T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Penal

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Juana Valverde Duarte
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1 T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Penal AUTO CAUSA ESPECIAL Nº: 20371/2016 Fallo/Acuerdo: Auto Texto Libre Procedencia: Juzgado de Instrucción núm. 18 de Valencia Fecha Auto: 06/10/2016 Magistrado Instructor Excmo. Sr. D.: Cándido Conde-Pumpido Tourón Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo Escrito por: FGR Causa Especial.- Fianza Acusación Popular Causa Especial Nº: 20371/2016 Magistrado Instructor Excmo. Sr. D.: Cándido Conde-Pumpido Tourón Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo

2 TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Penal AUTO Magistrado Instructor Excmo. Sr. D.: D. Cándido Conde-Pumpido Tourón En la Villa de Madrid, a seis de Octubre de dos mil dieciséis. I. ANTECEDENTES DE HECHO ÚNICO.- La Sala con fecha 21 de septiembre pasado, dictó providencia del siguiente tenor literal: "...Dada cuenta. Por recibido el anterior escrito de la Procuradora Sra. Aragón Segura, en nombre y representación del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) y el poder de representación que acompaña, únase al rollo de su razón.- Visto que interesa su personación en esta causa y que ésta solo lo puede ser en concepto de Acusación Popular, una vez se declare la firmeza del auto de esta Sala de 12 de Septiembre pasado, y el Magistrado Instructor designado, recibidas las actuaciones, fije la fianza correspondiente, se acordará lo que proceda...". II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

3 PRIMERO.- La providencia de la Sala de 21/9/2016 acordó que se tendrá por personada a la acusación popular, ejercitada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) una vez que el Magistrado Instructor designado, recibidas las actuaciones, fije la fianza correspondiente. Así tal como prevé el art. 125 CE., el ejercicio de la acción popular se condiciona al cumplimiento de los presupuestos legalmente establecidos. Entre ellos, tal como ya establecía la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 280, se encuentra la obligación impuesta al particular de prestar fianza para responder de las resultas del juicio. Por su parte la Ley Orgánica del Poder Judicial posterior ya a la Constitución, reguló dicho presupuesto en su artículo 20.3 imponiendo la necesidad de adecuación de la cuantía de la fianza de tal suerte que no se erija en obstáculo insalvable para el ejercicio de dicha acción popular. Se trata en definitiva de asumir la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional que, ya en una de sus primeras sentencias dejó dicho que la exigencia de una fianza no es en sí misma contraria al contenido esencial del derecho, siempre que su cuantía, en relación a los medios de quienes pretenden ejercitarlo, no impida u obstaculice gravemente su ejercicio, pues ello conduciría en la práctica a la indefensión que prohíbe el artículo 24.1 de la Constitución. (STC 62/1983 y 113/1984). SEGUNDO.- La parte solicitante interesa que no se señale fianza alguna. Sin embargo, ha de considerarse que en el supuesto actual nos encontramos ante la solicitud de un Partido Político que pretende ejercer la acusación popular en una causa penal contra una persona que ha ocupado un posición política relevante en representación de un Partido de signo contrario. Esta práctica, desconocida en los sistemas penales de los países de nuestro entorno, conlleva, según la doctrina más caracterizada, un serio riesgo de judicialización de la política, en la medida en que transforma el área de debate

4 procesal en un terreno de confrontación política. Es por ello por lo que tanto el Anteproyecto de Reforma de la Lecrim. de 2011 (art. 82, 1 d) como la Propuesta de Código Procesal Penal de 2013 (art. 70, 2 d), elaborados ambos por Gobiernos de signo político diferente, prohibieron expresamente el ejercicio de la acción popular por los partidos políticos. Es cierto que estos proyectos no han alcanzado vigencia, y que existe una cuestionable práctica judicial que admite, con carácter general, la personación de los Partidos Políticos como acusación popular en causas contra políticos de otros partidos. Pero ello no excluye que, aun admitiendo la personación, se adopten las necesarias cautelas lo que no permite privilegiar este tipo de acusaciones e impide que se prescinda del señalamiento de la oportuna fianza. Ponderando pues las resultas del juicio constituidas, en principio, por las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y la previsible asequibilidad de su prestación por éste, fijo en euros la fianza que, en metálico, debidamente consignado, deberá ser prestada por la acusación popular, como presupuesto para su intervención como parte en el presente procedimiento. III. PARTE DISPOSITIVA DISPONGO: EL INSTRUCTOR ACUERDA, imponer a la acusación popular PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) una fianza de euros (tres mil euros), para el ejercicio de la acción popular que se pretende en la presente causa, debiendo prestarse en metálico, debidamente consignado, en el plazo de ocho días desde la notificación de esta resolución. Prestada la fianza o transcurrido el plazo sin efectuarlo, dese cuenta y se

5 acordará. Así lo acuerda, manda y firma el Excmo. Sr. Magistrado Instructor, de lo que como Secretario, certifico.

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