Régimen de sustituciones en la carrera judicial. Problemas y propuestas

Transcripción

1 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS PRESIDENTES DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Zaragoza, 30 de septiembre a 3 de octubre de 2008 Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla- León, Aragón, Principado de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla- La Mancha, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia, tras la reunión celebrada en Zaragoza, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2008, debatidas las ponencias: La representación del poder judicial en la comunidad autónoma ; El papel institucional de los presidentes de tribunales superiores de justicia: sugerencias en cuestiones organizativas y presupuestarias ; Régimen de sustituciones en la carrera judicial: problemas y propuestas ; Protocolos de urgencia y refuerzo en los tribunales ; Estructura administrativa de soporte al presidente del Tribunal Superior de Justicia, han acordado, por unanimidad, las siguientes conclusiones: Régimen de sustituciones en la carrera judicial. Problemas y propuestas

2 1. De conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, la actuación de los Poderes Públicos y la práctica de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia debe orientarse a la consecución de un sistema dirigido a reducir al mínimo posible la utilización de la figura de los Jueces Sustitutos y Magistrados suplentes, al ser más acorde con las exigencias constitucionales y legales una Justicia impartida por Jueces y Magistrados de carrera seleccionados de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. Por tanto, el sistema de llamamientos de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes se articula sobre la base de los principios de subsidiariedad y excepcionalidad. 2. No obstante y pese a la excepcionalidad de este sistema de sustitución externa hay que reconocer que este mecanismo es una realidad mucho más frecuente de lo deseable en nuestra Administración de Justicia, lo que revela una deficiencia estructural de la organización judicial. 3. Para corregir dicha situación los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia proponen las siguientes medidas: 1ª) Continuar la progresiva racionalización con incremento y adecuación de la planta judicial a las necesidades y carga real de trabajo que pesa sobre los órganos judiciales. 2ª) Adecuar la convocatoria anual de las pruebas selectivas para el ingreso en la carrera judicial no sólo a las vacantes existentes sino a las necesidades previsibles, contemplando un número adicional suficiente que permita contar en los Tribunales Superiores de Justicia con jueces adjuntos para cubrir las eventuales necesidades de sustitución, y muy especialmente las de larga duración con independencia de la causa que las motive. 4. Partiendo de la deficiencia estructural descrita, se impone asegurar la implantación de un sistema de nombramiento de Jueces sustitutos basado en los principios de mérito y capacidad, así como un sistema objetivo de evaluación de su actividad inspirado en lograr la máxima calidad en la prestación de su función. Para la consecución de este objetivo proponemos: 1ª) Deberá fortalecerse el papel de las Comisiones de selección reglamentariamente previstas, y establecer un baremo de méritos común a todo el territorio nacional, que permita

3 homogeneizar los criterios básicos conforme a los cuales se llevará la designación. 2ª) Velar por el cumplimiento efectivo de la previsión reglamentaria dirigida a la evaluación del desempeño de su función. 3º) Asegurar la coordinación con los procesos de nombramiento de Jueces Sustitutos y Fiscales y Secretarios Judiciales sustitutos, con el fin de evitar las perturbaciones que actualmente se vienen produciendo. 5. Por otra parte, es necesario reforzar la coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial y los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia en la gestión de las licencias para actividades formativas que permita compatibilizar el derecho a la formación con la adecuada atención a la función jurisdiccional, a fin de que el llamamiento de jueces sustitutos y magistrados suplentes resulte en estos casos excepcional. Para ello el Consejo General del Poder Judicial recabará informe previo del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Protocolos de urgencia y refuerzo en los tribunales Las Salas de Gobierno vienen recibiendo con muchísima frecuencia solicitudes de los órganos judiciales interesando la adopción de medidas de refuerzo cuya decisión corresponde finalmente adoptar al Consejo General del Poder Judicial en el plano orgánico y al Ministerio de Justicia, o Comunidad Autónoma, en el plano económico. Esta situación determina la necesidad de contar con una guía práctica para la valoración previa de solicitudes que permitan hacer cumplir el criterio de excepcionalidad que debe presidir su concesión. De otra parte, existen dos factores coyunturales que determinan de sobremanera la petición por los órganos judiciales de la puesta en marcha o prórroga- de planes de urgencia: de una parte, encontrarnos en gran parte de las CCAA con una ratio de Juez por habitante manifiestamente inferior a la

4 media nacional y, de otra, la pendencia en la confección por el Ministerio de Justicia de la Relación de Puestos de Trabajo de la Región, y que está condicionando la corrección de plantillas orgánicas en muchos casosproductoras de retrasos estructurales. La necesidad de Protocolo interno de Planes de Urgencia tiene por finalidad ofrecer una serie de criterios de concesión que permitan abordar de forma razonada y contrastada, el informe motivado a elevar al CGPJ con solicitud remitida por un Juzgado o Tribunal o directamente al Ministerio de Justicia, caso de tratarse de un Registro Civil o Servicio Común Procesal. Al propio tiempo, pretende garantizar la existencia de los correspondientes indicadores de verificación que permitan evaluar los resultados de la medida de refuerzo aprobada y lo que es más importante- la vinculación de los resultados con el Plan de actuación en su día aprobado. Para la consecución de estos objetivos, proponemos: 1º) La homologación por parte del CGPJ de protocolos de actuación a seguir por las Salas de Gobierno para acordar y elevar planes de urgencia y demás medidas de refuerzo en unidades judiciales y servicios comunes procesales. 2º) Programas de refuerzo que contemplen la creación de grupos técnicos en órganos colegiados en el marco de la ejecución de planes extraordinarios de reducción de tiempos de respuesta, cuyo objetivo responda a la gestión de las bolsas de asuntos pendientes, identificándolos por años, tipos de recursos, materias, preferencia legal en la decisión, y sujetos procesales, todo ello bajo criterios de racionalidad y eficacia. La representación del Poder Judicial en la Comunidad Autónoma. El papel institucional de los Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia. Estructura administrativa de soporte al

5 Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 1. Conforme al articulo 161,1 de la LOPJ, y siempre que no concurra el Presidente del Tribunal Supremo, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia ostenta la representación del Poder Judicial en la Comunidad Autónoma. De igual forma la representación indicada ha sido recogida por la mayor parte de los reformados Estatutos de Autonomía. En tal representación corresponde a los Presidentes de los TSJ, además de las funciones gubernativas y jurisdiccionales que le ordena la ley, hacer presente al Poder judicial ante las instituciones autonómicas o del gobierno central en la CCAA y defender la independencia del poder judicial. 2. La relevancia institucional de las Presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia hace imprescindible que cuenten con la infraestructura necesaria para poder realizar convenientemente sus funciones. En este sentido, debe, por un lado, clarificarse el papel de los Secretarios de Gobierno, dependientes ahora del Ministerio de Justicia, y de otro constituirse los Gabinetes Técnicos de los TSJ. Dichos Gabinetes estarían formados por un Letrado del CGPJ designado a propuesta del correspondiente Presidente; por el Jefe de prensa nombrado por el CGPJ previo informe favorable del Presidente, ambos asistidos por el personal colaborador que se determine provisto por el Consejo General del Poder judicial preferentemente o bien por el Ministerio de justicia o las Comunidades Autónomas con competencias transferidas; y por una Secretaría personal al frente de la cual se situaría a un/una secretario/a de libre designación para la asistencia directa al Presidente. 3. Debe reconocerse a los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia en su condición de legales representantes del Poder judicial en la CCAA capacidad para firmar convenios en ese ámbito, sin perjuicio del previo control de legalidad que corresponda al CGPJ. 4. Es preciso estimular la inmediata modificación del Real Decreto , de 4 de agosto, sobre precedencias, normas de protocolo y ceremonial acomodando su regulación al articulo 161,1 de la LOPJ así como a los Estatutos de Autonomía aprobados asimismo mediante ley orgánica, de tal forma que en

6 este ámbito se escenifique el principio de separación de poderes, dando la relevancia que corresponde al poder judicial, después del poder ejecutivo y legislativo. Mientras esto sucede, debería aplicarse analógicamente el citado Real-Decreto, no literalmente, sino en cuanto a su ratio inspiradora, que no fue otra que la de obedecer a tal pretensión y que, por ello, sitúa al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial después del Presidente del Gobierno y de los Presidentes de ambas Cámaras legislativas.