Antecedentes. A pesar de lo anteriormente expuesto, Alokabide resolvió denegar la solicitud de cambio de vivienda al entender que:

Transcripción

1 Resolución 2017R del Ararteko de 24 de octubre de 2017, por la que se recomienda al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco la reubicación en otra vivienda de protección pública en régimen de arrendamiento. Antecedentes 1. El Ararteko admitió a trámite una queja de una ciudadana relativa a la disconformidad con la denegación de la sociedad pública Alokabide a una solicitud de reubicación. 2. La promotora de la queja, inquilina de una vivienda de protección pública en régimen de arrendamiento, solicitó el cambio de vivienda en reiteradas ocasiones al entender que el inmueble no disponía de las condiciones necesarias de habitabilidad. En su escrito de queja, la reclamante expuso que la vivienda disponía de una superficie de 46,94 m 2. En este sentido, argumentó que, con el nacimiento de su segunda hija el mes de julio de 2016, la unidad de convivencia estaba compuesta por cuatro miembros y que ante la falta de espacio en el inmueble necesitaban una vivienda de dimensiones superiores. Concretamente, en sus escritos reiteró que el inmueble únicamente disponía de un dormitorio. Este hecho ha supuesto que todos los miembros de la unidad de convivencia estén obligados a dormir en la misma estancia. A pesar de lo anteriormente expuesto, Alokabide resolvió denegar la solicitud de cambio de vivienda al entender que: - Los nuevos miembros de la Unidad Convivencial llevan menos de un año de empadronamiento. 3. A la vista de los hechos anteriormente expuestos, el Ararteko remitió una petición de colaboración al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. En su escrito, el Ararteko trasladó el problema habitacional manifestado por la promotora de la queja. Además, expuso su opinión sobre la entrada en vigor de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda (en adelante Ley 3/2015) y sus efectos, además de la situación de sobreocupación en la que se encontraba la vivienda arrendada por la sociedad pública Alokabide. 1

2 Por último, puso en conocimiento del departamento una serie de consideraciones previas que para no ser reiterativo se expondrán con posterioridad. 4. En respuesta a la petición de colaboración, tuvo entrada en el registro de esta institución una sucinta contestación en la que el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno expuso sus argumentos con el fin de justificar su decisión de denegar la solicitud de cambio de domicilio. 5. En recientes conversaciones telefónicas, la promotora de la queja informa de que la unidad de convivencia sigue residiendo en el mismo domicilio. Asimismo, traslada a esta institución que realizará una nueva solicitud de reubicación. 6. Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de Derecho necesarios, se procede a la emisión de las siguientes, Consideraciones 1. El artículo 7 de la Ley 3/2015, configura el derecho a la vivienda como el derecho de todas las personas con vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible. En este sentido, el artículo 3 v) de la Ley 3/2015, define la vivienda o alojamiento adecuado como aquel que por su tamaño, ubicación y características, resulta apropiado para la residencia de una concreta persona, familia o unidad de convivencia. Además, de conformidad con la Observación General nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 1, entre los requisitos exigidos para considerar una vivienda como adecuada, señala que los gastos deben resultar soportables. 2. El artículo 39 de la Ley 3/2015 establece, en relación con los itinerarios de vivienda y movilidad geográfica, el derecho de acceso a la ocupación legal de una vivienda adecuada a las necesidades a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Sobre este aspecto, el apartado 2 de ese mismo artículo, expone que: 1 Órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Acceso al texto completo: chos%20ec%20soc%20cult.html#gen4 2

3 En el supuesto de que se produzcan modificaciones en las circunstancias, incluyendo traslados por motivos laborales o profesionales, de las familias o unidades de convivencia que ocupan legalmente una vivienda de protección pública, las personas o unidades de convivencia interesadas podrán presentar una solicitud ante la administración pública que se la hubiere adjudicado, o, subsidiariamente, ante el órgano competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, pidiendo que se reconozca la necesidad de cambio de vivienda ( ). En síntesis, en los casos en los que se produzcan modificaciones en las circunstancias de aquellas unidades de convivencia que disfruten de una vivienda de protección pública, podrán solicitar el cambio de vivienda, sin que para ello, se especifiquen hasta el momento requisitos adicionales. 3. A pesar de lo anteriormente expuesto, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco viene entendiendo que el cambio de domicilio, además de un problema acreditado de superficie habitacional insuficiente, requiere que todos los miembros de la unidad convivencial acrediten una residencia efectiva en la vivienda de al menos un año. Concretamente, en el escrito de contestación, el departamento, de forma sucinta, informa al Ararteko de que: ( ) la denegación de la reubicación está justificada normativamente y cuando el menor cumpla un año empadronado en la vivienda, es decir en julio de 2017, la titular podrá volver a solicitar una reubicación De conformidad con lo expresado, el departamento exige para el reconocimiento de un cambio de vivienda, además de un incumplimiento de la ratio de 15 m 2 por persona, una antigüedad de al menos un año de residencia efectiva en la vivienda arrendada de todos los miembros de la unidad de convivencia de conformidad con el artículo 29.2 a) del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo (en adelante Decreto 39/2008). 4. En opinión del Ararteko, la exigencia del departamento relativa a la necesidad de permanecer al menos un año en la vivienda de protección pública podría entrar en conflicto con la configuración que la Ley 3/2015, hace del derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible. En este sentido, la Ley 3/2015, de rango jerárquico superior y posterior en el tiempo a la aprobación del Decreto 39/2008, no establece exigencia alguna relativa a un plazo mínimo de permanencia en el padrón para que se reconozca la necesidad específica del cambio de vivienda. 3

4 De esta forma, el departamento estaría exigiendo, sin el desarrollo reglamentario oportuno, el cumplimiento de un requisito adicional no comprendido en el artículo 29 de la Ley 3/ La entrada en vigor de la Ley 3/2015, ha supuesto la regulación del derecho subjetivo al disfrute de una vivienda digna, adecuada y accesible a través de una ley autonómica aprobada por el Parlamento Vasco. De ahí que, en principio, deba reconocerse una superioridad jerárquica de la ley en relación con el resto de reglamentos preexistentes, que no han sido adecuados a las exigencias de la Ley 3/2015. No obstante, en relación con el conflicto normativo descrito, la disposición transitoria segunda de la Ley 3/2015, prevé que: Hasta tanto no se dicten y entren en vigor los reglamentos correspondientes al desarrollo de esta ley y que suplan a los vigentes en el momento de la aprobación de la presente, estos permanecerán en vigor en todo aquello que no se oponga o contradiga a esta disposición legal. De lo expuesto, por tanto, sería posible que el departamento exigiera la acreditación de cualquier otro requisito contemplado en los reglamentos siempre y cuando no se oponga o contradiga la propia ley. 6. El hecho cierto es que, en la actualidad la unidad de convivencia compuesta por cuatro miembros reside en una vivienda de 46,94 m 2. En relación con lo expuesto, el artículo 62 de la Ley 3/2015, bajo la rúbrica Garantías jurídicas del uso adecuado, de las condiciones de habitabilidad y de la función social de las viviendas, define la vivienda sobreocupada como aquella en la que: ( ) su número de habitantes excede del máximo considerado adecuado en relación con la superficie, número y dimensión de las piezas habitables y condiciones de habitabilidad de la vivienda. A falta de un desarrollo reglamentario, la Ley 3/2015, entiende que se incurre en una situación de sobreocupación cuando una vivienda con tres o más residentes en ella no dispone de un mínimo de 15 m 2 útiles de superficie por persona. Además, el artículo 4.2 c) de la Ley 3/2015 2, entiende a su vez que los casos de sobreocupación suponen un incumplimiento de la función social que tiene atribuida la vivienda. 2 Artículo que no se ve afectado por la providencia del Tribunal Constitucional de 12 de abril de 2016 que admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad 1643/

5 Por todo ello, no puede sino concluirse que la vivienda en la que reside la unidad de convivencia de la promotora de la queja se encuentra en una clara situación de sobreocupación. 7. En todo caso, el artículo 27 de la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del registro de solicitantes de vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de viviendas de protección oficial y alojamientos dotacionales de régimen autonómico, bajo la rúbrica de vivienda adecuada establece que: En los procedimientos de adjudicación, se considera adecuada a las necesidades de la unidad convivencial la vivienda cuyo número de dormitorios guarda la siguiente relación con el número de miembros de aquélla: a) ( ) b) Dos dormitorios para cuatro miembros como máximo, salvo que formen parte de la unidad convivencial dos personas de distinto sexo que no formen pareja o una persona que precise disponer de un dormitorio propio por prescripción de facultativo especialista. 8. Actualmente, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco está elaborando los reglamentos que desarrollan las previsiones contenidas en la referida Ley 3/2015, por lo que los requisitos y el procedimiento que deben regir los itinerarios dentro del parque de viviendas de protección oficial deben ser también objeto de desarrollo normativo. 9. En conclusión, en opinión del Ararteko, exigir el cumplimiento de requisitos adicionales no comprendidos en la ley, cuando ha quedado acreditada la situación de sobreocupación, iría en contra del derecho al disfrute de una vivienda digna, adecuada y accesible en los términos de la Ley 3/2015. En definitiva, no es razonable que, una vez detectada una situación de sobreocupación de la vivienda, se exija, sin el debido desarrollo reglamentario, requisitos adicionales no recogidos de forma expresa en la referida ley para reconocer el cambio de vivienda de la unidad de convivencia del promotor de la queja. Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución se eleva al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, la siguiente: 5

6 RECOMENDACIÓN Que a tenor de lo expuesto, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, revise la resolución por la que se deniega la solicitud de reubicación. En consecuencia, si se siguiera acreditando la situación de sobreocupación de la vivienda, se le reconozca el cambio de vivienda y se garantice así el derecho al disfrute de una vivienda digna, adecuada y accesible. En este contexto, el Ararteko estima conveniente que el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco contemple el caso expuesto por la reclamante y otros similares, en la nueva regulación de los supuestos que justifican el posible cambio de la vivienda protegida. En el presente caso, la vivienda inicialmente asignada cubría las necesidades de la unidad de convivencia en el momento de su adjudicación, no obstante, con el paso del tiempo y, en especial, el nacimiento de un nuevo miembro en la unidad de convivencia, hace aconsejable el acceso a otra vivienda que garantice el adecuado y pleno desarrollo de todas las personas integrantes de la unidad convivencial. 6