INICIATIVA QUE CREA EL FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DEFRAUDADOS POR CAJAS DE AHORRO EN EL PAÍS. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Transcripción

1 INICIATIVA QUE CREA EL FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DEFRAUDADOS POR CAJAS DE AHORRO EN EL PAÍS. RICARDO MONREAL ÁVILA y RICARDO MEJÍA BERDEJA, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA QUE CREA EL FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DEFRAUDADOS POR CAJAS DE AHORRO EN EL PAÍS al tenor de la siguiente, EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Las cajas populares son instituciones financieras denominadas jurídicamente Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, que requieren autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar, y responden a las necesidades de un amplio sector de la población que no tiene acceso a la banca tradicional. Cuando nos referimos a estos organismos financieros no hablamos simplemente de bancos o bancas tradicionales, donde una persona puede solicitar préstamos, ahorrar dinero o invertir fondos. En México existen dos figuras a las que pueden pertenecer las cajas populares: 1) Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP), las cuales operan sin fines de lucro y están integradas por personas físicas con intereses comunes, cuyo objeto es realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios para satisfacer necesidades individuales y colectivas, con la intención de mejorar sus condiciones de vida y las de sus familiares. En teoría, las SCAP implican un grado mayor de seguridad para sus socios, ya que existe una cobertura por socio ahorrador en caso de que la cooperativa declare su disolución y liquidación, pero muchas operan al margen de la ley, lo que dificulta la ejecución de algún tipo de seguro que salvaguarde sus ahorros. 2) Las Sociedades Financieras Populares (SOFIPO), son aquellas que sí se manejan para obtener algún beneficio, basándose en el ahorro y el crédito popular. Éstas deben regirse por la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) y la Ley de Sociedades Mercantiles (LSM), teniendo como finalidad el ofrecimiento de servicios financieros a personas que se encuentran excluidas de los sistemas tradicionales de crédito. Desafortunadamente, la poca vigilancia por parte de las instituciones encargadas y el vacío legal que existe en la materia, han permitido que en los últimos 10 años, más de 200 mil ahorradores sufran fraudes por cajas de ahorro en todo el país. Como consecuencia, en los últimos años en México, se ha presentado de manera exponencial un incremento en el número de fraudes financieros por parte de instituciones de ahorro, afectando de manera directa la economía de las familias mexicanas de clase media y baja principalmente. Entre los beneficios que ofrecen estas cajas de robo para atraer a sus clientes se encuentran jugosos intereses y rendimientos superiores a los de las instituciones financieras, captando de este modo la atención de los sectores de la población con bajos ingresos que no cuentan con acceso a servicios bancarios. Muchas personas recurren a ellas porque representan una oportunidad para aumentar sus ahorros de una forma segura y directa dentro del terrible panorama económico por el que atraviesa nuestro país.

2 Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revelan que en la República Mexicana existen 1,407 Municipios que no cuentan con ninguna sucursal bancaria, lo que aumenta la cifra de personas que ahorran en las mencionadas cajas. La impunidad con la que operan las sociedades cooperativas de ahorro pone de manifiesto las omisiones cometidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que son ellas las que tienen la obligación legal de intervenir en el control, inspección y vigilancia de empresas que operan ofreciendo servicios financieros, tal y como lo establecen las fracciones XVI y XVII del articulo 4, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que a la letra dice: Artículo 4.- Corresponde a la Comisión: ( ) XVI.-Investigar aquellos actos de personas físicas, así como de personas morales que no siendo entidades del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes que rigen a las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables. XVII.- Ordenar la suspensión de operaciones, así como intervenir administrativa o gerencialmente, según se prevea en las leyes, la negociación, empresa o establecimientos de personas físicas o a las personas morales que, sin la autorización correspondiente, realicen actividades que la requieran en términos de las disposiciones que regulan a las entidades del sector financiero, o bien proceder a la clausura de sus oficinas; De las 850 cajas de ahorro, sociales y privadas, que prestan servicios en el país, tan sólo 99 cuentan con la autorización y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), mientras que el resto se encuentran en proceso de autorización o carecen de registro; de ellas, 598 operan como cajas populares, pero solamente 59 están autorizadas. Es evidente que en nuestro país la mayoría de las sociedades cooperativas de ahorro trabajan al margen de la ley, debido a un vacío legal que les permite seguir operando con toda impunidad. Es innegable la falta de aplicación de castigos por parte de la autoridad, al no poder ejecutar las investigaciones oportunas y al permitir que se sigan incrementando los fraudes por montos millonarios. Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), son las sociedades financieras de objeto múltiple o Sociedades Financieras Populares (SOFIPO), las que reciben un mayor número de multas. Datos del Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca revelan que, en los últimos años, tan sólo en ese Estado, se han perpetrado más de 86 fraudes, los cuales afectan a más de 50 mil oaxaqueños, con un monto que asciende a los 5 mil millones de pesos. Entre las regiones que presentan el mayor porcentaje de denuncias por fraude en dicha Entidad Federativa, se encuentran: la zona de la Mixteca, con 57%; Valles centrales, con 29%; Cañada, con 12%; Istmo, con 1% y Costa, con 1%. Mientras que en Oaxaca la pobreza orilla a la gente a recurrir a estos instrumentos, en otros Estados, como Puebla, se observan 17,000 denuncias a 21 empresas que han defraudado a usuarios, lo cual representa un monto de 2,000 millones de pesos.

3 Por lo anterior, la atención a este problema, que aqueja a miles de personas, debe representar una tarea prioritaria por ejecutar, debido a que el panorama económico que se avecina es inestable para las miles de familias que han perdido sus ahorros en este tipo de cajas. Es con base en lo argumentado que resulta de suma importancia que se resuelva el problema de manera inmediata, a través de la creación de un fideicomiso para el pago de personas que perdieron sus ahorros y patrimonio familiar, debido a los fraudes y malos manejos cometidos por instituciones de ahorro y crédito. Vale la pena mencionar otros rescates implementados por el Gobierno Federal que no han cumplido con el propósito de su creación, como el bancario, el carretero y recientemente el de la Banda Ancha 2.5 GHz; con el afán de evitar que este intento por ayudar a los más necesitados termine en la misma situación. Es por lo previo que consideramos que la creación de un Fideicomiso que otorgue a los defraudados, que demuestren haber sido víctimas, un apoyo social, a través de una aportación inicial del Gobierno Federal de $2,000,000, y de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los años subsecuentes, resulta no sólo deseable sino urgente. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano somete a la consideración del pleno el siguienteproyecto DE DECRETO POR EL QUE SE SE EXPIDE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DEFRAUDADOS POR CAJAS DE AHORRO EN EL PAÍS. ARTÍCULO UNICO.- Se expide la Ley que crea el Fideicomiso Público para la Defensa y Protección de los Defraudados por Cajas de Ahorro en el País, para quedar como sigue: LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DEFRAUDADOS POR CAJAS DE AHORRO EN EL PAÍS. Artículo 1.- El Ejecutivo Federal constituirá el Fideicomiso que administrará el Fondo Público para la Defensa y Protección de los Defraudados por Cajas de Ahorro en el país. El Fideicomiso tendrá por finalidad otorgar un apoyo social en los términos establecidos en esta Ley a las victimas de fraudes financieros suscitados en las Entidades Federativas del país y el Distrito Federal, por sociedades financieras y de servicios. Artículo 2.-Para efectos de esta Ley se entenderá por: I. Beneficiarios.- Las victimas de fraudes financieros ocasionados por sociedades financieras y de servicios, o en su caso, sus cónyuges o concubinas, o hijos o hijas, o en caso de no existir los anteriores, sus legítimos herederos que sobrevivan y que cumplan con los requisitos a que se refiere el artículo 6 de la presente Ley; II. Fideicomitente.- El Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; III. Fiduciaria.- La institución de crédito con la que el Fideicomitente celebre el Fideicomiso en términos de la IV. presente Ley; Ley.- La Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo Público para la Defensa y Protección de los Defraudados por Cajas de Ahorro en el país; V. Fideicomiso.- El Fideicomiso constituido de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley, y VI. Comité Técnico.- El Comité Técnico del Fideicomiso a que se refiere el Artículo 3 de la presente Ley. Artículo 3. El Fideicomiso contará con un Comité Técnico que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo Federal: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía y la Auditoría Superior de la Federación; y como invitado

4 permanente, con un representante del Poder Legislativo. Por cada representante propietario habrá un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias. El Fideicomiso no tendrá estructura orgánica propia, por lo que no queda comprendido en los supuestos de los artículos 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 40 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Artículo 4.- El Fondo Público para la Defensa y Protección de los Defraudados por Cajas de Ahorro en el país, que será el patrimonio administrado por el Fideicomiso, se constituirá por: I.- Una aportación inicial del Gobierno Federal de $2,000,000,000.00; II.- Los recursos que se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y en los años subsecuentes; III.- Los productos que se generen por la inversión y administración de los recursos y bienes con que cuente dicho Fondo; IV.- Las aportaciones que a título gratuito, realicen los Estados y el Gobierno del Distrito Federal en términos de los convenios de colaboración que estos suscriban con la Fiduciaria de conformidad con lo previsto en la presente Ley; V.- Los bienes que se aporten al Fondo, y VI.-Los demás que por otros conceptos, se aporten para el mejor cumplimiento de sus fines. El patrimonio del Fideicomiso podrá incrementarse con aportaciones provenientes de las partidas presupuestales de ejercicios subsecuentes, así como con las aportaciones que realicen los gobiernos de los Estados y el Gobierno del Distrito Federal. Las actividades realizadas en ejecución de la finalidad del Fideicomiso únicamente estarán respaldadas por los recursos aportados al Fondo Público para la Defensa y Protección de los Defraudados por Cajas de Ahorro en el país, con los límites y en los términos previstos en esta Ley, por lo que el Gobierno Federal y las entidades de la Administración Pública Paraestatal no podrán responsabilizarse ni garantizar esas operaciones, así como tampoco asumir responsabilidad alguna respecto al cumplimiento del objeto del Fideicomiso. Artículo 5.- El Comité Técnico tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades: I.-Establecer las reglas de operación por las cuales se regirá el cumplimiento del fin del Fideicomiso; II.- Elaborar y publicar las bases y procedimientos a través de los cuales se autorice otorgar el apoyo, por la cantidad base que establezca el Reglamento; III.-Otorgar los apoyos, con base en las reglas de operación que al efecto se emitan debiendo observar en todo caso el siguiente orden de prelación: a. Los defraudados que acrediten su estado de enfermedad terminal mediante un certificado médico emitido por una institución de salud pública; b. Se deberá dar preferencia a las personas de mayor edad respecto a las de menor edad, y c. De estas personas a aquellas que acrediten haber presentado querella con anterioridad.

5 IV.Decidir las reglas y determinar los procedimientos para los actos de administración que se realicen sobre los recursos a que se refiere el artículo 4o. de esta Ley; V.Acatar lo dispuesto en materia de transparencia y vigilancia de los recursos públicos del Fideicomiso, de acuerdo a la normatividad en la materia, con el propósito de que los recursos del Fideicomiso se apliquen en forma transparente; VI.Autorizar la celebración de los actos, convenios y demás actos jurídicos que puedan derivar en afectaciones para el patrimonio del Fideicomiso, así como aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines; VII.Evaluar periódicamente los aspectos operativos del Fideicomiso; VIII.Revisar y aprobar, en su caso, los informes que rinda la Fiduciaria sobre el manejo del patrimonio fideicomitido; IX. Vigilar que los recursos que se aporten al Fideicomiso se destinen al cumplimiento de sus fines, sin perjuicio de lo que al efecto se establezca en las disposiciones administrativas; X.Definir los criterios y dictar las decisiones sobre el ejercicio de las acciones que procedan con motivo de la defensa del patrimonio del Fideicomiso, comunicando por escrito dichas reglas y resoluciones a la Fiduciaria; XI.Instruir mediante oficio a la Fiduciaria acerca de las personas a quienes deba conferirse mandato o poderes para que se cumplan las funciones secundarias, ligadas y conexas a la encomienda fiduciaria o para la defensa del patrimonio fideicomitido, indicando expresamente cuando el (los) mandatario(s) podrá(n) delegar sus facultades a terceros; XII.Proponer las modificaciones que se pretendan realizar al Fideicomiso; XIII.Ejercer y destinar con cargo al patrimonio del Fideicomiso, recursos económicos que le permitan el cumplimiento de las obligaciones que le impone la presente ley, y XIV.Promover ante las autoridades competentes, las denuncias o querellas por posibles irregularidades que adviertan en la documentación que presenten los probables beneficiarios. Artículo 6. Serán beneficiarios de los apoyos a que se refiere este ordenamiento las personas defraudadas o sus cónyuges o concubinas, o hijos o hijas, o en caso de no existir los anteriores, sus legítimos herederos declarados en sentencia emitida por autoridad judicial competente, que cumplan con los siguientes requisitos y condiciones: I. Que cumplan con la presentación de una identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cartilla del Servicio Militar Nacional) que los acredite como ciudadanos mexicanos. II. Que cumplan con la presentación de la denuncia por fraude. III. Que acrediten haber sido defraudados por las sociedades financieras y de servicios que determine el Comité Técnico. IV. Tratándose de un beneficiario distinto a la persona defraudada, la documentación probatoria deberá ser: 1.Para el cónyuge sobreviviente: a) Los documentos mencionados en la fracción I de este artículo. b)identificación oficial. c)acta de matrimonio.

6 d)acta de defunción del defraudado. 2.Para los hijos e hijas: a)los documentos mencionados en la fracción II de este artículo. b)identificación oficial. c)acta de defunción del defraudado y de su cónyuge. d)acta de nacimiento. e)resolución judicial en que conste el nombramiento de albacea, o carta de común acuerdo entre hermanos, especificando el beneficiario. 3.Para la concubina: a)los documentos mencionados en los incisos b) a e) del numeral 2 de esta fracción. 4.Para los legítimos herederos: a)los documentos mencionados en la fracción III de este artículo. b)identificación oficial. c)acta de Defunción del defraudado. d)resolución judicial en que conste la calidad de legítimo heredero Artículo 7.- La aplicación de los recursos destinados al cumplimento de los fines del Fideicomiso por parte de la Federación, se hará al día siguiente de la publicación de las reglas de operación a que se refiere el artículo 5o. de esta Ley. Podrán formalizarse convenios con las Entidades Federativas y el Distrito Federal con el propósito de incrementar el patrimonio de este Fideicomiso. Artículo 8.- La relación de las aportaciones que realice el Fideicomiso a los beneficiarios en términos de esta Ley, deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y publicitada en los medios de comunicación a cargo de los tiempos oficiales de los que dispone el Estado. TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. El Reglamento de la presente Ley deberá ser expedido en un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales contados a partir de la publicación del presente en el Diario Oficial de la Federación. TERCERO. El Comité Técnico deberá publicar las reglas de operación a que se refiere el artículo 5o. fracción I, a más tardar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la suscripción del Fideicomiso a que se refiere esta Ley.

7 CUARTO. El Comité Técnico del Fideicomiso deberá presentar a la Cámara de Diputados, a través de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Gobierno; un informe trimestral sobre el avance de su gestión que permita conocer su situación financiera y determinar, en su caso, la cantidad a presupuestar para el año siguiente. QUINTO. Al concluir el proceso de entrega del apoyo a que se refiere esta Ley, el Ejecutivo Federal deberá iniciar el proceso de extinción del Fideicomiso, de conformidad con las disposiciones aplicables. Si al término de la operación del Fideicomiso, existieran remanentes de recursos públicos, estos se reintegrarán a la Tesorería de la Federación. Una vez que se haya extinguido el Fideicomiso, la presente Ley perderá su vigencia. ATENTAMENTE