AYUNTAMIENTOS. Actividades y servicios

Transcripción

1 AYUNTAMIENTOS Actividades y servicios Régimen sancionador del incumplimiento de obligaciones derivadas del inicio de actividades sujetas a comunicación previa y a declaración responsable. Antecedente normativo Cita: -Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. -Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. -Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. -Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley obre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. -Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible. 1. Introducción El 26 de diciembre de 2012 se aprobó la Ley 12/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. La Ley venía a reforzar las medidas adoptadas con anterioridad, tendentes a la reducción de cargas administrativas y remoción de obstáculos que perjudicaban el desarrollo de las actividades económicas y, en consecuencia, la recuperación económica. Esta reducción de cargas se traducía en la sustitución de licencias y autorizaciones por otros procedimientos de control menos gravosos, pero igual de garantistas respecto al cumplimiento de la normativa vigente. En efecto, los antecedentes mediatos de estas medidas se encuentran en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible. Ambas leyes modificaron la Ley reguladora de las Bases del Régimen local, en concreto, el artículo 84 relativo a los medios de intervención en la actividad de los ciudadanos, medios que tradicionalmente habían sido los siguientes: a) Ordenanzas y bandos. b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. c) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo. La primera de las leyes enunciadas modificó el artículo 84, para someter el acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre a lo que en ella se establezca 1 y añadir, como medios de intervención, 1 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que, recordemos, transpuso parcialmente al ordenamiento interno la Directiva de servicios Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 1

2 el sometimiento a declaración responsable o a comunicación previa e incorporar el control posterior al inicio de la actividad a efectos de verificación del cumplimiento de la normativa reguladora de la misma. La segunda de las leyes citadas, introdujo en la Ley reguladora de las Bases del Régimen local los artículos 84 bis y 84 ter y, con ellos, la inexigibilidad de licencias u otro medio de control preventivo, con carácter general, para el ejercicio de actividades, salvo para aquellas que por razones debidamente justificadas y proporcionadas, debían seguir sometidas al control de las licencias. Esta excepcionalidad alcanzaba a las actividades que afectaren a la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o que implicaran un uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público. Estas medidas, sin embargo, no fueron suficientes para el fin pretendido, esto es impulsar y favorecer la recuperación económica, de ahí que, primero mediante Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, y, después, mediante la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, se diera un paso más y se dispusiera la supresión de las licencias de ámbito municipal vinculadas con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas. Con esta Ley, aplicable a las actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios relacionados en el Anexo de la misma, se eliminan todos los supuestos de autorización o licencia municipal, incluidos los motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de la salud pública, realizados en establecimientos permanentes y cuya superficie útil de exposición y venta al público no superara los 750 metros cuadrados 2. Se mantienen al margen de esta regulación las actividades desarrolladas en dichos establecimientos que tengan un impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público. Es la propia Ley la que hace el juicio de razonabilidad y proporcionalidad antes aludido. La inexigibilidad se extiende a las obras de acondicionamiento de estos locales siempre que no requieran la redacción de un proyecto de obras de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Con esta Ley, se sustituye la licencia previa por la presentación de declaraciones responsables o comunicaciones previas de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico y del Procedimiento Administrativo Común. Esta sustitución se acompaña con la previsión de un necesario control posterior y no impide, en caso de incumplimiento, la aplicación del régimen sancionador. 2 La superficie inicialmente se fijó en 300 metros cuadrados, se elevó a 500 metros cuadrados mediante la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y, finalmente a 750 metros cuadrados mediante la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 2

3 La Ley, en su disposición final decimotercera ordenó al Gobierno que, en el plazo de un año, presentara un proyecto de ley, que regulara las infracciones y sanciones aplicables a los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en ella. La disposición final quinta de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, cumple este mandato legal e introduce, a través de una modificación de la Ley 12/2012 aquí referida, un título III, relativo al Régimen sancionador por incumplimiento de las medidas para el inicio y ejercicio de la actividad comercial y de determinados servicios. 2. Contenido Régimen sancionador por incumplimiento de las medidas para el inicio y ejercicio de la actividad comercial y de determinados servicios. El régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas previstas para el inicio y ejercicio de la actividad comercial y de determinados servicios se regula en el título III de la Ley 12/2012, artículos 16 a 31. El artículo 16, intitulado Ámbito de aplicación, especifica el objeto de esta regulación que no es otro que el tipificar las infracciones y las sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el título I de la Ley. El artículo 17 recoge una serie de disposiciones generales. La primera establece que las entidades locales competentes son las que han de comprobar el cumplimiento de las referidas obligaciones, para lo que se las faculta para desarrollar las actuaciones inspectoras precisas en los correspondientes establecimientos comerciales y de prestación de determinados servicios y actividades. La segunda recuerda que sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden las Administraciones públicas han de sancionar, mediante resolución motivada, las infracciones cometidas previa instrucción del oportuno expediente, según el procedimiento previsto en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sus normas de desarrollo. La tercera establece la obligación de todo aquel que conociera la posible comisión de hechos constitutivos de delito o falta, de ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. Asimismo, se establece el deber de colaboración de las personas y las entidades de cualquier naturaleza jurídica que dispongan o tengan el deber jurídico de disponer de información o documentación que pudiera contribuir al esclarecimiento de la comisión de infracciones o a la determinación del alcance y/o gravedad de las mismas. Recuerda, en la cuarta de las disposiciones generales, que la instrucción de una causa penal suspende la tramitación del expediente administrativo sancionador. Y reconoce, finalmente, que la competencia sancionadora recae sobre las entidades locales en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas en su normativa específica establezcan otra cosa. 3

4 Los responsables de la infracción (artículo 18) son quienes tienen la obligación de presentar la declaración responsable o la comunicación previa y realicen, por acción u omisión, los hechos constitutivos de las infracciones. Cuando exista pluralidad de obligados éstos responderán de forma solidaria. El artículo 19, Tipicidad, afirma que constituyen infracciones administrativas a los efectos de esta Ley, las acciones y omisiones tipificadas como tales, en su grado leve, grave o muy grave a las que se impondrán las sanciones reguladas, asimismo, en esta Ley. Los artículos 20, 21 y 22, tipifican las distintas infracciones según su consideración; las infracciones leves se limitan a la presentación de declaraciones responsables o comunicaciones previas con datos o manifestaciones inexactas, falsas u omisivas siempre que no tengan carácter esencial; también tiene consideración de infracción leve la falta de comunicación previa por cambio de titularidad en las actividades y servicios. Las infracciones graves son las referidas a iniciar la actividad o prestación de servicio sin la presentación de la declaración responsable o comunicación previa, las relativas a la falsedad, inexactitud u omisión de datos de carácter esencial; también las relativas a no estar en posesión de la documentación o del proyecto preciso a que hace referencia la declaración o comunicación. La falta de firma por técnico competente o la obstaculización de la función inspectora también constituyen infracciones graves. Del contenido de esta tipificación, interesa destacar el concepto carácter esencial anudado por la Ley a la calificación de dato o manifestación inexacta, falsa u omitida a efectos de tipificar la infracción como leve o como grave. La Ley define este concepto y dice, en su artículo 21, letra b), que se considerará esencial en todo caso, la información relativa a la titularidad de la actividad, naturaleza de la misma, el cumplimiento de las obligaciones relativas a la adopción de las medidas de seguridad en el ejercicio de la actividad, incluidas las relativas a la protección del medio ambiente y aquellas obligaciones que afecten a la salud de los consumidores y usuarios. Las infracciones muy graves se definen por la reiteración o reincidencia de una infracción grave en los términos definidos en el artículo 24. El artículo 23 define las infracciones permanentes como aquellas constituidas por un único ilícito que se mantiene en el tiempo y susceptible de interrupción por la sola voluntad del infractor. Permite la Ley establecer medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer; la Ley se remite, en cuanto a los términos y efectos a lo establecido en el artículo 72 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El artículo 26 recoge la prescripción de las infracciones, establece cuando empieza a contar este plazo, según se trate de infracciones permanentes o no y la interrupción de la prescripción y de la reanudación del plazo. 4

5 El artículo 27 distingue las sanciones pecuniarias (cuya cuantía ha de actualizar periódicamente el Gobierno mediante Real Decreto 3 ) de las no pecuniarias que podrán imponerse en caso de infracciones graves o muy graves y que pueden consistir en: -la suspensión de la actividad con carácter temporal o definitivo, con acuerdo de clausura del establecimiento, -la inhabilitación para abrir un comercio o desarrollar una actividad comercial, la obtención de subvenciones o beneficiarse de incentivos fiscales, -el resarcimiento de todos los gastos que haya generado la intervención a cuenta del infractor, -el decomiso de mercancías o precinto de las instalaciones -la obligación de restituir el estado de las cosas a la situación anterior a la comisión de la infracción. El artículo 28 concreta los criterios para la graduación de la sanción en tanto que el artículo 29 especifica los tramos de multa según la calificación de la infracción. El artículo 30 en el que se prevé el plazo máximo para la resolución de los procedimientos sancionadores y señala como efecto del transcurso de este plazo sin que se produzca la resolución, la caducidad del procedimiento, siempre que no concurran las causas de suspensión previstas en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Cierra el régimen el artículo 31 en el que se determina el plazo de prescripción de las sanciones. 3 Disposición final decimotercera de la Ley 12/2012 en la redacción dada por la Ley 5/2015, de 27 de abril. 5