRIMERO. Este Juzgado de Distrito, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 36 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo y 48 en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 11/2011, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que los actos que se reclaman son determinaciones del orden penal, que pretenden ejecutarse en su jurisdicción.- - SEGUNDO. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cabe precisar que los actos reclamados por el quejoso se hacen consistir en:- - En la ORDEN DE

7 - 7 - R.P. 128/2012 APREHENSIÓN Y/O PRESENTACIÓN, contra del suscrito, como probable responsable en la comisión de un ilícito, sin que para ello se reúnan los elementos necesarios suficientes, del cuerpo del delito y ni comprobado fehacientemente la presunta responsabilidad del ahora quejoso en la comisión del mismo, en términos de lo que señala el artículo 16 Constitucional, siendo por tanto, un acto de molestia que debe ser fundado y motivado.- - TERCERO. El Juez Coordinador del Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, en Almoloya de Juárez, México, así como el Fiscal Especializado de Robo con Violencia y Cuantía Mayor, negaron la existencia del acto que se les reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario para desvirtuar tal negativa.- - En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de garantías.- - Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia con el número doscientos ochenta y cuatro, localizable en la página doscientos treinta y seis, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de , que a la letra dice:- - INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.- - CUARTO. La Jueza de

8 - 8 - R.P.128/2012 Control (sic) Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, en funciones de despacho, el Procurador General de Justicia del Estado de México, por conducto del Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y éste último, al rendir su informe aceptaron la existencia de los actos reclamados.- - QUINTO. Previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, es preferente el estudio de la procedencia del presente juicio de garantías al tratarse de una cuestión de orden público.- - En el presente caso se advierte de oficio un obstáculo procesal que impide el análisis de fondo del negocio, pues en concepto de este juzgador constitucional emerge la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales; dado lo cual, precisa traer a colación el contenido de tal dispositivo:- - Artículo 73.- El juicio de amparo es improcedente: X. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica De la disposición transcrita, destacan los requisitos siguientes:- - I. Debe existir un procedimiento judicial o administrativo

9 - 9 - R.P. 128/2012 seguido en forma de juicio;- - II. II. Es necesario que el cambio de situación jurídica opere en el mismo procedimiento del que emanan los actos reclamados en el juicio de amparo de que se trate; y,- - III. III. Es necesario que no se pueda volver en el juicio de amparo, mucho menos ejecutar la sentencia que se dicte, sin afectar la nueva situación jurídica.- - En el caso a estudio, como ya se puntualizó, se reclama la orden de aprehensión girada en contra del quejoso y su ejecución, la cual derivó de un procedimiento judicial, tal como lo es la orden de aprehensión dictada por la Juez de Control (sic) Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez México, dentro de la causa penal ***.- - Sin embargo, del complemento del informe con justificación, que remitió la juez responsable, donde adjuntó copia certificada de la resolución dictada en la causa penal ***, del diez de mayo de dos mil doce, correspondiente al auto de vinculación a proceso; documentos públicos se les otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral Ahora, de la narrativa de los actos reclamados con antelación expuesta, se aprecia que en el presente juicio de garantías, ha operado un cambio de situación jurídica con relación a los actos aquí reclamados consistente en la orden de aprehensión librada contra el justiciable por su probable participación en el injusto de fraude; el cual ha operado un

10 R.P.128/2012 cambio de situación jurídica al emitirse un auto de vinculación a proceso por parte de la autoridad responsable el diez de mayo de dos mil doce contra el quejoso dentro de la causa penal ***.- - Acotado lo anterior, es indudable que ha operado un cambio de situación jurídica en el presente juicio, debiendo considerarse consumados irreparablemente los actos y violaciones aquí reclamados, pues no puede decidirse sobre la constitucionalidad de aquellos sin afectar la nueva situación jurídica.- - Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia II.2o.P J/8 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, misma que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo X, Novena Época, Octubre 1999, que dice:- - CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. Si el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión y con posterioridad se decreta auto de formal prisión, se produce un cambio de situación jurídica y se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo reformada, según publicación en el Diario Oficial de la Federación del ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, como así se desprende del texto que dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se

11 R.P. 128/2012 reclaman violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". La que entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el nueve del mismo mes y año, según su artículo transitorio primero, que dice: "El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".- - Así como la Jurisprudencia II.1o.P. J/3, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, misma que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XI, página 940, Febrero de 2000, Novena Época, Octubre 1999, del texto y rubro siguiente:- - IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA DEL QUEJOSO, SEGÚN REFORMAS A LA LEY DE AMPARO DE OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE. Cuando la parte quejosa promueve el juicio biinstancial contra una orden de aprehensión y se allega al mismo el informe del Juez

12 R.P.128/2012 responsable en el que se hace del conocimiento del federal, que se ha dictado contra aquélla auto de formal prisión, ello actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, de acuerdo a las últimas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, en vigor al día siguiente, en virtud de que las violaciones reclamadas se consideran irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica del impetrante.- - En esas condiciones, lo procedente es sobreseer el presente sumario constitucional, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo.- - Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, ya que decretado el sobreseimiento por lo que hace al acto dictado por las autoridades ordenadoras, también debe decretarse respecto de los actos que se atribuyen a las autoridades ejecutoras, atento a los razonamientos que rigen la tesis de jurisprudencia número 231, visible en la página 156, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación , Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice:- - "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de las autoridades que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo

13 R.P. 128/2012 sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución".- - En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se;- - RESUELVE:- - ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de garantías promovido por ***, contra los actos y autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia; en términos de su considerando cuarto.- - NOTIFÍQUESE". CUARTO.- Se expresan como agravios los siguientes: "ÚNICO.- El acuerdo que se recurre dictado en la audiencia constitucional que se impugna causa agravio al suscrito y por ende un gravamen de imposible reparación, en virtud que al emitirse los razonamientos plasmados en el considerando primero el C. Juez del conocimiento de amparo no realiza una valoración adecuada de todas las constancias que obran en el sumario y como consecuencia SOBRESEE el juicio de amparo en que se comparece, dejándome en completo estado de indefensión ya que según la apreciación no se encuentran ajustados a la Ley de Amparo.- - Al respecto me permito manifestar que de acuerdo a constancias del juicio de garantías, y basándose en los argumentos y pruebas aportadas por las partes se pudo desprender que el C. Juez del conocimiento al momento de dictar el acuerdo que se recurre por esta vía, sólo toma en

14 R.P.128/2012 consideración y por consiguiente valoró lo alegado por las autoridades responsables en su informe previo, en el sentido que dichas autoridades manifiestan que hubo un cambio de situación jurídica del suscrito quejoso; consideraciones fuera del marco legal ya que como autoridades tiene la obligación de haber motivado y fundamentado conforme a derecho sus manifestaciones y los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, que deben ser estudiados al resolverse esta revisión.- - Por otra parte el C. Juez del conocimiento, no valora conforme a derecho los medios probatorios aportados, los conceptos de violación alegados y no toma en consideración los fundamentos expuestos en la demanda de amparo interpuesta. Por consiguiente es de realizar una valoración adecuada y profunda de todas y cada una de las pruebas que obran en el sumario aportadas por las partes y ante tal situación éstas logran desvirtuar lo aseverado por las autoridades responsables.- - Sus señorías al momento de estudiar las constancias procesales del presente juicio de garantías, podrán encontrar que sí me fueron afectadas mis garantías individuales de seguridad jurídica y libertad, al no hacer una correcta valoración de las mismas me dejan en estado de indefensión.- - Por consiguiente es de realizar por sus señorías en una valorización profunda que realicen de los elementos aportados por las partes que ante tal situación, corroborar que sí existen los hechos narrados y expuestos en mi escrito de demanda de garantías y por ende los actos que

15 R.P. 128/2012 se pretenden emitir son ciertos conculcando las garantías individuales del suscrito.- - Además de que en el presente caso el C. Juez, no entra a su estudio de los conceptos de violación, situación que se traduce en la violación del procedimiento al momento de realizar la valorización de las pruebas.- - Son éstos los motivos por los cuales, con el debido respecto, considero que la resolución que se combate no se encuentra apegada a los principios fundamentales de derecho, por lo que debe declararse procedente el recurso de revisión que hago valer y en consecuencia se debe revocar la resolución combatida y concederme el amparo y protección de la justicia federal". QUINTO. En principio, resulta necesario puntualizar, que en la resolución recurrida, el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, determinó por Sobreseer en el juicio de garantías en base a dos consideraciones: la primera, al estimar actualizada la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo -negativa del acto reclamado-; y, la segunda, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el párrafo primer de la fracción X, del numeral 73, de legislación citada -cambio de situación jurídica-. El revisionista *** únicamente controvierte el sobreseimiento relativo al cambio de situación jurídica, sin

16 R.P.128/2012 que exprese argumento alguno tendente a combatir lo relativo al sobreseimiento por negativa del acto reclamado; sin embargo, toda vez que del análisis integral que este órgano colegiado efectúa al escrito mediante el cual dicho quejoso interpuso el presente recurso de revisión, se aprecia que se inconformó contra el acuerdo dictado en la Audiencia Constitucional, en la cual SOBRESEE el juicio de amparo en que se comparece (foja 3 del cuaderno de revisión); por ende, este tribunal, procede a examinar, si fue acertada dicha determinación del juzgador de amparo. Ahora bien, del análisis de la resolución recurrida se advierte que el Juez de Distrito de manera legal determinó sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, virtud a que las responsables Juez Coordinador del Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, con asiento en Almoloya de Juárez, así como el Fiscal Especializado de robo con violencia y cuantía mayor, negaron el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión y/o presentación librada contra el quejoso, sin que éste aportara elementos probatorios a fin de desvirtuar dicha negativa. Determinación del juez constitucional con la que comulga este órgano colegiado. En efecto, el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 74. Procede el sobreseimiento:

17 R.P. 128/2012 IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley.". Del texto reproducido se infiere en principio que la negativa del acto reclamado genera como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de garantías, amén de que es hasta la audiencia constitucional, que prevé el artículo 155 de la Ley de Amparo, en que el peticionario de garantías tiene la oportunidad de acreditar la existencia del acto reclamado, desvirtuar las aseveraciones efectuadas por las autoridades responsables y, en su caso, demostrar los asertos que haya vertido en sus conceptos de violación. De manera que la falta de comprobación de la existencia del acto reclamado motivará necesariamente el sobreseimiento. Así lo sostuvo en lo que corresponde el anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número doscientos ochenta y cuatro, publicada en la página doscientos treinta y seis, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete guión dos mil, Sexta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el

18 R.P.128/2012 sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo". En el caso, el quejoso *** sostuvo que el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Coordinador del Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, con asiento en Almoloya de Juárez, en su carácter de ordenadora, y el Fiscal Especializado de robo con violencia y cuantía mayor, en su carácter de ejecutora, lo constituía la orden de aprehensión y/o presentación ; sin embargo, del informe justificado rendido por aquéllas, se infiere negaron la existencia del acto que les fue atribuido. Ante tal panorama, en la audiencia constitucional respectiva, sin asistencia de las partes, el juez constitucional sobreseyó en el juicio de garantías, de conformidad con el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, derivado de la negativa contenida en los informes de las responsables, sin que el recurrente aportara elementos probatorios a fin de desvirtuar dicha negativa. En ese tenor, si de los autos del juicio de garantías sujeto a revisión se aprecia que las autoridades señaladas como responsables negaron categóricamente los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y/o presentación girada contra el quejoso, en el entendido que precisamente por esa negativa de las responsables sobre la existencia de los actos reclamados, acorde al

19 R.P. 128/2012 precepto 74, fracción IV, de la ley de la materia, en la audiencia constitucional, correspondía a la parte quejosa la carga de la prueba, lo que omitió, ante lo cual, es inconcuso que se actualizó el sobreseimiento, en términos del invocado numeral; por lo que en ese sentido, procede confirmar la resolución que se revisa. Precisado lo anterior, este tribunal colegiado emprende ahora el análisis relativo a la determinación del Juez de Distrito de sobreseer en el juicio, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese tenor, este Tribunal Colegiado de Circuito aprecia que el Juez de Distrito, en forma legal, estimó actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción X, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que la condujo, a que con la misma legalidad, decretara el sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 74, fracción III, de la misma ley, y en apoyo a esa determinación, correctamente citó las jurisprudencias de rubros CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE y IMPROCEDENCIA

20 R.P.128/2012 DEL JUICIO DE AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA DEL QUEJOSO, SEGÚN REFORMAS A LA LEY DE AMPARO DE OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE. En efecto, la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo, textualmente señala: Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ( ); X. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;....

21 R.P. 128/2012 De lo antes transcrito se advierte que el cambio de situación jurídica sólo es dable en procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio, con la salvedad establecida en el párrafo segundo, de la fracción y numeral citados, (cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 Constitucionales, en los cuales, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones), en cuya hipótesis no se encuentra el presente asunto; y no se trata de cualquier cambio de situación jurídica, sino únicamente el derivado de los diferentes estadios en los que se divide el procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; es decir, esta causal de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, por el dictado de un acto posterior al reclamado, que por su existencia o validez, goza de autonomía frente al anterior, de modo que puede subsistir con independencia de que el combatido en el juicio de garantías pudiera ser ilegal, de modo tal, que impide examinar las violaciones alegadas respecto al acto que se reclama, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. En materia penal, concretamente, la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de la Quinta Época, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación , Tomo II, Materia Penal, páginas 720 y 721 del rubro:

22 R.P.128/2012 LIBERTAD PERSONAL. RESTRICCIÓN DE LA (CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA) -interrumpida parcialmente por la resolución emitida por el Tribunal Pleno de Nuestro Máximo Tribunal del País, en la contradicción de tesis 20/95, únicamente en lo que atañe a la operancia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo-, estableció que la libertad personal puede restringirse por cuatro motivos: la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, porque cada uno tiene características peculiares. Y que la situación jurídica es el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los supuestos mencionados, de modo tal que cuando esta situación cambia, es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras. Precisado lo anterior, debe indicarse que en el caso, el ahora revisionista señaló como acto reclamado la orden de aprehensión y/o presentación dictada en su contra dentro de la causa penal ***, por la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y su ejecución atribuida al Procurador General de Justicia, Fiscal Regional de Toluca de la Procuraduría General de Justicia y el Comisionado de la Policía Ministerial, todos ellos del Estado de México. La autoridad ordenadora, al rendir su respectivo informe justificado admitió la veracidad del acto reclamado,

23 R.P. 128/2012 manifestando, que en audiencia de treinta y uno de marzo de dos mil doce -celebrada para continuar y resolver sobre la orden de aprehensión-, dentro de la causa penal ***, dictó orden de aprehensión contra ***, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho delictuoso de fraude, cometido en agravio de ***. Posteriormente, mediante oficio número 3754, del diez de mayo de dos mil diez, la autoridad ordenadora, Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, hizo del conocimiento de la autoridad de Amparo, que en audiencia celebrada en esa misma data dictó auto de vinculación a proceso, remitiendo copia certificada de dicho auto de término constitucional de la fecha anotada, del registro de la video grabación, así como del acta mínima, de las que se advierte que en esa fecha se dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso de mérito, como probable responsable en la comisión del delito de referencia (fojas 82 a 97 del cuaderno de amparo). Lo anterior, sin lugar a dudas, evidencia la actualización de la causal de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo, ante el cambio de situación jurídica existente en el caso a estudio, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas, en forma jurídica, las violaciones reclamadas en la orden de aprehensión, porque no se puede decidir en

24 R.P.128/2012 tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica creada con el dictado del auto de vinculación a proceso, y por ende, se actualiza plenamente la causal de improcedencia que advirtió el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, y, consecuentemente, fue correcto el sobreseimiento decretado en el juicio de garantías que dio pie a la tramitación del presente recurso. A lo anterior es aplicable además el criterio sostenido por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, en la tesis de jurisprudencia II. 2º. P J/8, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de mil novecientos noventa y nueve, página mil ciento sesenta y ocho que dice: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. Si el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión y con posterioridad se decreta auto de formal prisión, se produce un cambio de situación jurídica y se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo reformada, según publicación en el Diario Oficial de la Federación del ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, como así se desprende del texto que dice: Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera

25 R.P. 128/2012 instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;- La que entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el nueve del mismo mes y año, según su artículo transitorio primero, que dice: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En lo conducente, también resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 1ª/J 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto

26 R.P.128/2012 aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. No se soslaya que los criterios que se invocan, se refieren al cambio de situación jurídica cuando se reclama orden de aprehensión y con posterioridad el juez de la causa emite auto de formal prisión (sistema penal tradicional), y que en el caso, ese cambio se originó con la emisión del auto de vinculación a proceso (nuevo sistema de justicia penal) por parte del Juez de Control; sin embargo, el auto de vinculación

27 R.P. 128/2012 a proceso genera igualmente una perturbación que, aunque indirecta, incide en la libertad personal; de ahí que no obstante la jurisprudencia superada por la legislación reformada no resulta aplicable ni exigible en sentido estricto, ello no quiere decir que la autoridad jurisdiccional esté impedida para reiterar el criterio que emana de ella si resulta igualmente aplicable en lo conducente a las nuevas hipótesis normativas, sobre todo cuando éstas son esencialmente idénticas en razones y circunstancias de potencial afectación a la misma garantía o derecho fundamental que la Constitución del País protege, o bien, según el caso implicarán la generación de igual causal de improcedencia. Sustenta la anterior consideración, en lo conducente, la tesis II.2o.P.284 P (9a.) emitida por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable a página cuatro mil doscientos noventa y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de dos mil doce, Décima Época, del rubro y texto siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, AL ANALIZAR DICHA DETERMINACIÓN, PUEDE REITERAR LOS CRITERIOS DE AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL EMITIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ANTES DE LAS REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE

28 R.P.128/2012 LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE Como lo refirió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de las reformas y adiciones de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, la diferencia entre el auto de formal prisión y el entonces llamado auto de sujeción a proceso radicaba entre otras en que este último no restringía la libertad del todo, sino sólo la perturbaba al obligar al procesado a comparecer periódicamente ante el Juez instructor y a no salir de su jurisdicción territorial si no era con su autorización; luego en atención a las citadas reformas constitucionales, donde existe un nuevo proceso penal de tipo acusatorio, adversarial y oral, aparece la figura del auto de vinculación a proceso que igualmente tiene por objeto someter al imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, esto es, a la investigación formalizada, la que concluye cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación y formula la acusación, entre otras determinaciones posibles, continuando así dicho proceso que puede terminar con el dictado de una sentencia privativa de su libertad personal. Ahora bien, el hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica que su libertad se afecte, al menos parcialmente, en la medida en que lo somete a un proceso penal con pretensión punitiva, cuya prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, por lo que lo obliga a comparecer en los plazos o las fechas indicadas por el Juez que conozca del asunto cuantas veces resulte necesario con miras a garantizar, precisamente, la finalidad potencialmente punitiva de la sentencia con la que culmine, pues la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de su libertad personal y deambulatoria en

29 R.P. 128/2012 sentido estricto, sino que tal afectación también puede darse en el ámbito jurídico por el hecho de estar vinculado, precisamente, a un proceso de tal naturaleza donde, actualmente, con base en las potenciales audiencias subsecuentes que prevé el nuevo sistema procesal, así como las eventuales solicitudes de las partes (particularmente del Ministerio Público y a instancia de víctimas u ofendidos), la autoridad judicial competente puede, incluso, decretar otras medidas para garantizar el seguimiento del proceso penal; por lo que, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma, en forma directa de su libertad personal (pues es independiente de las posibles medidas cautelares adicionales), sí puede considerarse como un acto que la limita indirectamente, en tanto constituye una condición sine qua non para someterlo formal y materialmente a proceso, para la apertura y determinación del periodo de investigación subsecuente, para la continuidad del cauce procesal y para la posible imposición de alguna medida de coerción relacionada con las obligaciones derivadas de esa vinculación, lo cual sin duda repercute en la esfera jurídica del quejoso, al ubicar su condición como la de una persona sujeta a un proceso penal con todas las implicaciones jurídicas o sociológicas que ello conlleva. Y es que del mismo modo en que lo advirtió en su momento el Máximo Tribunal del País, al examinar el auto de "sujeción a proceso" del sistema procesal tradicional, el actual auto de vinculación a proceso genera igualmente una perturbación que, aunque indirecta, incide en la libertad personal. De no aceptarse que existe una afectación, al menos indirecta o en grado de perturbación de la libertad del imputado, como consecuencia del auto de vinculación, se llegaría al absurdo de hacer nugatoria o pretender ignorar la importantísima finalidad que como garantía ejerce la Constitución Mexicana, es decir, la función garantista del tipo penal, que consiste también en evitar que a cualquier

30 R.P.128/2012 gobernado se le someta a un proceso penal (que por naturaleza tiene fines de pretensión punitiva estatal), sin justificarse previamente la satisfacción de los requisitos mínimos para ello, que exigen un estándar suficiente de acreditamiento de un hecho delictivo (no cualquier clase de acto o hecho ajeno a la materia penal) y de razonable probabilidad de intervención en la comisión de ese hecho. Por tal razón se estima que la emisión de un auto de vinculación a proceso, aun sin existir medidas cautelares complementarias, sí perturba o afecta, al menos indirectamente, la libertad personal; de ahí que, en atención a esa especial naturaleza, debe estimarse como supuesto adecuado para la procedencia del amparo y del otorgamiento de la suspensión en lo conducente a esa misma naturaleza excepcionalmente especial. En ese sentido, es claro que la jurisprudencia superada por la legislación reformada no resulta aplicable ni exigible en sentido estricto, pero ello no quiere decir que la autoridad jurisdiccional esté impedida para reiterar el criterio que emana de ella si resulta igualmente aplicable en lo conducente a las nuevas hipótesis normativas, sobre todo cuando éstas son esencialmente idénticas en razones y circunstancias de potencial afectación a la misma garantía o derecho fundamental que la Constitución del País protege, toda vez que donde hay la misma razón no cabe desconocer la misma aplicabilidad de un criterio racional y sustancialmente depurado por la Suprema Corte, que en este caso, este Tribunal Colegiado, dentro del ámbito de su competencia, lo asume y reitera como propio. En efecto, este tribunal comparte tal consideración y reitera, en lo conducente, el aludido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aunque si bien se refiera al "acto de sujeción a proceso", resulta esencial y racionalmente análogo en defensa de la misma garantía de libertad personal, la cual con la creación del sistema penal acusatorio

31 R.P. 128/2012 no sólo subsiste sino incluso se ve mayormente tutelada frente a ataques al debido proceso penal, entendido como derecho humano fundamental y reconocido como presupuesto válido de toda pretensión punitiva posible; aspecto que sigue siendo materia de control de constitucionalidad ineludible, independientemente del sistema procesal que se adopte. También cabe precisar, que al igual que en el sistema penal tradicional, la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión (cuando ésta era señalada como acto reclamado) generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, en el actual sistema de justicia penal acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el auto de formal prisión: por ejemplo, según el caso y al menos de manera indirecta restringir la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear; pero de manera especial debe destacarse que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden de aprehensión, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional.

32 R.P.128/2012 De ahí que opere igualmente el cambio de situación jurídica en términos de la fracción y numeral citados. Soporta la anterior consideración, la tesis II.2o.P.282 P (9a.) emitida por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable a página cuatro mil doscientos noventa y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de dos mil doce, Décima Época, del rubro y texto siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SU NATURALEZA PARA EFECTOS DEL AMPARO. La exigencia de resolver sobre el auto de vinculación a proceso se refiere a un derecho constitucional del debido proceso penal propio de este país, que garantiza de manera más amplia la libertad personal no sólo respecto de la restricción material en sentido estricto, como ocurre con la prisión preventiva, sino como certeza jurídica constitucionalmente protegida de que al fenecer el término respectivo ninguna persona puede ser sujeta o vinculada a proceso penal (con o sin medida cautelar adicional), a menos de que se cumplan los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, que se acredite la existencia de un verdadero hecho delictuoso y existan datos de intervención reprochable del imputado, es decir, la demostración de un hecho que amerite justificadamente la intervención del derecho punitivo y los datos que razonablemente conduzcan a estimar al imputado con algún tipo de intervención en la comisión de dicho hecho, pues sólo así se cumple con los principios de fragmentariedad e

33 R.P. 128/2012 intervención necesaria del derecho penal, y el de la función garantizadora del tipo penal, que se traduce en el apotegma de exacta aplicación de la ley penal recogido en el principio de legalidad que rige dicha materia de manera estricta y que se consagra también en el artículo 14 de la propia Constitución. Por tanto, en atención a los efectos de sujeción que éste produce, de manera formal y de perturbación indirecta, al menos a la libertad del imputado, debe estimarse como un acto reclamable en el amparo y susceptible del otorgamiento, en su caso, de la suspensión pero en términos de sus peculiaridades actuales. El recurrente esgrime como agravio que el juzgador de amparo determinó sobreseer en el juicio porque las responsables argumentaron que hubo un cambio de situación jurídica; sin embargo, tales autoridades tenían la obligación de fundar y motivar conforme a derecho, sus manifestaciones, lo que no aconteció; que el juzgador de amparo debió realizar una valoración adecuada y profunda de las constancias existentes en el sumario, pues estima que con ellas se desvirtúa lo aseverado por las responsables; de igual forma, alega que el a quo Federal debió atender los conceptos de violación que expuso en su demanda de garantías, lo que amén de traducirse en una violación al procedimiento, lo deja en estado de indefensión; que la resolución combatida no se encuentra apegada a los principios fundamentales y se vulneró en su perjuicio las garantías de seguridad y libertad.