CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA V

Transcripción

1 Expte. Nº CNT 25179/2014/CA1 SENTENCIA DEFINITIVA AUTOS: BRUZZA JUAN JOSE C/ EDITORIAL ATLANTIDA S.A. S/ DESPIDO (JUZG. Nº45). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 6 días del mes de octubre de 2017 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo: I. Contra la sentencia de primera instancia agregada a fs. 517/523 que hizo lugar a la demanda, se alza la perito contadora a fs. 524, la representación letrada del actor a fs. 528/529 y la demandada a fs. 531/538. Por un orden estrictamente metodológico procederé a tratar en primer término los agravios de la accionada. Como primer punto expresa agravios respecto al recurso de apelación articulado en el marco de la audiencia celebrada el día 11/12/15, por considerar que el testigo Porras estuvo imposibilitado de comparecer por una razón atendible, conforme a las pautas del Artículo 419 CPCCN. Sin embargo, teniendo en cuenta el compromiso asumido por la demandada a fs. 405 y la constancia médica adjuntada a fs. 455 en la cual se informa acerca de un tratamiento llevado a cabo por el Sr. Porras los días lunes, miércoles y viernes del mes de Diciembre de 2015, no encuentro razón para apartarme del apercibimiento fijado a fs. 452 vta. Me explico. El artículo 419 CPCCN es claro cuando establece que la enfermedad deberá justificarse con anticipación suficiente a la audiencia y, el argumento esgrimido por la recurrida, no resulta convincente a la hora de apartarme de lo emanado del precepto legal. Esto es así puesto que, conforme informe de Energym, el testigo se encontraba en tratamiento durante todo el mes de Diciembre, por lo cual improbable es que la quejosa no pudiera anticipar dicha situación máxime cuando la audiencia había sido fijada el día 12/8/15 (ver fs. 404/405), es decir, 4 meses antes. Por lo expresado precedentemente, corresponde confirmar lo resuelto en origen. Establecido lo anterior procederé a analizar si, como pretende la demandada, estamos ante un caso de inexistencia de relación laboral en el cual el actor debe ser considerado como un trabajador autónomo que nunca estuvo bajo un régimen de subordinación técnica, económica o jurídica, lo que a su criterio tornaría inaplicable la presunción del Artículo 23 RCT. Para así argumentar, realiza una crítica a la valoración de la prueba testimonial realizada por el a quo. 1

2 Adelanto que no concuerdo con la postura del apelante, debido a que la norma es clara cuando estipula que la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo y que dicha existencia no puede verse opacada por la utilización de figuras no laborales, excepto en el caso en el cual se vea probado un carácter empresarial del que presta el servicio. Si bien el accionado intenta atribuirle dicha figura al trabajador, lo cierto es que no ha quedado acreditado en autos tal circunstancia. Con respecto a la prueba testimonial, el apelante sostiene en su tesis que los deponentes no aportaron datos suficientes a fin de acreditar la referida relación contractual ya que, de las declaraciones vertidas, surge que el actor era una persona contratada eventualmente que cobraba su trabajo por factura y no poseía días u horarios fijos. Sin embargo, a fs. 404/405 declaró el testigo Maffuche quien dijo: Las órdenes de trabajo se las daba el jefe o el subjefe del departamento Sr. Eduardo Forte, Aldo Abaca ( ). El actor igual que todos nosotros tenía que llegar a la mañana y esperar que te den una nota ( ) teníamos regímenes distintos de cobro, de sueldos, de funciones iguales ( ). El jefe o el subjefe que le daba las directivas al actor eran del departamento de fotografía del 1er. Piso de Azopardo 579 ( ). A los colaboradores de fotografía se les daban las órdenes igual que a los efectivos ( ). Se que el director fijaba el precio de las notas al colaborador ( ) les daban los rollos a los colaboradores ( ). De dichas palabras no sólo se desprende una clara subordinación jurídica, técnica y económica del actor sino también destaco que el Sr. Maffuche aclara que, más allá de que él poseía un salario y una forma de percibirlo diferente al accionante, las funciones que desempeñaban eran las mismas. De esta manera, concluyo que el hecho de que el actor facturara lo laborado no era más que un velo utilizado por la demandada para cubrir el real vínculo laboral que la unía con el Sr. Bruzza, descartando de esta forma cualquier argumentación en torno a la correlatividad o uniformidad del importe de dichas facturas. Sólo a mayor abundamiento diré que los dichos del deponente mencionado se encuentran respaldados por las declaraciones brindadas por el Sr. Callejas (fs. 410), el Sr. Mauri (fs. 470/471) y la Sra. BORDAS (fs. 408/409) quien, entre otras cosas, dijo: El actor era colaborador del departamento fotográfico, eso significa que venía a la Editorial estaba en la Editorial todos los días con el resto del personal, de acuerdo a las notas que pedían las revistas el director disponía a que fotógrafo se le daba ( ). Generalmente el actor cobraba con un cheque se le daba 10 días después de que presentaba la liquidación ( ). Al fotógrafo se le daba un equipo, un bolso y se le hacía firmar la recepción de ese equipo ( ). 2

3 No escapa al suscripto que a fs. 446 y 453 prestaron declaración las testigos López y Blythe Simpson respectivamente, propuestas por la demandada. No obstante esto, a la primera no sólo la comprenden las generales de la ley lo cual me obliga a hacer un examen más exhaustivo de sus dichos, sino que dijo no conocer personalmente al actor aun revistiendo el carácter de gerente de recursos humanos de la empresa, lo cual hace que deba descartarla ya que obtiene los datos que enuncia por dichos de terceros y no por haberlos percibido con sus sentidos. No resulta admisible que un medio de prueba, en este caso los testigos ofrecidos, sustituyan o amplíen otro medio que corresponda por la naturaleza de los hechos (conf. Artículos 364 y 397 CPCCN). Con respecto a la segunda, dijo trabajar eventualmente con el recurrente cuando realizaban fotos de manera conjunta y que, cuando eso sucedía, era ella quien le daba las órdenes al Sr. Bruzza (ver fs. 453 vta.), por lo cual poco puede saber sobre la vida laboral del mismo. En consecuencia, no comparto los argumentos vertidos por el apelante respecto a la adjetivación indicada a los dichos de los testigos, ya que si no existe prueba en contrario, ni lo relatado contradice restricciones físicas o lógicas es deber de los jueces analizar la prueba ofrecida de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir a los imperativos que surgen del sistema jurídico, de las reglas lógicas y de la experiencia. No puede perderse de vista que, en el ámbito cerrado en que se desarrollan muchas relaciones laborales, nadie conoce mejor los hechos de la causa que los ex dependientes. Ergo, si no existe prueba capaz de cuestionar la convicción que surge de declaraciones testimoniales situadas y que relatan hechos que pueden ser conocidos desde las coordenadas en las que el testigo dice haber tomado conocimiento de esos hechos, debe existir una razón suficiente para descartarlos y dicha razón no se encuentra presente en estos actuados (Artículo 386 y 456 CPCCN). Por lo detallado ut supra, no cabe duda de que los requisitos contenidos en el Artículo 2 del estatuto del Periodista Profesional se encuentran presentes y, por lo tanto, corresponde confirmar el decisorio de origen y tener por acreditado el vínculo (conf. Artículos 21, 22 y 23 RCT). Asimismo, la falta de registro de la relación laboral, abre el camino a la presunción del Artículo 55 RCT. Bajo esta línea argumentativa, queda descartado el agravio formulado por la accionada en relación a la decisión del juez de la instancia anterior de diferir a condena los montos establecidos por la perito contadora en la liquidación practicada a fs. 484 vta. Punto a), con excepción del rubro valor reposición equipos sustraídos. Ante esto, me remito a lo mencionado anteriormente respecto de la aplicación de la presunción del Artículo 55 RCT. El apelante no se hace cargo de la existencia de irregularidades en la relación laboral, lo que determina la inversión de la carga de la prueba por cuanto la misma en la 3

4 especie ha sido impuesta al empleador atento lo normado por el referido Artículo que establece claramente una presunción juris tantum y no una presunción simple. En este caso, el juez debe presumir, salvo prueba en contrario la veracidad de lo afirmado por el trabajador o sus causahabientes sobre las circunstancias que debían constar en tales asientos. No es función de los jueces ignorar las leyes so color de particulares criterios, sino aplicarlas. Lo expresado precedentemente indica la confirmación de la sentencia de la instancia anterior. Toda vez que ha sido materia de reclamo la entrega de los certificados del Artículo 80 R.C.T., conforme los lineamientos del presente decisorio corresponde confirmar la sentencia de grado en este aspecto por cuanto ha quedado acreditado en autos la irregularidad registral del trabajador por lo cual se torna necesaria la entrega de dichas constancias que reflejen los verdaderos datos de la relación, todo bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo hasta que se produzca la satisfacción de la obligación. Dejo aclarado que los restantes argumentos esgrimidos en el memorial recursivo han quedado comprendidos en lo expresado precedentemente y por ende, sin materia para su tratamiento. II) Teniendo en cuenta la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes (arts. 6, 7, 9, 11, 19, 37 y 39 de la ley ) propongo regular los honorarios por la actuación en primera instancia a la representación y patrocinio de la parte actora en el 16%, a la representación letrada de la demandada en el 14% (ambas incluyen la actuación ante el SECLO) y los honorarios del perito contador en el 7%, todo a ser calculado sobre el capital de condena más intereses. III) Atendiendo al resultado del recurso traído a conocimiento de esta alzada, voto para que las costas en esta instancia sean a cargo de la demandada vencida (conf. Art. 68 C.P.C.C.N.). IV) Regular los honorarios de la representación letrada del actor y del demandado por su intervención en la alzada en el 25% de lo que le corresponda por su intervención en la anterior instancia. preopinante. LA DRA. GRACIELA ELENA MARINO manifestó: Que por análogos fundamentos, adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que fue materia de agravios, conforme lo dispuesto en los considerandos del primer voto. 2) Imponer las 4

5 costas de alzada a la demandada vencida (conf. Artículo 68 CPCCN). 3) Regular los honorarios por la actuación en primera instancia a la representación y patrocinio de la parte actora en el 16%, a la representación letrada de la demandada en el 14% (ambas incluyen la actuación ante el SECLO) y los honorarios del perito contador en el 7%, todo a ser calculado sobre el capital de condena más intereses. 4) Regular los los honorarios de la representación letrada del actor y demandada por su intervención en la alzada en el 25% de lo que le corresponda a cada uno por su intervención en la anterior instancia. 5) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la vocalía 2 se encuentra vacante (art. 109 RJN). MLF Enrique Néstor Arias Gibert Juez de Cámara Graciela Elena Marino Juez de Cámara 5