Poder Judicial de la Nación

Transcripción

1 ///Martín, 5 de octubre de AUTOS Y VISTOS: Para resolver en el presente incidente FSM 10876/2016/TO1/12 (RI n 3731) caratulado de Incidente de prórroga de prisión preventiva de Edgardo Darío Martínez formado en la causa FSM 10876/2016/TO1 del registro de este Tribunal. RESULTA: I. Que, a fs. 321/6 el fiscal de grado solicitó la elevación a juicio de las presentes actuaciones reprochándole a Edgardo Darío Martínez el haber intervenido, junto a cuanto menos otra persona, a la fecha no individualizado, mediante la utilización de armas de fuego en el secuestro extorsivo que derivó en la sustracción, retención y ocultación para obtener rescate, cumpliendo su objetivo, en perjuicio de Ramiro Agustín Vázquez de 17 años. Asimismo se le imputa el haberse apoderado, en las circunstancias que se desarrolló el hecho arriba relatado, y mediante el empleo de armas de fuego, de los siguientes elementos: el aparato de telefonía celular de propiedad de Ramiro Vázquez, marca Samsung, modelo Gran Neo Plus negro, abonado n de la firma Claro y el celular marca Samsung modelo Core blanco con funda rosa acebrada, n de la misma prestataria de propiedad de Florencia Vázquez, hermana del cautivo. Consideró que las conductas desplegadas por Edgardo Darío Martínez resultaban constitutivas de los delitos de secuestro extorsivo, agravado por haberse obtenido el rescate, por ser la víctima menor de 18 años

2 de edad y por haber intervenido cuanto menos tres personas, en concurso ideal con el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pude tenerse de ningún modo por acreditada y por haberse perpetrado en un lugar poblado y en banda; en calidad de coautor (arts. 45, 54, 166 inc. 2, segundo párrafo, 167 inc. 2 y 170, primer párrafo in fine, incisos 1 y 6 del CP). II. Que la presente causa fue elevada a este Tribunal Oral el 17 de abril de 2017 y se citó a juicio a las partes en los términos del art. 354 del CPPN el día 12 de mayo del mismo año. Con fecha 28 de agosto del año en curso se efectuó el control de admisibilidad de la prueba en los términos del art. 356 y ss. del CPPN y se fijó audiencia de debate en los términos previstos por el art. 363 al 393 del C.P.P.N para el día 30 de octubre del año en curso. Por último, cabe señalar que en esa misma fecha este Tribunal resolvió prorrogar la prisión preventiva de José Luis Alejandro Valdiviezo por el término de 6 meses; resolución de la cual tomó debida nota la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal en los términos del art. 1 de la Ley n Y CONSIDERANDO: I. Que el procesado Edgardo Darío Martínez ha permanecido en prisión preventiva en el marco de las presentes actuaciones en forma ininterrumpida desde el día 7 de octubre de 2016 (ver dictado de prisión preventiva a fs. 301/312), razón por la cual,

3 encontrándose próximo a cumplirse el plazo establecido por el artículo 1 de la Ley n (modificada por la ley ), corresponde analizar la situación procesal de los aquí imputados a la luz de los parámetros fijados por dicha normativa. II. Sobre el punto, es dable indicar en primer término que el mentado artículo cfrme. redacción ley establece que cuando la cantidad de los delitos atribuidos o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado [dos años], éste podrá prorrogarse por un año más. Dicha norma, que resulta reglamentaria del art. 7, inc. 5, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dispone: toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso", luego de ser objeto de numerosas interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales, fue finalmente tratada in extenso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Acosta, Jorge Eduardo y otros s/recurso de casación (a partir del considerando 12, rta. el 8/05/2012), desentrañando el alcance e inteligencia que corresponde asignarle. En dicho precedente, la mayoría consideró que la redacción actual de la ley (a partir de las modificaciones introducidas por la ley ), restringe la aplicación del precedente Bayarri vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, receptando,

4 por el contrario, el criterio de interpretación que el Tribunal Supremo nacional efectuara en el caso Bramajo (Fallos: 319:1840), doctrina que, además, fuera posteriormente ratificada en Guerrieri (Fallos 330:5082), entre otros. Sin embargo, también indicó que la interpretación literal de la conjunción de los arts. 1 y 3 de la ley en su actual redacción, sería inadmisible frente a la Constitución Nacional (Convención Americana) y a la jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues dejaría de existir cualquier criterio rector sobre la materia, dejando caer en saco roto la letra del art. 7.5 de la mentada Convención Americana sobre Derechos Humanos (ver considerando 18 ). En definitiva, concluyó que debe hallarse otra interpretación que a la vez de reconocer la existencia de una remisión a la valoración judicial de cada caso, haga que ésta sea razonable en razón de la compatibilidad con otras normas también de máxima jerarquía, esto es, una conforme a la cual la ley establece un plazo legal genérico, condicionado a la determinación judicial en el caso concreto, en la que la gravedad del delito y la mayor o menor complejidad de su investigación no se valoren en forma autónoma sino conglobada para fundar, como excepción, la posibilidad de superarlo; y que, además, no puede abarcar cualquier delito, sino los delitos más graves y complejos de investigar, o sea, en particular aquellos contra la vida y la integridad física de las personas, cuya protección penal debe privilegiarse y cuya impunidad acarrea gran

5 alarma social y desprestigia en máxima medida la función tutelar del Estado (ver considerandos 19, 20 y 21 ). III. Ahora bien, yendo al análisis del sub examine, no hay duda alguna de que el delito de secuestro extorsivo endilgado a Martínez se encuentra entre aquellos a los que se refiere el Máximo Tribunal en el fallo comentado, pues en éstos no sólo se ven vulneradas la libertad y la propiedad, sino que también durante su perpetración se ponen en peligro otros bienes jurídicos de mayor trascendencia, como ser la integridad física e, incluso, la vida de la víctima, la que en este caso, vale destacar, se trata de un menor de edad, circunstancia que eleva el máximo de la escala penal a veinticinco años de prisión. Tampoco se advierte en las constancias del sumario elementos que permitan desvirtuar la presunción (iuris tantum) de peligro procesal que pesa sobre el incuso, conformada por la grave conminación penal establecida para los delitos que se le imputan y la expectativa concreta de prisión, sino que, inversamente, aquélla se encuentra fortalecida por la naturaleza y gravedad de los hechos concretos objeto de imputación. En virtud de ello, y teniendo en consideración que -tal como adelantáramos- se ha designado el día 30 de octubre del año en curso para la celebración del juicio, como así también la prolongación de la medida cautelar oportunamente dispuesta respecto del consorte de causa Valdiviezo, entendemos razonable prorrogar la prisión preventiva de Edgardo Darío Martínez por el término de seis (6) meses, en los términos previstos por el art. 1 de la ley

6 Por las consideraciones vertidas, el Tribunal RESUELVE: I. PRORROGAR la prisión preventiva de EDGARDO DARÍO MARTÍNEZ por el término de seis (6) meses a partir del 7 de octubre de 2018 (art. 1 de la ley ). II. ELEVAR la presente resolución a la Cámara Federal de Casación Penal, para su debido contralor, en los términos del art. 1 in fine de la ley Regístrese, tómese razón y notifíquese. Alfredo J. Ruíz Paz María Claudia Morgese Martín Ante mí: ///TA: para dejar constancia que el Sr. Juez Marcelo G. Díaz Cabral no firma la presente por encontrarse de licencia. Conste.-

7 En siendo las horas se libraron notificaciones electrónicas al Señor Fiscal General y la defensa. Conste.-