Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día, emite la siguiente

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1 AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1310/2018 QUEJOSO: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RECURRENTE: JOSÉ LUIS LOERA ALVARADO PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK SECRETARIA: ELIZABETH MIRANDA FLORES Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día, emite la siguiente S E N T E N C I A Mediante la que se resuelven los autos relativos al amparo directo en revisión 1310/2018, promovido por José Luis Loera Alvarado en contra de la sentencia dictada el 24 de enero de 2018, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en el juicio de amparo directo 686/2017. I. ANTECEDENTES 1. Juicio laboral. De las constancias que obran en autos se advierte que José Luis Loera Alvarado reclamó del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras prestaciones, el otorgamiento y pago de una pensión de vejez 1. Afirmó haber cotizado más de 2288 semanas y que el último puesto de trabajo que desempeñó es el de ayudante general. Además, señaló las empresas para las que laboró y cuántos años prestó su servicio en cada una. 2. El Instituto demandado opuso la excepción de oscuridad. Además, precisó que tiene 468 semanas cotizadas, pero que al haber dejado de cotizar durante 6 meses, debió laborar 52 semanas para recuperar las primeras. Sin embargo, no lo hizo, pues tan solo cuenta con 11 semanas reconocidas 2. 1 Expediente 3039/2015 de la Junta Especial Número Veinte de la Federal de Conciliación y Arbitraje, foja 1. 2 Ibidem. Fojas 26 a 46.

2 3. Seguida la secuela procesal, la junta responsable emitió laudo en el que desestimó la excepción de oscuridad y condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al otorgamiento de la pensión reclamada Amparo directo. El Instituto demandado promovió juicio de amparo directo y el actor amparo adhesivo. El tribunal colegiado del conocimiento declaró sin materia el juicio adhesivo y concedió la protección constitucional en el juicio principal para el efecto que la junta responsable dejara insubsistente el laudo reclamado y repusiera el procedimiento a efecto que requiriera al actor para que subsanara las irregularidades de su demanda, conforme a lo previsto en el Artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, esto es, para que señalara los puestos que desempeñó con cada uno de los patrones para los que laboró, actividades y antigüedad generadas, cotizaciones y salario de cotización con cada empleador, así como la forma en que obtuvo el salario promedio que afirmó. 5. Conceptos de violación y consideraciones de la sentencia. En el asunto materia de revisión, amparo directo 686/2017, se tiene que la parte titular de la acción constitucional Instituto Mexicano del Seguro Social, formuló los conceptos de violación, cuyos argumentos pueden sintetizarse en los siguientes términos: Que la autoridad del trabajo responsable, soslayó que el escrito inicial de demanda resulta oscuro, vago e impreciso, por cuanto no se ajusta a los requisitos previstos en el artículo 899-C, de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que el actor no anexó los documentos que acrediten su personalidad, no indicó nombre y domicilio de las empresas o establecimientos, puestos desempeñados, actividades desarrolladas, antigüedad generada y cotizaciones al régimen de seguridad social, ni exhibió los documentos que ofreció como pruebas, entre otros, los documentos expedidos por los patrones ni la resolución de negativa de pensión. 3 Ibidem. Fojas 77 a 80. 2

3 Que la responsable indebidamente reconoció la personalidad de quien compareció como apoderada del actor, toda vez que no acreditó la personalidad que ostentó. Que la indicada Junta Especial, no valoró correctamente la prueba de inspección ofertada por los actores, puesto que la abstención del peticionario de amparo de exhibir los documentos requeridos en la prueba de inspección no genera que se tengan por ciertas las semanas cotizadas y el salario alegado, ya que dicha probanza se ofreció sin establecer cuáles fueron los movimientos registrados para se obtuviera la cuantía de las semanas, atento que se omitió precisar con qué patrones laboró, en qué períodos, categorías y lapsos. Que independientemente de la presunción derivada de la inspección, el salario y semanas de cotización alegados por el actor son inverosímiles. Que al momento de cuantificar los incrementos de la pensión, debió aplicar el 4.2% a partir de febrero de 2016 y no desde enero de ese año. La responsable omitió realizar las operaciones matemáticas que realizó para determinar el monto por concepto de aguinaldo. 6. En la sentencia de amparo recurrida, se observa que el Tribunal Colegiado, en lo que interesa, consideró: Los requisitos previstos en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo constituyen hechos de la demanda en los que se deben fundar las acciones en materia de seguridad social y sin esos requisitos de procedibilidad, no podría configurarse la acción. De las constancias de autos se aprecia que el actor reclamó el otorgamiento y pago de una pensión de vejez, de acuerdo con las semanas y el salario que afirmó contar. En el laudo reclamado, la junta estimó improcedente la excepción de 3

4 oscuridad en la demanda. La determinación de la responsable al considerar procedente la acción es equivocada, porque el actores omitieron cumplir con los requisitos previstos en el artículo 899-C, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo. Como los actores incumplieron con la totalidad de los requisitos previstos en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, que constituye parte de los presupuestos procesales de los procedimientos especiales sobre conflictos individuales de seguridad social, la autoridad soslayó que su ausencia representaba un impedimento técnico para examinar el fondo de la controversia planteada. Consecuentemente, lo procedente es conceder el amparo solicitado para el efecto que la junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y dicte uno nuevo en el que determine que la parte actora incumplió con los requisitos previstos en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, en específico, el de señalar los puestos que desempeñó para cada uno de los patrones para los que laboró, actividades desempeñadas, antigüedad y las cotizaciones al régimen de seguridad social. 7. Recurso de revisión. El actor interpuso recurso de revisión 4, en lo medular, hace valer: Primero. La interpretación que el tribunal colegiado realizó respecto del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, es restrictiva y regresiva de los derechos de seguridad social, lo que contraviene el artículo 1o constitucional. Segundo. Únicamente se encuentra obligado a relatar en los hechos de su demanda, los elementos mínimos indispensables para conocer el origen de su pretensión, máxime que de conformidad con el diverso 4 Escrito presentado el 15 de febrero de Foja 4 del cuaderno del amparo directo en revisión 1310/

5 899-D, el organismo de seguridad social tiene la carga de acreditar sus excepciones respecto de semanas y salario, por lo que tiene la obligación de exhibir los documentos que conforme a la ley tiene obligación de expedir y conservar. Tercero. El tribunal pudo llevar a cabo un control de convencionalidad ex oficio, con base en el artículo 9.1 del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, pues los requisitos que exige el artículo 899-C son excesivos, lo que es contrario al derecho a la seguridad social. Que al considerar que los asegurados y sus beneficiarios se encuentran obligados a precisar y exhibir todos los datos y documentos a que se refiere el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, se realiza una interpretación restrictiva que contraviene el principio pro homine, el de progresividad y el derecho a la seguridad social, tutelado en los artículos 1º y 123 constitucionales, así como el 9.1 del Protocolo de San Salvador, adicionado a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aunado a que el establecimiento de mayores cargas y requisitos procesales es contrario al propósito del legislador ordinario que reformó la Ley Federal del Trabajo. Agregó que los requisitos previstos en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo no se traducen en requisitos de procedencia de la acción, máxime que no se encuentra prevista alguna sanción para el caso de incumplimiento, como la improcedencia de la acción o que se acredite la excepción de oscuridad, lo que es contrario al artículo 1º constitucional y al principio de progresividad. Que se le debe conceder el amparo para que la responsable se aparte de considerar que no reúne los requisitos de procedibilidad de la Ley 5

6 Federal del Trabajo y que no exhibe ningún documento que justifique qué le pidió al patrón o haga creíble que trabajó. Que el tribunal concluye que en caso de incumplimiento a los requisitos del artículo 899-C sería operante la excepción de oscuridad, sin embargo, se trata de una interpretación restrictiva que atenta contra el derecho a la seguridad social. 8. El Presidente de este Máximo Tribunal admitió el recurso de revisión; ordenó formar y registrar el expediente respectivo, turnarlo al Ministro Javier Laynez Potisek y enviar los autos a la Sala a la que se encuentra adscrito 5. Posteriormente, el Presidente de la Segunda Sala instruyó el avocamiento del presente asunto y ordenó enviar los autos al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución y se diera cuenta del mismo 6. II. COMPETENCIA 9. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 83 de la Ley de Amparo vigente; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en los puntos primero y tercero del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 13 de mayo de 2013, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala. III. OPORTUNIDAD 10. La sentencia recurrida fue notificada al recurrente por lista publicada el 30 de enero de 2018, surtió efecto al día siguiente. Por lo tanto, el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del 1 al 15 de febrero de De dicho plazo deben 5 Acuerdo de 2 de marzo de 2018, fojas 14 a Acuerdo de 11 de abril de Ibidem, foja 47. 6

7 descontarse los días 3, 4, 5, 10 y 11 de septiembre por haber sido inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por ello, si el recurrente presentó su escrito de expresión de agravios el 15 de febrero, el recurso de revisión es oportuno. IV. PROCEDENCIA 11. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, previo al análisis de fondo deben estudiarse los requisitos de procedencia. 12. El recurso de revisión en el juicio de amparo directo se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 7 ; 81, fracción II 8, y 96 9 de la Ley de Amparo, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 10, así 7 Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ( ) IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras; 8 Artículo 81. Procede el recurso de revisión: ( ) II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del pleno. 9 Artículo 96. Cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por tribunales colegiados de circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá únicamente sobre la constitucionalidad de la norma general impugnada, o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 10 Artículo 21.- Corresponde conocer a las Salas: ( ) III.- Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito: a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional. 7

8 como en el Punto Primero del Acuerdo 9/2015 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 11, el ocho de junio de dos mil quince. 13. De la lectura de los preceptos mencionados se desprende que las resoluciones en juicios de amparo directo que emitan los tribunales colegiados de circuito no admiten recurso alguno, salvo que se presenten las siguientes excepciones: a) Que subsista el problema de constitucionalidad de leyes; b) Cuando en la sentencia impugnada se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o c) Cuando el tribunal colegiado de circuito omita pronunciarse en cualquiera de las materias precisadas en los anteriores incisos, no obstante que en los conceptos de violación se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto constitucional. 14. Adicionalmente, para efectos de la procedencia del recurso debe analizarse si los referidos temas de constitucionalidad entrañan la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, requisitos que se actualizan: a) Cuando se trate de la fijación de un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional, o 11 PRIMERO. El recurso de revisión contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción IX, constitucional, y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, si se reúnen los supuestos siguientes: a) Si en ellas se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo, y b) Si el problema de constitucionalidad referido en el inciso anterior entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. 8

9 b) Cuando las consideraciones de la sentencia recurrida entrañen el desconocimiento u omisión de los criterios emitidos por la Suprema Corte referentes a cuestiones propiamente constitucionales. 15. Precisado lo anterior, ha lugar a recordar que el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 130/2011, en 26 de enero de 2012, determinó que es procedente el recurso de revisión que se comenta para cuestionar la primigenia aplicación de un precepto en amparo directo. 16. En efecto, el Tribunal Pleno determinó en esa resolución, que a partir de la reforma al artículo 1º, de la Constitución Federal se ha desvanecido el obstáculo técnico para conocer en los recursos de revisión sobre la regularidad constitucional de las normas aplicadas por los jueces de amparo. 17. Asimismo, sostuvo que si bien el quejoso no puede señalar como acto reclamado destacado la ley aplicada, lo cierto es que el juzgador federal, en ejercicio de sus facultades rectoras del procedimiento, puede emitir actos de aplicación de normas que pueden combatirse en el recurso de revisión, pues es hasta ese momento procesal cuando dicho cuerpo legal puede generar un perjuicio al particular y, por tanto, estar en aptitud de oponerse a él. 18. En ese sentido, el órgano revisor tiene la facultad de dejar de aplicar la norma, vía control constitucional, cuando sea violatoria de algún derecho humano o, bien, el órgano revisor, de evaluar la aplicabilidad de la norma en cuestión. 19. Con base en lo anterior, el Tribunal Pleno determinó que deben satisfacerse 3 requisitos para impugnar leyes en alguno de los recursos que existen en el juicio de amparo: - La existencia de un acto de aplicación de la norma impugnada al interior del juicio de amparo. 9

10 - La impugnación de las normas cuyo acto de aplicación trascienda al sentido de la decisión adoptada. - La existencia de un recurso contra tal acto, en donde se pueda analizar tanto la regularidad del acto de aplicación, como la regularidad constitucional de la norma aplicada. 20. En este contexto, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 84/2015 (10a.), de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CUANDO EN LOS AGRAVIOS SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO APLICADO EN LA SENTENCIA RECURRIDA Y TRASCIENDA AL SENTIDO DE LA DECISIÓN ADOPTADA En este orden de ideas, conviene destacar que esta Segunda Sala en la diferente jurisprudencia 2a./J. 13/2016 (10a.), fijó como criterio la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de una norma general aplicada en una sentencia de amparo, en los siguientes términos: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ASPECTOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN VÍA DE AGRAVIOS SE PLANTEA EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL APLICADA POR PRIMERA VEZ, EN LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO En la especie y con independencia de si existió planteamiento de constitucionalidad en la demanda, o si el tribunal abordó ese tipo de cuestión en la sentencia, esta Segunda Sala considera que se encuentran satisfechos los requisitos en mención y, que por ende, el recurso de revisión resulta procedente, pues lo que se cuestiona es la regularidad constitucional del 12 Época: Décima Época; Registro: ; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 19, Junio de 2015, Tomo I; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 84/2015 (10a.); Página: Época: Décima Época; Registro: ; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 13/2016 (10a.); Página:

11 artículo 899-C, de la Ley Federal del Trabajo, el cual fue aplicado en la sentencia recurrida y trascendió al sentido de la decisión adoptada. 23. Esto es de la manera afirmada, por cuanto que de la sentencia combatida se desprende que el tribunal colegiado del conocimiento, con base en el citado numeral, determinó que el trabajador actor no cumplió con los requisitos necesarios para configurar su acción. Además, del laudo señalado como acto reclamado no se desprende que la autoridad del trabajo responsable hubiera aplicado el artículo impugnado a la parte tercero interesada. 24. Por tanto, se estima que el contenido del artículo reclamado sí le fue aplicado y trascendió el sentido del fallo, pues, como se observa, la determinación de que el actor en el juicio de origen incumplió con los requisitos previstos en éste y, en consecuencia, no podía tenerse por configurada la acción, fue el argumento toral de los razonamientos que dio el tribunal colegiado para conceder el amparo al quejoso. 25. De ahí que se cumpla con el primero y el segundo de los requisitos a los que se refirió el Tribunal Pleno al resolver el recurso de reclamación 130/2011, es decir, los relativos a la existencia de un primer acto de aplicación de la norma que se impugna y que tal acto de aplicación trascienda a la decisión adoptada. 26. En cuanto al último de los requisitos, este Tribunal Constitucional advierte que también se encuentra satisfecho, pues si bien existen algunos criterios de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, lo cierto es que los mismos no atienden ni dan respuesta a los agravios hechos valer por la recurrente. En efecto, esta Segunda Sala resolvió las contradicciones de tesis 449/2016 y 410/2016, en sesiones de 5 y 26 de abril de 2017, respectivamente, en las cuales se analizó el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, pero exclusivamente desde un ámbito de legalidad. Por lo que la materia de estudio de este recurso no queda resuelta bajo la perspectiva analizada en dichos precedentes. 11

12 V. ESTUDIO 27. Sentado lo anterior y por las razones que de inmediato se exponen, esta Segunda Sala, arriba a la convicción de que los agravios formulados por el recurrente, suplidos en su deficiencia por ajustarse a las condiciones previstas en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, esto es, por derivar de un conflicto individual de seguridad social promovido por un trabajador asegurado, son parcialmente fundados. 28. En este contexto, conviene precisar ahora que la litis en el asunto consiste en determinar si el artículo 899-C, de la Ley Federal del Trabajo vulnera el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el derecho a la seguridad social, a que se contrae el diverso 123, Apartado A, fracción XXIX, de la indicada Carta Federal, por exigir requisitos desproporcionados cuyo incumplimiento provoca la improcedencia de la acción. 29. Ahora, a fin de quedar en condiciones de resolver la problemática planteada, esta Segunda Sala estima necesario, en primer término, reseñar el contenido de los preceptos de la norma constitucional que se estima vulnerada; y, en segundo término, interpretar el contenido normativo del numeral 899-C, de la Ley Federal del Trabajo, que es el supuesto legal que contiene la disposición que afecta al recurrente. Al respecto, es de citar la siguiente jurisprudencia: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DENTRO DE LAS CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES MATERIA DE ESTE RECURSO SE ENCUENTRA LA INTERPRETACIÓN REALIZADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE LA NORMA GENERAL CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE IMPUGNA, AL RESOLVER CUESTIONES DE LEGALIDAD. La circunstancia de que con base en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Alto Tribunal sea el máximo intérprete del Texto Fundamental, no implica que tenga alguna vinculación con la interpretación realizada por los órganos del Estado, incluidos los tribunales ordinarios y los de amparo, lo cual constituye el fundamento constitucional para determinar en última instancia sobre la constitucionalidad o no de la disposición jurídica objeto de control. Así, los pronunciamientos de esta naturaleza encuentran especial sentido en la labor jurisdiccional unificadora de la Suprema Corte de Justicia 12

13 de la Nación, destacando al respecto, que dentro de las cuestiones propiamente constitucionales que son materia del recurso de revisión en amparo directo se encuentra la relativa a la interpretación de la autoridad responsable o del Tribunal Colegiado de Circuito de la norma general cuya constitucionalidad se impugna, ya que para determinar si ésta es o no contraria a la Constitución, es preciso que previamente se conozca el significado de dicha norma Así dispuestas las cosas, en lo conducente, ha lugar a precisar el contenido de la siguiente legislación: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "(...) Artículo. 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (...). Artículo Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: (...) XXIX.- Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. (...)." Ley Federal del Trabajo: "(...) SECCIÓN PRIMERA Conflictos Individuales de Seguridad Social (...) Artículo 899-C. Las demandas relativas a los conflictos a que se refiere esta sección, deberán contener: 14 Época: Décima Época; Registro: ; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 55/2014 (10a.); Página:

14 I. Nombre, domicilio y fecha de nacimiento del promovente y los documentos que acrediten su personalidad; II. Exposición de los hechos y causas que dan origen a su reclamación; III. Las pretensiones del promovente, expresando claramente lo que se le pide; IV. Nombre y domicilio de las empresas o establecimientos en las que ha laborado; puestos desempeñados; actividades desarrolladas; antigüedad generada y cotizaciones al régimen de seguridad social; V. Número de seguridad social o referencia de identificación como asegurado, pensionado o beneficiario, clínica o unidad de medicina familiar asignada; VI. En su caso, el último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión, o constancia de otorgamiento o negativa de crédito para vivienda; VII. Los documentos expedidos por los patrones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Administradora de Fondos para el Retiro correspondiente o, en su caso, el acuse de recibo de la solicitud de los mismos y, en general, la información necesaria que garantice la sustanciación del procedimiento con apego al principio de inmediatez; VIII. Las demás pruebas que juzgue conveniente para acreditar sus pretensiones; y IX. Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la contraparte. (...)." 31. En relación con lo antes referido, es menester considerar que esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 449/2016, emitió la jurisprudencia 2a./J. 52/2017 (10a.) sesión privada de tres de mayo de dos mil diecisiete que a la letra dice: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CONSTITUYEN LOS HECHOS DE LA DEMANDA QUE PRESENTA EL ACTOR, EN LOS QUE DEBE FUNDAR SUS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y, POR ENDE, SI NO LOS CUMPLE, NO PUEDE CONFIGURARSE LA ACCIÓN RESPECTIVA. Conforme al precepto citado, los requisitos a que alude no son meros datos informativos que el actor debe proporcionar en su demanda, sino constituyen un presupuesto esencial para que la acción quede configurada en los hechos y, de esta manera, al sentarse una base firme a partir de lo expuesto en la demanda, sea posible a su vez lograr el sano equilibrio que debe existir entre las partes, en el proceso laboral, ya que bajo esa condición se posibilita al demandado a controvertir más allá de toda duda razonable las especificaciones realizadas. Así, del análisis de los artículos 899-A, 899-B, 899-C y 899-D de la Ley Federal del Trabajo, deriva que en los conflictos individuales de seguridad social planteados, verbigracia, respecto a la modificación de pensión, otorgamiento y pago de pensión por cesantía en edad avanzada u otorgamiento de una 14

15 pensión por incapacidad permanente originada por accidentes de trabajo, la demanda deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 899-C citado, que les sean propios a las referidas acciones, sin que ello signifique que todas las acciones deberán contener la totalidad de los requisitos ahí previstos, sino únicamente los que correspondan a la acción intentada En la jurisprudencia que se comenta, se estableció que los requisitos ahí especificados no se tratan de simples datos informativos que el actor debe proporcionar en la demanda; sino de datos de tal manera relevantes que se erigen al rango de presupuestos esenciales y necesarios para que la acción quede correctamente configurada en los hechos; lo cual resulta importante, porque será la base que permitirá a la contraparte controvertir de manera eficaz las condiciones impuestas por el enjuiciante; en suma, se trata de la base en que se sustenta el equilibrio procesal que debe imperar en el procedimiento especial de seguridad social. 33. En la propia jurisprudencia se precisó también, que del examen de los diferentes numerales 899-A, 899-B, 899-C y 899-D, de la Ley Federal del Trabajo, se desprendía que la demanda en los conflictos individuales de seguridad social sólo debía contener aquellos requisitos que, señalados en el tercero de ellos, fueran propios a las acciones correspondientes; de manera que era innecesario invocar en el ejercicio de las diversas acciones, la totalidad de los requisitos ahí contenidos, sino únicamente "(...) los que correspondan a la acción intentada (...)". 34. Estrechamente vinculado con lo anterior, también es de considerar que esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 410/2016, emitió la jurisprudencia 2a./J. 58/2017 (10a), que literalmente expresa: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE PREVENIRSE AL ACTOR PARA QUE SUBSANE LAS IRREGULARIDADES ADVERTIDAS. El cumplimiento de los requisitos establecidos en el precepto citado, que condicionan la 15 Época: Décima Época; Registro: ; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I; Materia(s): Laboral; Tesis: 2a./J. 52/2017 (10a.); Página:

16 procedencia de la acción intentada en los conflictos individuales de seguridad social, no es ajeno al contexto regulador del proceso laboral en que se halla inmerso; por el contrario, guarda total armonía con la normativa de la que forma parte, de manera que, sin detrimento de la expedites a cargo de los tribunales para impartir justicia dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y a que se refiere el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también debe hacerse como la norma constitucional lo indica, es decir, de manera completa -efectiva en relación con el problema planteado-; de ahí que para lograr este ulterior objetivo, debe observarse complementariamente lo dispuesto en los artículos 873, párrafo segundo y 878, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, esto es, de ser el caso -que el actor sea el trabajador o sus beneficiarios y se advierta alguna irregularidad en el escrito de demanda-, la Junta señalará los defectos u omisiones en que se hubiere incurrido y prevendrá para que se subsanen dentro del plazo de 3 días; y en el supuesto de que no se realice, llegada la etapa de demanda y excepciones, la Junta prevendrá al actor para que lo haga En dicho criterio se sostuvo que, si bien, el objetivo determinante del legislador al concebir en el artículo 899-C, de la Ley Federal del Trabajo, el conjunto de requisitos que debía cumplir la demanda en el procedimiento especial de referencia, fue obtener la mayor expeditez; sin embargo, ello no implicaba excluir de la regulación especial las reglas procedimentales generales, ya que el fin perseguido no se limitaba a obtener una solución rápida, sino también completa y efectiva en relación con el problema planteado. En ese contexto, se destacó que en el artículo 899, del ordenamiento en comentario se dispuso que en los procedimientos especiales debían observarse también las disposiciones previstas en los capítulos XII y XVII del "TÍTULO CATORCE"; entre ellas, los numerales 873, segundo párrafo, y 878, fracción II, que constriñen a las juntas a prevenir al trabajador o a sus beneficiarios para que subsanen las irregularidades que detectaran en el escrito de demanda y, en caso de ser necesario, a prevenirlos nuevamente en la etapa de demanda y excepciones. 36. Cabe destacar que en la ejecutoria se aludió también, a lo dispuesto en las 16 Época: Décima Época; Registro: ; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 43, Junio de 2017, Tomo II; Materia(s): Laboral; Tesis: 2a./J. 58/2017 (10a.); Página:

17 jurisprudencias 2a./J. 75/99 17 y 4a./J. 3/ De las que se desprende que incluso en los conflictos de seguridad social la junta se encuentra obligada a prevenir a la parte actora, cuando fuera trabajador o trabajadora, o bien, se tratara de sus beneficiarios, para que subsanara las irregularidades que observara en el escrito de demanda y, en caso de que no lo hicieran así dentro del plazo de 3 días, a repetir dicha prevención llegada la etapa de demanda y excepciones. Sin que fuera óbice para ello, el hecho de que el artículo 893, de la Ley Federal del Trabajo, estableciera que el procedimiento iniciaría con la presentación del escrito de demanda en el que esa parte 'podrá' ofrecer sus pruebas, ya que se refería al contexto general de los procedimientos especiales; mientras que, respecto de los elementos susceptibles de integrar la demanda en los conflictos individuales de seguridad social se disponía el imperativo 'deberán'. 37. En la misma cadena de razonamiento debe considerarse lo sustentado por esta Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 5/2015 (10a) 19, que dice: "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, puesto que de lo contrario se dejarían de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional, en detrimento de la seguridad jurídica de los gobernados. En ese sentido, el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo no viola el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, en tanto que sólo establece, de conformidad con el numeral 17, correlacionado con el diverso 107, fracción IX, ambos de la 17 Época: Novena Época; Registro: ; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo X, Julio de 1999; Materia(s): Laboral; Tesis: 2a./J. 75/99; Página: Época: Octava Época; Registro: ; Instancia: Cuarta Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo VII, Abril de 1991; Materia(s): Laboral; Tesis: 4a./J. 3/91; Página: Época: Décima Época; Registro: ; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II; Materia(s): Constitucional; Tesis: 2a./J. 5/2015 (10a.); Página:

18 Constitución Federal, los presupuestos de admisibilidad del recurso de revisión tratándose de amparo directo, sujetando ésta a la existencia de un planteamiento de constitucionalidad en la demanda de amparo, o bien, en el pronunciamiento que pueda realizar el órgano jurisdiccional competente de dicha naturaleza y, además, que el tema sea de importancia y trascendencia, en cuyo caso, de no actualizarse dichos requisitos, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de sus facultades, podrá desechar el medio de impugnación". 38. De la jurisprudencia transcrita, en lo medular se desprende que si bien, los artículos 1 y 17, de la Constitución Federal, en relación con el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva; sin embargo, esto, no conlleva soslayar los presupuestos procesales de procedencia de las vías jurisdiccionales porque ello significaría inobservar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. 39. En este contexto, debe tenerse presente que el artículo 899-C, de la Ley Federal del Trabajo, aplicado bajo los lineamientos interpretativos establecidos por esta Segunda Sala, resulta constitucional, en atención a lo siguiente: 40. Primero. Al señalar los presupuestos esenciales para que la acción quede configurada, permite lograr un sano equilibrio entre las partes del proceso laboral aunado a que salvaguarda los principios de economía, concentración y sencillez que rigen a éste, lo que, además, es congruente con los derechos fundamentales de acceso a una justicia expedita y de seguridad social, reconocidos en el artículo 17 y 123, apartado A, fracción XXIX, del texto constitucional. 41. Segundo. En tanto no obliga a que las demandas cumplan con todos sus requisitos, sino a que contengan los que correspondan a la acción intentada, permite que la autoridad del trabajo una vez fijada la litis y distribuidas las cargas probatorias- tenga los elementos necesarios y suficientes para dirimir la controversia; y, de esa forma, cumple con el propósito legislativo de solucionar mejor y más eficazmente los conflictos en materia de seguridad social. 18

19 42. Lo anterior, sin que pueda considerarse que exige requisitos desproporcionados, pues, en lo general, el cumplimiento de éstos dependerá exclusivamente de que sean necesarios para configurar la litis; y, en lo particular, los previstos en sus fracciones IV y VII, aluden a cuestiones de las que, en principio, los trabajadores tienen conocimiento, así como a documentos respecto de los que basta, en su caso, el acuse de recibo de su solicitud. 43. Tercero. Al ser aplicado de manera complementaria con lo dispuesto en los artículos 873, párrafo segundo, y 878, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, también resulta acorde con una impartición de justicia completa, pues conlleva la obligación de que la junta, cuando advierta alguna irregularidad en el escrito de demanda, señale los defectos u omisiones en que se hubiere incurrido y prevenga a la parte actora (cuando sea un trabajador o sus beneficiarios) para que las subsane. 44. Ahora, a pesar de que se ha concluido que el artículo 899-C, de la Ley Federal del Trabajo (vigente a partir del 1 de diciembre de 2012) es acorde con los numerales 17 y 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal, debe tenerse en cuenta que esa determinación se realizó con base en los parámetros interpretativos fijados por esta Segunda Sala (desarrollados previamente). 45. Así, contrastados los lineamientos interpretativos establecidos por esta Segunda Sala, se arriba a la conclusión de que el precitado artículo 899-C, de la Ley Federal del Trabajo, no contraviene los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la seguridad social a que se contraen los artículos 17 y 123, Apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a lo siguiente: 46. Los requisitos especificados en el artículo 899-C, de la Ley Federal del Trabajo, no se tratan de simples informes que el actor debe proporcionar en la demanda; sino de datos de tal manera relevantes que se erigen al rango de presupuestos esenciales y necesarios para que la acción quede correctamente configurada en los hechos; lo cual resulta importante, porque 19

20 será la base que permitirá a la contraparte controvertir de manera eficaz las condiciones impuestas por el enjuiciante; de hecho, se trata de la base en que se sustenta el equilibrio procesal que debe imperar en el procedimiento especial de seguridad social. 47. En armonía con lo anterior y conforme al sistema procedimental que regulan los conflictos de seguridad social, la demanda relativa sólo debe contener los requisitos que sean propios de las acciones correspondientes, de manera que no será necesario invocar en el ejercicio de las diversas acciones la totalidad de los exigencias ahí previstas; de esta manera, una vez integrada la litis y distribuidas las cargas probatorias, se permite que la autoridad del trabajo cuente con los elementos necesarios y suficientes para dirimir la controversia de manera expedita; pero, sin que esto último implique excluir de la regulación especial, las reglas procedimentales generales, ya que el fin perseguido no se limitaba a obtener una solución rápida, sino también completa, imparcial y efectiva en relación con el específico problema planteado. 48. En este sentido, no es factible considerar que el precitado artículo 899-C, de la Ley Obrera, exija requisitos desproporcionados, puesto que lo general el cumplimiento de éstos dependerá exclusivamente de los que sean necesarios para configurar la litis; y, en lo particular, los previstos en sus fracciones IV y VII, donde se aluden a cuestiones de las que, en principio, los trabajadores tienen conocimiento, así como a documentos respecto de los que basta, en su caso, el acuse de recibo de su solicitud. 49. Más aún, al ser aplicado de manera complementaria con lo dispuesto en los artículos 873, párrafo segundo, y 878, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, también resulta acorde con una impartición de justicia completa, pues conlleva la obligación de que la junta, cuando advierta alguna irregularidad en el escrito de demanda, a señalar los defectos u omisiones en que se hubiere incurrido y prevenga a la parte actora (cuando sea un trabajador o sus beneficiarios) para que las subsane. 50. En esta medida, queda de manifiesto que la norma cuestionada no perturba ni obstaculiza el derecho a la seguridad social sino por el contrario 20

21 proporciona un mecanismo que permite acceder a ella de manera pronta, completa e imparcial. 51. Esclarecido que el artículo 899-C, de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del 1 de diciembre de 2012 conforme a los parámetros interpretativos fijados por esta Segunda Sala y desarrollados en párrafos precedentes, es acorde con los postulados a que se contraen los numerales 17 y 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal; se concluye que dichos parámetros no fueron observados en la sentencia recurrida, puesto que el Tribunal Colegiado concedió el amparo al instituto demandado, al considerar que la demanda carece de los requisitos establecidos en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, y como consecuencia fue correcto que la Junta declarara improcedente la acción. 52. Previamente a evidenciar la proposición anterior, es necesario tomar en cuenta lo previsto en el diverso artículo 899-A, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, que establece: "(...) Artículo 899-A. Los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. (...)." 53. Conforme al citado precepto legal, los conflictos individuales de seguridad social que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones derivadas del régimen obligatorio del Seguro Social y de aquellas que deban cubrirse conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como las que resulten 21

22 aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. 54. De esta manera, para estar en aptitud de determinar cuáles son los requisitos propios de la acción, tanto la autoridad de trabajo, en el procedimiento laboral, como el tribunal de amparo, deberán tomar en cuenta la naturaleza de la acción ejercitada y los requisitos que el ordenamiento legal aplicable establece para la procedencia de la acción, pues sólo de esa forma evitaran requerir al asegurado para que satisfaga requisitos innecesarios para la procedencia de la acción intentada. 55. En el caso que nos ocupa, el actor reclamó el otorgamiento y pago correcto de una pensión de vejez que el instituto demandado le otorgó, en los términos de la abrogada Ley del Seguro Social de 1973 y al analizar los requisitos establecidos en el artículo 899-C, es posible advertir que no todos los elementos requeridos son indispensables para que la Junta pueda emitir un juicio respecto de la existencia de la acción y su procedencia. 56. Conforme a las disposiciones de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, la pensión de vejez tiene por objeto dotar de una fuente de recursos a aquellos asegurados que acrediten: 1. Contar con 65 años de edad. 2. Tengan reconocidas por lo menos quinientas cotizaciones semanales. 57. En ese sentido, para que la Junta se pueda pronunciar sobre el otorgamiento de estas pensiones, puede requerir que el actor aporte información relacionada con los requisitos referidos, pues su cumplimiento es lo que determinará la existencia de la acción y su procedencia; sin embargo, esta facultad está restringida a que los datos solicitados sean propios de la acción intentada en el juicio. 58. Bajo este contexto, se procede a analizar cada uno de los elementos contemplados en el artículo 899-C, para determinar sí son requisitos indispensables para que la Junta resuelva la procedencia del otorgamiento de una pensión de vejez. 22

23 Nombre, domicilio y fecha de nacimiento del promovente y los documentos que acrediten su personalidad. 59. Se estima, por un lado, que el nombre y el domicilio del actor sí son datos necesarios que deben estar precisados en la demanda laboral, al ser inherentes a cualquier acción o petición ante la autoridad. Lo anterior bajo el entendido de que si bien no están propiamente relacionados con la acción intentada, su cumplimiento facilita que las Juntas de Conciliación y Arbitraje cuenten con los datos de identificación del actor, lo que permite dar certidumbre a las partes. 60. Respecto de los documentos que acrediten la personalidad de la parte en comento, entendiéndose por ésta la de su apoderado o representante, se aprecia que el mismo es necesario, para dar validez a su intervención en el proceso. Además se puede cerciorar de que haya elementos objetivos que la contraparte pueda objetar en relación a ese reconocimiento en el momento procesal oportuno. De este modo se protege la equidad procesal que debe prevalecer a lo largo del juicio. Exposición de los hechos que dan origen a su reclamación y pretensiones del promovente. 61. Tal exigencia es un elemento indispensable para poder tramitar el juicio laboral. Es importante señalar que se trata de un requisito indispensable para que la Junta pueda dar trámite a los conflictos individuales de seguridad social, pues si bien no son exclusivos de la pensión solicitada, la precisión de los hechos y de su pretensión en el juicio es fundamental para que aquélla pueda fijar con certeza cuál es la litis y cuáles son los aspectos que deben ser probados en el juicio. De este modo, la responsable tendrá todos los elementos necesarios para poder distribuir las cargas procesales de conformidad con la Ley Federal del Trabajo. 23