consuayuda EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO Modificaciones en la Ley de los Consumidores EFICIENCIA ENERGÉTICA 2 º Semestre 2013 AÑO 7 Nº 19

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1 REVISTA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DIPUTACIÓN DE SEGOVIA 2 º Semestre 2013 AÑO 7 Nº 19 consuayuda EFICIENCIA ENERGÉTICA EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO Colabora: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO Dirección General de Comercio y Consumo Modificaciones en la Ley de los Consumidores

2 2 consuayuda Sumario REVISTA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 2 º Semestre 2013 DE consuayuda LA DIPUTACIÓN DE SEGOVIA AÑO 7 Nº 19 Colabora: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO Dirección General de Comercio y Consumo EFICIENCIA ENERGÉTICA EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO Modificaciones en la Ley de los Consumidores ATENCIÓN AL CONSUMIDOR CITA PREVIA: TELÉFONO Edita Diputación de Segovia Asuntos Sociales y Deportes Consumo Colabora Junta de Castilla y León Consejería de Economía y Empleo Dirección General de Comercio y Consumo Depósito Legal SG.168/2006 Diseño y maquetación Paulino Lázaro 3 PRÓLOGO 4 EFICIENCIA ENERGÉTICA 4 Qué es el Certificado de Eficiencia Energética? 6 Calificación de la eficiencia energética de un edificio 6 Cuándo es necesario el certificado de eficiencia energética? 6 Quienes están obligados a solicitar el certificado? 7 pero no todos los edificios están obligados al Certificado 8 Y Qué ocurre si no se dispone del certificado? 8 El procedimiento de certificación 9 Etiqueta de eficiencia energética 12 EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO 12 Qué es el Sistema Arbitral de Consumo? 12 Características del Sistema Arbitral de Consumo: 12 Materias sobre las que cabe el Arbitraje de Consumo: 12 Exclusiones 13 Los Órganos Arbitrales 13 El Procedimiento arbitral 14 La Audiencia 14 Las Pruebas 14 Terminación de las actuaciones y laudo 14 MODIFICACIONES EN LA LEY DE LOS CONSUMIDORES

3 REVISTA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DIPUTACIÓN DE SEGOVIA 3 Prólogo Siempre con la intención de que Consumidores y Usuarios cuenten con la mayor información posible para que actúen con libertad en sus relaciones de consumo, la revista Consuayuda correspondiente a este semestre de 2013, trata de tres temas de especial relevancia en la sociedad. De un lado y por lo novedoso del mismo, lo relativo al Certificado de Eficiencia Energética, obligatorio desde el 1 de junio de 2013 para cualquier operación de venta o alquiler de un inmueble. De otro, recordar uno de los principales procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos en materia de consumo, el Sistema Arbitral de Consumo, como instrumento que las Administraciones Públicas ponen a disposición de los ciudadanos para resolver de modo eficaz, los conflictos que surgen en las relaciones de consumo, constituyendo, por tanto, un mecanismo adecuado para resolver las reclamaciones de consumo. Y por último, dada la importancia de la reforma, se ha pretendido adelantar en esta publicación, las modificaciones introducidas en la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. El Consejo de Ministros aprobó el Viernes, 11 de octubre de 2013 la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Se trata de la Ley con la que se adaptará a la legislación española una Directiva comunitaria de 2011 sobre los derechos de los consumidores, siendo su objetivo principal reforzar la seguridad jurídica, tanto de éstos, como del empresario cuando formalizan transacciones a distancia. El Proyecto introduce medidas encaminadas a reducir la desigualdad de posiciones entre ambas partes, evitando situaciones de desprotección de los consumidores. Miguel Ángel de Vicente Martín Vicepresidente Delegado de Asuntos Sociales y Deportes

4 4 consuayuda EFICIENCIA ENERGÉTICA Sólo la energía no consumida es la energía más eficiente. El consumo eficiente de energía es un factor fundamental en el desarrollo sostenible, tanto para mejorar el respeto al medioambiente como para lograr una economía más competitiva. El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, entró en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado nº 89 (13/04/2013), siendo voluntaria su aplicación hasta el 1 de junio de A partir de ese momento, la presentación o puesta a disposición de los compradores o arrendatarios del certificado de eficiencia energética de la totalidad o parte de un edificio, según corresponda, será exigible para los contratos de compraventa o arrendamiento celebrados a partir de dicha fecha, de esta manera el comprador o arrendatario de un edificio podrá valorar y comparar la eficiencia energética como un dato añadido más para la toma de la decisión de la compra o el alquiler. La certificación energética de edificios es una verificación de la calificación energética obtenida por el edificio, con el proyecto y la obra realmente ejecutada, realizada por arquitectos y por las constructoras, que conduce a la expedición de un certificado de eficiencia energética del proyecto del edificio y del edificio terminado. El Real Decreto 235/2013 de 5 de abril exige este certificado al propietario de un edificio, vivienda o local que vaya a ser vendido o arrendado, exigible también a los edificios de nueva construcción. Sus objetivos son reducir las emisiones de CO2, invertir en tecnologías de ahorro energético, la transparencia del mercado inmobiliario y mejorar el gasto en energía de los edificios. Qué es el Certificado de Eficiencia Energética? El certificado de eficiencia energética es un documento oficial realizado por un técnico competente (arquitecto o ingeniero) elegido libremente por el propietario del inmueble, que califica energéticamente al mismo, calculando el consumo anual de energía necesario para satisfacer la demanda energética del edificio en condiciones normales de funcionamiento y ocupación, como por ejemplo la cantidad de agua caliente que necesita, la calefacción, o la refrigeración del edificio; el proceso de calificación energética concluirá con la emisión de una etiqueta energética que calificará al edificio dentro de una escala de letras que van de la A para el edificio más eficiente energéticamente a la G que indicará al menos eficiente energéticamente. A más eficiente B C D E F G menos eficiente

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6 6 consuayuda Al margen de las previsiones establecidas para los inmuebles de titularidad pública, la finalidad del Real Decreto 235/2013 de 5 de abril es facilitar a los consumidores y usuarios en la adquisición o arrendamiento de viviendas (si este es superior a cuatro meses), una información fundamental sobre el posible consumo de energía de dicha vivienda, para mejorarlo y así consumir menos energía y reducir el importe de las facturas de luz, agua y gas. Calificación de la eficiencia energética de un edificio Los procedimientos para la calificación de eficiencia energética de un edificio deben ser documentos reconocidos y estar inscritos en el Registro general. Cuándo es necesario el certificado de eficiencia energética? El Real Decreto 235/2013 de 5 de abril exige a partir del 1 de junio de 2013, que todos Edificios de nueva construcción y los edificios existentes, cuando se vendan o se alquilen, dispongan de un certificado de eficiencia energética, una copia de éste se deberá mostrar al comprador o nuevo arrendatario potencial y se entregará al comprador o nuevo arrendatario. Artículo 2. Ámbito de aplicación. a) Edificios de nueva construcción. b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor. c) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público. Quienes están obligados a solicitar el certificado? De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto, es el promotor o propietario del edificio o parte del

7 REVISTA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DIPUTACIÓN DE SEGOVIA 7 mismo el responsable de encargar la realización de la certificación energética del edificio, lo que le otorgará el derecho de utilización de la etiqueta de eficiencia energética. Por tanto, es el promotor o propietario del edificio, el responsable de mostrar la etiqueta en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del mismo. La etiqueta energética deberá mostrarse durante la promoción de la venta del inmueble y además en la venta, el vendedor entregará al comprador el certificado original y en el caso del arrendamiento, el arrendador entregará al arrendatario una copia del mismo. pero no todos los edificios están obligados al Certificado El Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, regula una serie de excepciones, a saber: Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico. Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para actividades religiosas. Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años. Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales. Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. Edificios que se compren para reformas importantes o demolición.

8 8 consuayuda Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto de energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su utilización durante todo el año, siempre que así conste mediante declaración responsable del propietario de la vivienda. Y Qué ocurre si no se dispone del certificado? La Administración autonómica competente podrá realizar Inspecciones, para velar por su cumplimiento. En consecuencia el vendedor/arrendador podrá ser sancionado y multado por infracción a los Derechos de los Consumidores. Por último, el comprador o arrendador podrán solicitar la nulidad del respectivo contrato, por no haber recibido una correcta información sobre el objeto del mismo. El procedimiento de certificación El proceso de certificación lleva consigo una serie de actuaciones del Técnico encargado (visitas al inmueble, mediciones, materiales utilizados en la construcción, etc ), que utilizando los métodos autorizados por el Ministerio de Industria, permitan recoger datos suficientes para la elaboración del certificado que determine la calificación energética del inmueble. Los resultados del procedimiento de certificar energéticamente un edificio se reflejan en el Certificado de Eficiencia Energética y en la correspondiente Etiqueta de Eficiencia Energética que tienen una validez de 10 años siendo responsabilidad del propietario

9 REVISTA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DIPUTACIÓN DE SEGOVIA 9 renovar el certificado y por tanto, la etiqueta pasado dicho tiempo. El artículo 12.2 del Real Decreto, establece que la etiqueta energética debe acompañar a cualquier actividad comercial que se realice para vender o alquilar la vivienda, por lo que deberá aparecer en todos los anuncios y publicaciones que se haga del inmueble como una característica más del mismo. El certificado de eficiencia energética del edificio o de la parte del mismo contendrá como mínimo la siguiente información, según dispone el art. 6 del Real Decreto: Identificación del edificio o de la parte del mismo que se certifica, incluyendo su referencia catastral. Indicación del procedimiento reconocido al que se refiere el artículo 4 utilizado para obtener la calificación de eficiencia energética. Indicación de la normativa sobre ahorro y eficiencia energética de aplicación en el momento de su construcción. Descripción de las características energéticas del edificio. Calificación de eficiencia energética del edificio expresada mediante la etiqueta energética. Para los edificios existentes, documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia. Descripción de las pruebas y comprobaciones llevadas a cabo. Cumplimiento de los requisitos medioambientales exigidos a las instalaciones térmicas. Etiqueta de eficiencia energética La obtención del certificado de eficiencia energética otorgará el derecho de utilización, durante el periodo de validez del mismo, de la etiqueta de eficiencia energética. La etiqueta se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del edificio. Deberá figurar siempre en la etiqueta, de forma clara e inequívoca, si se refiere al certificado de eficiencia energética del proyecto o al del edificio terminado. Fuente: Real Decreto 235/2013 de 5 de abril Ministerio de Industria, Energía y Turismo

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12 12 consuayuda EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO Qué es el Sistema Arbitral de Consumo? Es un procedimiento que permite resolver fácilmente las controversias que pueden surgir entre empresarios y consumidores sin necesidad de acudir a los Tribunales Ordinarios de Justicia. ESTABLECIMIENTO ADHERIDO Se regula por el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero. Características del Sistema Arbitral de Consumo: VOLUNTARIO: Las partes se adhieren libremente al Sistema Arbitral para quedar vinculado a las resoluciones. GRATUITO: El procedimiento es totalmente gratuito para las partes. EFICACIA Y FIRMEZA DE LA RESOLUCIÓN ARBI- TRAL: La cuestión se resuelve mediante laudo sin necesidad de tener que recurrir a la vía judicial ordinaria, que tiene carácter obligatorio para las partes. IGUALDAD DE LAS PARTES: El procedimiento está sometido a los principios de audiencia, contradicción e igualdad. Las empresas o profesionales podrán formular una oferta unilateral de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo que tendrá carácter público. Materias sobre las que cabe el Arbitraje de Consumo: Únicamente podrán ser objeto de arbitraje de consumo los conflictos que versen sobre materias de libre disposición de las partes conforme a derecho y surgidos entre los consumidores o usuarios y las empresas o profesionales en relación a los derechos legal o contractualmente reconocidos al consumidor. Exclusiones ARBITRAJE DE CONSUMO No podrán ser objeto de arbitraje de consumo los conflictos que versen sobre: Intoxicación, lesión, muerte o aquéllos en que existan indicios racionales de delito. Incluida la responsabilidad por daños y perjuicios directamente derivada de ellos.

13 REVISTA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DIPUTACIÓN DE SEGOVIA 13 Los Órganos Arbitrales UNIPERSONALES Conocerá de los asuntos un árbitro único: Cuando las partes así lo acuerden. Cuando lo acuerde el presidente de la Junta Arbitral de Consumo, siempre que la cuantía de la controversia sea inferior a 300 y que la falta de complejidad del asunto así lo aconseje. Las partes podrán oponerse a la designación de un árbitro único, en cuyo caso se procederá a designar un colegio arbitral. ÓRGANOS ARBITRALES COLEGIADOS Fuera de los supuestos anteriores, conocerá de los asuntos un colegio arbitral integrado por tres árbitros acreditados elegidos cada uno de ellos entre los propuestos por: la Administración, las asociaciones de consumidores y usuarios y las organizaciones empresariales o profesionales. Los tres árbitros actuarán de forma colegiada, asumiendo la presidencia el árbitro propuesto por la Administración. Las partes de común acuerdo podrán solicitar la designación de un presidente del órgano arbitral colegiado distinto del árbitro propuesto por la Administración pública, cuando la especialidad de la reclamación así lo requiera o en el supuesto de que la reclamación se dirija contra una entidad pública vinculada a la Administración a la que esté adscrita la Junta Arbitral de Consumo. El Procedimiento arbitral El arbitraje de consumo se decidirá en equidad, salvo que las partes opten expresamente por la decisión en derecho. Los consumidores y usuarios que consideren que se han vulnerado sus derechos reconocidos legal o contractualmente, podrán presentar por cualquier medio que permita tener constancia de la solicitud y de su autenticidad, la solicitud de arbitraje, que deberá reunir al menos los siguientes requisitos: Los datos que identifiquen al solicitante y su domicilio. Nombre y apellidos o razón social y domicilio del reclamado, así como cualquier dato que permita la identificación completa del reclamado. Breve descripción de los hechos que motivan la controversia, exposición sucinta de las pretensiones del reclamante, determinando, en su caso, su cuantía y los fundamentos en que basa la pretensión. En su caso, copia del convenio arbitral. En el caso de que existiera oferta pública de adhesión al arbitraje en derecho, el reclamante deberá indicar si presta su conformidad a que se resuelva de esta forma. Lugar, fecha y firma. Si la solicitud de arbitraje se formula por escrito deberá presentarse, junto con la documentación que la acompañe, por duplicado. Admitida la solicitud de arbitraje y verificada la existencia de convenio arbitral válido, el presidente de la Junta Arbitral de Consumo designará al árbitro o árbitros que conocerán el conflicto, notificando a las partes tal designación.

14 14 consuayuda La Audiencia La audiencia a las partes podrá ser escrita, utilizando la firma convencional o electrónica, u oral, ya sea presencialmente o a través de videoconferencias u otros medios técnicos que permitan la identificación y comunicación directa de los comparecientes. Las partes serán citadas a las audiencias con suficiente antelación y con advertencia expresa de que en ella podrán presentar las alegaciones y pruebas que estimen precisas para hacer valer su derecho. De la audiencia se levantará acta que será firmada por el secretario del órgano arbitral. Las Pruebas El órgano arbitral resolverá sobre la aceptación o rechazo de las pruebas propuestas por las partes, proponiendo, en su caso, de oficio la práctica de pruebas complementarias que se consideren imprescindibles para la solución de la controversia. Los gastos ocasionados por las pruebas practicadas a instancia de parte serán sufragados por quien las haya propuesto y las comunes o coincidentes por mitad. Las pruebas propuestas de oficio por el órgano arbitral, serán costeadas por la Junta Arbitral de Consumo o por la Administración de la que dependa, en función de sus disponibilidades presupuestarias. Terminación de las actuaciones y laudo La forma y el contenido del laudo que, en todo caso, será motivado, se regirá por lo dispuesto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a un acuerdo que ponga fin, total o parcialmente, al conflicto, el órgano arbitral dará por terminadas las actuaciones con respecto a los puntos acordados, incorporando el acuerdo adoptado al laudo, salvo que aprecie motivos para oponerse. El órgano arbitral también dará por terminadas sus actuaciones y dictará laudo poniendo fin al procedimiento arbitral, sin entrar en el fondo del asunto: Cuando el reclamante no concrete la pretensión o no aporte los elementos indispensables para el conocimiento del conflicto. Cuando las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones, o Cuando el órgano arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resulta imposible. Fuente: Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo MODIFICACIONES EN LA LEY DE LOS CONSUMIDORES PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CON- SUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COM- PLEMENTARIAS El Consejo de Ministros aprobó el Viernes, 11 de octubre de 2013 la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Se trata de la Ley con la que se adaptará a la legislación española una Directiva comunitaria de 2011 sobre los derechos de los consumidores.

15 REVISTA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DIPUTACIÓN DE SEGOVIA 15 El objetivo principal de una nueva norma es reforzar la seguridad jurídica, tanto de éstos, como del empresario que formalizan transacciones a distancia. El Proyecto introduce medidas encaminadas a reducir la desigualdad de posiciones entre ambas partes, evitando situaciones de desprotección de los consumidores. Los principales ejes en los que se articulan las novedades del Proyecto de Ley son los siguientes: al mismo tiempo no supone cargas excesivas para los empresarios. En los casos en los que la empresa sea la que se ponga en contacto telefónico con un usuario para formalizar el contrato, deberá confirmar la oferta por escrito o, salvo oposición expresa del consumidor, en un soporte duradero. 1. Información. Se amplía la información precontractual que, por Ley, habrá que facilitar a los consumidores y usuarios, en general y, en particular, cuando formalicen contratos a distancia. Tendrá que ser clara y comprensible. 2. Derecho de desistimiento. Se introducen nuevas garantías en cuanto a la posibilidad de renunciar o desistir del contrato. Asimismo, se amplía el plazo en el que se puede ejercer: de los siete días hábiles actuales a catorce días naturales. En el caso de que no se hubiera informado al consumidor de que puede ejercer este derecho, el plazo queda automáticamente ampliado a doce meses. La nueva norma, además, incorporará un formulario de desistimiento común en Europa, que facilite el ejercicio de este derecho y que se tendrá que proporcionar junto con la información previa al contrato. 3. Nuevos derechos. El Proyecto dota a los consumidores de nuevos derechos, referidos a la forma y los plazos de entrega y el riesgo de pérdida o deterioro del bien adquirido, entre otros. CONTRATOS TELEFÓNICOS Por otra parte, el Proyecto aborda la contratación telefónica de bienes y servicios, y propone un sistema que proteja a los consumidores y usuarios, y que La oferta no será vinculante hasta que el consumidor haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito, ya sea en papel, por fax, correo electrónico o por un mensaje de SMS. De este modo, se asegura que el consumidor es plenamente consciente de lo que está aceptando al garantizarse adecuadamente que recibe la información precontractual obligatoria, algo que no es posible si el proceso completo se lleva a cabo en una única conversación telefónica. Fuente:

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