Acuerdo Nacional a favor de las Personas Adultas Mayores. Versión revisada

Transcripción

1 Versión revisada Destacando que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Ratificando que el Plan Nacional de Desarrollo establece como una obligación del Estado propiciar la igualdad de oportunidades para todas las personas, especialmente para los grupos más vulnerables de la sociedad como los adultos mayores. Enfatizando que la aplicación y seguimiento de la política pública de vejez plasmada en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece que corresponde al Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de estado y demás dependencias que integran la Administración Pública, así como las Entidades Federativas, los Municipios, los Órganos Desconcentrados y paraestatales, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción ; a la familia de las personas adultas mayores vinculada por el parentesco, de conformidad con lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables; a los ciudadanos y la sociedad civil organizada y al Instituto Nacional de las Personas Adultas. Reconociendo que las implicaciones del envejecimiento y la transición demográfica son de tal envergadura en nuestro país que es indispensable construir una política pública de Estado que incluya a las dependencias y entidades de la administración pública federal de los tres niveles de gobierno bajo los criterios de federalismo, transversalidad y vinculación con los poderes legislativo y judicial, la sociedad civil, el sector privado y las personas adultas mayores. Tomando en cuenta que el crecimiento de la población de 60 años y más pasó de 2.6 millones de personas que representaban el 5.3% en 1970 a 8.8 millones lo que representaba 7.9% en el 2007 y alcanzará 33.8 millones que constituirán el 27.7% de la población en el 2050, por el incremento de la esperanza de vida como resultado del éxito de las políticas públicas de salud implementadas a mediados del siglo pasado. Página 1 de 7

2 Teniendo presente que la política pública para las personas adultas mayores debe sustentarse en la búsqueda del goce, disfrute y ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Enfatizando que la población adulta mayor en México ha llegado a esta etapa con serias desventajas en comparación con otros grupos de edad, misma que registra el índice más bajo de desarrollo social entre las distintas etapas del ciclo vital y se acentúa en la población rural e indígena. Admitiendo que las personas adultas mayores presentan altas tasas de participación laboral de las cuales sólo 19.49% se desempeña en actividades formales y 80.51% en empleos informales. La distribución por género de esta condición es de 79.2% para el caso de los hombres y para el de las mujeres 85%. Reconociendo la baja cobertura de los sistemas de pensiones donde sólo poco más del 20% de las personas de 60 años y más, 27.4% de los hombres y 14.4% de las mujeres gozan de una pensión. Destacando que en el diseño e implementación de la política pública es decisiva la participación y opinión de las personas adultas mayores. Subrayando que el nivel educativo y de incursión digital de las personas adultas mayores en la actualidad presenta los niveles de rezago más altos en comparación con otros grupos de edad, aspectos que se agudizan al considerar las condiciones de género, clase social, etnia y lugar de residencia. Recalcando que las personas adultas mayores presentan grandes demandas de salud integral, necesidades de atención médica y una alta prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas. Aceptando que la condición de las personas adultas mayores en México en el presente y futuro requiere del fortalecimiento de servicios integrales que atiendan sus necesidades. Subrayando la necesidad de desarrollar regulaciones específicas y marcos normativos para los espacios de atención de larga estancia y otros servicios de atención gerontológica. Reconociendo que la atención con calidad y calidez a la población adulta mayor requiere de recursos humanos especializados en las áreas de gerontología y geriatría que cumplan con los estándares internacionales. Página 2 de 7

3 Destacando que es indispensable la creación de espacios urbanos y arquitectónicos accesibles acordes a las características de las personas adultas mayores y entornos que favorezcan su desarrollo social, económico, ambiental, espiritual, cultural y político. Tomando en consideración que las mujeres mexicanas son más propensas a vivir una vejez sin pareja, situación que las coloca en una mayor vulnerabilidad en términos de sus relaciones afectivas, apoyos domésticos y autonomía económica. Afirmando que el cuidado de la vejez en México recae en la familia, principalmente en las mujeres. Destacando que para el bienestar de las personas adultas mayores es indispensable la existencia de redes de apoyo social. Por todo ello, las y los abajo firmantes: Acordamos impulsar políticas públicas en el tema de envejecimiento con perspectiva de ciclo de vida de manera transversal en toda la Administración Pública Federal y trabajar desde el Ejecutivo Federal en el ámbito de sus atribuciones, para que esta transversalidad sea posible también en los gobiernos estatales y municipales. Reafirmamos el compromiso de promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas adultas mayores. Proponemos crear instrumentos que permitan el acceso de las personas adultas mayores al Trabajo Decente en los términos de la Organización Internacional del Trabajo y al crédito para emprender un negocio, a la elaboración de tecnologías domésticas y orientación para el consumo. Reconocemos la necesidad de diseñar estrategias para mejorar la cobertura de las pensiones contributivas y no contributivas. Nos comprometemos a propiciar las condiciones para la participación de las personas adultas mayores en todos los ámbitos de la vida nacional. Resolvemos promover los programas y acciones que brindan a las personas adultas mayores acceso a la educación en todos sus niveles, programas de educación para la vida y el trabajo, y eliminar criterios de selección discriminatorios. Página 3 de 7

4 Conjuntaremos esfuerzos para generar y difundir contenidos y servicios públicos digitales, que cubran necesidades de la población adulta mayor de México en materia de educación, salud, economía, desarrollo social, cultura, entretenimiento y gobierno. Reconocemos la necesidad de fomentar el uso y apropiamiento de tecnologías de información y comunicaciones en las personas adultas mayores. Decidimos realizar todos los esfuerzos necesarios para garantizar la cobertura universal de las personas adultas mayores a los servicios de salud. Impulsamos la planeación de servicios integrales de salud física, mental y social que respondan a las necesidades de las personas adultas mayores. Proponemos conjuntar esfuerzos para fortalecer los programas encaminados a fomentar conductas, ambientes saludables y accesibles. Subrayamos la relevancia de revisar y mejorar la legislación y normatividad que regula la prestación de servicios para las personas adultas mayores en espacios de atención a largo plazo y otros servicios gerontológicos. Reafirmamos el compromiso para impulsar e incentivar la formación de recursos humanos especializados en las áreas de geriatría y gerontología. Reconocemos la necesidad de implementar alternativas para el conocimiento del estado de la salud de las personas adultas mayores, su evolución e influencia de las variables sociodemográficas, elaboración de indicadores cuantitativos y cualitativos e intervenciones específicas. Resolvemos hacer esfuerzos para fortalecer los marcos normativos para el diseño y adaptación de entornos, productos y servicios accesibles para favorecer la independencia en la vejez. Recomendamos desarrollar instrumentos que permitan a las personas adultas mayores la obtención de créditos accesibles para adquirir una vivienda o mejorar y adaptar la propia. Acordamos impulsar programas sociales y comunitarios como alternativas preventivas que favorezcan el desarrollo social de las personas adultas mayores, su permanencia en la familia y comunidad, sus redes sociales y analizar la creación de instrumentos de apoyo a las familias que cuidan de ellas. Página 4 de 7

5 Subrayamos la relevancia de generar programas específicos para la población adulta mayor en alta vulnerabilidad, que vive en soledad bajo cualquier condición y carecen de apoyos familiares. Nos comprometemos a diseñar políticas públicas diferenciadas para atender las necesidades de desarrollo social de las personas adultas mayores indígenas con el ideal y espíritu de solidaridad y respeto plasmado en La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Reafirmamos la necesidad de considerar en la políticas pública para las personas adultas mayores: la pobreza, acceso desigual a la educación e insuficiencia de oportunidades educacionales, la violencia, la desigualdad en la definición de estructuras y políticas económicas y el proceso de producción, el ejercicio del poder y adopción de decisiones, la falta de conciencia sobre los derechos humanos, la contribución a la sociedad y el aporte a la gestión de los recursos naturales y protección del medio ambiente de las mujeres adultas mayores. Nos proponemos diseñar y aplicar mecanismos accesibles de prevención y atención de todas las formas de violencia, abuso y maltrato contra las personas adultas mayores y de prevención del delito hacia ellas. Enfatizamos la necesidad de abogar por el fomento de una imagen positiva y justa de la vejez, la realización de campañas nacionales conjuntas para la promoción de una cultura que dignifique a la vejez y fortalezca las relaciones intergeneracionales. Proponemos incluir en el marco jurídico y normativo de las instituciones el tema del envejecimiento con perspectiva de ciclo de vida y género. Destacamos la importancia de la elaboración de bases de datos desagregados para la construcción de sistemas de indicadores cuantitativos y cualitativos de la situación de las personas adultas mayores en el país. Instamos a que de manera conjunta instancias gubernamentales, académicas, científicas y de investigación desarrollen y difundan una agenda de investigación sobre envejecimiento. Nos comprometemos a conjuntar esfuerzos para la elaboración de un programa nacional para el desarrollo de políticas públicas y atención de las Página 5 de 7

6 personas adultas mayores con la definición de presupuestos por parte de la Secretaría de Hacienda y alineado a los programas sectoriales. Acordamos reconocer y fomentar la aportación de las organizaciones civiles a las políticas públicas para las personas adultas mayores y las sinergias entre gobierno y sociedad civil. Proponemos la creación de un comité responsable de la definición de indicadores de seguimiento y evaluación de las acciones que realicen las dependencias como resultado del programa nacional y los compromisos de este acuerdo. Las partes firmantes del Acuerdo Nacional a favor de las Personas Adultas Mayores suscribimos el mismo, bajo los siguientes principios rectores: Igualdad de oportunidades: Las personas adultas mayores sin importar su lugar de origen deben tener acceso a genuinas oportunidades de formación y de realización. Independencia: Las personas adultas mayores tienen derecho a la alimentación, el agua, la vivienda, vestido, atención sanitaria, oportunidad de un trabajo remunerado, acceso a educación y capacitación, a vivir en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades y a residir en su propio domicilio. Participación: Las personas adultas mayores tienen derecho a la participación activa en la aplicación de las políticas que incidan directamente en su bienestar, a compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes y a formar movimientos o asociaciones. Cuidados: Las personas adultas mayores tienen derecho a beneficiarse de los cuidados de su familia, a tener acceso a servicios sanitarios y a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares y en instituciones donde se les brinden cuidados y tratamiento. Autorrealización: Las personas adultas mayores tienen derecho aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial, mediante el acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales, recreativos y a la participación política. Dignidad: Las personas adultas mayores tienen derecho a vivir con seguridad, verse libres de explotación y maltrato físico o mental, ser tratados con dignidad, independientemente de su edad, sexo, raza, procedencia étnica, discapacidad, Página 6 de 7

7 situación económica o cualquier otra condición, y a ser valorados debidamente con independencia de su contribución económica. Justicia: Las personas adultas mayores tienen derecho a recibir lo que les corresponde y les pertenece según derecho o razón. Enfoque de Derechos y Calidad de Vida: Toda acción a favor de las personas adultas mayores representa un cambio estructural en el diseño de la política pública de vejez; con una visión integral de las condiciones que propicien su desarrollo humano. Enfoque de Ciclo de Vida y Visión Prospectiva: El envejecimiento es un proceso que ocurre durante toda la vida y que requiere valorar los efectos de las acciones que se llevan a cabo en etapas anteriores de la vida y de elaborar alternativas que consideren escenarios futuros para la población. Trabajar por una sociedad para todas las edades es la mejor estrategia para establecer una política social, justa, sostenible y equitativa. Página 7 de 7