Hechos. Direcció General de Patrimoni Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Transcripción

1 Direcció General de Patrimoni Junta Consultiva de Contractació Administrativa Exp. Junta Consultiva: RES 12/2008 Resolución del recurso especial en materia de contratación Exp. de origen: contrato administrativo especial de explotación del bar cafetería del IES Sa Colomina CEC 1/2002 Consejería de Educación y Cultura Recurrente: Carlos Alberto Zoncu Acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación de 26 de febrero de 2009, por el que se resuelve el recurso especial en materia de contratación interpuesto por el señor C.A.Z. contra la Resolución por la que se denuncia el contrato de explotación del bar cafetería del IES Sa Colomina Hechos 1. El 8 de octubre de 2002 el Consejero de Educación y Cultura celebró un contrato administrativo especial con el señor C.A.Z. para la explotación del bar cafetería del IES Sa Colomina, con una duración de un año, prorrogable hasta el plazo máximo que establece el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este contrato se ha ido prorrogando anualmente y la última prórroga se firmó el 8 de octubre de El 23 de enero de 2008 el Consejo Escolar del IES Sa Colomina emitió un informe sobre el funcionamiento del bar cafetería en que manifestaba que el contratista no cumplía los compromisos contractuales y también manifestaba su interés en que no continuase la gestión del servicio de bar cafetería durante el curso Según este informe el incumplimiento concreto consistía en el hecho de que el contratista No cumple el horario. No abre por las tardes. 3. El 4 de febrero de 2008 la Consejera de Educación y Cultura dictó una resolución por la que se denunciaba el contrato de explotación del bar cafetería del IES Sa Colomina y se daba por finalizada su vigencia en fecha 8 de octubre de 2008.

2 Según manifiesta el recurrente, el 15 de abril de 2008 recibió la notificación de esta Resolución, en la que se indicaba que contra la misma cabía interponer el recurso especial en materia de contratación ante el órgano de contratación o ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, o un recurso contencioso-administrativo. No obstante, en el expediente consta que se le notificó la Resolución el 12 de mayo de El 2 de mayo de 2008 el señor C.A.Z. presentó un escrito mediante el cual solicita que se declare la nulidad de la Resolución de denuncia del contrato. Fundamentos de derecho 1. La competencia para resolver el recurso especial en materia de contratación, regulado en el artículo 66 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, corresponde a la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, de acuerdo asimismo con el Decreto 20/1997, de 7 de febrero, por el que se crea esta Junta Consultiva, y su Reglamento de Organización y Funcionamiento, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de El escrito del contratista, que tiene carácter de recurso especial en materia de contratación, se fundamenta en la falta de audiencia al recurrente, ya que no se le ha dado traslado del informe del Consejo Escolar que ha motivado la denuncia del contrato, por lo que considera que se le ha causado indefensión. Así, el recurrente considera que la denuncia del contrato se ha hecho prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo previsto para los expedientes sancionadores y, en consecuencia, solicita que se declare la nulidad de la Resolució por la que se denuncia el contrato y que se inicie un expediente contradictorio. 3. El artículo 7.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, TRLCAP), establece el régimen jurídico de los contratos administrativos y dispone que: Los contratos administrativos, con la salvedad establecida en el apartado siguiente, se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por esta ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán restantes normas de 2

3 derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, los contratos administrativos especiales, que se definen en el artículo 5.2, párrafo b), se regirán por sus propias normas con carácter preferente. El artículo 8 del TRLCAP establece que los contratos administrativos especiales deben adjudicarse de conformidad con lo dispuesto en el Libro I de la Ley, y que en el Pliego de cláusulas administrativas particulares se debe hacer constar, entre otros aspectos, el alcance de las prórrogas, sin que puedan producirse por mutuo consentimiento tácito. En este mismo sentido, para todos los contratos, se pronuncia el artículo 67.1, con el mandato de que la prórroga debe ser expresa. El artículo 3 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, dispone que los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben contener, además de lo establecido en los artículos 8.2 de la Ley y 67.2 del Reglamento, las especificaciones que por la naturaleza y el objeto del contrato sean necesarias para definir los pactos y condiciones del contrato. De acuerdo con el artículo 67.2 e del Reglamento, los pliegos de cláusulas administrativas particulares contendrán el plazo de ejecución o de duración del contrato, con la determinación, en su caso, de las prórrogas de duración que serán acordadas de forma expresa. En cumplimiento de estos preceptos, tanto la cláusula 6 del Pliego de cláusulas administrativas particulares como la cláusula 3 del contrato administrativo especial de explotación del bar cafetería del IES Sa Colomina regulan el plazo de ejecución del contrato. Así, la cláusula 3 del contrato dispone que: El plazo de duración del contrato es de un año, a contar desde su otorgamiento, y puede prorrogarse, por acuerdo de ambas partes, hasta el plazo máximo establecido en el artículo 157 del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, salvo en el caso de que haya denuncia de cualquiera de las partes, lo cual se tendría que comunicar con una antelación de dos meses. En cuanto a la prestación del servicio, y en relación a la observación que hace el Consejo Escolar sobre el incumplimiento del horario por parte del contratista, la cláusula 4 del Pliego de cláusulas técnicas dispone que: 3

4 3. El contratista está obligado a prestar sus servicios de acuerdo con el horario escolar oficial establecido por el Consejo Escolar del centro. ( ) Cualquier infracción de estas condiciones faculta a la Consejería de Educación y Cultura del Govern de les Illes Balears para proceder, mediante la vía legal oportuna, a dar fin a la explotación del bar cafetería (...). Además, la cláusula 26 del Pliego de cláusulas administrativas particulares, bajo el título Resolución del contrato, establece que el incumplimiento de las obligaciones impuestas al contratista puede determinar la resolución del contrato, y menciona, entre otras causas, la deficiente prestación del servicio. 4. Antes de analizar el caso concreto es conveniente hacer una breve referencia a las facultades de prórroga y de resolución del contrato. El contrato administrativo es una relación jurídica bilateral en la que la Administración disfruta de importantes prerrogativas y de facultades que la sitúan en una posición predominante frente al contratista a la hora de resolver las incidencias que puedan surgir durante la ejecución del contrato. El artículo 59 del TRLCAP, bajo el título Prerrogativas de la Administración, dispone que el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, de resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, de modificarlos por razones de interés público, de acordar su resolución y de determinar los efectos de ésta. A continuación, regula el procedimiento específico para ejercer estas prerrogativas, que incluye la audiencia al contratista. Así pues, en cuanto al ejercicio de estas prerrogativas por parte de la Administración, nos encontramos ante potestades regladas, de manera que la Administración tiene que sujetarse, cuando las ejerce, a los límites y requisitos que establece la Ley. Además de estas prerrogativas, la normativa reguladora de la contratación pública otorga al órgano de contratación otras facultades unilaterales de control y de decisión respecto a la ejecución del contrato, y prevé la posibilidad de alcanzar acuerdos basados en la libre voluntad de las partes. Mientras que la facultad de resolver un contrato se configura como una prerrogativa de la Administración, la facultad de prorrogar un contrato puede configurarse, según cada caso, como una atribución unilateral de la Administración, como un derecho del contratista, o bien como el resultado 4

5 de la libre voluntad de las partes, siendo distintos los efectos, los procedimientos y los requisitos. La prórroga de mutuo acuerdo del período de vigencia de un contrato es un acuerdo basado en la libre voluntad de las partes condicionado a la existencia de un acuerdo entre el órgano de contratación y el contratista, y al hecho de que la posibilidad de prórroga se haya previsto en el Pliego de cláusulas administrativas particulares. Así pues, el procedimiento para llevar a cabo esta modalidad de prórroga se limita a la formalización del acuerdo de voluntades entre las partes. 5. La posibilidad de prorrogar el contrato de explotación del bar cafetería del IES Sa Colomina se configura como el resultado de la libre voluntad de las partes, que da lugar a una prórroga de mutuo acuerdo. Así, la Resolución por la que se denuncia el contrato de explotación del bar cafetería del IES Sa Colomina es la manifestación de la voluntad de la Consejería de Educación y Cultura de no prorrogar el contrato. Esta declaración de voluntad de la Administración se ha realizado de conformidad con la cláusula 3 del contrato y la cláusula 6 del Pliego de cláusulas administrativas particulares, es decir, de forma expresa y con una antelación superior a los dos meses pactados. En consecuencia, el acto administrativo por el que se manifiesta la voluntad del órgano de contratación de no prorrogar el contrato no tiene carácter de sanción ni supone el ejercicio de la prerrogativa de resolver un contrato vigente, ni requiere la instrucción de ningún procedimiento con trámite de audiencia al contratista, sino que es la simple manifestación de la voluntad de la Administración de no prorrogar el contrato. 6. Una vez examinado el contenido del recurso, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, el procedimiento seguido, así como la Resolución de denuncia del contrato, no consta que el órgano de contratación haya actuado de manera arbitraria, ni se advierte que el Pliego de cláusulas administrativas o la normativa hayan sido vulnerados en ningún aspecto. En consecuencia, no se aprecia la concurrencia de ningún vicio que pueda determinar la nulidad de pleno derecho o la anulabilidad del acto administrativo de denuncia del contrato. 5

6 Por todo ello, dicto el siguiente Acuerdo 1. Desestimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por el señor C.A.Z. contra la Resolución por la que se denuncia el contrato de explotación del bar cafetería del IES Sa Colomina. 2. Notificar este Acuerdo al interesado y a la Consejería de Educación y Cultura. Interposición de recursos Contra este Acuerdo que agota la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se reciba la notificación, de acuerdo con los artículos 10.1 a y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa. 6