MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA

Transcripción

1 AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3156/2018 QUEJOSO: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RECURRENTE: MARTHA RANGEL GUZMÁN (TERCERA INTERESADA) MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA Vo.Bo. MINISTRO: Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al.. dos mil dieciocho. Cotejado: VISTOS,; y RESULTANDO: C O N S I D E R A N D O SEXTO. Decisión. Son parcialmente fundados los agravios. La litis en el asunto consiste en resolver si el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo vulnera el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, respecto del derecho a la seguridad social, a que se contrae el diverso 123, apartado A, fracción XXIX, constitucional, por exigir requisitos desproporcionados cuyo incumplimiento provoca la improcedencia de la acción. El artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo vigente a partir del uno de diciembre de dos mil doce, prevé los requisitos que deben reunir las demandas relativas a los conflictos individuales de seguridad social, a saber: Artículo 899-C. Las demandas relativas a los conflictos a que se refiere esta sección, deberán contener:

2 AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3156/2018 [2] I. Nombre, domicilio y fecha de nacimiento del promovente y los documentos que acrediten su personalidad; II. Exposición de los hechos y causas que dan origen a su reclamación; III. Las pretensiones del promovente, expresando claramente lo que se le pide; IV. Nombre y domicilio de las empresas o establecimientos en las que ha laborado; puestos desempeñados; actividades desarrolladas; antigüedad generada y cotizaciones al régimen de seguridad social; V. Número de seguridad social o referencia de identificación como asegurado, pensionado o beneficiario, clínica o unidad de medicina familiar asignada; VI. En su caso, el último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión, o constancia de otorgamiento o negativa de crédito para vivienda; VII. Los documentos expedidos por los patrones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Administradora de Fondos para el Retiro correspondiente o, en su caso, el acuse de recibo de la solicitud de los mismos y, en general, la información necesaria que garantice la sustanciación del procedimiento con apego al principio de inmediatez; VIII. Las demás pruebas que juzgue conveniente para acreditar sus pretensiones; y IX. Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la contraparte. Al resolver los amparos directos en revisión 4119/2017, /2017, 7513/2017, 6831/2017 y 6766/2017, 2 esta Segunda Sala sostuvo que el artículo antes transcrito no transgrede el derecho de acceso a la justicia ni el derecho a la seguridad social, reconocidos en los artículos 17 y 123, aparatado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal. Consideró que tal disposición permite lograr el equilibrio entre las partes y la salvaguarda los principios de economía, concentración y sencillez, que deben imperar en los procedimientos especiales de seguridad social. Además, de su interpretación no se advierte la obligación de que en las demandas promovidas deban satisfacerse todos los requisitos que prevé esa disposición, sino únicamente los que correspondan a la acción intentada, a fin de que la autoridad del trabajo 1 Resuelto el 31 de enero de 2018, por unanimidad de cinco votos. 2 Resueltos el 11 de abril de 2018, por unanimidad de cinco votos.

3 AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3156/2018 [3] cuente con los elementos necesarios y suficientes para configurar la litis y dirimir la controversia. Tales consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 48/2018 (10a.), 3 de rubro y texto siguientes: CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL. El precepto citado, que prevé los requisitos para la procedencia de la acción intentada en los conflictos individuales de seguridad social, no viola el derecho de acceso a la justicia reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque permite lograr el equilibrio entre las partes y salvaguardar los principios de economía, concentración y sencillez que deben imperar en los procedimientos especiales de seguridad social. Además, de su interpretación no se advierte la obligación de que en las demandas interpuestas, sin excepción, deban reseñarse todos y cada uno de los requisitos previstos en esa disposición, sino únicamente los que correspondan a la acción intentada; esto, con la finalidad de que la autoridad del trabajo cuente con los elementos necesarios y suficientes para configurar la litis y dirimir la controversia; por tales razones, tampoco viola el derecho a la seguridad social a que se contrae el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución General de la República. Asimismo, al resolver los diversos amparos en revisión 5806/2017, 7513/2017, 7659/2017, 4 250/2018 y 596/2018, 5 esta Segunda Sala sostuvo que el ejercicio de las diversas acciones no era necesario que la demanda relativa contenga la totalidad de las exigencias que prevé el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, sino únicamente los requisitos que sean propios de las acciones correspondientes, y para determinarlos deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la prestación reclamada, así como los requisitos que el ordenamiento legal aplicable establece para la procedencia de la acción. 3 Jurisprudencia 2a./J. 48 /2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima Época, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página Resueltos el 11 de abril de 2018, por unanimidad de cinco votos. 5 Resueltos el 18 de abril de 2018, por unanimidad de cinco votos.

4 AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3156/2018 [4] Ese criterio reiterado dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 50/2018 (10a.), de rubro: CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. SI BIEN LA DEMANDA PRESENTADA POR EL ACTOR DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO DEBE CONTENER AQUELLOS QUE SEAN PROPIOS DE LA ACCIÓN INTENTADA. Ahora, de la demanda que dio origen al juicio laboral se advierte que el actor demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el pago correcto de la pensión de invalidez, entre otras prestaciones. La Junta responsable condenó al demandado a modificar la pensión de viudez de la actora. Por su parte, el Tribunal Colegiado concedió la protección al Instituto quejoso, al considerar que el actor no reunió el requisito del artículo 899-C, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, pues omitió ofrecer sus pruebas desde el momento de presentación del escrito inicial; sin embargo, el órgano colegiado al realizar el estudio correspondiente únicamente efectuó un análisis abstracto sobre las exigencias que prevé el artículo citado, pero no analizó las prestaciones demandadas por el actor, ni ponderó la necesidad de ese requisito a la luz de lo planteado en la demanda laboral y de los documentos exhibidos junto con ésta. Entonces, al no haber realizado el estudio concreto de las prestaciones reclamadas por el actor en el juicio laboral, se concluye que el Tribunal Colegiado no resolvió conforme con la jurisprudencia de esta Segunda Sala antes señalada. Cabe aclarar que las jurisprudencias 2a./J. 48/2018 y 2a./J. 50/2018, a que se hace referencia, fueron publicadas en el Semanario Judicial de la Federación el veinticinco y dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, respectivamente, es decir, en fechas posteriores al dictado de la sentencia recurrida (cinco de abril de dos mil dieciocho); sin embargo, como se precisó en el considerando quinto, lo que se pretende con esta determinación es que la resolución del órgano colegiado se armonice con los criterios que esta Segunda Sala ha adoptado sobre ese tópico. Similares consideraciones se sostuvieron al resolver el Amparo Directo en Revisión 3557/2018, en sesión de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en el cual se impugnó una sentencia dictada con

5 AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3156/2018 [5] base en idénticas consideraciones a aquellas que sirven de sustento a la que ahora se analiza. En ese sentido, a efecto de que la resolución del presente asunto se ajuste a los criterios adoptados por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de constitucionalidad, procede revocar la sentencia de amparo para que el Tribunal Colegiado realice el análisis del caso concreto de conformidad con las jurisprudencias antes citadas. En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracción II, 111, 113, 116, Octavo y Duodécimo Transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el segundo párrafo de artículo 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se testa la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.