SENTENCIA: JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE VIGO -

Transcripción

1 SENTENCIA: JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE VIGO - N11600 C/ LALIN Nº 4, PISO 5º EDIFICIO Nº2 JC N.I.G: Procedimiento: Sobre: De D/Dª: Letrado: Procurador D./Dª: Contra D./Dª Letrado: Procurador D./Dª SENTENCIA Nº 67/16 Vigo, a 29 de febrero de 2016 Vistos por mí, D. ANTONIO MARTÍNEZ QUINTANAR, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Vigo, los presentes autos de recurso contencioso administrativo, seguidos ante este Juzgado bajo el número 1 del año 2016, a instancia de DÑA. como parte recurrente, representada y defendida por el Letrado D. Javier Pérez Estévez frente al CONCELLO DE VIGO, como parte recurrida, representada y defendida por el Letrado de sus Servicios Jurídicos D. Xesús Costas Abreu, con la intervención de codemandada de MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A. representada por la Procuradora Dña. Gloria Quintas Rodríguez y defendida por el Letrado D. Manuel Zorrilla Riveiro, y de la concesionaria municipal VIGUESA DE TRANSPORTES S.A. (VITRASA), representada por la Procuradora Dña. Victoria Sóñora Álvarez y defendida por el Letrado D. José Manuel Pérez Caamaño, contra la Resolución del Concelleiro delegado de Patrimonio del Concello de Vigo por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la actora mediante escrito presentado en el Registro General del Concello de Vigo el día 14 de octubre de ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: El Letrado D. Javier Pérez Estévez, actuando en nombre y representación de DÑA. mediante escrito que por turno de reparto correspondió a este Juzgado, con fecha 30 de diciembre de 2015 presentó recurso con arreglo a los trámites del procedimiento abreviado, contra la

2 Resolución del Concelleiro delegado de Patrimonio del Concello de Vigo por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la actora mediante escrito presentado en el Registro General del Concello de Vigo el día 14 de octubre de En el escrito de demanda, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, termina solicitando que se dicte sentencia por la que se deje sin efecto la resolución administrativa objeto de impugnación y se declare la responsabilidad patrimonial del Concello de Vigo y se le condene a indemnizar a la reclamante en la cantidad de 3.329,37 euros, más intereses legales desde la fecha, así como los daños derivados de las secuelas habidas en el siniestro, las cuales aún no han consolidado a la fecha, por lo que deberán ser determinadas en ejecución de sentencia. Todo ello con condena en las costas causadas. SEGUNDO: Admitido a trámite el recurso, se acordó reclamar el correspondiente expediente administrativo de la Administración demandada y citar a las partes a la celebración de juicio. Recibido el expediente administrativo se puso de manifiesto el mismo en Secretaría a la parte recurrente, a fin de que pudiera hacer las alegaciones que tuviera por conveniente, celebrándose la vista con arreglo a lo dispuesto en el art. 78 de la LJCA. TERCERO: En el acto de la vista la recurrente se ratificó en sus pretensiones. El Letrado del Concello de Vigo contestó al recurso, oponiéndose a la pretensión de la actora y solicitando la confirmación de la resolución recurrida. En el mismo sentido contestó a la demanda la aseguradora MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, que además hizo aportación de la póliza de seguro que cubre la responsabilidad civil del Concello, con una franquicia de 2500 euros por siniestro. El Letrado de VITRASA defendió la ausencia de responsabilidad extracontractual de su representada. CUARTO: Por lo que respecta a la prueba, las partes se remitieron al expediente administrativo y a la documental aportada, siendo inadmitidos el resto de medios propuestos. Tras el trámite de conclusiones quedaron los autos vistos para sentencia. QUINTO: La cuantía del recurso objeto de enjuiciamiento se ha fijado en la cantidad de 3.329,37 euros, correspondiente al principal de la suma reclamada. 2

3 FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: En el presente caso la parte demandante interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños sufridos el día 15 de julio de 2014, cuando iba a acceder al autobús nº 535 de Vitrasa, que asumía el transporte público de viajeros en la línea 10ª. En ese momento sufrió una caída desde su propia altura hacia adelante, golpeándose con el propio acceso al autobús. Todo ello considerando que el vehículo no disponía de dotación para embarque de pasajeros para movilidad reducida. Señala la actora en la demanda que conforme a la información facilitada por el propio conductor el vehículo no basculaba lateralmente por un defecto técnico relacionado con un deficiente mantenimiento, por lo que el servicio público resultó ser deficitario. En cuanto a los daños sufridos, se manifiesta que la asistencia sanitaria de urgencias así como la posterior fue asumida por el Hospital Nuestra Señora de Fátima conforme a la derivación hecha por la aseguradora de la empresa concesionaria del transporte público, siendo diagnosticada de cervicalgia postraumática, omalgia derecha postraumática, esguince de muñeca derecha y herida contusa pretibal derecha, de los que resultó curada a los 56 días que invirtió en su curación. Se reclama una indemnización por 56 días impeditivos, y sin perjuicio de la posible responsabilidad subsidiaria de la compañía aseguradora, la reclamación iba dirigida al Ayuntamiento toda vez que la reclamante era usuaria del transporte público municipal. SEGUNDO: Según el planteamiento de la demanda existiría una relación de causalidad entre el daño causado y el funcionamiento del servicio público municipal de transporte urbano colectivo, pero este servicio no es gestionado directamente por el Concello, sino a través de una empresa concesionaria, lo que constituye un factor decisivo en cuanto a la determinación de la entidad que debe indemnizar el daño, ya que de conformidad con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (y anteriormente de conformidad con el artículo 198 de la Ley 30/2007 de la Ley de Contratos del Sector Público y con el artículo 97 del derogado Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000), la regla general es que la obligación de indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 3

4 ejecución del contrato (lo que, según la demanda, sería el caso) corresponde al contratista, y sólo será de responsabilidad de la Administración la indemnización de dichos daños en dos casos: cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración y cuando los daños se deriven de vicios del proyecto elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de suministro de fabricación (previsión no aplicable al presente supuesto, en el que el daño se habría producido en el ámbito de funcionamiento de un servicio público gestionado por concesión administrativa). De forma más específica para los concesionarios de los contratos de gestión de servicios públicos, el artículo 280 c) del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece que es obligación del concesionario indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. No se trata tampoco de ninguna previsión novedosa, ya que viene a reproducir el contenido del artículo 256 c) de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y del anterior artículo 161 del Real Decreto Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Además el artículo de la Ley de Expropiación Forzosa, para el caso de servicios públicos concedidos, establece como excepción a la obligación de indemnización del concesionario el caso de que el daño tenga su origen en alguna cláusula impuesta por la Administración al concesionario y que sea de ineludible cumplimiento para éste. Por otra parte, el propio pliego de condiciones de la concesión administrativa de transporte urbano colectivo señala en su cláusula 33 que el concesionario responderá ante los usuarios de cuantos perjuicios les ocasione cuando los mismos puedan ser atribuidos a culpa o negligencia de la empresa o sus trabajadores y en todo caso cuando se trate de daños derivados del funcionamiento del servicio. La cláusula 55 reitera la responsabilidad que le corresponde al concesionario en materia civil administrativa o personal, quedando obligado al resarcimiento de todos los daños que se causen a terceros, incluidos tanto bienes como personas particulares. Por tanto, en el caso de que el daño sufrido por el particular tenga su origen en un servicio público municipal gestionado de forma indirecta a través de una empresa concesionaria puede nacer la responsabilidad patrimonial de la Administración municipal, pero sólo en los concretos términos y supuestos que se disciplinan en el artículo 214 y 280 c) del Real Decreto Legislativo 3/2011 (y anteriormente artículos 198 y 256 c) de 4

5 la de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, y 97 y 161 del Real Decreto Legislativo 2/2000); esto es, sólo existirá responsabilidad municipal en el caso de que el daño tenga su origen en una orden dada por la Administración o en una cláusula impuesta a la concesionaria de ineludible cumplimiento por parte de ésta. Y en el presente procedimiento, en el que la pretensión indemnizatoria se dirige exclusivamente contra el Concello y no contra la concesionaria, no ha quedado acreditado ninguno de esos específicos títulos de imputación municipal; de hecho ni siquiera se ha realizado ningún alegato al respecto, limitándose la pretensión de la actora a obviar el régimen específico de distribución de responsabilidades patrimoniales previsto legalmente para el caso de daños derivados del funcionamiento de servicios públicos que se gestionan de forma indirecta a través de una empresa concesionaria, pretendiendo la aplicación de una responsabilidad directa municipal inexistente en la regulación aplicable al caso, que parte de la atribución de responsabilidades a Administración y concesionario en función de específicos títulos de imputación. TERCERO: No existen alegaciones y pruebas respecto a la concurrencia de alguno de los dos títulos específicos de imputación que permitirían atribuirle el daño a la Administración demandada derivado de la prestación del servicio público cuya gestión se encomienda a VITRASA. El siniestro que provoca el daño se relacionaría de forma directa e inmediata con el ámbito de prestación de servicios encomendado a la concesionaria, por lo que en aplicación de la normativa antes transcrita y del propio pliego de condiciones, la responsabilidad por el daño causado al no haber quedado acreditada la existencia de fuerza mayor- correspondería, de ser el caso, a VITRASA y no al Concello. Este argumento bastaría para desestimar la pretensión actora, en cuanto solo se dirige contra la Administración municipal. Ahora bien, lo cierto es que en este caso del propio relato fáctico de la reclamación tampoco se desprende la existencia de ningún título específico de imputación a la concesionaria, ya que la actora sufre la caída cuando pretende acceder al autobús, estando éste parado, a causa de un percance que debe calificarse como evento casual, más que como causado por el funcionamiento del servicio. No hay ninguna prueba de que el funcionamiento del servicio público municipal haya coadyuvado a la producción del daño, siendo el mero receptáculo o espacio en el que éste se materializó por un evento desafortunado pero en cuya producción no se vislumbra cuál haya podido ser la aportación del funcionamiento del servicio público de transportes. No hay evidencia de mal funcionamiento del servicio, ni tampoco prueba de la afirmación de la actora sobre la existencia de alguna avería en el vehículo, ya que la concesionaria emitió 5

6 informe obrante en el expediente que el que certifica que el sistema de arrodillamiento del autobús en el que la actora sufrió la caída no tenía registrada ninguna avería por la que no pudiera realizar la maniobra de bajada de plataforma, característica de estos vehículos. Por otra parte, también indica la concesionaria, en relación con la alegada ausencia de dotación destinada a pasajeros de movilidad reducida, que eso es cierto, y que si la reclamante padece una minusvalía que la incapacita para utilizar autobuses ordinarios, tendría que haber solicitado el servicio que VITRASA presta pera personas de movilidad reducida, haciendo la pertinente solicitud de tal servicio. No se prueba ni que la actora fuera acreedora del servicio para personas de movilidad reducida, ni que lo hubiera solicitado, ni que el autobús al que pretendía acceder tuviera que tener alguna dotación específica al respecto, conforme a las condiciones reguladoras de la prestación del servicio. Así las cosas, de los términos del expediente y de los presentes autos solo se desprende que la actora sufrió un daño cuando accedía a un autobús del servicio municipal de transporte urbano colectivo, pero ningún elemento del funcionamiento de este servicio coadyuvó al daño sufrido, ni hay prueba ni indicio de ninguna avería en el autobús que pudiese haber colaborado en la dinámica lesional, por lo que hay que concluir que se trata de un daño desconectado causalmente del funcionamiento del servicio público municipal gestionado por VITRASA, y en consecuencia, no es indemnizable en concepto de responsabilidad patrimonial del Concello de Vigo. En atención a lo expuesto, procede desestimar el recurso y declarar la conformidad a Derecho de la Resolución recurrida. CUARTO: De conformidad con el artículo 139 de la LJCA 29/1998, en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En atención a la índole de la controversia, por estar sujeta la distribución de responsabilidades en este tipo de casos a un determinado margen de apreciación que escapa a valoraciones regladas y que abre un espacio a la legítima controversia, procede no hacer imposición de las costas procesales. aplicación Vistos los preceptos citados y demás de pertinente y general y 6

7 FALLO Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso contenciosoadministrativo, presentado por DÑA. contra la Resolución del Concelleiro delegado de Patrimonio del Concello de Vigo por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la actora mediante escrito presentado en el Registro General del Concello de Vigo el día 14 de octubre de 2014, y declaro que la Resolución recurrida es conforme a Derecho. procesales. No procede hacer especial pronunciamiento en materia de costas Notifíquese la presente sentencia a las partes, advirtiéndoles que la misma es firme al no ser susceptible de recurso alguno. Procédase a remitir testimonio de esta sentencia a la Administración demandada, en unión del expediente administrativo. Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos principales, lo acuerda, manda y firma D. ANTONIO MARTÍNEZ QUINTANAR, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo. Doy fe. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Magistrado- Juez que la suscribe estando celebrando audiencia pública en el día de hoy que es el de su fecha, doy fe. 7

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